HISTORIA

Construcción y Consolidación

1998

La Defensoría del Pueblo ingresó al escenario público como Defensor del Pueblo, luego de una iniciativa de la sociedad civil alentada por el Capítulo Boliviano del Ombudsman, conformado por un grupo plural de personalidades.

En 1992 se incorpora a la Constitución Política del Estado y en 1997 el Congreso Nacional aprueba la Ley 1818 que establece la forma de organización y las atribuciones de esta institución.

El pleno del Congreso Nacional reunido en sesión especial, eligió con más de dos tercios de votos a la periodista Ana María Romero de Campero como la primera Defensora del Pueblo el 26 de marzo de 1998 y a los cinco días, el Presidente del Congreso Nacional, Jorge Quiroga Ramírez, tomó el juramento de ley a la nueva autoridad.

Las actividades públicas del Defensor del Pueblo se iniciaron oficialmente el jueves 1 de  octubre, en oficinas alquiladas ubicadas en la calle Heriberto Gutiérrez 2374 del barrio San Jorge de La Paz.

Además de las primeras quejas presentadas en la institución se llevaron adelante diversas actuaciones de oficio como la de migrantes en la Argentina, ciudadanos peruanos refugiados políticos o reclusos y migrantes en Italia, o la gestión desarrollada en la “guerra del agua”, donde en todo momento, se exigió el  respeto a los derechos humanos.

Este primer año del Defensor del Pueblo se caracterizó por dar inicio a la “magistratura de la persuasión” que plantea como primer objetivo el de velar por el respeto a los derechos de las personas y de la sociedad y exigir a los funcionarios estatales que cumplan con sus deberes legales.

1999

El escenario en el que le tocó actuar este año al Defensor del Pueblo no fue muy diferente al del inicio de sus actividades. La fragilidad institucional del Estado continuó generando diversos tipos de inseguridad jurídica pero, se evidenciaron cambios quizás el más significativo sea la situación de relativa paz que se vivió en el Chapare. La presencia que sentó la institución en el trópico cochabambino sirvió para evitar que se repitan atropellos similares contra los pobladores y sus bienes.

A nivel urbano la pobreza siguió siendo el principal actor de la vida social y con ella el desempleo, el drama penitenciario, la inseguridad jurídica, los excesos de la fuerza pública, la marginación y exclusión de grupos vulnerables, la situación de los migrantes en el interior y exterior del país, la de los jubilados, la retardación de justicia y la corrupción pública.

Varios hechos ocurridos en penales y otros centros policiales mostraron que el principal problema que aqueja a la policía es de naturaleza ética y no se resuelve sólo con mayores recursos presupuestarios.

En lo que toca al sistema regulatorio la mayor preocupación del Defensor del Pueblo, durante este período, fue la poca o nula información que recibía el usuario sobre el comportamiento de las empresas de servicios y la actuación de las superintendencias.

Las medidas de descentralización, fueron otro tema de interés institucional, ya que, a pesar de sus evidentes bondades, han tenido un impacto negativo en las políticas sociales desde el momento en que se determinó el traspaso de competencias del Poder Ejecutivo a unas prefecturas y unos municipios que no estaban preparados para recibirlas.

Del mismo modo, en esta gestión se hizo notar la resistencia de autoridades y funcionarios para cumplir con el deber de colaboración al Defensor del Pueblo que establece la Ley 1818, expresada en la no atención a los requerimientos de informe o al caso omiso de las resoluciones.

2000

La facilitación del diálogo y la mediación de conflictos caracterizó esta gestión, donde demandas largo tiempo provocaron la exposición de varios derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas.

Estos derechos fueron objeto de repetidas violaciones por parte del Estado en el marco de los conflictos del agua de Cochabamba, los de la erradicación de cocales en el Chapare y del Estado de Sitio dictado en abril del 2000. Pero es preciso señalar que al plantear sus reinvidicaciones ante el gobierno, algunos sectores de la sociedad civil también afectaron varios derechos de la ciudadanía.

Algunas de las acciones puntuales realizadas durante los diferentes conflictos marcaron un hito en la historia democrática del país, como la presentación de un recurso constitucional de habeas corpus contra la forma en que se dictó y procesó el Estado de Sitio que fue declarado procedente por el Tribunal Constitucional.

Otra de las tareas importantes en este año fue la reformulación del Sistema de Atención de Quejas en procura responder de manera más eficaz y rápida a las demandas de la ciudadanía.

Sobre los abusos policiales hay que señalar la sentencia favorable del Tribunal Constitucional ante un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo que terminó con la práctica ilegal del registro policial a las trabajadoras sexuales.

Con relación al derecho a la salud, el Defensor del Pueblo planteó seis recursos a favor de personas aseguradas a las que se les negaba la posibilidad de recibir tratamiento de hemodiálisis por períodos mayores a las 52 semanas.

2001

Al cumplirse 19 años del proceso democrático en Bolivia, se observaron intensas y sucesivas movilizaciones sociales, así como la creciente pérdida de legitimidad del sistema de partidos políticos. En ese contexto y la necesidad de asegurar la presencia institucional a nivel nacional se crearon dos nuevas oficinas departamentales y una provincial.

En más de una ocasión la ciudad de La Paz fue sitiada por campesinos y la institución intervino para alcanzar soluciones pacíficas en el marco democrático vigente. Del mismo modo, actuó como facilitadora con éxitos reconocidos públicamente en la toma de la Superintendencia de Bancos.

Otros procesos de conflictividad que derivaron en enfrentamientos entre sociedad civil y Policía o Fuerzas Armadas no fueron excepción en esta gestión, en la que una vez más la institución medió o facilitó, a pesar de siete muertes registradas en el Chapare.

2002

Durante los últimos cinco años el ámbito social y territorial de su actuación y su relacionamiento con todos los poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Con este propósito, se diversificó y amplió el uso de los instrumentos destinados a enfrentar las violaciones de derechos humanos. Ello significó un proceso de fortalecimiento institucional como respuesta a la creciente demanda ciudadana respecto a la capacidad de intervención, eficiencia y eficacia de la labor defensorial.

El Defensor del Pueblo construyó su presencia y capacidad institucional en un marco complejo de violaciones de casi todos los derechos humanos garantizados por la Constitución Política del Estado.

La construcción y funcionamiento institucional se fortalecieron con el Sistema de Atención de Quejas, así como con la consolidación de la presencia nacional gracias a sus representaciones en los nueve departamentos del país y las alianzas con organizaciones de diversa índole no sólo a nivel local sino también internacional.

En las investigaciones de oficio que realizó el Defensor del Pueblo a escala nacional, se  abordaron los siguientes ámbitos: centros penitenciarios, de salud, Brigadas de Protección a la Familia, servicios prefecturales y municipales, personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñez, personas viviendo con VIH-SIDA, entre otras.

2003

El 2003 fue el sexto periodo de trabajo ininterrumpido del Defensor del Pueblo. Tanto para el país como para la institución fue un año sumamente difícil por los acontecimientos vividos en el orden político, social e institucional. Los hechos de febrero y octubre marcaron, sin duda, nuevos retos para toda la sociedad.

En las jornadas de febrero, la Defensora del Pueblo se comunicó en repetidas oportunidades con varias autoridades de Estado, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y líderes de los partidos de oposición para que depongan actitudes intransigentes y cesen las hostilidades. También se comunicó con jefes militares y con los policías amotinados y denunció públicamente la participación de francotiradores y el uso desmedido de la fuerza por parte de agentes militares.

Las intervenciones del Defensor del Pueblo se prolongaron luego del 12 y 13 de febrero. Por una parte, el equipo defensorial realizó innumerables verificaciones defensoriales en diferentes hospitales y centros de salud a fin de que los heridos sean debidamente atendidos; por otra, veló para que el gobierno nacional honre su compromiso de indemnizar a los heridos y a los familiares de los muertos.

En marzo, Ana María Romero de Campero, cumplió su mandato constitucional de cinco años como titular de la institución. De acuerdo a precepto de la Ley 1818, la conducción del Defensor del Pueblo fue entonces confiada, en forma interina hasta la elección del nuevo titular, a Carmen Beatriz Ruiz quien durante la gestión de la Defensora del Pueblo cumplió las funciones de Delegada Adjunta Primera.

El interinato de Carmen Beatriz Ruiz, como Defensora del Pueblo en Suplencia Legal, duró, por las indecisiones políticas, nueve meses y fue interrumpido por la designación ilegítima de Iván Zegada quien estuvo en el cargo apenas dieciséis días antes de que presentara su renuncia después de que lo hiciera Sánchez de Lozada. Finalmente, el 11 de diciembre, el Congreso eligió como Defensor del Pueblo a Waldo Albarracín Sánchez, quien desde el 18 de diciembre condujo la institución.

2004

En el mes de febrero se modificó la Constitución Política del Estado para dar paso a los instrumentos de la democracia participativa: referéndum, iniciativa legislativa ciudadana y Asamblea Constituyente. También se eliminó el privilegio exclusivo de los partidos políticos como únicos actores de las contiendas electorales, ampliando esta posibilidad a las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas.

El referéndum sobre la política hidrocarburífera del país o “referéndum del gas”, fue otro acontecimiento central en 2004. El Defensor del Pueblo apoyó la realización de este evento democrático a través de pronunciamientos públicos y por medio de acciones de carácter informativo a nivel nacional.

El proceso preconstituyente se inició con varias acciones gubernamentales; mientras el Defensor del Pueblo llevó adelante una serie de encuentros ciudadanos en todo el país para recoger aportes con miras a la elaboración de su propia propuesta de reforma en los temas relacionados a los derechos humanos, principalmente.

A partir del mes de junio cobró mayor fuerza un nuevo tema que luego sería incluido en la agenda gubernamental: la demanda de autonomías departamentales, especialmente enarbolada por Santa Cruz.

En Riberalta la crisis de seguridad ciudadana derivó en la conformación de brigadas armadas de seguridad barrial, iniciativa a la que el Defensor del Pueblo se opuso desde un inicio y provocó que se la tilde como institución protectora de delincuentes.

2005

Esta gestión estuvo marcada tanto por la segunda renuncia consecutiva de un Presidente en menos de dos años, como por la asunción a la primera magistratura de la Nación, por sucesión constitucional y por primera vez en la historia, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la elección popular directa de un nuevo presidente.

Signado el año por el clima de inestabilidad y transitoriedad electoral, los principales temas de preocupación ciudadana vinculados a los derechos humanos fueron poco abordados y los diferentes procesos iniciados y encaminados no tuvieron el impulso necesario y la continuidad esperada.

El Defensor del Pueblo develó serias fallas en los controles de seguridad penitenciaria y las tensiones entre Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Las acciones emprendidas para recapturar a los prófugos de Palmasola no fueron menos condenables que la evasión debido a los excesos y errores cometidos por los agentes policiales.

En esta misma gestión, la decisión gubernamental de retirar a la empresa Aguas del Illimani SA fue uno de los hechos más sobresalientes, que previamente tuvo un proceso de conflictividad en el que el Defensor del Pueblo intervino como facilitador del diálogo en la ciudad de El Alto.

2006

La llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo perfiló la refundación de un nuevo Estado y una nueva sociedad. Al mismo tiempo, tanto el referéndum por las autonomías departamentales, como la elección de la Asamblea Constituyente, fueron el eje de numerosos conflictos en esta gestión.

La relación fracturada entre la sede de gobierno y las prefecturas opositoras del Beni, Tarija y Santa Cruz, también dieron pie a continuos reclamos de los actores involucrados, una y otra vez, de manera sucesiva.

En materia laboral, se estableció el “Día Nacional de las Trabajadoras del Hogar” (30 de marzo), fecha en que todos los empleadores deberán dar el día libre a sus trabajadoras; medida plausible pero aún insuficiente frente a otras que todavía no se tomaron para dar solución al tema del seguro social a corto plazo (seguro de salud) en favor de estas trabajadoras.

Otro asunto en el que el gobierno tomó acciones correctivas, aunque todavía algo tenues, es el de las familias y comunidades guaraníes cautivas y empatronadas en el Chaco boliviano. Algunos pagos ya fueron realizados en favor de ocho de estas familias, empero las demás tareas conducentes a resolver integralmente los problemas laborales, sociales, educativos, de salud y de acceso a la propiedad de la tierra todavía no han sido encarados como lo recomendó el Defensor del Pueblo en su Resolución Defensorial 2/2005.

Con relación a los derechos de los indígenas, campesinos y pueblos indígenas y originarios, se destacó el proceso de reconducción agraria traducido en decretos supremos y la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, que modifica la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996 (Ley INRA).

En esta gestión, el caso SAMARTINO, provocó el pedido formal del Defensor del Pueblo al Ministerio de Gobierno, para dejar sin efecto la determinación de expulsar al ciudadano cubano del país, por emitir públicamente opiniones en contra del régimen político de su país y otras respecto a la situación política boliviana. Situación similar se dio con el caso del ciudadano peruano CHÁVEZ.

Los esfuerzos del Defensor del Pueblo fueron infructuosos para que el Estado cumpla su compromiso de introducir en la legislación nacional (militar) el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia respecto al servicio militar, compromiso avalado y plasmado en el Informe de Solución Amistosa 97/05 aprobado en octubre de 2005 por la Comisión Interamericana de derechos humanos.

Por otro lado, si bien en 2006 el gobierno privilegió las soluciones concertadas en los conflictos sociales, se evidenciaron situaciones muy graves como la de Huanuni, donde los enfrentamientos armados entre los mineros sindicalizados y cooperativistas dejó el saldo de 16 muertos y cerca de un centenar de heridos.

2007

Los casos de linchamiento continuaron siendo un problema de difícil solución en esta gestión; al igual que las condiciones en centros de detención y prisiones o la tensión en la relación gobierno y una gran parte de los medios de comunicación, que derivó en varias decenas de ataques contra periodistas de una u otra afinidad.

En 2007 el Defensor del Pueblo intervino en 146 conflictos sociales a nivel nacional. En ellos, la Institución medió y facilitó el diálogo y la concertación entre las partes, pacificó escenarios de violencia y promovió la atención médica de huelguistas de hambre y otras personas que asumieron medidas extremas de presión y reclamo.

Asimismo, diferentes instancias de la Institución ejecutaron 259 actuaciones urgentes, modalidad de intervención defensorial implementada en 2002 y que se caracteriza por su trámite ágil y desprovisto de mayores formalismos, a fin de lograr que la subsanación de un derecho sea efectiva en el menor tiempo posible (cinco días como máximo).

En lo que respecta al seguimiento al juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, se creó una red interinstitucional de seguimiento al juicio, conformada por el Defensor del Pueblo, la Comunidad de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares caídos por la Defensa del Gas (ASOFAC-DG), la misma que le permitirá a la Institución realizar un seguimiento cercano del juicio de responsabilidades en cuestión. A propósito de aquello, la institución publicó un documento de seguimiento al caso, que titula “Avances, riesgos y retos del juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores”.

Con relación a las víctimas de la violencia política entre 1964 y 1982, el Defensor del Pueblo apoyó al Ministerio de Justicia en la difusión de información al interior de la República, para que de esta manera los peticionarios de este reconocimiento puedan hacer seguimiento a la calificación de sus casos. Asimismo, colaboró en la recepción de la documentación adicional y su posterior reenvío a la instancia competente.

2008

El 2008 fue el año en que se concluyó la fase de enmiendas al proyecto de nueva Constitución Política del Estado. Durante el desarrollo de la Asamblea, el Defensor del Pueblo hizo un seguimiento constante al debate allí producido; hecho luego reconocido públicamente como la institución que más aportó a la inclusión y transversalización de derechos en el texto constitucional.

En esta gestión, al menos media decena de investigaciones imparciales, entre ellas la del Defensor del Pueblo, confirmaron el uso desproporcionado de armas de fuego contra un grupo de indígenas y campesinos, en el caso PORVENIR.

Sobre los linchamientos, un informe institucional sobre la cobertura noticiosa que se da a esta problemática en los medios de comunicación, coincidió con otros documentos en ubicar a este tema como aún pendiente de solución para el Estado.

El derecho de libertad y seguridad de la persona fue violado en varios casos en que las fuerzas de seguridad aprehendieron y retuvieron a personas bajo circunstancias legalmente dudosas. Ocurrió en las ciudades de Sucre, Cobija y Riberalta. El Defensor del Pueblo condenó enérgicamente la actuación de encapuchados aprehendiendo personas en medio de la noche.

En un estudio sobre los derechos de las y los funcionarios públicos concluyó que el Estado boliviano está violando los artículos 2, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).

Entre las investigaciones de oficio que realizó la Institución se destaca la realizada sobre trabajadores de estancias ganaderas del Beni, cuyos hallazgos sobre la situación de semi servidumbre e indefensión en estas propiedades motivaron una serie de recomendaciones defensoriales dirigidas al Estado y a entidades de servicio público.

2009

Esta gestión estuvo marcada por el referéndum para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Este nuevo marco normativo, posibilitó que la Defensoría del Pueblo concentre sus esfuerzos en la difusión de los derechos humanos incorporados en la CPE, así como en la incidencia para la necesaria readecuación de políticas públicas y normativas. No se descuidó, empero, la atención de quejas y la intervención en los conflictos sociales, considerando las tensiones políticas que se generaron, debido al proceso de readecuación institucional emprendido por el gobierno y toda la estructura estatal.

En el 2009 se destaca la construcción conjunta, entre instancias estatales y de la sociedad civil, del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y la conformación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y varias medidas para combatir la discriminación.

Por otro lado, uno de los hechos de preocupación nacional fue el denominado “caso de terrorismo y seguridad del Estado”. La Defensoría evitó pronunciamientos públicos, debido a la politización de la problemática por diversos sectores, pero realizó seguimiento e intervenciones para evitar la vulneración de derechos durante las investigaciones, exhortando a que las instancias estatales cumplan con su mandato constitucional, en el marco del respeto a los derechos humanos.

En otro ámbito realizó una serie de exhortaciones para que las instancias judiciales avancen en su esclarecimiento, sobre la masacre de Pando, sancionando, luego de un debido proceso, a las personas que resultaren culpables y otorgando la debida y justa reparación a las víctimas.  Del mismo modo, otras exhortaciones fueron emitidas para preservar y fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial.

Finalmente, se destaca el seguimiento a las recomendaciones defensoriales emitidas desde el año 2003, para frenar la vulneración de derechos de personas sometidas a servidumbre o trabajo forzoso en el Chaco boliviano y en Alto Parapetí.

2010

El 2010 cinco millones de bolivianos decidieron la elección de nueve gobernadores y más de trescientos alcaldes, iniciando así el proceso de la organización política autonómica del Estado Plurinacional y reconfigurando no sólo el mapa político sino además los distintos equilibrios regionales a nivel nacional.

En esta gestión, el denominado “gasolinazo” dejó ver claramente que las medidas impuestas desencadenan crisis que afectan las condiciones de vida de las personas más pobres y se demostró una vez más, que la permanente y sostenida labor de exigencia de diálogo y concertación que la Defensoría viene desplegando, constituye un reto institucional fundamental para superar los continuos obstáculos, mediante una genuina vocación de reencuentro y paz.

El 2010 recibió al primer Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Rolando Villena, quien apenas posesionado, enfrentó su primer gran desafío con lo que se denominó el caso UNCÍA. Pese a lo arriesgado de la situación, la Defensoría ingresó al ayllu Qaracha, para reunirse con autoridades del lugar y establecer pautas de diálogo; sin embargo, la delegación recibió reprimendas y hostilidad, incluso amenazas de retenerlos. El Defensor, junto a los familiares de las víctimas, llevó adelante las negociaciones y posibilitó el rescate de cuerpos.

Su imparcialidad se puso a prueba con el caso CARANAVI, sobre el que se emitió un Informe Defensorial en el que denunciaba la violación de derechos humanos en esa población paceña y demostró su nítida distancia de cualquier partido político.

También intervino en el caso OLORIO APAZA, cuestionando en un informe de manera directa a la Policía y al Estado; al igual que en el caso JUNCO, ciudadano peruano acribillado a tiros por otro privado de libertad en el penal de Máxima Seguridad de Chonchocoro, que reflejó los altos niveles de corrupción y de violencia en los que la Policía estaría implicada.

En otro caso, relacionado con el ex conscripto GUIDO ÁLVARO LÓPEZ CÓRTEZ, sometido a un castigo denominado “submarino” o “té de sopar”, se realizó una investigación que evidenció la vigencia de principios de subordinación y maltrato físico en las unidades militares, que derivan en acciones atentatorias a los derechos humanos de las personas. El Defensor del Pueblo cuestionó el accionar de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y se pronunció por llevar el caso a la justicia ordinaria.

Por otro lado, el caso LOZANO permitió asentar un precepto normativo nuevo de una intervención mixta que siendo conciliatoria, tiene vinculatoriedad, favoreciendo al trabajador en su ejecución y tutela constitucional y evitando tenga que acudir a una vía judicial interminable.

Finalmente, con el fin de cambiar el perfil individual y legalista del modelo de Atención a la Ciudadanía a un enfoque acorde a la nueva realidad política, social y constitucional del país y de la misma institución, se diseñó el Sistema de Servicio al Pueblo.

2011

Durante este periodo, la Defensoría del Pueblo abordó una serie de problemáticas entre las que sobresalen: derecho a la consulta, abusos en instalaciones militares, trata y tráfico de personas, procesos autonómicos, conflictos limítrofes, cada una con sus particularidades y grados de complejidad.

Respecto al abordaje de conflictos sociales, la marcha en protesta y rechazo por la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, concentró la atención pública nacional, sobre todo el 25 de septiembre cuando la Policía Boliviana realizó la intervención policial en Chaparina, Yucumo. Estos hechos dieron lugar a la presentación del “Informe Defensorial respecto a la violación de los derechos humanos en la marcha indígena”, documento que analiza los derechos vulnerados y entre otros aspectos presenta indicios de prueba del cual emergen responsabilidades de los órganos estatales del Estado que habrían participado en la acción.

Entre los meses de octubre y noviembre se reactivó la diferencia limítrofe histórica entre Oruro y Potosí, con el caso Coroma-Quillacas, un conflicto que demuestra la existencia de diferencias regionales por disputas territoriales, así como el problema entre Tarija y Chuquisaca, con relación al campo Margarita. Un hecho similar se produjo entre los municipios de Colquiri, La Paz, y Caracollo, Oruro, por problemas de medición de linderos y titulación de propiedad agraria.

Respecto a las Fuerzas Armadas, la constante vulneración de derechos que se suscitan en los centros de formación militar tuvo su expresión más sensible con la muerte del Sbtte. Gróver Beto Poma Guanto. Un informe defensorial al respecto, incluyó una interpelación a la justicia militar e individualiza a los presuntos responsables del deceso, además de reflejar prácticas de tortura, agresiones psicológicas, físicas y atentados al derecho a la integridad física y a la vida. Sin embargo, los efectivos militares no están exentos de vulneraciones de derechos, tal como lo ocurrido en el caso de militares bolivianos detenidos en Chile, situación calificada de humillante por el trato recibido.

La trata y tráfico de personas, fue otra problemática de preocupación en la gestión, luego de evidenciarse casos de venta de menores de edad en zonas fronterizas del departamento de Potosí, situación que fue denunciada por la institución con base a un informe especializado sobre el caso y que además derivó en la conformación de la Red Boliviana Contra la Trata y Tráfico de Personas, establecida en municipios fronterizos a nivel nacional, conformada por entidades estatales e instituciones privadas que trabajan en la temática.

Por otra parte, dentro el proceso autonómico que vive el Estado Plurinacional, es pertinente señalar el fortalecimiento departamental, municipal, regional e indígena originario, en la elaboración de sus cartas orgánicas y/o estatutos autonómicos.

En esta gestión, además se cerró el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 y se elaboró el correspondiente al quinquenio 2012-2016. 

 2012

El 2012 ha sido el año de consolidación institucional de la Defensoría del Pueblo.  Hemos logrado importantes avances en todos los ámbitos de nuestra responsabilidad constitucional, implementando los mecanismos y las estrategias de intervención adecuadas que hoy nos permiten enfrentar el futuro con mejores herramientas para el logro de nuestros objetivos.

Luego de una serie de ajustes, hemos aprobado nuestro Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016, un documento de elaboración conjunta que orientará nuestras acciones institucionales en los años que nos restan de la gestión y, si bien es perfectible, ha logrado un gran nivel de coherencia y claridad que precisábamos desde un inicio.

Fue un año en el que también pudimos reflexionar nuestras prácticas a la luz de nuestra misión institucional; esto nos ha permitido  cambiar conductas y replantear  procesos que a veces nos impidieron avizorar con mayor certeza nuestros objetivos.

También se logró suscribir el acuerdo de apoyo financiero con la Canasta de Fondos (Suecia, Holanda y Suiza) para lograr la sostenibilidad económica en el próximo quinquenio.  El apoyo silencioso y desinteresado de estos países tan cercanos por ser queridos, es el motor que permite que nuestra institución realice la mayor parte de sus acciones.

La aprobación e implementación del sistema del servicio al pueblo ha permitido que consolidemos definitivamente la nueva visión en la atención y gestión de las demandas de la población cuyos derechos han sido vulnerados.  Hoy ya es un precepto institucional que el ejercicio de los derechos humanos no puede considerarse desde el agente vulnerador sino desde las personas que los ven afectados.  A partir de esta definición, y sin minimizar la responsabilidad de las instituciones del Estado como responsables de garantizar los derechos humanos, nuestras oficinas reciben y procesan una mayor cantidad de casos cuyos entes denunciados pueden ser las entidades de gobierno, las empresas privadas, los funcionarios públicos y aún los agentes privados.  Esta nueva perspectiva de defensa de los derechos, acerca mucho  más a la institución hacia el logro de su objetivo fundamental determinado por la Constitución Política.

Desde el área de políticas y actuaciones especiales, se ha generado un proceso de profundización y optimización de las intervenciones y las acciones a partir de una estrategia de acción más efectiva en la incidencia en políticas públicas.  Hemos trabajado de manera más coherente, intensiva y eficiente para visibilizar, promover y gestionar respuestas desde el Estado y la sociedad en la protección de los derechos de las poblaciones con derechos vulnerables.  Nuestra actuación decidida en favor de las personas con discapacidad, privadas de libertad y adultas mayores han aportado en las propuestas normativas, la construcción de redes departamentales y nacionales y la gestión para lograr la sensibilización y la incidencia pública en favor de estos grupos prioritarios para la institución.

En relación a las poblaciones que son más importantes en nuestra visión estratégica, es decir niños, niñas y adolescentes y mujeres, el trabajo desarrollado por las áreas responsables alcanzó importantes logros que se traducen en la gestión y difusión de conocimiento e información, la promoción de normativa y el aporte en la implementación de políticas públicas.  En el caso de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NyPIOCs), logramos aportar a través de el sostenimiento de una posición firme e invariable de defensa de sus derechos, especialmente los referidos a la consulta previa, libre e informada, pero también sus derechos a la justiciabilidad, el respeto a sus organizaciones, su libertad de expresión y opinión y su derecho a la protesta.  Esta posición principista nos ha generado entrar en colisión con algunas entidades del gobierno en varios momentos de la gestión.

Sin embargo, el trabajo en favor de las NyPIOCs no se ha circunscrito a los conflictos y las crisis.  Hemos desarrollado importantes trabajos en la recuperación y el intercambio de conocimiento y saberes a través de encuentros de reflexión y análisis en todo el país y en todos los ámbitos.

También se lograron avances importantes en las temáticas fundamentales y urgentes referidas a los derechos humanos como el derecho a la salud, la trata y tráfico de personas, la violencia como factor de vulneración de derechos y la gestión de conflictos.

La gestión 2012 fue particularmente importante en la consolidación de nuestra participación en foros y espacios internacionales de derechos humanos.  Hemos consolidado nuestra plena y activa participación en la Federación Iberoamericana del Ombdusman (FIO), una iniciativa regional que pretende aunar esfuerzos entre las Defensorías del Pueblo de la región latinoamericana, para vigilar, promover y defender los derechos humanos.  Esta entidad ha realizado importantes avances en la concientización de la necesidad de un trabajo conjunto para encarar temas tan graves como la trata y tráfico de personas, la defensa de los derechos de la niñez y la protección de los derechos de las mujeres.  Es importante destacar que este nuevo enfoque de trabajo internacional ha motivado la creación de la Unidad de Relaciones Internacionales, una instancia especializada incluida en la estructura funcional que se encarga de la gestión de estos procesos que son de alta importancia para la entidad.

Desde la función de promoción y educación, hemos desarrollado importantes campañas regionales e incidido de manera especial en una mayor presencia en espacios de información y sensibilización a partir de programas, iniciativas y alianzas con entidades internacionales y locales para aportar a la construcción de una cultura de derechos humanos.

Finalmente es importante destacar el trabajo cada vez más dinámico y eficiente de las distintas representaciones y oficinas defensoriales en todo el país.

Desde el fomento de una política de descentralización, hemos alcanzado importantes avances en las gestiones que realizan nuestras oficinas para el cumplimiento de los objetivos.  Podemos afirmar con certeza que la labor que llevan adelante las representaciones, especialmente en la gestión de políticas públicas y defensa de las poblaciones con derechos vulnerables, ha alcanzado importantes niveles de coordinación y eficiencia, lo que redunda en un mejor posicionamiento para el logro de nuestros objetivos de gestión.

A partir de la nueva visión institucional, uno de los mayores logros es que ahora contamos con más representantes mujeres en los departamentos y avanzamos en una política de equidad y eliminación de toda forma de discriminación dentro de nuestra propia entidad, guiados por la certeza que los principios que predicamos deben ser cumplidos primero al interior de la Defensoría.  Esta determinación significa un avance importante en la implementación real y efectiva de la equidad de género en la institución.

Muchos de nuestros logros se han invisibilizado y otros corresponden únicamente al cumplimiento de nuestro deber, sin embargo podemos estar seguros que con nuestra intervención muchos casos de vulneración, violencia y conculcación de derechos, tanto desde instituciones del Estado como de entidades particulares se ha evitado, subsanado o prevenido.

Probablemente, uno de nuestros desafíos ni alcanzados plenamente tiene que ver con lograr mayor coordinación y trabajo conjunto con entidades del gobierno central.  Pese a que podemos mencionar con mucha satisfacción que trabajamos de manera articulada y eficiente con la red parlamentaria por la niñez y la adolescencia, es probable que debamos hacer más esfuerzos por replicar esta iniciativa con otras comisiones e instancias de la Asamblea Legislativa y con instituciones del Órgano Ejecutivo; para ello tenemos toda la voluntad y la apertura para iniciar y desarrollar un proceso de encuentro y articulación más efectivo y cotidiano.

Hoy podemos afirmar que estamos avanzando con seguridad y compromiso en la tarea imprescindible de aportar en la construcción y consolidación de los principios del Estado Plurinacional, desde nuestro mandato y nuestros principios.  Entendemos que este camino que ha emprendido el país no puede ni debe tener retrocesos ni dubitaciones, especialmente en la búsqueda de lograr un ejercicio pleno de los derechos que la Constitución ha incluido en favor de todos los bolivianos y todas las bolivianas.  Tenemos el mandato, la decisión, la voluntad y los instrumentos y vamos a continuar en esta labor que entendemos fundamental para el alcance de los sueños y objetivos de nuestro pueblo.