Encuentro nacional evaluó funcionamiento del Sistema Penal para Adolescentes en Bolivia
D
urante la clausura del Encuentro Nacional que evaluó los diez años de vigencia del Sistema Penal para Adolescentes (SPA) en el Estado Plurinacional de Bolivia, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya hizo un llamado a no “permitir retrocesos y avanzar hacia una justicia más humana y especializada”. “Las voces de los adolescentes fueron un recordatorio contundente: un sistema penal adolescente solo es legítimo si garantiza reintegración, reparación y dignidad. No podemos permitir que el SPA derive hacia un modelo retributivo propio del sistema adulto”, destacó Callisaya, durante su mensaje de cierre del encuentro nacional. Para el Defensor del Pueblo no puede haber retrocesos en el SPA. “El principio de no regresión nos obliga a consolidar los estándares alcanzados y a avanzar hacia una justicia más humana y especializada que profundice la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; fortalecer la formación de operadores; aplicar el enfoque restaurativo en los casos permitidos; garantizar el debido proceso, la confidencialidad y la defensa técnica especializada; y asegurar que la detención preventiva sea siempre excepcional”.
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or su parte, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Margot Pérez, afirmó que durante los diez años de vigencia de la Ley N° 548 “el Estado no ha dado mucha importancia al sistema penitenciario rehabilitador de estos menores infractores”. Señaló que no existe un acompañamiento adecuado para evitar la reincidencia y que persiste un trabajo aislado entre las defensorías, el Ministerio Público y el Órgano Judicial. La autoridad exhortó a las y los participantes a llegar a conclusiones que permitan al Estado fortalecer los medios de protección dirigidos a adolescentes. “El Estado es el que debe cumplir con esa norma vital de la Constitución Política del Estado; si no, nuestro trabajo se quedará en conclusiones”, afirmó. “Aquí estamos para hacer una evaluación sobre los desafíos en el próximo periodo y definir mecanismos de colaboración conjunta”, señaló la representante de Progettomondo – América Latina, Marialuisa Milani. La organización impulsa programas de atención y apoyo a adolescentes en centros de orientación y reintegración social desde hace más de diez años en el país. El evento, organizado con el apoyo de Progettomondo, reunió en Tiquipaya, Cochabamba a representantes de diversas instituciones de varios departamentos que integran el Sistema Penal para Adolescentes, como jueces de niñez y adolescencia, fiscales de materia, centros de orientación y reintegración social dependientes de gobernaciones, defensorías de la niñez y adolescencia, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Policía Boliviana y seis expertos en la materia.
25 de noviembre
Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a fortalecer mecanismos de atención, protección y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo, publicó un pronunciamiento, en el cual insta al Estado a fortalecer los mecanismos de atención, protección y acceso a la justicia, garantizando que las víctimas reciban un apoyo oportuno, integral y digno. En este contexto, el documento defensorial solicita que, ante la reorganización institucional del sector justicia, este proceso cuente con garantías claras de continuidad, recursos adecuados, políticas públicas sostenidas, especialización y enfoque de género en la atención a la violencia contra las mujeres. Asimismo, demanda que todas las instituciones actúen con debida diligencia y se consolide un sistema de justicia libre de impunidad.
E
l pronunciamiento también señala que “ninguna transformación será posible sin la participación activa de las mujeres, de sus organizaciones y de todos los sectores de la sociedad comprometidos con un país más igualitario”. Según datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el 16 de noviembre de la presente gestión persisten altos niveles de violencia, registrándose 40.476 casos vinculados a la Ley N° 348, de los cuales 30.120 corresponden al delito de violencia familiar o doméstica y 69 a feminicidios. Asimismo, se reportaron 1.137 casos de acoso y/o violencia política contra mujeres. “Cada hecho de violencia constituye un fracaso colectivo y una deuda persistente del Estado en la prevención, atención, protección y sanción efectiva”, señala la Defensoría del Pueblo. Ante este panorama, el pronunciamiento de la institución defensoríal reitera su firme rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres, recordando que estas constituyen una violación a los derechos humanos y un delito que debe ser prevenido y sancionado.
Defensor del Pueblo observa Decreto de Indulto e inicia acciones ante el TSJ para emisión de certificados para los posibles beneficiarios
E
l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que, en relación al Decreto Presidencial N° 5460 de Indulto, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realiza espacios de capacitación en los más de 40 centros penitenciarios del país, para que las personas privadas de libertad conozcan si pueden o no, acceder a este beneficio. Asimismo, la autoridad señaló que tiene observaciones de fondo a dicha medida que está enfocadas al alcance y a los requisitos que se exigen. “Con relación a este segundo Decreto, que es en favor de las personas privadas de libertad, la primera gran observación que hemos realizado, es que esta medida se refiere únicamente a indulto y no así a amnistía, esto quiere decir que sólo beneficia a las personas que tienen sentencia condenatoria que son aproximadamente el 40 por ciento de los más de 33 mil privados de libertad a nivel nacional”, apuntó Callisaya. La autoridad defensorial, explicó que un segundo componente de observación está vinculado a la dificultad en la obtención de algunos requisitos, específicamente al certificado de no contar con otras sentencias condenatorias u otros procesos que debe ser emitido a partir del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Eso está provocando serias observaciones en la consecución de este requisito y el beneficio que se pueda dar a la población penitenciaria”, subrayó. “Nosotros, como Defensoría del Pueblo, estamos generando espacios de capacitación con las personas privadas de libertad para que estas puedan saber si alcanza o no este beneficio a sus personas. También estamos pidiendo que el TSJ pueda agilizar la emisión de estos certificados a través de un procedimiento expedito y que la gente que efectivamente puede beneficiarse de este indulto lo haga a la brevedad posible”, señaló el Defensor del Pueblo. Desde el TSJ se informó que a la fecha se tienen dos mil solicitudes de emisión del Certificado La Defensoría del Pueblo está realizando estas capacitaciones en coordinación con la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, (SEPDEP), Tribunales Departamentales de Justicia y la sociedad civil realizó a nivel nacional la socialización del, con el fin de proteger derechos humanos y reducir el hacinamiento carcelario.
Propuesta ‘Una Reforma Judicial con Enfoque de Derechos Humanos’
Defensoría del Pueblo identifica cuatro reformas normativas urgentes en la justicia
C
omo parte de la propuesta ‘Una Reforma Judicial con Enfoque de Derechos Humanos’, la presentado por la Defensoría del Pueblo, se plante a cuatro reformas normativas urgentes en el sistema penal, el pluralismo jurídico, justicia agroambiental y una modernización administrativa. El documento fue presentado en el marco del Primer ‘Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial’ desarrollado las pasadas semanas en la ciudad de Sucre (Chuquisaca). En lo referente a las reformas urgentes al sistema penal, el documento plantea cuatro acciones urgentes como: bajar la tasa de ocupación penitenciaria (que actualmente es del 210%); una reforma integral con política criminal democrática; la adopción de medidas que garanticen una verdadera justicia especializada en delitos de violencia en razón de género. También, sugiere la delimitación de tipos penales vinculados al microtráfico (Ley N° 1008). En lo que respecta al pluralismo jurídico, la propuesta defensorial sugiere modificar la Ley de Deslinde Jurisdiccional que limita la competencia de la justicia indígena, así como garantizar igualdad jerárquica. Un tercer punto apunta a la justicia agroambiental en la que se insta a adoptar Ley Procesal Agraria y Ambiental, y fortalecer capacidad del Tribunal Agroambiental para conflictos por recursos naturales. Finalmente, en lo que a modernización administrativa se refiere la Defensoría del Pueblo recomendó actualizar la Ley General del Trabajo (1942), adecuar y promulgar la Ley de lo contencioso administrativo.
Estudiantes de Potosí aplicarán el Moot Court como fortalecimiento de sus capacidades en justicia internacional
C
omo parte de su agenda de trabajo en el departamento de Potosí, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y la presidenta ejecutiva de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías - SOCIFADE, sellaron una alianza estratégica que permitirá una serie de acciones para fortalecer la formación en derechos humanos de los estudiantes de esta facultad y además impulsará la elaboración y ejecución de proyectos de investigación socio-jurídica sobre problemáticas locales y nacionales. El Defensor del Pueblo, explicó que este convenio permitirá desarrollar cuatro líneas de acción divididas en el fortalecimiento de la investigación socio jurídica; desarrollar capacitación en derechos humanos; promover la acción social y voluntariado; y, finalmente, la difusión académica y comunicacional. “Son cuatro líneas de acción que tienen que ver con teoría, práctica y activismo en derechos humanos, es importante la conjunción entre ambas miradas”, remarcó la autoridad. A partir de la experiencia de la Defensoría del Pueblo, en el Moot Court (competencia de juicio simulado) se generará espacios de reflexión y de práctica en cuanto al litigio en temas de derechos humanos en sede internacional. “Es una preparación para que se pueda usar los estándares de derechos humanos internacionales, en el caso concreto de la realidad boliviana”, añadió Callisaya. En este marco, y a partir de este acuerdo, la SOCIFADE incorporará de manera transversal “el enfoque de derechos humanos en sus planes de investigación, actividades de extensión universitaria y propuestas académicas, priorizando la defensa de los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, el acceso a la justicia, la equidad de género, y los principios democráticos”. La presidenta ejecutiva de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías – SOCIFADE, Micaela Alison Bravo, señaló que la firma de esta alianza, dará paso a la proyección de nuevos caminos y proyectos como el Moot Court, que es la primera competencia a nivel departamental en materia de derechos humanos. “Queremos que los futuros defensores de los derechos humanos provengan de la Tomás Frías, de la Facultad de Derecho y cómo no, de la sociedad científica”, finalizó Bravo.
Título: Resumen Ejecutivo: 24 días informe defensorial - situación de conflictividad en Bolivia entre octubre y noviembre de 2024
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Informe defensorial nuestra casa sin derechos - vulneración del ejercicio de normas y procedimientos de las NPIOC para la gestión compartida del área protegida Madidi frente a la minería
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Informe Defensorial: Beatriz - Incumplimiento a la implementación de la SCP. N.° 206/2014 en los Entes Gestores de Seguridad Social de Corto Plazo y la vulneración de derechos de las mujeres
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
