Conferencia de prensa: Resumen Informe 2010

El Representante Departamental de la Defensoría del Pueblo Luis Revollo Hurtado el día lunes 10 del presente en conferencia de prensa, presento un resumen de las actividades y atención de casos correspondiente a la gestión 2010.

Se atendieron 652 quejas, de la cuales 144 fueron procesadas, del total de las quejas 374 corresponde a Trinidad y el resto a Riberalta y otras provincias, 200 quejas fueron atendidas como orientación ciudadana y 174 fueron admitidas. 30 casos se concluyo como hecho no comprobados y 144 fueron procesadas en distintas entidades del Estado por vulneración de derechos.

En la conferencia de prensa se resalto la falta de atención y la respuesta oportuna a las quejas, por lo que algunos funcionarios vulneran dichos principios, a esto se agrega que la entidades estatales muestran predisposición en la atención de quejas, otro de los aspectos que se resalta es que se atenta el derecho al trabajo y respeto a la condición de las personas,  asimismo el derecho a la nacionalidad y personalidad, derecho a la salud y seguridad social y derecho a la libertad.

El Representante Departamental, resalto que entre los casos destacados está el del marinero Edwin Poma Condori en Guaramerín, por maltrato físico, psicológico y tentativa de abuso sexual en el Batallón de Infantería 3 Mejillones. También sobresale la oficina de resolución de conflictos que se encuentra en Reyes, donde se atendió casos de conflictos por tierra: las poblaciones de Coraca con Chivé, donde se registraron enfrentamientos. Otro problema destacado de tierras esta en Rurrenabaque, donde la comunidad campesina de “La Chonta” tiene un conflicto por tierras con el Batallón de Infantería de Marina de esa localidad.

Representación Departamental verifica precios de alimentos básicos

Debido a la escaces de alimentos de primera necesidad, principalmente el azúcar, la Representación Departamental los días 10 y 11 de enero verifico la distribución y venta en Emapa.

La Ing. Sandra Hinojosa Responsable de Emapa en Trinidad señalo que exhibe en la calle la lista de precios de los alimentos que oferta, señalo que las filas son debido a que los productos, especialmente el azúcar no se encuentran en el mercado. La venta de azúcar en Emapa se lo realiza tanto por arroba como por kilo dependiendo del comprador, La Ing. Hinojosa señalo que existe suficiente para este tiempo, sin embargo no garantiza para posteriores días, debido a que dependen de lo que su oficina central pueda enviar la provisión necesaria.

Se ha constatado que en los mercados Pompeya y Campesino no existe el azúcar.

Emergencia en la Cárcel de Mocovi

Debido al traslado de algunos internos de la Cárcel de Mocovi a la ciudad de La Paz, los internos de la misma se han declarado en emergencia y tienen el pedio de cambio de Gobernador de la misma.

Ante este problema, el Representante Departamental de la Defensoría del Pueblo Luis Revollo junto al personal de la Representación se hizo presente en la propia Cárcel del día jueves 13 del presente para sostener reuniones con el Gobernador de la Carcel por un lado y por otro con representantes de los internos.

Luego de algunas aclaraciones y comprensión de los internos se llego a sostener una reunión con los propios internos, donde acordaron levantar su medida de presión y mantenerse atentos al mejor tratamiento del Gobernador a los internos y también que se comunique con la debida anticipación y siguiendo las normas y reglamentos si es que algunos internos son trasladados a otros lugares.

MESA DEFENSORIAL LLALLAGUA

Participamos de la reunión organizativa para la 1° Feria del Libro Nacional a realizarse el próximo mes de julio, en el Municipio de Llallagua, con el Auspicio del Ministerio de Cultura del Estado Plurinacional de Bolivia, la Universidad Nacional Siglo XX, Gobierno Municipal y Defensoría del Pueblo, en el que se ultimaron detalles para la organización de ese evento nacional y nuestra forma de participación institucional, valoramos este evento por su trascendencia cultural en la región, en el que se expondrá nuestro material impreso y se distribuirá material impreso de distribución masiva

Durante el mes de junio se priorizó atención al área dispersa, de nuestra región se viajó al Municipio de Pocoata donde se realizó un evento interactivo en DD.HH. y derecho a la salud con estudiantes de la Carrera Enfermería de la Universidad Nacional Siglo XX, Sub Sede Pocoata, el mismo sirvió para un mayor acercamiento con esta entidad educativa y la programación de eventos educativos relativo a la salud y los DD.HH.

Se resalta particularmente el arribo a la comunidad de Laqaya a mas 6 horas de distancia de nuestra sede, por un camino extremadamente precario, en el mismo se realizó un taller de Capacitación en DD.HH. de los pueblos indígenas en la Nueva Constitución Política del Estado, con Autoridades Originarias y líderes campesinos e indígenas del Ayllu Chirimira, Municipio de San Pedro de Buena Vista, Provincia Charcas, de cuyo contacto destacamos el alto nivel de abandono de estas poblaciones alejadas y de la falta de asistencia pública de servicios básicos, que demandan para mejorar sus condiciones de vida.

CIUDADANIA DE ROBORE DEMANDO INFORMACION Y ORIENTACION ANTE PROBLEMAS Y DIFICULTADES QUE ENFRENTA PARA OBTENER  CERTIFICADO DE NACIMIENTO

El Salón Municipal de Roboré fue el escenario donde acudieron más de doscientas personas, el pasado viernes, en respuesta a la convocatoria realizada por el presidente del Comité Cívico, Dario Arias, para que expongan sus problemas y dificultades que afrontan cuando requieren un certificado de nacimiento y así puedan recibir información y orientación  que les permita encaminar de manera adecuada y efectiva sus trámites.

Es así, que ante la presencia del Director Regional de Registro Civil, Dr. Carlos Rivas Moreno y la Responsable de la Mesa Defensorial Puerto Suárez, Dra. Elizabeth Martínez Barbery, ambas autoridades invitadas por el titular de la institución cívica, un importante número de personas plantearon caso a caso las observaciones que les reporta el sistema informático del Registro Civil.

Las interrogantes planteadas por las y los ciudadanos presentes, llevó al Dr. Carlos Rivas Moreno, a brindar una amplia explicación de los motivos por  lo cuales, actualmente, muchas personas se ven afligidas por no poder contar con este documento, razones que van, desde la creación del Registro Civil por los años 1940, que en sus inicios fue manejado por diversas instancias gubernamentales que no operaron con responsabilidad la documentación, por otro lado, muchos libros de registro fueron extraviados o  destruidos, a ello, se suma la informatización de los datos que en su proceso de trascripción, advirtieron vacíos de información en cuanto a temas como la falta de sexo, lugar de nacimiento, falta de sello y firma del Oficial de Registro Civil, entre  otros.
 
Por su parte la Dra. Elizabeth Martínez Barbery, en ese espacio de interacción manifestó que, para la Mesa Defensorial Puerto Suárez  “esta situación se ha constituido en un tema que ha marcado varias líneas de trabajo, entre las que cabe destacar la alianza interinstitucional con la Dirección Regional de Registro Civil Puerto Suárez, la misma que nos permite ser más efectivos en el trabajo de promoción y difusión del derecho a la Identidad y el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica y principalmente en revertir todas aquellas situaciones donde el Estado, en su calidad de garante de los DD.HH,  es el responsable”, aseveró.

Al finalizar la jornada, Rivas, valoró la misma, señalando que la población, en ese afán de buscar respuesta a sus problemas de falta documentación, se ha sentido escuchada y ese un buen punto de partida;  remarcó que, persistirán algunos problemas, por la cantidad de población que sobre pasa las posibilidades de atención de un solo Oficial en la zona, por lo cual asumió el compromiso de continuar insistiendo ante las instancias departamentales del Organo Electoral Plurinacional, para este cometido.

Por otro lado, Rivas, informó que con la finalidad de brindar atención directa a las personas, se desplazará una vez al mes a Roboré para efectuar un trabajo conjunto inclusive con las Oficialías de las comunidades de Aguas Calientes, Santiago de Chiquitos y Taperas.

SOCIALIZACION DE DERECHOS HUMANOS A ASAMBLEISTAS DEPARTAMENTALES

La Defensoría del Pueblo Oruro fue participe  del taller de gestión pública integral y transparente dirigido a los asambleístas departamentales elegidos en las elecciones del 4 de abril.
La jornada inició con la exposición  de la Dra. Clotilde Calancha sobre valores, Derechos humanos y la Ley del Defensor del Pueblo,  asimismo dio a conocer cual es el trabajo que debe desarrollar un asambleísta en función de los derechos humanos debido a que éste se constituye en un servidor público. Posteriormente el responsable de la Adjuntaría de Programas y Actuaciones Especiales, Dr. Juan C. Arroyo complemento la jornada abordando la importancia de las políticas públicas y grupos vulnerables.
Al terminar ambas  exposiciones se generó un ambiente de debate, donde los asistentes expresaron sus inquietudes en relación a las competencias que tiene la Defensoría del Pueblo y se comprometieron a realizar en su gestión un trabajo en favor de los DD.HH. e instaurar en cada municipio una oficina que vele por los mismos.

DEFENSORIA DEL PUEBLO EN TARIJA Y FUNDACION MADALBO PROPONEN “CONOCER, PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE”
 

Conocer para actuar, es una de las consignas con las que trabaja la Defensoría del Pueblo en Tarija y la Fundación Madalbo en la promoción del Derecho a un Medio Ambiente Sano. Con este fin se prevé la realización de una serie de actividades de difusión y capacitación con diversos sectores de la sociedad civil y la administración pública, que iniciará este miércoles 30 de julio con un taller dirigido a líderes de organizaciones de la sociedad civil en la Representación Departamental de la Defensoría del Pueblo en Tarija.
 

Sonia Martínez, Responsable de Comunicación de la Defensoría del Pueblo en esta ciudad manifestó que existe un desconocimiento generalizado de lo que significa el cuidado del medio ambiente y la forma en que la sociedad civil puede contribuir a este objetivo. “En general, está muy difundida la creencia de que con medidas como botar la basura en los basureros, campañas esporádicas para recoger bolsas plásticas o papel ya se está haciendo suficiente, sin embargo ese tipo de actividades son más que todo simbólicas, de urbanismo o higiene, porque al final la basura va a parar al mismo lugar.
 

El taller “Derechos Humanos y Medio Ambiente” se realizará este 30 de junio a horas 19:00 en la Defensoría del Pueblo en Tarija, calle Alejandro del Carpio Nº 339.

 

CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y DERECHOS DE LA MADRE TIERRA

DECLARACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La madre tierra podrá vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella.

Nosotros los pueblos, naciones y organizaciones indígena provenientes de diversas partes del mundo, reunidos en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, del 19 al 22 de abril del año 2010 en Tiquipaya, Cochabamba- Bolivia, después de amplios debates, decimos:

Los pueblos indígenas somos hijos e hijas de la madre tierra o pachamama en quechua. La pachamama es un ser vivo del universo que concentra energía y vida, cobija y da vida a todos sin pedir nada a cambio, es el pasado, presente y futuro; es nuestra relación con la madre tierra. Convivimos con ella desde hace miles de años con nuestra sabiduría, espiritual cósmica ligada a la naturaleza. Sin embargo, el modelo, impulsado y forzado por los países industrializados que promueven la explotación extractivista y la acumulación de riquezas, han transformado radicalmente nuestra relación con la Madre Tierra. El cambio climático, debemos constatar que  es una de las consecuencias de esta lógica irracional de vida. Esto es lo que debemos cambiar.

La agresión a la madre tierra, los golpes y las violaciones contra nuestros suelos, bosques, flora, fauna, biodiversidad, ríos, lagos, aire y el cosmos son golpes contra nosotros mismos. Antes pedíamos permiso para todo. Ahora se pretende desde los países desarrollados que la madre tierra nos pida permiso a nosotros. No se respeta nuestros territorios, particularmente de los pueblos en aislamientos voluntario o en contacto inicial, y sufrimos la mas terrible agresión desde la colonización solo para facilitar el mercado y la industria extractiva.

Reconocemos que pueblos indígenas de todo el mundo, vivimos en una época de crisis generalizada: ambiental, energética, alimentaría, financiera, de valores, entre otros, como consecuencia de las políticas y actitudes de Estados racistas y excluyentes.

Decimos que en la conferencia climática de Copenhague, los pueblos del mundo que exigimos un trato justo fuimos reprimidos y los Estados causantes de la crisis climáticas, debilitaron aun mas los posibles resultados de las negociaciones y no asumieron compromisos vinculante alguno. Limitándose simplemente a respaldar el entendimiento de Copenhague que plantea objetivos insuficientes e inaceptables en relación acciones de respuesta al cambio climático y financiamiento para los países y pueblos mas afectados.

Afirmamos que los espacios de negociación internacional han excluido sistemáticamente la participación de los pueblos indígenas. Por este motivo ahora, los pueblos indígenas nos hacemos visibles en estos espacios, por que al haberse herido y saqueado a la madre tierra con actividades que impactan negativamente sobre nuestras tierras, territorios y recursos naturales, nos han herido también a nosotros. Por eso los pueblos indígenas no nos quedaremos callados, sino que planteamos la inquebrantable movilización de todos nuestros pueblos para llegar a la COP 16 en México y otros espacios, articulados y preparados para defender nuestras propuestas, particularmente del Estado Plurinacional y el Vivir Bien. Nosotros, los pueblos indígenas, no queremos vivir mejor, sino queremos vivir bien, que es una propuesta para lograr el equilibrio y a partir de ella construir una nueva sociedad.

La búsqueda de objetivos comunes, según nos muestra la misma historia, solo se conseguirá con la unión de los pueblos indígenas de todo el mundo. Las raíces ancestrales, indígenas, originarias de toda la población mundial deben ser uno de los lazos que nos unan para lograr un solo objetivo

Por todo ello proponemos demandamos y exigimos:

1. La recuperación, revalorización y fortalecimiento de nuestras civilizaciones, identidades, culturas y cosmovisiones, basadas en el conocimiento y sabiduría ancestral milenaria indígena-originaria, para la construcción de paradigmas de vida alternativas al modelo de desarrollo actual y como una forma de hacer frente al cambio climático.
2. El rescate y fortalecimiento de la vivencia y propuesta de los pueblos indígenas del vivir bien, reconociendo a la madre tierra como un ser vivo con la cual tenemos una relación indisoluble e interdependiente; basado en principios y mecanismos que garanticen el respeto, la armonía y el equilibrio de los pueblos con la naturaleza y como la base para una sociedad con justicia social y ambiental, que tenga como fin la vida. Todo ello para hacer frente a la crisis del modelo de saqueo capitalista y garantizar la protección de la vida en su conjunta a través de la búsqueda de acuerdos globales incluyentes.
3. Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Convenio 169 de la OIT) en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para enfrentar el cambio climático.
4. Exigimos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia y por tanto la propiedad de nuestros territorios, tierras y recursos naturales que hemos poseído tradicionalmente como pueblos y naciones indígenas originarias, así como la restitución y restauración de los bienes naturales, las aguas, los bosques y selvas, lagos, océanos, y hielos, lugares sagrados, tierras y territorios que nos han sido arrebatados y despojados, para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático. En este sentido planteamos la consolidación de los territorios indígenas en ejercicio de nuestra libre determinación autonomía y de conformidad con nuestros sistemas normativos.
5. Llamamos a los Estados que no promuevan las practicas de monocultivos de carácter comercial, ni introducir y promover los cultivos transgénicos y exóticos, porque según la sabiduría de nuestros pueblos estas especies agravan la degradación de las selvas, los bosques y los suelos contribuyendo al aumento del calentamiento global. Tampoco, bajo la búsqueda de energías alternativas (como la eólica y de otro tipo, que afectan los territorios, tierras habitats naturales de los pueblos indígenas.
6. Exigimos el cambio de las leyes forestales y ambientales de los Estados y la aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes, para la protección efectiva de las selvas y bosques, así como su diversidad biológica y cultural, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, incluido su participación y el consentimiento previo, libre e informado.
7. Planteamos que en el marco de las acciones de mitigación y adaptación sobre el cambio climático y basados en la experiencia y el conocimiento demostrado ancestralmente, para el manejo sostenible de la diversidad biológica de nuestras selvas y bosques; establecer como política de Estado que las áreas naturales protegidas deben ser gestionadas, administradas y controladas directamente por los pueblos indígenas.
8. Demandamos una revisión o en su caso moratoria a toda actividad contaminante y que afecte a la madre tierra, el retiro de las corporaciones transnacionales y de megaproyectos de los territorios indígenas.
9. Demandamos la aplicación de la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y poblaciones afectadas en todos los procesos de diseño e implementación de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático otras acciones de intervención en los territorios indígenas.
10. Los Estado deben promover mecanismos que garanticen que el financiamiento, para las acciones de respuesta al cambio climático, lleguen de manera directa y efectiva a los pueblos indígenas, como parte del resarcimiento de la deuda histórica y ecológica, apoyando el fortalecimiento de nuestras propias visiones y cosmovisiones para el vivir bien.
11. Llamamos a la recuperación, revaporización y fortalecimiento de las tecnologías y conocimiento propios de los pueblos indígenas y promover la incorporación de estos en la investigación, el diseño  y aplicación de política sobre cambio climático, en complementariedad con los conocimiento y tecnologías occidentales adecuada, asegurando que los procesos de transferencia de tecnologías no debiliten el conocimiento y las tecnologías indígenas.
12. Planteamos la recuperación, el desarrollo y la difusión de los conocimiento y etnologías indígenas a través de la implementación de políticas y programas educativos pertinentes, así como la modificación e incorporación de dichos conocimientos y sabidurías ancestrales en los currículos y metodologías educativas.
13. Instamos a los Estados y organismos internacionales de toma de decisiones sobre cambio climático, en particular la CMNUCC, establezcan las estructuras y los mecanismos formales que incluyan la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, comunidades locales y grupos vulnerables incluyendo las mujeres, sin discriminación, como elemento clave para obtener un resultado justo y equitativo de las negociaciones sobre cambio climático.
14. Nos sumamos a la demanda de conformar un Tribunal de Justicia Climática que permita juzgar y establecer sanciones al no cumplimiento de compromisos y otros crímenes ecológicos de los países desarrollados, principales responsables del cambio climáticos. Estas instancias deben considerar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y sus principios de justicia.
15. Planteamos la articulación y organización de los pueblos a nivel mundial, a través de nuestros gobiernos, organizaciones y mecanismos locales, nacionales, regionales e internacionales, para participar en los procesos de debate y análisis con representación legitima en todo el proceso relacionado con el cambio climático: Es este sentido se propone conformar un espacio de organización, con participación especial de los Ancianos, que contribuya en la búsqueda de soluciones globales y efectivas al cambio climático.
16. Proponemos luchar en todos los espacios para defender la vida y la madre tierra, particularmente en la realización de la COP 16, por eso proponemos la organización de una segunda conferencia de los pueblos para fortalecer el proceso de reflexión y acción.
17. Ratificar la campaña Global organizando la Minga/ Marcha Mundial en defensa de la Madre Tierra y de los Pueblos, contra la mercantilización de la vida, la contaminación y la criminalización de movimientos indígenas y sociales.

Creado en unidad en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia a los 21 días del mes de abril de 2010

RESUMEN EJECUTIVO   

De la Investigación de Oficio denominada SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DE LAS RIBERAS DEL RIO PILCOMAYO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, PRODUCTO DE LA CONTAMINACION DE LA INDUSTRIA MINERA  instruida por la Defensoría  del Pueblo, bajo la Comunicación Interna No. 12909/2008 de 02 de abril de 2008, a solicitud de la Representación Defensorial de Chuquisaca.

Antecedentes

En el año 2003, la Defensoría del Pueblo presentó un estudio titulado Cuando el río suena. Contaminación del río Pilcomayo 180 kilómetros debajo de Potosí, respondiendo a la preocupación de los habitantes de las riberas en Chuquisaca por la contaminación de sus aguas, el mismo indica que la contaminación del río Pilcomayo se debe a que se está usando sus aguas como receptoras de descargas industriales, y esa práctica afecta el interés colectivo y la utilización sostenible del agua como recurso natural y señala como importante determinar si las acciones gubernamentales podían evitar este hecho y asegurar el uso sostenible del río Pilcomayo.[1]

Asimismo expresa que el Estado no debe asumir obligaciones legales de algunos particulares en desmedro de otros.  No podía aprobar una norma de cumplimiento general para justificar beneficios otorgados a sectores particulares es decir a los propietarios de los Ingenios Mineros basándose en el contenido de los Decreto Supremo No. 25419 de 11 de junio de 1999 y Decreto Supremo No. 25877 de 24 de agosto de 2000

Identificada con la misma preocupación la brigada parlamentaria de Chuquisaca presentó ante el Ministerio Público de la Nación una denuncia contra las empresas minero-metalúrgicas del sector público y privado del departamento de Potosí por verter compuestos orgánicos, inorgánicos y metálicos como plomo, zinc, arsénico y otros elementos tóxicos para la salud de los seres humanos y animales y especialmente nocivos para la agricultura en los ríos afluentes del río Pilcomayo. Los denunciantes mencionaban los graves perjuicios y las consecuencias fatales de esos hechos especialmente para quienes viven en las riberas del Pilcomayo y señalaban que es deber del Estado y la sociedad garantizar que toda persona disfrute de un ambiente sano.

La Federación Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca y la organización no gubernamental Asociación Sucrense de Ecología (ASE) también presentaron quejas a la Defensoría del Pueblo en contra de las autoridades encargadas de hacer respetar la Ley de Medio Ambiente vigente desde 1993.

Los distintos gobiernos a partir de los 90 hasta el 2006 emitieron normas reglamentarias que permitían a los responsables de la contaminación continuar arrojando sus desechos tóxicos directamente a los afluentes del río Pilcomayo; alargaron los plazos para que presenten los manifiestos ambientales y que son un primer requisito estipulado por la Ley de Medio Ambiente y pretendieron que,  con cargo a los recursos públicos,  las prefecturas de Potosí, Chuquisaca y Tarija  asuman el financiamiento del proyecto de Diques de San Antonio y parque de Ingenios infraestructura que permitiría aglutinar en una sola área todas las plantas de tratamiento.  Esto definitivamente contradecía toda lógica, pues quienes producían los desechos en la minería debían asumir los perjuicios producidos en sus operaciones.

 Por qué la Defensoría del Pueblo decide realizar una Investigación de Oficio

Los hechos descritos y la importancia que  los derechos económicos, sociales y culturales traen consigo para la dignidad de los seres humanos, son la plataforma y fundamento para que la Defensoría del Pueblo haya instruido el inicio de una Investigación de Oficio sobre la situación de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la cuenca del río Pilcomayo en el departamento de Chuquisaca.

 Esta Investigación  de Oficio se ha planteado como objetivo general conocer las condiciones de habitabilidad de los habitantes de las riberas del río Pilcomayo en el departamento de Chuquisaca, el acceso y uso digno de los recursos naturales así como el estado de salud y medio ambiente y si todo ello sigue afectado por la contaminación minera.

 Los objetivos específicos son:

   Las condiciones de contaminación ambiental minera  en que habitan las comunidades que viven en las riberas del río Pilcomayo y el estado de salud, vida y  medio ambiente afectados como consecuencia de la contaminación minera.

        Evaluación de las políticas públicas ambientales y mineras emitidas por el Estado Boliviano en su formulación y aplicación para mitigar la contaminación ambiental minera en la cuenca del río Pilcomayo.                                                                                                                                                                                                                                         

La metodología utilizada para este informe fue:

·        Recopilación y síntesis de cuatro estudios considerados más importantes (los más serios en su área y con mayor soporte científico) en cuanto a la contaminación del río.

·        Trabajo de campo en una de las comunidades más afectadas (Sotomayor, provincia Yamparáez del departamento de Chuquisaca).

·        Revisión de la normativa nacional e internacional sobre medioambiente y derechos humanos.

·        Verificación defensorial en los ingenios mineros.

·        Análisis de políticas públicas y normativa en minería y medio ambiente antes y después del 2006.

Resultados de la Investigación de Oficio

Antecedentes históricos y normativa ambiental

1. Bolivia país minero por siglos no cobró conciencia sobre los efectos para la salud de la población y los impactos de la contaminación minera en el medio ambiente. Así también,  al recuperar la soberanía sobre los recursos naturales (nacionalización de 1952) el Estado tuvo que asumir una administración en un ambiente adverso económicamente sin la capacidad  tecnológica para asumir el desarrollo del país, no invirtió en  temas ambientales y que a lo largo de este proceso no existió un enfoque de sostenibilidad ambiental, por tanto las consecuencias se tradujeron en una avanzada degradación de ecosistemas completos como es el caso de la cuenca del río Pilcomayo.

2. Bolivia toma conciencia sobre las preocupaciones de orden ambiental.  En la década de los 90 por la influencia de la Cumbre de Río 92 asume   el “paradigma referido al desarrollo y la conservación”, las políticas públicas tratan las cuestiones ambientales en el sector minero a partir del hecho real que esta actividad es la más nociva para el medio ambiente, promueven la inversión del capital privado y la introducción de nuevas tecnologías para la explotación a gran escala y proteger el medio ambiente.  En teoría estas orientaciones de desarrollo sonaron efectivas y tuvieron un impacto grande en los inversionistas privados, pero la historia enseña otra cosa, se aprobó una Ley (1333)  que inicia el proceso regulatorio ambiental que no se cumplió.

A partir del año 2006 (se considera este año como un hito histórico en todos los aspectos de la vida del Estado, inicio del gobierno del Presidente Evo Morales) el Plan Nacional de Desarrollo[2] establece que en la estructura de la matriz reproductiva,  la minería es un sector estratégico generador de excedentes, para lo cual se restablece el rol protagónico del Estado en toda la cadena productiva minero metalúrgica, la política ambiental minera prioriza la creación de mecanismos de promoción y fiscalización ajustados a la situación de cada uno de los subsectores de la minera nacional y hoy en día los recursos naturales (minerales) son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano.

Proceso Judicial

3. En el nivel judicial, la denuncia planteada por la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca contra los Ingenios Mineros de Potosí que inicialmente radicó en la Corte Superior de Chuquisaca con Imputación formal presentada por el Ministerio Público,  que atribuyó a los propietarios de los Ingenios Mineros de Potosí la comisión de delitos ambientales, delitos contra la salud pública y delitos contra la economía nacional, luego pasó a radicar en la jurisdicción de Potosí este primer hecho ya fue un beneficio para los Ingenios Mineros.  Por una situación técnico legal (excepciones de prejudicialidad) se extinguió la acción penal.     Estos hechos denunciados han quedado en la impunidad beneficiando a los Ingenios Mineros  y no existiendo resarcimiento alguno para las víctimas y los impactos ambientales.  Lo anterior explica que el acceso a la justicia es afectado por el desconocimiento de los operadores de justicia sobre el vinculo entre Derechos Humanos y Medio Ambiente, al estar alejados de procesos justiciables, raramente son abordados por instituciones judiciales, motivo por el cual son considerados como una instancia irrelevante encargada de la protección de los derechos de las personas y las comunidades.

Afectación al medio ambiente y la salud.

4. De acuerdo a los estudios sistematizados en la Investigación de Oficio, los recursos naturales son seriamente afectados y diezmados:

   1. La calidad de las aguas del río Pilcomayo están contaminadas por diferentes metales pesados combinados con otras substancias y metales pesados libres, entre los metales pesados considerados en la investigación se encuentra el plomo, evidenciando que en las aguas de clase D (aguas industriales no aptas para el consumo humano) el valor permitido por la Ley de Medio Ambiente (0.1 mg/L) es sobrepasado en 7 veces más de lo reglamentado.  En las aguas de clase A  (aptas para el consumo humano) el valor permitido por la citada Ley (0.05mg/L)es rebasado en 3 veces más de lo autorizado.

   2. Los suelos se encuentran altamente contaminados por plomo, sobrepasando 23 veces más de lo aceptado por las normas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

   3. Vegetales producidos en las comunidades ribereñas del río Pilcomayo en el departamento de Chuquisaca y comercializados en grandes cantidades en la ciudad de Sucre y otros mercados, son consumidos sin conocer que,  por ejemplo,  la Zanahoria y la Cebolla sobrepasan los límites de existencia de plomo en 11 y 18 veces más de lo permitido por los estándares regulados por la Comisión Europea[3]

   4. Pescados de la cuenca del Pilcomayo, presentan  en cabeza y músculos 17 y 4 veces más de plomo de lo permitido por los estándares regulados por la Comisión Europea.

   5. Finalmente los niveles de plomo encontrados en sangre en niños de la Comunidad de Sotomayor son mayores a cero, existiendo  una correlación altamente significativa entre el plomo encontrado en sangre con los niveles de hemoglobina, es decir, a mayor plomo en sangre  menor cantidad de hemoglobina; los niños afectados presentan distintos niveles de anemia y el  grupo etáreo de mayor preocupación es de 3 a 6 años de edad con niveles elevados de plomo en sangre.

La visión de los pobladores de Sotomayor sobre la contaminación del Pilcomayo

Sotomayor se encuentra a unos 220 kilómetros aguas abajo de la ciudad de Potosí, en la provincia Yamparáez, segunda sección del municipio del mismo nombre, en la ribera del río Pilcomayo en Chuquisaca. La comunidad de Sotomayor es el referente de este informe defensorial, pues sus pobladores y su entorno están entre los más afectados por la contaminación.

Se consultó a los pobladores ¿Cómo era el color del agua hace más de diez años (antes de las descargas mineras)?. El 90% de los entrevistados respondió que era cristalino y claro.

Se les preguntó: ¿cómo era hace cuatro años,  respondieron “negro, plomo y turbio” y que actualmente es “medio normal (claro), amarillo, no es sano”. Atribuyen el cambio de color a “la contaminación del mineral, a los diques de colas que se llenan, a la contaminación de Potosí, a los minerales”.

El agua del río se usaba y se usa en esta comunidad –lo mismo que en todas las que viven en la ribera del Pilcomayo– para el riego, la cocina, para beber y bañarse, y como abrevadero para animales y aves. Por tanto, los alimentos que se consumen son regados con esa agua. La mayoría de los pobladores entrevistados coincide en que los alimentos, es decir, los productos agrícolas, cambiaron a raíz de la contaminación; se volvieron “más pequeños, feos, picantes, son más escasos y se pudren”.

Cuando el río estaba más contaminado, afirman que la producción bajó del 40% al 80 %; y aseveran, de manera contundente, que también eso afectó a su salud: los niños no prestan la misma atención en la escuela; los adultos experimentan dolores de cabeza, de estómago, se sienten cansados y les da mareos.

5. La Investigación de Oficio denominada SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DE LAS RIBERAS DEL RIO PILCOMAYO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, PRODUCTO DE LA CONTAMINACION DE LA INDUSTRIA MINERA, evidencia que el Río Pilcomayo se encuentra contaminado por la actividad minera en la cuenca alta y afecta los derechos humanos a la salud, la vida, el agua  y el medio ambiente sano de las personas que habitan en las riberas del mismo en el departamento de Chuquisaca, que hacen a la dignidad e integridad de los habitantes de las riberas del Río Pilcomayo en el departamento de Chuquisaca.

POR TANTO:

En aplicación de las atribuciones conferidas a la Defensoría del Pueblo por la Constitución Política del Estado artículos 218 al 224 y Ley No. 1818 artículo 11 incisos 4 y 9, así como en mérito a los antecedentes expuestos en la Investigación de Oficio denominada SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DE LAS RIBERAS DEL RIO PILCOMAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA A RAIZ DE LA CONTAMINACION DEL MISMO POR LA INDUSTRIA MINERA, la Defensora del Pueblo en suplencia legal:

RESUELVE:

PRIMERO.- Recomendar a los Ministerios de la Presidencia, Medio Ambiente y Agua, Salud y Deportes, Justicia, Minería y Metalurgia diseñar una  POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL, SOSTENIBLE Y EFECTIVA  SOBRE MEDIO AMBIENTE  y DERECHOS HUMANOS que:

• Asuma una perspectiva sistémica y amplia sobre las condiciones medioambientales que enfrenta la sociedad nacional (en especial niños, niñas y madres) y que permita adoptar estrategias y programas que tiendan a concretar sus derechos económicos, sociales y culturales,  vinculadas incluso a procesos justiciables como una instancia más encargada de velar por la protección de los derechos de las personas y comunidades en este ámbito.

• Diseñar y articular los mecanismos para concordar los conceptos de medio ambiente y derechos humanos para la construcción de agendas técnicas y políticas a momento de abordar las problemáticas ambientales y sus efectos sobre los derechos humanos.

• Responder a las características de los daños ambientales y resulten efectivas para remediar integralmente los mismos.

• Al existir una estrecha relación entre la situación ambiental y el goce efectivo de los derechos humanos, proporcione directrices de desarrollo sobre uso de los recursos naturales que comprenda: minerales, hídricos, hidrocarburos, biodiversidad, forestales, animales, suelos,  agropecuarios,  entre otros,  en un marco de derechos humanos respetándolos y garantizándolos y  establezca como primordiales los principios de prevención y precaución.

• Diseñar programas y estrategias participativas, además de un marco jurídico que respalde y permita que las bolivianas y los bolivianos ejerzan una activa y obligatoria intervención como miembros de la sociedad para promover, exigir y monitorear la gestión ambiental creando una cultura de conciencia colectiva, alerta, protagónica e impulsada por el respeto a los derechos humanos.

• Categorizar a esta política pública integral, sostenible y efectiva  sobre medio ambiente y derechos humanos como el referente para el diseño de políticas públicas sectoriales, confiriendo mayores facultades a las Autoridades competentes para la protección de intereses colectivos que posibiliten un mayor espacio de control sobre los procesos de desarrollo en los recursos naturales.

SEGUNDO.- Recomendar al Ministerio de Minería y Metalurgia reoriente el Plan Sectorial de Minería, la Política Ambiental del quinquenio 2008-2012 y el proyecto de Ley Minera en el marco de la Constitución Política del Estado, haciendo énfasis en:

• Identificar con precisión la Responsabilidad Ambiental de los sujetos del derecho minero en el manejo de las operaciones mineras que asuman debido a que el Estado no puede ni debe ser el único ente que responda por la degradación ambiental.

• Proponer la redacción de reglamentación de las operaciones mineras -sobre todo en explotación e industrialización, determinando como obligación de los sujetos del derecho minero  la implementación de sistemas de remediación ambiental como los circuitos cerrados, introduciendo como medida progresiva la prohibición de descargas  directas de colas mineras a los ríos de las distintas cuencas hidrográficas del país.

TERCERO.- Recomendar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que dentro del proceso  de la adecuación normativa proponga reglamentos estrictos y austeros en materia de contaminación hídrica cuyos efectos de aplicación sean progresivos y obligatorios para los operadores de estas actividades, obras o proyectos, además establezcan nuevos y rigurosos límites admisibles de parámetros en cuerpos receptores para descargas líquidas, acordes a las últimas recomendaciones de organismos internacionales ambientales con la condicionante que estos límites sean revisables cada cierto tiempo con el objetivo de mantener el equilibrio del medio ambiente.  

CUARTO.- Recomendar a los Ministerios de Salud, Deportes y Planificación del Desarrollo, generen Proyectos y Programas de Investigación Científica sobre Enfermedades Ambientales provocadas por la contaminación minera en el país y que las mismas sean tratadas dentro del Sistema Único de Salud como especialidad; asimismo que estos Proyectos y Programas formen recursos humanos altamente especializados que puedan generar normativas y recomendaciones sobre Códigos Alimentarios..

QUINTO.- Recomendar al Ministerio de Relaciones  Exteriores emita un Informe a la Defensoría del Pueblo sobre la participación, aportación y resultados alcanzados por Bolivia en el Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo.

SEXTO.- Recomendar al Consejo de la Judicatura  (Consejo de la Magistratura artículo 193 de la CPE), instruir el inicio de una Auditoria del expediente penal signado con el No. 354/05 por la Respetable Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí contra los Ingenios Mineros de Potosí (Pedro LaGrava y otros), que establezca aspectos inherentes al procedimiento implementado en la causa y el efecto de las resoluciones emitidas en el mismo y si éstas determinaciones han generado o no impunidad y lesión de intereses colectivos de la sociedad y establecer las responsabilidades si correspondiere, debiendo informar a la Defensoría del Pueblo periódicamente sobre el avance de ésta Auditoria.

SEPTIMO.- Recomendar a las Prefecturas de los departamentos de Chuquisaca y Potosí:

1.      Impulsar de manera coordinada con organismos de la sociedad civil  el diseño e implementación de un Plan de Mitigación sostenible de la contaminación de la cuenca del río Pilcomayo.

2.      Apoyar de manera conjunta al Ministerio de Salud y Deportes a  generar Proyectos y Programas de Investigación Científica sobre Enfermedades Ambientales provocadas por la contaminación ambiental minera en la cuenca del Río Pilcomayo y que las mismas sean tratadas dentro del Sistema Único de Salud como especialidad.

3.      Elaborar  en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes un diagnóstico de salud completo en niñas, niños y mujeres  de las Comunidades de Sotomayor, La Mendoza y Escana ubicadas en la provincia Yamparáez del departamento de Chuquisaca, debiendo para este efecto considerar como parámetros y/o referencias las variables identificadas en la parte teórica del Informe Final de esta Investigación  relativa a los efectos del plomo en la salud (Capítulo III, págs. 31-36 y Anexo 1) sin perjuicio que el despacho a su cargo utilice variables y metodologías aplicables a desarrollar el objeto de la presente recomendación.

OCTAVO.- Recomendar  a la Prefectura del Departamento de Chuquisaca:

1.      Evaluar la situación en que se encuentra la “Planta de Tratamiento de Agua para Riego Sotomayor – Chuquisaca” del  “Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo, debiendo dicha evaluación emitir recomendaciones técnicas definitivas sobre el destino útil de este proyecto.

2. Ejecutar anualmente sobre las aguas del Río Pilcomayo dos (2) estudios (uno en época de lluvias y otro en época seca) sobre datos de la presencia o no de metales pesados en toma de muestras en recursos hídricos (aguas, suelos, sedimentos), animales (peces y ganados) vegetales (zanahorias, cebollas y otras) y sangre humana (niños, niñas y mujeres), debiendo tomar en cuenta variables como “descargas de colas mineras en la cuenca alta”, “utilización del recurso agua por parte de las comunidades”  (consumo humano, riego, agricultura y otros) entre otras.

Regístrese y Archívese.

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y ELECCION DE LA DEFENSORA O DEFENSOR DEL PUEBLO

El 23 de febrero pasado la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó públicamente al proceso de selección y elección de la Defensora o Defensor del Pueblo.

Este evento que está a cargo primero,  de la Comisión Mixta de Constitución en el proceso de selección y,  después de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la elección, no puede pasar desapercibido por tratarse de una entidad que se ha arraigado en el ordenamiento jurídico de nuestro país a partir de su creación constitucional hace 16 años y de su efectivo funcionamiento hace 11 años y ha trabajado  para instalar sobretodo, en la conciencia de la gente como elemento básico,  el respeto a los derechos humanos y la dignidad humana, único lugar donde los procesos son en verdad irreversibles.

En esa medida el rol de la Defensoría del Pueblo resulta clave en el proceso aun sin concluir de democratización de nuestro país. Las miles de quejas que recibimos cada año son la radiografía de nuestros Estados, un insumo indispensable para cualquier plan de reforma de la administración pública; el trabajo sostenido con poblaciones vulnerables con las que avanzamos en el ejercicio de sus derechos (personas con discapacidad, adultos mayores, privados de libertad, niños, niñas y adolescentes, personas que viven con VIH, migrantes y otros) posibilita que éstas demanden al Estado sus derechos con propia voz. Los procesos educomunicativos con servidores públicos, Policía y FF.AA, organizaciones y sistema educativo generan poco a poco cultura de DDHH y promoción cada vez más activa de estos derechos.  Las Investigaciones de Oficio, entre muchas otras, sobre empadronamiento en el Chaco o mujeres en situación de prostitución revelan temáticas que obligan a profunda reflexión y efectiva acción estatal.  La preferencia por el diálogo sustentado en principios y acompañado de fórmulas prácticas a la solución de los problemas es también una prueba inobjetable  de nuestra apuesta pacificadora. Finalmente, y cuando la magistratura de la persuasión no tiene eco, la interposición de acciones constitucionales permite la reparación de derechos vulnerados.

En suma, la Defensoría  del Pueblo enriquece la democracia y estimula la vida ciudadana. Que nadie sienta que tiene todo el poder o que carece absolutamente de él. En un país  de ciudadanos y ciudadanas, la persona humana investida de derechos y deberes es la gran protagonista.

Sin embargo, los esfuerzos de esta institución no fructificarían si no fueran sustentados en uno de sus valores esenciales: la autonomía.

Por ello las cualidades de la institución tendrán que ser reflejadas en su máxima autoridad: independencia política partidaria; ecuanimidad para valorar los hechos e intransigencia para defender los derechos vulnerados.

En este momento se precisa que la ciudadanía, a quien se debe la institución, proponga a las mejores candidatas y candidatos y que se constituyan en celosos vigilantes del proceso de selección y elección.

Rielma Mencias Rivadeneira

DEFENSORA DEL PUEBLO EN SUPLENCIA LEGAL

9 de marzo de 2010  

COMUNIDAD BOLIVIANA EN CORUMBA – BRASIL  RECIBE INFORMACION Y ORIENTACION PARA LA EFECTIVIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS

Alrededor de ciento cincuenta compatriotas bolivianos radicados en la ciudad brasilera de Corumbá,  ubicada en la región fronteriza con Bolivia que comprende el cantón de Arroyo Concepción, recibieron información y orientación sobre la efectivización del derecho a la identidad y filiación de niños y niñas nacidos en ese país, actividad  promovida por un conjunto de instituciones estatales de ambos países.

El Centro Boliviano Brasilero de Corumbá,  fue el escenario donde instituciones como el Consulado de Bolivia, el Viceconsulado de Brasil en Puerto Suárez, la Dirección Regional de Registro Civil y la Mesa Defensorial Puerto Suárez, a través de sus autoridades y equipos de trabajo, facilitaron la información sobre los trámites y procedimientos que las personas deben seguir para que niños y niñas hasta los doce años de edad, obtengan su certificado de nacimiento a partir del cual concretizarán la nacionalidad boliviana por ser de padres o madres nacidos en Bolivia.

Para la Mesa Defensorial Puerto Suárez, desde la apertura de sus oficinas en esta región fronteriza, hace más de seis años, el trabajo de lograr que las personas cuenten con el certificado de nacimiento, se constituye en una línea institucional importante, en ese marco la Responsable de la Defensoría, Dra. Elizabeth Martínez Barbery, en el acto inaugural señaló que el servicio público demanda a las instituciones a diseñar estrategias de acercamiento y fortalecimiento de trabajo con la ciudadanía por lo que fue necesario que las instituciones llamadas por ley,  desarrollen  esta actividad que por su alcance captó la cobertura periodística de la prensa Corumbaense.

Asimismo, Martínez manifestó  que el derecho a la identidad, si bien es cierto, se traduce en un certificado de nacimiento, en esencia representa la relación de una persona con el Estado del país del lugar de nacimiento,  y a su vez, con el país de donde provienen su progenitores, en tal sentido, para el ejercicio pleno de la ciudadanía es básico gozar de una inscripción adecuada, por lo que la feria informativa representa ese derecho y garantía a su vez.

El Derecho a la Identidad y filiación de niños y niñas,  reconocido por la Constitución Política del Estado en el artículo 59, tiene como punto de partida el registro de nacimiento y por consiguiente el certificado que comprueba la existencia y reconocimiento legal de una persona por parte del Estado, lo que garantiza el cumplimiento de los derechos y responsabilidades necesarias para el desarrollo en sociedad, lo que se denomina  personalidad jurídica.

Puerto Suárez, 01 de marzo de 2010.

Puerto Suárez, 01 de marzo de 2010

DEFENSORA DEL PUEBLO PIDE A LAS FF.AA. ACCESO A LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA

La Defensora del Pueblo de Bolivia en Suplencia Legal, Rielma Mencias, emitió una Resolución Defensorial  recomendando al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, disponga de manera inmediata el acceso a los archivos, registros públicos y documentos existentes en la institución a su cargo, a los familiares del señor Juan Carlos Flores Bedregal y de otros desaparecidos, en cumplimiento de la Resolución Ministerial No. 0316 y otros instrumentos legales.

De igual manera le recuerda su deber legal de respetar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, derecho a la verdad y no impunidad, y cumplir la normativa señalada en la presente Resolución Defensorial.

Así mismo sugiere al Ministro de Defensa del Estado Plurinacional la adopción de medidas concretas para lograr el cumplimiento de la Resolución Ministerial No. 0316 por parte de las Fuerzas Armadas del Estado y se permita el acceso de las peticionarias a los archivos, registros públicos y documentos de la institución castrense de manera inmediata.

La Resolución emitida por la Defensoría este lunes 22 de febrero del presente año, responde a la investigación y  resultado de una queja presentada por las ciudadanas Olga y Verónica Flores Bedregal contra el Comando General del Ejército en fecha 29 de julio del 2009.

Antecedentes

Las peticionarias presentaron queja ante la Representación Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo, debido a que el Comando General del Ejército no dio cumplimiento a la Resolución Ministerial No. 316 del Ministerio de Defensa que dispone el acceso a familiares y víctimas de regímenes sujetos a dictaduras militares a archivos, registros públicos y documentos de las Fuerzas Armadas del Estado, que lo soliciten y demuestren su interés legítimo, aspecto con el que cumplieron para esclarecer la desaparición de su hermano Juan Carlos Flores Bedregal. 

La queja presentada estuvo acompañada de documentación que demuestra que en diferentes oportunidades a través de cartas dirigidas al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, mediante la cual, la señora Olga Flores Bedregal, hermana de Juan Carlos Flores Bedregal, desaparecido desde el 17.07.80 en la dictadura militar de ese entonces, al amparo de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 316 del Ministerio de Defensa, solicitó se le permita el acceso a archivos, registros públicos y documentos de esa institución. 

Con ese y otros documentos fue admitida la queja y se procedió a su investigación  que demuestra  que esos extremos son evidentes y  constituyen actos ilegales y/u omisiones indebidas vulneratorias del derecho de acceso a la información de las peticionarias.

El derecho a la libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión y a recibir información está reconocido por el

derecho internacional de los derechos humanos en diversos instrumentos

internacionales. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19),

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), como la Convención

Americana sobre Derechos

Humanos (artículo 13).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere que “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de esté derecho

La Constitución Política del Estado vigente dispone que las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual y colectiva (artículo 21.6)). Concordante con esta previsión, el artículo 106.I y II, establece que el Estado garantiza el derecho a la información.

La normativa infraconstitucional establece que las personas tienen derecho a acceder a registros y archivos administrativos en la forma establecida por ley. (Artículo 18 inc. k) de la Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo).

El Decreto Supremo N° 28168 de 17.05.05, garantiza el acceso a la información, como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en el Poder Ejecutivo.

No obstante, dicha libertad no es absoluta y sólo puede ser restringida bajo ciertos requisitos. En primer lugar, deben estar previstas en la ley y además ser necesarios para asegurar el respeto a los derechos o reputación de otros individuos; o para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Así lo entiende la propia Constitución en su artículo 237 al establecer como obligaciones para el ejercicio de la función pública “...guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. El procedimiento de calificación de la información reservada estará previsto en la ley...”

Si bien es cierto que no existe normativa que desarrolle tal previsión constitucional, en el caso, se entiende la aplicación del articulo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que señala textualmente que: ”la documentación clasificada del escalafón de las Fuerzas Armadas tiene carácter secreto e inviolable...” norma que no hace mención a otros archivos que pudieran ser considerados secretos, más si se encuentran referidos a la violación de derechos humanos.

Sin embargo, la propia normativa establece excepciones a esta reserva. El referido artículo 98 de la LOFA establece que la condición de secreto del escalafón de las FFAA puede ser levantada por “orden judicial de autoridad competente, mediante auto motivado en proceso formal...”

Por otro lado, el artículo 3 del referido DS N° 28168 indica que en ningún caso podrá ser amparada como secreto, reserva o confidencialidad, información referida a la comisión de delitos de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos, corrupción en el ejercicio de funciones públicas y daño económico al Estado.

Complementariamente, el artículo 8 del mismo Decreto señala que la información secreta, reservada o confidencial del Poder Ejecutivo relativa a la seguridad interior o exterior del Estado, está sujeta a un levantamiento automático del secreto, reserva o confidencialidad de la información, transcurridos 20 años desde el momento del hecho generador de la información.

Es por todo lo anotado que se puede concluir que dado el carácter excepcional de estos límites al derecho de acceso a la información, éstos sufren a su vez, varias limitaciones temporales y de vigencia de los derechos humanos.

En el presente caso, en aplicación de la obligación del Ministerio de Defensa de promover y coordinar la defensa de los derechos humanos y la transparencia en las Fuerzas Armadas, establecida en el artículo 39 inc. f) del D.S. No. 29894 de 07.02.09 de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, la citada Cartera de Estado ha emitido la Resolución Ministerial N° 0316 de 19.05.09 que autoriza al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, facilitar a familiares y víctimas de regímenes sujetos a dictaduras militares debidamente identificados y que acrediten interés legítimo, el acceso a archivos, registros públicos y documentos existentes de las Fuerzas Armadas del Estado.

Pese a la data de la referida Resolución Ministerial y el transcurso del tiempo (más de 9 meses) hasta la fecha las autoridades del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas no han cumplido con el mismo, limitándose a someter a los peticionarios a una serie de requisitos internos, pese a tratarse de la vulneración de derechos humanos (desaparición de personas durante la dictadura militar). Es más, en declaraciones a la prensa, el Comandante del Ejército refirió que se limitará a remitir la documentación pertinente al Juez 8vo. de Instrucción en lo penal Cautelar sin considerar la aplicación de la RM N° 0316 respecto al acceso a archivos, registros públicos y documentos existentes de las FF.AA.

A mayor argumento, no obstante haber transcurrido mas de cinco meses desde que el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar emitiera el Auto Interlocutorio de 16.09.2009 disponiendo el acceso a la documentación  clasificada del escalafón de las FFAA a la Comisión de Fiscales que investiga el caso, hasta el presente tampoco ha sido cumplido por la autoridad militar.

Para el caso de alegarse seguridad interior o exterior del Estado, se debe tener presente que transcurrieron mas de 20 años desde el hecho generador de la información, operando, por tanto, el levantamiento automático del secreto en la documentación requerida.

En consecuencia las Fuerzas Armadas del Estado al considerar de acuerdo a su criterio la documentación que pretende remitir al órgano judicial sin permitir el acceso o otra documentación, archivos o registros existentes necesarios para el esclarecimiento de la desaparición de personas, vulnera el derecho al acceso a la información e incumple la normativa precedentemente señalada.

Derecho a la verdad y la Impunidad

“El derecho a la verdad sobre las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario es una derecho autónomo e inalienable, reconocido en diversos tratados e instrumentos internacionales y también en la jurisprudencia nacional, regional e internacional y en numerosas resoluciones de órganos intergubernamentales a nivel regional y universal

El derecho a la verdad ha sido reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, artículos 22 inciso b y 24.

En tal sentido, la información en poder del Estado puede, en muchas ocasiones, ser crucial para solventar el derecho a la verdad en el sentido del esclarecimiento de violaciones de derechos humanos cometidas, particularmente, durante períodos de dictadura. En consecuencia, la negativa o la obstrucción a suministrar información sobre dichas violaciones debe analizarse a la luz de la obligación, que incumbe a todo Estado, de combatir la impunidad; más si se trata de un proceso judicial en el que se busca responsabilizar a presuntos autores de graves violaciones de derechos humanos.

En el caso en concreto, pese a que el Ministerio de Defensa emitió la Resolución Ministerial N° 0316/2010, que autoriza el acceso a la información, tal y como a su vez la orden judicial dispone proceder al acceso a la documentación clasificada del escalafón del personal de las FFAA, el transcurso de mas de 20 años de los hechos investigados y no obstante tratarse de graves vulneraciones de derechos humanos, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas ha sometido a los peticionarios, familiares de los desaparecidos, inicialmente a cumplir una serie de requisitos internos como la acreditación del interés legítimo, garantía del secreto de la información, etc., y posteriormente ha condicionado el cumplimiento de la orden judicial.

Las autoridades de las FFAA no tomaron en cuenta que al impedir el acceso a sus archivos y documentos reservados están contribuyendo a que los autores de la desaparición forzada de personas se mantengan en la impunidad, considerando que estos archivos se constituyen en fuente primaria de información en atención a su vinculación probable con esa institución militar.

De esta forma, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas ha limitado el derecho a la verdad que asiste a los peticionarios y, en consecuencia, contribuye a la inexistencia de responsabilidad de parte de los autores de violaciones de derechos humanos durante el periodo dictatorial de los años 80.

Por todo lo argumentado la Defensora del Pueblo en Suplencia Legal, Rielma Mencias, espera que el daño sea subsanado inmediatamente en  favor de las peticionarias.

La Paz 22 de febrero de 2010

Tenemos a bien informarles que las Adjuntorías de Promoción y Análisis y Programas Especiales desde el mes de septiembre junto a instituciones que trabajan por los derechos humanos de las  mujeres, particularmente de La Paz, hemos asumimos una serie de acciones conjuntas para visibilizar la violencia contra las mujeres y el feminicidio  e interpelar a distintas instancias estatales, principalmente a la justicia, para que cientos de miles de casos no queden en la impunidad, más aún cuando tuvimos que lamentar de cerca la trágica muerte de una joven por violencia homofóbica en la ciudad de El Alto.

Desde entonces hemos desarrollado actividades  de acompañamiento, activismo y denuncia pública apoyando iniciativas de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM-, Centro Gregoria Apaza, Agenda Legislativa de la Coordinadora de la Mujer, del Observatorio de la Exigibilidad, entre otras  para denunciar el feminicidio y la violencia contra las mujeres, en la esperanza también que   puedan sumarse de manera activa y militante.

Sin embargo, nuestras acciones cobraron particular  notoriedad  el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en el que denunciamos la grave problemática por la que atraviesan cotidianamente cientos de miles de mujeres en el país, apelando a tres casos emblemáticos, el de la joven muerta por violencia homofóbica de la ciudad de El Alto, el caso de una joven amenazada de muerte por el sobrino de un ex juez y el caso Herrera.

Producto de ello el pasado jueves 4 de febrero la Representación de Chuquisaca convocó a la Red Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia en Razón de Género y General de Chuquisaca, quienes el día viernes emitieron un comunicado público de apoyo a Viviana Herrera, joven víctima de violación y cuyo imputado sería su propio progenitor.

El día viernes 5 de febrero las instituciones de la ciudad de La Paz decidimos apoyar dicho pronunciamiento y realizar, además, un plantón de protesta y vigilia este día miércoles 10 de febrero en puertas de la Corte Superior de Distrito de La Paz de calle Jenaro Sanjinés, a horas 10:30 am con carteles y pancartas.  En caso de que tengan la posibilidad de sumarse, ruego que se contacten con nosotras a través de esta vía electrónica o en el tercer piso para coordinar aspectos logísticos.  

Como dato complementario adjuntamos a la presente uno de los comunicados emitidos el pasado 25 de noviembre, en el que se proporciona información sobre los casos emblemáticos mencionados.  A partir de la siguiente semana, a través del Centro de Información y Documentación, les enviaremos el boletín de CIDEM y su observatorio contra el feminicidio que da cuenta de los casos a los que se está haciendo seguimiento en las ciudades de La Paz y El Alto

Agradezco como siempre su deferente atención, no sin antes desearles una linda semana.

Patricia Flores Palacios

Adjunta de Promoción y Análisis

Defensoría del Pueblo

COMUNICADO DE PRENSA

PODER POLITICO, IMPUNIDAD Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM, el Capítulo de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinadora de la Mujer y la RED-ADA, entre otras, denuncian que ante hechos graves de violencia contra las mujeres impera la impunidad y el tráfico de influencias en la justicia boliviana, ya que sólo en el primer trimestre de este año en las ciudades de La Paz y El Alto se han registrado 17 asesinatos de mujeres sin que a la fecha haya una sola persona juzgada y sancionada.  Datos de horror que también se extienden a otras ciudades del país, pero que no son debidamente registrados en instancias policiales o en el Ministerio Público.

El feminicidio es la muerte violenta, el asesinato u homicidio de mujeres cometido por hombres con quien la víctima tenía o tuvo relaciones familiares, convivencia o relaciones afectivas y en menor proporción, hombres que violaron o atacaron sexualmente, sin que medien relaciones afectivas, pero que constituyen la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres.

En Bolivia lamentablemente el feminicidio no está incorporado en el Código Penal y este tipo de delitos se tipifican como homicidio o asesinato que de  acuerdo al Art. 252 es :”…el que matare 1) a sus descendientes, conyugue o conviviente sabiendo que lo son; 2) por motivos fútiles o bajos; 3) con alevosía y ensañamiento; 4) en virtud de precio dones o promesas; 5) por medio de substancias venenosas; 6) para facilitar  consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados; y 7) para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido. 

Sin embargo, cuando un hombre mata a su pareja, sea novia, esposa o concubina elude la aplicación de estos artículos alegando “Homicidio por emoción violenta”, logrando en la mayoría de los casos la pena mínima, por lo que las mujeres exigimos que el FEMINICIDIO sea incorporado en el Código Penal con pena de 30 años sin derecho a indulto.

En lo que va del año el Servicio Alternativo psico-socio-legal del CIDEM registra que de 203 mujeres que viven violencia con sus parejas sólo el 28,5% denuncian estar en riego de muerte, habiendo recibido amenazas, agresiones, vejámenes, violaciones, golpizas y violencia extrema, quemaduras en el cuerpo, intentos de ahorcamiento, son obligadas a ingerir alimentos envenenados, atacadas con objetos contundentes, armas punzo cortantes o disparos, entre otras.

El 25 de noviembre es el “Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres”, por ello en el mes de la no violencia y el respeto a los derechos humanos, exigimos a las instancias judiciales que cumplan su rol constitucional, eliminando el tráfico de influencias, la aplicación de normas desde perspectivas machistas y misóginas, evitando la revictimización de las mujeres victimas de violencia y que como servidores y garantes de los derechos humanos actúen con humanidad, responsabilidad y con verdadero sentido de justicia.

Además denunciamos y hacemos públicas las amenazas de muerte contra las victimas y sus familiares, que de pasarles algo sabremos quienes están detrás de los actos delictivos.

NO  †  FEMINICIDO

NO  †  IMPUNIDAD

NO  †  TRAFICO DE INFLUENCIAS

Ni una muerte más, justicia para las mujeres

CASOS EMBLEMÁTICOS DE VIOLENCIA

VIRGINIA HUANCA ALIAGA

Nº. Caso de FELCC: 2770/09

Nº Caso de Fiscalía: 4145/09

Juzgado: 2do. De Instrucción en lo penal de la ciudad de El Alto

IANUS: 200915200

Delito: Homicidio / Tentativa art. 251

Denunciante: Ministerio Publico

Denunciado: Los autores

Fecha de la denuncia: 20/10/2009

Fecha del hecho: 12 de septiembre de 2009

Fiscal: Dr. Gregorio Blanco

Datos de la victima.-  Virginia Huanca Aliaga, nacida el 27 de abril de 1977 en la ciudad de La Paz, provincia Murillo, de estado Civil soltera, de ocupación artesana, con domicilio en la ciudad de El Alto, victima de Feminicidio.

Estado actual de la Victima.-  Muerta,

Datos de los agresores.-  Rene Condori, otro hombre del cual no se tiene su identidad y Angélica Arguedas Quispe

Relación de los Hechos.-

La señora Virginia Huanca Aliaga tenia una relación sentimental con Ana (nombre ficticio), pero se interpuso en esta relación la señora Angélica Arguedas Quispe, la buscaba, la enamoro, le dijo que se separo de su marido, pero esto no era verdad. El esposo de Angélica se entero de la relación y en enero de 2009 Virginia Huanca Aliaga fue agredida por primera vez por Rene Condori y el señor Isidro Arguedas (suegro de Rene), cuando ella fue interceptada  por los dos  hombres y le preguntaron por la señora Angélica Arguedas, indicando que ella salía con ella, que sabían que era su amante, luego la llevaron a su casa, la agredieron físicamente, intentaron violarla, la dejaron ensangrentada, y RENE CONDORI LA AMENAZO DE MUERTE.

La segunda agresión fue el 12 de septiembre de  2009, la señora Virginia Huanca Aliaga fue invitada a un techado de casa, en la zona Villa Tunari y fue con la señora Angélica Arguedas, (pareja de la victima), en su declaración establece: “estábamos sirviéndonos bebidas,  y como no había baño tuve que salir tres veces a la Plaza, en la  tercera vez que fui sufrí agresión física por parte del señor Rene Condori , primero sentí un golpe a la altura de la nuca, luego no sentía nada solo vi a este sujeto RENE CONDORI dándome patadas, entre dos hombres me golpeaban”.

Ese día Virginia fue golpeada brutalmente, el primer golpe a la altura de la nuca le causo la inmovilidad de los brazos y piernas le habían torcido el cuello, y le quebraron la columna vertebral, quedando parapléjica, es decir la golpearon y la violaron. Ella tenia una herida  de aproximadamente 10 centímetros en el ano, no pudo defenderse, y en medio de la agresión vio a Angélica, ella miraba lo que le hacían, fue Angélica quien después de la agresión de los hombres la llevo a su casa, al día siguiente ella sentía mucho frió, la señora Angélica  le puso ladrillos calientes a sus pies y la quemo, debido a estas quemaduras,  y porque no tuvo el cuidado medico, sus pies se fueron malogrando.

Virginia estuvo internada en la Clínica Privada Santa Teresa donde la desahuciaron, le dieron alta medica, ella estuvo con una sonda un mes,  por negligencia de los médicos  y familiares, esto complico sus riñones, luego su hígado para finalmente desencadenar en un paro cardiaco, el origen de esta muerte son las lesiones que sufrió por causa de la violencia de Rene Condori.

Últimos datos de la investigación.-

El caso esta en proceso de investigación,  se tiene caso abierto en la FELCC, pero los responsables de su muerte siguen libres.

CASO: CLAUDIA

Nº. Caso de Fiscalía: 6572/09

Juzgado: 4ro. De Instrucción en lo penal de la ciudad de La Paz, Sala Penal Segunda (apelación de Medidas Cautelares) IANUS: 200935813

Delito: Lesiones gravísimas/ Tentativa de homicidio/ Tentativa de Asesinato art. 252

Denunciante: Claudia C. Denunciado: José Luís Bacarreza Costa

Fecha del hecho: 30 de junio de 2009. Fecha de la denuncia: 20-Julio de 2009

Fiscal asignado: Dr. Sergio Céspedes, Investigador: Angelino Quenta

Estado actual  de la victima.- Ella se encuentra sin poder moverse por que sufrió la ruptura de hueso de la rodilla  y no recibe ningún tipo de ayuda. 

Datos del agresor.-  José Luís Bacarreza Costa (sobrino del ex Juez Alberto Costa Obregón)

Relación de los Hechos.-

Claudia indica lo siguiente: “Lo conozco  hace 10 años, yo tenia 14 años, el me buscaba antes éramos solo amigos, comenzamos a salir como pareja en abril del 2007 al principio estaba todo bien, pero después todo era malo, me decía porque caminas así, porque miras así, porque miras a ese hombre, cuando yo ni siquiera se mirar a nadie, me amenaza diciendo que no le importa ir treinta años a la cárcel, me metía a la fuerza a su auto. El 07 de abril de 2009 José Luís me espero en la puerta de mi universidad, me metió a su auto a la fuerza, saco un fierro y me lo metió al estomago indicando que SI LO DEJABA ME MATARÍA y tiraría mi cuerpo por la cumbre, o en un barranco, para que piensen que fue un asalto. El 5 de junio cuando estaba llegando a mi domicilio en un radio Taxi, vi el auto de José Luís Bacarreza Costa y pedí al Radio Taxi que siga pero al verme José Luís, interceptó el Radio Taxi, me saco de los cabellos y me metió a su auto, saco una cinta aislante  me amarro las manos, me llevo a la Av. Busch, saco un desarmador y ME RASPO LA CARA con el desarmador, me golpeo la cara, me dio un puñete en la nariz y parte de mi ojo, me dijo “como estas rechazándome voy a sacar un cuchillo de mi maletera”, al bajarse el, yo pude abrir la puerta con mis manos atadas, había un señor entrando a su casa y le rogué que me ayude. Me  decía que me raptara y disecara como una muñeca para  yo estar a su lado sin vida. En fecha 30 de junio de 2009  cuando llegaba a mi casa, José Luís Bacarreza se puso detrás mió y me puso un estilete en mi rostro me quito mis llaves, mi billetera y mi celular, me metió a un taxi me llevo hasta su domicilio a la  Residencial Colonial, ME AMENAZABA CON CORTARME MI ROSTRO, al llegar al Hotel me hizo subir por delante y puso el estilete en mi espalda, abrió la puerta de su cuarto y me dijo entrara, DE ACÁ NO SALDRÁS JAMÁS, yo le implore llorando que no me haga daño, agarro un cable de celular y me puso el cable en mi cuello tratando de ahorcarme, yo puse mis manos en medio, mientras me gritaba TE VOY A MATAR CARAJO, no me interesa ir 30 años a la cárcel, cuando se dio vuelta para encender un taladro aproveche para salir corriendo, pero el me alcanzo, yo seguía gritando auxilio, y en las gradas del Hotel me agarro del brazo y cuando se dio cuenta de que algunos huéspedes estaban saliendo me empujo con toda su fuerza, me hizo volar y caí  en una de mis rodillas, pedí que me ayudaran, dos de los huéspedes me llevaron al Hospital de Clínicas. José Luís subió conmigo, el me decía en el móvil, “Carajo no vas hablar nada, sino te la vas a ver conmigo”,  me sacaron rayos X y me dijeron que tenia una fractura. Desde ese día no puedo caminar sola necesito muletas y me duele todo el cuerpo, el no me ayuda en nada, yo me sentí confundida, padecía de mucho dolor y no teníamos dinero para comprar las medicinas y tomaba solo calmantes, en el Hospital me dijeron que debían hacerme una Resonancia Magnética, me preste el dinero para pagar la Resonancia que recién me la hicieron el 17 de julio, por eso recién presente la denuncia  el 20 de julio, porque además me vi constantemente amenazada por José Luís Bacarreza  Costa para que yo no hablara ni diga nada ya que su madre (abogada) y su tío (Ex Juez  Alberto Costa Obregón) tenían demasiadas influencias en el poder Judicial para que el no ponga ni un solo pie en la cárcel, me vi totalmente intimidada y sin saber que hacer.

CASO HERRERA

Nº de Caso de  Fiscalía: 0909201

Juzgado: 6to de Instrucción en lo Penal a cargo del Dr. Álvaro Melgarejo

IANUS Nº 200954503

Delito: Violación contra su hija

Denunciante: Dip. Elizabeth Salguero C. y Carolina (nombre ficticio) Herrera

Denunciado: Luis Fidel Herrera Ressini

Fecha del hecho: 19 de Septiembre de 2009.

Fecha de la denuncia: 13 de Octubre de 2009

Fiscal asignada: Dra. Jacqueline Bustillo

Estado actual de la víctima: En tratamiento psicológico.

Datos del agresor: Padre de la víctima, actual Presidente del Concejo Municipal de Sucre

Relación de hechos.-

En fecha 13 de octubre de 2009, se hizo presente ante la Comisión de Derechos Humanos una de las hijas de Fidel Herrera Ressini para denunciar que fue víctima de Violación cometida por su padre desde sus 14 años y que durante todos estos años y ahora aún siendo mayor de edad ha seguido cometiendo este abuso en contra de su persona, siendo la última vez el 19 de septiembre del presente año. Arguye asimismo que antes no se animó a denunciar ya que ella se encontraba amenazada permanentemente, fue golpeada en dos oportunidades, por intentar denunciar este hecho. Fidel Herrera la amedrentaba diciéndole que si hablaba La vida de ella y de sus familiares mas cercanos estaban en peligro. Sin embargo, la ultima violación ya no la pudo soportar, porque siente que es demasiado seguir permitiendo que su padre quede en la impunidad, luego de que le arruino la vida ya que la primera vez ni siquiera considero que era menor de edad y sobre todo que era su propia hija.

Así también cuando la víctima se presentó a la Fiscalía en la ciudad de Sucre, el Fiscal de turno Dr. Oscar Mendoza, le habría insinuado que desestime su denuncia, ya que SU PADRE es una PERSONA PÚBLICA Y CON MUCHO PODER, que ella perdería su tiempo y dinero, motivo por el cual al verse desprotegida acudió a la Comisión de Derechos Humanos.

Ante esta situación se ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público, asignándose a la Dra. Jacqueline Bustillo para que inicie la investigación correspondiente. En fecha 20 de octubre de 2009, la Sra. Fiscal dispone la declaración informativa de la denunciante, de la víctima y el denunciado. Así como la valoración psicológica de la víctima por el Lic. Evert Torrez Arana.

En fecha 23 de octubre de 2009, presta su declaración informativa la Dip. Elizabeth Salguero como denunciante.

En fecha 27 de octubre, presta su declaración informativa la víctima Carolina (nombre fictício) Herrera.

También en fecha 27 de octubre a hrs. 9:30 a.m. estaba convocado a declarar el denunciado Fidel Herrera, no habiéndose hecho presente y presenta un memorial en el que indica que por falta de tiempo en la notificación no podía hacerse presente, porque no habría tomado las previsiones necesarias, por lo que solicita nuevo día y hora.

Actualmente esta convocado nuevamente a declarar el denunciado Fidel Herrera Ressini se espera que se haga presente  el día de hoy jueves 12 de noviembre de 2009, a hrs. 15:00. en la Fiscalía de Distrito habiéndose cumplido con la diligencia correspondiente en Sucre.

defensor/userfiles/file/recurso_FERNANDO_CABRERA.pdf

DEFENSORA DEL PUEBLO GANA EL PRIMER AMPARO CONSTITUCIONAL EN FAVOR  DE  LA PROTECCIÓN DE LA INAMOVILIDAD FUNCIONARIA DE UN  PADRE DE  NIÑO MENOR DE UN AÑO DE EDAD.

La Defensora del Pueblo en Suplencia Legal, Rielma Mencias, interpuso una de las primeras acciones de amparo constitucional para pedir la protección de un nuevo derecho constitucional (Art. 48.VI) referido a la inamovilidad funcionaria de padres de niños menores de un año de edad, como consecuencia de una destitución ilegal en el Gobierno Municipal de Inquisivi.

El sábado 23 de enero, se llevó a cabo ante el Juzgado de Partido y Sentencia de Inquisivi una audiencia de Amparo Constitucional, interpuesto por la Defensoría del Pueblo, contra el Alcalde de Inquisivi, Severino Calle Cachi, por la destitución ilegal del ciudadano Cleto Yujra Valencia, padre de un niño menor a un año de edad.

En la audiencia, se destacó la violación de los derechos de los trabajadores  del Gobierno Municipal de Inquisivi, pues como se infiere en la demanda el ciudadano Cleto Yujra denunció que después de haber sido ilegalmente destituido se le ofreció  una suma de 36.000 Bs.- por concepto de beneficios de los cuales sólo se le entregarían 12.000 Bs. para que los funcionarios de dicho gobierno municipal puedan “disponer” de los restantes 24.000 Bs.

En la oportunidad la Defensora del Pueblo destacó dos hechos relevantes, el primero que se trate de uno de los primeros amparos bajo la tutela del Art. 48.VI de la Constitución Política del Estado, que protege el derecho a la inamovilidad laboral de padres de niños menores a un año de edad y segundo que la institución Defensorial haya tenido el honor de tramitar un caso de protección a la paternidad ante una de las primeras Juezas de Garantías Constitucionales de pollera, María Morales, quien reconociendo la violación de los derechos ordenó la inmediata reincorporación de Cleto Yujra Valencia a su puesto de trabajo en la misma ubicación y con el restablecimiento de todos los derechos sociales del trabajador.

La Defensora del Pueblo de Bolivia, Rielma Mencias, celebra la determinación y espera que el funcionario despedido ilegalmente este nuevamente cumpliendo sus funciones en la Alcaldía Municipal de Inquisivi.

La Paz 25 de enero de 2010

La Paz, 15 de diciembre de 2009
CITE: D.P. 4283/2009




Señor Gral.
Víctor Hugo Escobar Guzmán
COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA
Presente

Ref.- Eliminación de requisitos discriminatorios en convocatoria pública

De mi consideración:

La Defensoría del Pueblo, en uso de sus atribuciones constitucionales legales, conoció la convocatoria realizada por la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza -Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” - Escuela Básica Policial, en la cual se exige, entre otros, que los postulantes cumplan con los requisitos siguientes:

-    Estatura mínima: 1.70m. varones y 1.65m. mujeres.
-    Ser soltero o soltera sin descendencia.
-    Poseer cédula de Identidad Nacional del Postulante y sus Padres.

Al respecto señor Comandante, ya en anteriores oportunidades le manifestamos nuestra preocupación, en lo que respecta a que la institución a su cargo con Resoluciones Administrativas o normas de rango infralegal, viola la Constitución Política del Estado, que en su artículo 14. II, prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón origen, condición, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Asimismo, el  artículo 62 del mismo cuerpo normativo, reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, garantizando las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral y por lo que todos sus integrantes, se entiende, tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.

Así, es preciso que su autoridad considere que la igualdad ante la ley o igualdad jurídica, reconocida en el Art. 14.2 de la C.P.E., provoca que sobre el legislador recaiga la prohibición de tratar a los seres humanos de modo desigual, vale decir que cuando el Estado legisla no puede violentar la igualdad civil de los habitantes, estableciendo discriminaciones arbitrarias e irrazonables. Sobretodo considerando que según lo establece el Art. 21 de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada [o] en la de su familia...”, de donde surge además la garantía de que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra dichas injerencias.

Por ello, se entiende que “el término ‘ilegales” significa que no puede producirse injerencia alguna, salvo en los casos previstos por la ley. Resultando entonces, que la injerencia autorizada por la Constitución y los tratados internacionales, sólo puede tener lugar en virtud a una Ley y no mediante una determinación infralegal o Resolución Administrativa alguna.

Pero, más allá de la falta de idoneidad de los instrumentos que establecen este tipo de exigencias discriminatorias, es preciso destacar en cuanto al fondo de la problemática en cuestión que una convocatoria que establece una diferencia entre los postulantes al cuerpo policial que son casados y con hijos de aquellos solteros y sin hijos, sin existir una causa objetiva y razonable que demuestre sin lugar a dudas que el trabajo de policía, no es propio de personas casadas o con hijos ó viceversa, que las personas casadas y con hijos que constituyeron una familia, no tienen derecho al trabajo de policías. Máxime, si toma en cuenta que el cuerpo policial actualmente no cumple dicha restricción.

Pero además, que en virtud a lo dispuesto en el Art. 66 de la C.P.E., el Estado garantiza a las mujeres y los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, por lo resulta una determinación personalísima, cuando y cuanto hijos quiere tener cada ciudadano, sin que el Estado pueda restringir tal derecho; sino a través de las formas establecidas por Ley.

En otro orden de ideas, sobre el requisito referido a la estatura mínima de 1.70 mts. hombres y 1.65 mts. mujeres, se debe resaltar que el mismo que es abiertamente discriminatorio, toda vez que:

1.-    La Policía Boliviana no ha demostrado, ni puede demostrar que el promedio estatutario en Bolivia es mayor a 1.70, convirtiendo dicho requisito en un parámetro irreal y arbitrario.

2.-    El cuerpo policial de egresados de la escuela básica, en la actualidad, no tiene, en una buena parte, el mínimo estatutario exigido ahora por la convocatoria cuestionada.
3.-    En anteriores oportunidades la Policía ha obviado este requisito, entendiendo que con ello se afectaba principalmente a ciudadanos y ciudadanas que proviene de pueblos y comunidades indígena, originario, campesino.

Finalmente, resulta completamente fuera de lugar exigir a personas mayores de edad, la cédula de identidad de los padres. Toda vez que la educación técnica y superior constituye un proceso formativo individual y no sujeto a trámites que exijan demostrar una determinada filiación. Entendiendo además, que la citada exigencia constituye un desconocimiento de la realidad rural de muchas familias indígena, originario campesinos, que carecen de cédula de identidad, lo ocasiona una vulneración de lo establecido en el Art. 91.2 de la Constitución Política del Estado, en cuanto a que la educación superior debe participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social.

A tal efecto, por las razones descritas y otras de orden constitucional, invoco a su autoridad que antes de que concluya el plazo de la tantas veces citada convocatoria a la Escuela Básica Policial, se anule los requisitos observados, por existir vicios de inconstitucionalidad y se emita una nueva eliminando la exigencia de estatura mínima de 1.70 mts hombres 1.65 mts. mujeres; tener un “Estado civil soltero (sin descendencia) y la cédula de identidad de los padres. Lo contrario, arriesga a que su institución así como su persona sean susceptibles de múltiples acciones constitucionales y peticiones internacionales por violación de Derechos Humanos.

Agradeciendo de antemano su cordial atención y a la espera de una pronta respuesta, saludo a usted atentamente,






Rielma Mencias R
DEFENSORA DEL PUEBLO
EN SUPLENCIA LEGAL











cc. Presidente de la República

Defensoría del Pueblo presentó informe sobre los hechos

suscitados el 24 de mayo de 2008.

DEFENSORA DEL PUEBLO PIDE A LAS AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO VIABILIZAR UNA PRONTA SOLUCION CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Defensora del Pueblo de Bolivia, Rielma Mencias, solicitó mediante carta a las autoridades del Poder Ejecutivo viabilizar una pronta solución para que procedan a la desocupación pacífica de las instalaciones de las oficinas de la defensoría del pueblo de Santa Cruz que ocupan por casi setenta días.

Una última gestión hecha por la institución, fue propiciar un dialogo entre Defensoría del Pueblo y miembros de FECRUPDI, para que procedan a la desocupación de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo.

Este sector en conflicto, determinó revisar su posición inicial ante el gobierno, en una nota dirigida a la Ministra de Justicia con copia  a los Ministerios de Salud, Educación; Trabajo y Vivienda, en ella señalan que la “demanda del bono queda postergada hasta la próxima gestión tal como lo manifestara su autoridad”, otro punto señala “Se nos incluya en el proceso de negociación del Poder Ejecutivo con el sector en conflicto conforme lo viene realizando en los diferentes departamentos” también solicitan la presencia de la Comisión Interministerial para trabajar dentro los parámetros adoptados con diferentes organizaciones y con este sector en anteriores oportunidades.

En ese marco, la Defensora del Pueblo ante el compromiso y la predisposición para la reapertura del diálogo de las personas con discapacidad, solicitó a las  autoridades disponer el traslado de la mencionada comisión a la ciudad de Santa Cruz, respuesta que viene reclamando a través de cartas y vía telefónica para encontrar una salida al conflicto.

Las personas con discapacidad, como muestra de la predisposición al diálogo, han flexibilizado sus medidas permitiendo desde el pasado 10 de diciembre la atención de la Representación Departamental de Santa Cruz a la ciudadanía que acude a solicitar la prestación de servicios, sin embargo, se quedaron algunas personas  en vigilia entre tanto no exista respuesta a sus reclamos.

Antecedentes

El 6 de octubre Personas con Discapacidad tomaron  las oficinas del Defensor del Pueblo del Departamento  de Santa Cruz.

Se hicieron gestiones para  establecer un diálogo con autoridades del gobierno, sobre la base de una propuesta de acuerdo a su petición de un bono de Bs. 3.000.-  el que requirieron que hiciéramos llegar a diferentes ministerios.

La Defensora del Pueblo de Bolivia,  Rielma Mencias, atendió este pedido y realizó gestiones en procura de que una comisión  interministerial  analizara el petitorio y se trasladara a Santa Cruz, lo que finalmente se produjo el 20 de octubre, lamentablemente las  posiciones de ambas partes no produjeron resultados positivos

La mesa de diálogo se vio suspendida y las personas que mantienen la toma de las oficinas reaccionaron en forma agresiva en contra del personal de la Defensoría, determinando sus dirigentes en forma arbitraria, que a partir de ese día no se  permitiría el ingreso a las oficinas.

Para que no se rompa el diálogo, personal de la Defensoría a la cabeza de la máxima autoridad, llegó de emergencia desde La Paz para reunirse con el Presidente de esa organización y la Viceministra de Igualdad de Oportunidades, finalmente se consiguió que se asumiera el compromiso de socializar con las bases la nueva propuesta gubernamental y luego transmitirles el resultado.

Mediante nota, la Defensora hizo llegar a la mencionada Viceministra, la contrapropuesta enviada al Ministerio de Gobierno, la misma en la Secretaría de Justicia la desconocían, a partir de allí la FECRUPDI omitió toda comunicación con este Despacho.

DEFENSORA DEL PUEBLO DE BOLIVIA EN DEFENSA DE MIGRANTES EN EL EXTERIOR

La Defensora del Pueblo de Bolivia, Rielma Mencias, cumplió una agenda  internacional intensa en Buenos Aires, entre las actividades que realizó, cabe   destacar que por primera vez se firmó un Convenio de Cooperación interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo de Bolivia y el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, junto a otras once Defensorías, nos referimos a la: Defensoría del Pueblo de Vicente López, Defensoría el Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo de Avellaneda, Defensoría del Pueblo de General de Pueyrredon, Defensoría del Pueblo de la Matanza, Defensoría del Pueblo del Municipio de Morón, Defensoría del Pueblo de Escobar.

El Convenio fue suscrito el 26 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires a partir de una iniciativa de la Defensora del Pueblo de Bolivia, que vio la necesidad de establecer y estrechar lazos de cooperación en aspectos técnicos que hacen a las competencias y contribuir así al fortalecimiento institucional de las Defensorías del Pueblo en razón de garantizar y salvaguardar la defensa y protección de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos y como condición de la estabilidad política, social económica y jurídica,  alargando el brazo de la Defensoría del Pueblo más allá de nuestra frontera.

Asimismo,  el de consolidar una relación en el marco de la cooperación técnica en diferentes rubros relacionados con: el intercambio de información de común interés;  intercambio de documentación técnica y bibliográfica; programas, pasantías y otras actividades de capacitación técnico - profesional; desarrollo de sistemas tecnológicos aplicados a los temas de interés común; promoción, capacitación y difusión de los derechos; cooperación institucional en foros nacionales e internacionales; captación de recursos de otras instituciones de apoyo técnico y financieros a la defensa de los derechos humanos.

Para llevar a efecto las actividades tales como: proyectos, intercambios técnicos, operaciones, actividades y otras acciones, se elaborarán términos de referencia previamente concertados por la coordinación designada para la ejecución del convenio, que tendrá una duración de dos años del 26 de noviembre de 2009 al 26 de noviembre del 2011.

A la firma del convenio asistieron la Defensora del Pueblo de Bolivia, Rielma Mencias, el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina,  Anselmo Agustín Sella.

De igual manera sostuvo encuentros con  organizaciones de la sociedad civil, una de las reuniones fue  con Gabriela Liguari, Directora del  Servicio Nacional de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados, juntas reflexionaron sobre la importancia de coadyuvar en los problemas cotidianos que atienden, particularmente con compatriotas que pasan momentos difíciles  en una  situación de indefensión. Se comprometieron a trabajar compartiendo esfuerzos, saberes, preocupaciones y esperanzas, revertir esa situación y buscar salidas que puedan para dar soluciones desde distintas perspectivas de  trabajo.

Otra de las reuniones fue con Marcela Temes, Presidenta de la Asociación Civil de Integración Infantil Argentina, entidad miembro de la Asociación Iberoamericana de Periodistas para la Infancia (AIPI), quién le hizo conocer el trabajo que vienen realizando  cuyo objetivo se enmarca en contribuir a generar una cultura periodística que promocione y difunda los derechos humanos de la infancia y visibilice desde los medios de comunicación la situación de vulneración y desventaja en la que se encuentran  la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en ambos países, hecho que fue corroborado por ella en una visita que hizo a la ciudad de El Alto.

Otra actividad importante fue recibir quejas de la comunidad boliviana en Buenos Aires, sobre diferentes vulneraciones a sus derechos humanos, en todos los casos la Defensora del Pueblo de Bolivia, después de oír y tomar nota a cada una de las personas se comprometió a iniciar acciones en busca de reparación de derechos.

Finalmente, Rielma Mencias fue invitada a medios de comunicación, para informar sobre las actividades que cumplió y el beneficio que eso implica para los compatriotas, de hecho  un medio radial abrió el micrófono para que la gente directamente se comunique con ella y pueda absolver las consultas de los oyentes. También una periodista boliviana, hizo un despacho en directo a través de la Red Erbol, para que la defensora haga conocer los términos del convenio suscrito en Buenos Aires Argentina

 OBSERVADOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES

                                                             Waldo Albarracin Sánchez.

El reciente informe de la Corte Nacional Electoral sobre la existencia de más de 400.000 observados en el registro al padrón biométrico,  a quienes se les conmina en un plazo breve y  perentorio para descargar dicha observación, bajo pena de impedírsele su derecho al voto, está sometiendo a estas personas a una peligrosa situación de indefensión ciudadana y de inminente violación a sus más elementales derechos políticos, consagrados en la Constitución Política del Estado, Pactos y Convenios Internacionales, suscritos y ratificados por el Estado boliviano en esa materia..

Pretender que las personas observadas se enteren de su situación actual por la simple difusión de la noticia, es crear las condiciones para que estos ciudadanos tomen conocimiento de su problema el mismo día de la elección, momento en que no podrán hacer nada para resolverlo y lograr le restituyan su derecho. Qué medidas está tomando la CNE al respecto?, es una incógnita.

Si bien existe la necesidad de garantizar un desarrollo de las elecciones nacionales liberado de toda situación irregular, con la debida transparencia, esta tarea no puede pasar por la vulneración de derechos adquiridos por ciudadanos que aspiran a emitir su voto el próximo 6 de diciembre tras haber cumplido su obligación de registrarse en tiempo hábil y oportuno.

Recordemos que, el Art.26 de la Constitución Política del Estado, establece el derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político., esta previsión  encuentra su correlato en el Art. 4º. de la Ley  del Régimen Electoral Transitorio, dicha norma en su Art. 24, numeral II, establece que:“La inscripción de los ciudadanos en el empadronamiento, se realizará de acuerdo al cronograma previsto por la Corte Nacional Electoral, a momento del registro, el ciudadano presentará su cédula de identidad, Registro Único Nacional o Libreta de Servicio Militar, como documentos válidos para la inscripción, documentos que también servirá para sufragar el día de la elección…” Ello significa que, utilizar como argumento la presunta inexistencia del certificado de nacimiento, para observar a la persona, es impedir sin respaldo legal el ejercicio del derecho ciudadano al voto, pues la norma no prevé la tenencia de dicho certificado para registrarse, menos para votar.

Resulta inadmisible la presión que vienen ejerciendo las organizaciones políticas, opositoras y oficialistas que pugnarán en las próximas elecciones, contra la Corte Nacional Electoral, pretendiendo que ésta actúe de acuerdo al interés de cada uno, es así que arbitrariamente mientras algunas tiendas plantean que se impida el voto de más de 400.000 ciudadanos, los otros amenazan con enjuiciar a los vocales del ente electoral. En ambos casos no se está velando por los derechos del pueblo, sino exclusivamente por su interés partidario, sus exigencias obedecen exclusivamente al cálculo político, motivo por el que la Corte, debe limitarse a aplicar estrictamente la normativa vigente, abstrayéndose de dichas presiones.

Respecto a la inexistencia de certificados de nacimiento en los “observados”, recuérdese que, es el Estado el que tiene el deber ineludible de extender dichos documentos a la ciudadanía, esa omisión imputable a las oficinas de Registro Civil, dependientes precisamente de las Cortes Electorales Departamentales, en sus consecuencias no puede recaer sobre las personas particulares..

La Corte Nacional Electoral que,  hasta ahora tuvo una actuación idónea,  debe actuar a la altura de sus antecedentes, ignorando la presión política., procurando una solución al problema, respetando derechos adquiridos, la ciudadanía no es responsable de las asignaturas pendientes del Estado, entre ellos la entrega de certificados de nacimiento, mucho cuidado con terminar violando derechos humanos debido a la exigencia partidaria..

1. OBJETO

 Proporcionar un trato humano y digno, respetando su forma de ser como personas TRAVESTIS, TRANSGENEROS Y TRANSEXUALES FEMENINAS por los funcionarios policiales de las diferentes Direcciones Departamentales de Identificación Personal, sin discriminación alguna.

2. FINALIDAD

Eliminar la mala imagen en las oficinas de identificación Personal, ya que en la Constitución Política del Estado, en su Art. 14 párrafo II. Menciona que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como privado con fines lícitos.

3. ALCANCE

Direcciones Departamentales Regionales de identificación Personal

La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando

4. DISPOSICIONES GENERALES

Directores Departamentales de Identificación Personal deberán instruir al personal a socializar la información a los filiadotes asignados, respetar los Derechos de las personas y brindar un trato humano y digno, respetando sus diferencias por ser parte de su Identidad de cada uno de ellos, que son consagrados en la Carta Magna.

5. DISPOSICIONES ESPECIALES

Los señores Directores Departamentales de Identificación Personal deberán dar estricto cumplimiento a la presente instructiva e instruir a las direcciones a su cargo.

ACLARACIÓN:  El documento está firmado por el Comandante Departamental de la Policía Cnl. Edgar Revilla Viveros  y el Director Nacional de Identificación Personal Cnl. DESP. Alfonso Vargas Sánchez con sello respectivo, fechado el 28 de octubre de 2009.  Se adjunta copia del fax remitido a la Defensoría del Pueblo

Rogamos que para su estricta aplicación esta información sea socializada y estimamos que en el transcurso de la siguiente semana contaremos con un afiche genérico sobre derechos de las personas transexuales y travestis para su respectiva difusión,  no sin antes agradecer anteladamente el apoyo solidario.

SEXUALIDAD, VALORES Y DERECHOS HUMANOS

El pasado jueves 30 de julio en ambientes de la Casa Municipal de Cultura se llevó a cabo el “Conversatorio de Adolescentes, una mirada a la realidad” con el tema “SEXUALIDAD, VALORES Y DD.HH.”  participaron estudiantes de segundos de secundaria de la Unidad Educativa Carmen Guzmán de Mier.

La Dra. Calancha, representante de la Defensoría del Pueblo en Oruro,   manifestó que los adolescentes están perdiendo la costumbre de practicar valores en su entorno social y eso arrastra también al mal uso y/o desconocimiento de los mismos. En lo que respecta a derechos humanos es algo que tenemos desde que nacemos y nadie tiene derecho a vulnerarlos de ninguna manera, puesto que es parte de nuestra identidad; si violan esa identidad están violando sus derechos, añadió.

Los estudiantes expresaron sus opiniones y se generó un diálogo interesante, en el que expresaron lo siguiente: “Hay mas de 100 valores que se pueden aplicar en nuestra vida diaria, no nada más el valor de la autoestima sino también el valor del respeto del mayor al menor o viceversa, como también está la solidaridad puesto que vemos  que muchos de nosotros no tenemos compasión por los demás, un ser sin valores no puede ser persona ya que los valores forman a la persona en su vida íntegra..” mencionó Henry F. Huallpara estudiante de 2do. de secundaria.

Muchos de los adolescentes exigen sus derechos dejando de lado sus obligaciones y es que solo piensan en exigir sus derechos, como algo que se debe cumplir  si o si, pero se olvidan primero de sus deberes y obligaciones.

En su participación la Lic. Nadia Aima. indicó que “la sexualidad es algo que lo practicamos desde que nacemos, puesto que al llorar queriendo algo siendo bebes estamos practicando nuestra sexualidad, al sentir atracción por el sexo opuesto estamos practicando nuestra sexualidad en fin en todo momento practicamos nuestra sexualidad; poniendo en claro que sexualidad y sexo son cosas muy distintas y es muy importante aclarar, además que es necesario abordar el mismo en todo espacio, especialmente en los hogares y los centros educativos desde un enfoque integral.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ORGANIZA SEMINARIO-TALLER INTERNACIONAL SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Con el objetivo de fortalecer la acción de mediación/facilitación de la Defensoría del Pueblo en conflictos sociales, para el cumplimiento de su mandato en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, entre el miércoles 12 y el viernes 14 de agosto se realizará en Cochabamba el seminario-taller internacional “Conflictividad Social y Derechos Humanos en el Marco de la Actual Constitución Política del Estado”.

El organizador del evento y Jefe Nacional de la Unidad de Atención y Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Gonzalo Párraga, explicó que se ha comprometido la asistencia de representantes de las Defensorías del Pueblo de la ciudad de Vicente López (Argentina), de Perú, México y Colombia, además de Ana María Romero de Campero y Waldo Albarracín Sánchez, ex titulares de esta institución en Bolivia.

Asimismo, se contará con la participación de cientistas sociales, líderes de movimientos sociales y representantes del Órgano Ejecutivo, quienes aportarán al debate desde sus respectivas áreas de influencia y conocimiento, así como con observaciones y sugerencias para el trabajo defensorial.

A lo largo de los tres días que durará el evento se pretende cumplir con los siguientes objetivos: Tener un intercambio de experiencias sobre las formas de intervención que Defensores del Pueblo del ámbito latinoamericano han desarrollado e implementado en conflictos sociales, en el marco de los derechos humanos. Fortalecer y enriquecer las capacidades de la Defensoría del Pueblo de Bolivia en el ámbito de los conflictos sociales y la protección de los derechos humanos. Interactuar con los aliados estratégicos de la institución analizando con ellas y ellos el grado de conflictividad social y política actual en el país y sus proyecciones. Y, finalmente, capacitar y actualizar al personal de la Defensoría del Pueblo en materia de conflictos sociales, análisis y reflexión sobre temas de agenda nacional y proyección de la institución hacia futuro en su labor de defensa, difusión y promoción de DDHH.

Para el efecto, explicó Párraga, se trabajará sobre tres ejes temáticos: 1) experiencias de Defensorías del Pueblo a nivel latinoamericano en conflictos sociales y derechos humanos; 2) análisis de los conflictos sociales en la realidad nacional y el catálogo de derechos humanos en la nueva CPE; y 3) análisis del rol de la Defensoría del Pueblo de Bolivia en la actual coyuntura y los retos institucionales que afronta la institución.

La Paz, 11 de agosto de 2009

Descargar documento defensor/userfiles/file/InformePando.pdf

XIII Asamblea General y Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la VII Asamblea General Ordinaria de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano

60 años después, la misma lucha     

Escrito por RedComfio    

martes, 25 de noviembre de 2008

Bajo el lema El futuro de los Derechos Humanos a 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los días 20 y 21 de noviembre se realizó en la ciudad de Mérida (México) la XIII Asamblea General y Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la VII Asamblea General Ordinaria de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano. Cobertura completa del encuentro.

 La inauguración del encuentro estuvo a cargo de la Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; el secretario de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano y presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, José Luis Soberanes Fernández; la Defensora del Pueblo del Perú y vicepresidenta primera de la FIO, Beatriz Merino Lucero; la representante regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Jorge Victoria Maldonado; y el secretario técnico de la FIO y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Javier Moctezuma Barragán.

Invitada especialmente para la apertura de la asamblea, la gobernadora Ortega Pacheco resaltó que “si los derechos humanos esenciales de los ciudadanos no son debidamente protegidos y promovidos, no podemos hablar de civilización ni de una sociedad democrática y justa. Por el rol que les toca desempeñar, las Defensorías del Pueblo constituyen la piedra angular del Estado Moderno, y los derechos humanos el instrumento fundamental para edificar un futuro sólido y luminoso para las próximas generaciones”.

Para la representante regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa “un contrato entre el gobierno y el pueblo. Cumplirla y promover y proteger los derechos allí enumerados es una responsabilidad indelegable del Estado, y las instituciones locales de derechos humanos deben velar permanentemente por ello”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, José Luis Soberanes Fernández, subrayó que los grupos más vulnerables de la sociedad continúan padeciendo la violación de sus derechos más fundamentales, y que por ello “las Defensorías del Pueblo deben asumir acciones que garanticen el amparo y la protección de aquellos sectores sociales más desprotegidos, con una visión integral que promueva el respeto por la dignidad humana”.

“Esta asamblea constituye una oportunidad inmejorable para escuchar, reflexionar y estimular el diálogo entre la administración estatal y los diferentes sectores sociales”, puntualizó la Defensora del Perú Beatriz Merino -quien ofició de presidenta de la asamblea a raíz de la obligada ausencia del Procurador para la Defensa de los derechos Humanos de Nicaragua y presidente de la FIO, Omar Cabezas Lacayo-, al tiempo que señaló que “a 60 años de la aprobación de la Declaración Universal de París debemos reconocer que, aunque se siguen produciendo innumerables injusticias y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, los avances logrados en los sistemas internacionales y regionales de protección de las garantías ciudadanas han sido notables”.

La XIII Asamblea de la FIO
Entre las cuestiones más sobresalientes que se debatieron en el transcurso de la asamblea anual de la federación -que en 2009 se efectuará en España-, se determinó la incorporación de las redes temáticas al estatuto de la FIO, con el fin de potenciar y optimizar la realización de sus actividades y la consecución de sus objetivos.

Al mismo tiempo, la asamblea dio su apoyo a la declaración emitida por la Red de Defensorías de las Mujeres de la federación contra los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, México.

Javier Moctezuma Barragán, secretario técnico de la FIO, al finalizar la XIII Asamblea de la federación

Otras actividades
Con la presencia de destacadas figuras, durante la asamblea también se desarrolló el seminario El futuro de los Derechos Humanos a 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual participaron en calidad de conferencistas magistrales Pedro de Vega García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid; Héctor Fix-Zamudio, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y la Defensora del Pueblo del Perú, Beatriz Merino Lucero.

Asimismo, se realizó la reunión del Comité Regional contra la Trata de Personas de México, Centroamérica y el Caribe (CORMECAC), de la cual participaron el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Javier Moctezuma Barragán; el director general adjunto de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, Miguel Sadot Sánchez Carreño; la jefa de departamento de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, Marian González del Castillo; la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Lisbeth Quesada Tristán; el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Oscar Humberto Luna; y el Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Vargas.

Guillermo Escobar Roca, director del Pradpi, presenta el VI Informe sobre Derechos Humanos de la FIO

Finalmente, la XIII Asamblea de la Federación Iberoamericana del Ombudsman también fue el escenario de la presentación del VI Informe sobre Derechos Humanos de la FIO -dedicado en esta oportunidad a analizar el estado de la educación en la región-, a cargo del director del Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica y catedrático de la Universidad de Alcalá, Guillermo Escobar Roca.

 

Desde su arribo a pando el día martes 16 de septiembre el Dr. Waldo Albarracín ha recibido una serie de testimonios de ciudadano/as de  Porvenir, Cobija y Filadelfia, el día de ayer en horas de la tarde se ha trasladado a Brasilea, población brasileña cercana a Pando y a la que han huido más de un centenar de personas pidiendo asilo, muchas de ellas afirman que se sienten amenazadas.

Así mismo ha realizado visitas al penal de Cobija para verificar la condición de personas detenidas de diversos sectores, mayoritariamente campesinos.  En el marco de sus competencias y para garantizar  sus derechos humanos ha tomado contacto con la fiscalía, a objeto de que se determine la situación de las personas detenidas y se garanticen sus derechos fundamentales.

 Por su parte el Jefe Nacional de Conflictos, Dr. Gonzalo Párraga,  junto a funcionarios de la Representación de Pando, en el marco de la Ley 1818, vienen realizando la correspondiente investigación de oficio recabando la información con familiares de personas fallecidas, heridos, personas desaparecidas, atentados contra la vida de niños y mujeres, verificación en hospitales, además de recabar los datos correspondientes a responsabilidades de funcionarios de la prefectura y otras instancias estatales.

 Hoy miércoles 17, en horas de la mañana, el Defensor del Pueblo ha sostenido una larga reunión con dirigentes y campesinos de la Federación de campesinos y a través de los medios de comunicación ha realizado una serie de llamadas para que se restituya el orden público y se evite todo acto de agresión y violencia;  esperamos tener información al final de la tarde.

 Al promediar las 11:30 de la mañana dos adjuntas del Defensor del Pueblo y un delegado de la Representación de La Paz  se han desplazado al lugar de confinamiento en el que se presume existen más de una decena de personas, está comisión incluye a la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia.

Finalmente, informarles que el día de ayer la representante del Defensor del Pueblo de Santa Cruz junto al Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de la Prensa fueron objeto de agresiones durante una mediación y para persuadir a  dirigentes gremiales para que dejen en libertad a  tres camarógrafos de medios de comunicación y que fueron retenidos durante su trabajo; ya que se informó que grupos en conflicto pretendían tomas nocturnas en la zona cercana a Cuatro Cañadas durante los bloqueos, los gremialistas reclamaban  “imparcialidad de la prensa oligarca”, venturosamente luego de arduas  negociaciones los camarógrafos fueron liberados sin sufrir daños ni decomiso de equipos.

Patricia Flores Palacios

Adjunta de Promoción y Análisis

Defensor del Pueblo Bolivia

Señores:

Presidente de la Republica

Prefectos de los Departamentos, Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca

Ref.: URGENTE TREGUA  SOCIAL Y DE PAZ PARA BOLIVIA

Las instituciones vivas de Cochabamba, ofrecemos las garantías necesarias para establecer un escenario propicio para el diálogo y concertación,  todo en procura de mantener la democracia, la unidad y el respeto a la vida como el derecho mas preciado de todos los habitantes de nuestra amada Bolivia y general el respeto de los derechos humanos.

Conforme a lo expresado, demandamos con urgencia la necesidad de acordar una tregua social  para el país de manera inmediata,  para  hacer posible su pacificación  y el reencuentro entre  bolivianos a través del diálogo, porque como es de suponer,  nada justifica las muertes ya ocurridas ni aquellas que, de continuar estas posturas intransigentes,  seguirán perdiéndose de manera irresponsable, esperando a la brevedad posible una respuesta positiva a la presente invitación en nuestro departamento en búsqueda de encontrar la paz .

Atte.

Presentamos un resumen de las acciones para promover la paz y la  concertación  que viene desplegando nuestra institución en todo el país. 

Pando durante todo este mes ha  realizado una serie de acciones para evitar manifestaciones discriminatorias, principalmente contra campesinos, porque se temían enfrentamientos, durante esta semana gestionó mesas de diálogo entre las máximas autoridades de la Prefectura, policía, las tres fuerzas y la delegación presidencial  para frenar la violencia.  Durante la jornada pasada ante los lamentables acontecimientos en el marco del mandato constitucional,  el Defensor del Pueblo ha realizado acciones de verificación defensorial en las localidades de Filadelfia, Porvenir y Cobija para coadyuvar a que se preste atención médica a las personas heridas en los dos hospitales de Cobija y ante las limitadas condiciones de ingreso al monte, junto a otras instituciones, se han extremado esfuerzos para socorrer a campesinos heridos; además de pronunciarse públicamente con el clamoroso pedido de que cese la violencia.   Una vez que llegue el apoyo de la Cruz Roja Internacional la representación estará pendiente para que se accionar se desarrolle con la mayor efectividad posible.

La Mesa Defensorial  de Riberalta y otras instituciones han promovido también una mesa de negociación con la subprefectura para hacer un llamado a la paz y se recogieron denuncias de la población de incursión de grupos de la Unión Juvenil Cruceñista armados y con el mandato de tomar instituciones públicas, por lo que se desplegó un acción mediática convocando a deponer acciones de confrontación y violencia.

 La representante de Tarija durante la semana ha convocado a una plataforma de instituciones,  para promover con éxito una tregua social y junto al rector de la Universidad Misael Saracho han insistido permanentemente en la necesidad del diálogo y en que los sectores en conflicto depongan posiciones extremas.  Durante los enfrentamientos en el mercado campesino entre universitarios y  campesinos la representante y el rector, cuando convocaban a detener la violencia y el enfrentamiento, fueron objeto también de una serie de agresiones.

 El responsable de la Mesa Defensorial de Yacuiba coadyuvó para que el comité de huelga suspenda sus medidas de presión y el bloqueo del puente entre Argentina y Bolivia para que no se afecte a la gente imposibilitada de desplazarse, principalmente apelando a que se preserven los derechos de las personas más indefensas como niños y mujeres.

Por su parte la representante de Beni desde hace varias semanas viene realizando una serie de acciones que han permitido la instalación de una mesa de diálogo entre la prefectura, alcaldía, Policía y Fuerzas Armadas.

Como comprenderán muchas de estas acciones se realizan en medio de condiciones tremendamente adversas, de manera silenciosa, pero venturosamente con resultados altamente alentadores y que los están reflejando los medios de comunicación, principalmente radiofónicos; muchos de los cuales se han hecho eco de los llamados a la no violencia y a la paz.

Mmuestra de ello es tambien el  pronunciamiento conjunto de las máximas autoridades de Cochabamba gracias a la convocatoria del Representante del Pueblo en Cochabamba.

Patricia Flores Palacios - Adjunta de Promoción y Análisis