Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo y Visión Mundial Bolivia entregaron, la mañana de este martes, kits de alimentos e insumos de bioseguridad a 62 familias de miembros de la Asociación de Vendedores de Caramelos y Libros en General Jóvenes y Niños Trabajadores de y en la Calle en Micros y Buses y Taxis de La Paz y El Alto, uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria declarada por la pandemia COVID-19.

La Defensoría del Pueblo instó a los órganos Legislativo y Ejecutivo a definir medidas oportunas, razonables y proporcionales que garanticen la devolución de aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPs) que demanda un movimiento de personas, asegurando que esta situación no menoscabe el actual sistema de seguridad social a largo plazo.

Una investigación defensorial evidenció deficiencias y limitaciones en el servicio que brindan las inspectorías laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo que afecta el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores, situación que se ve reflejada en la actual coyuntura de emergencia sanitaria que vive el país, que recibió denuncias sobre despidos ilegales que no merecieron respuesta por parte de esa cartera ministerial.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su extrema preocupación ante la decisión del Ministerio de Salud de disponer, mediante el comunicado MS/DGAA/URRHH/CO/33/2020, que su personal que no se encuentre con baja médica retorne a sus actividades labores desde este 13 de julio, lo que implica que los funcionarios que presentaban síntomas por COVID-19 retornen a su trabajo pese a no contar aún con los resultados de sus pruebas laboratoriales para esa enfermedad.

La Defensoría del Pueblo alertó del despido de más de medio centenar de profesionales de régimen penitenciario y calificó de desacertada esta medida asumida por el Ministerio de Gobierno, porque entre ellos existe personal del área salud, lo cual va en desmedro, particularmente, de la salud, integridad y vida de las personas privadas de salud, sin considerar la situación crítica que se atraviesa por la pandemia. 

La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por la situación de los trabajadores de los medios estatales, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Informaciones (ABI) y Radio Illimani que se encontrarían en la incertidumbre sobre su condición laboral, y anunció que realizará una verificación para garantizar el respeto y cumplimiento de derecho laborales de estas personas.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó preocupación por la decisión del Gobierno de eliminar los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación, porque ahondaría la desatención de sectores fundamentales para el Estado, como son los gestores culturales y los deportistas.

La Defensoría del Pueblo lamentó el alejamiento forzado del periodista Junior Arias de la actividad periodística en la Red Gigavisión, producto de las amenazas y amedrentamientos recibidas por parte del Gobierno, a fin de precautelar la seguridad de su familia que sería objeto de seguimiento policial.

La Defensoría del Pueblo, tras conocer que tres periodistas de Bolivia Tv. dieron positivo al coronavirus y que ese canal estatal no estaría garantizando la protección de sus trabajadores frente a la enfermedad, pidió al Ministerio de Comunicación informar sobre las medidas de bioseguridad que se están implementando en los medios estatales.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza las actitudes violentas de pobladores de Mairana que este vienes agredieron a periodistas que realizaban la cobertura de la protesta que protagonizan en ese sector.