Defensoría del Pueblo reafirma compromiso para visibilizar los derechos de la población LGBTI+
C
on la participación de representantes de diversos colectivos, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, realizó una serie de acciones en conmemoración del ‘Día Internacional del Orgullo LGBTI+’, como el pintado del paso peatonal en la ciudad de La Paz, así como su participación en la Marcha del Orgullo que se realizó este 28 de junio en la ciudad Tarija. “Más allá de ser un acto simbólico, creemos que es un acto de resistencia e interpelación que no se reduce únicamente a este día, sino es una actividad institucional permanente exigiendo la construcción y aplicación de políticas públicas para la emisión de normativa y diferentes acciones al Estado, que nos permita consolidar la construcción de una sociedad en la que pensar diferente o ser diferente no sea motivo de exclusión”, remarcó Callisaya, durante el acto de pintado. En ese marco, este 28 de junio, la Defensoría del Pueblo emitió un Pronunciamiento en el que exhorta al Estado boliviano, tanto en su nivel central como en sus entidades autónomas descentralizadas, a adoptar acciones afirmativas eficaces que garanticen la igualdad de las personas LGBTI+ en todos los ámbitos de la vida, asegurando el ejercicio pleno e integral de sus derechos, en el marco de una cultura democrática basada en el respeto, la inclusión y la no discriminación.
E
l Defensor del Pueblo, señaló que ante recientes actos de discriminación a la población LGBTI+, es importante reconstruir la mirada de una sociedad que tenga tolerancia y que no se funde en miradas discriminatorias. “La Defensoría del Pueblo está en permanente acción, en la exigencia de construcción de medidas de fondo, no solamente este día sino todos los días del año, para que, conjuntamente a toda la población LGBTI+, podamos construir y consolidar una sociedad con tolerancia, justa e igualitaria que nos permita recomponer nuestros escenarios de convivencia pacífica y armónica”, señaló Callisaya tras concluir el pintado del paso peatonal. El pintado del paso peatonal se efectuó en la calle Colombia esquina Gral. Gonzales de la zona San Pedro, en la ciudad de La Paz, asimismo, todas las delegaciones departamentales participaron de las diferentes actividades que se realizaron en conmemoración al Día del Orgullo LGBTI+.
A través de una alianza interinstitucional
Más de 130 celdas policiales en todo el país mostrarán banners informativos sobre derechos de personas aprehendidas
En el marco de una alianza interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Policía Boliviana y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, desde esta semana, más de 130 celdas policiales a nivel nacional contarán con banners informativos sobre los derechos de personas aprehendidas. “Se colocará banners informativos en 132 celdas policiales para que las personas detenidas conozcan las salvaguardas en sus derechos. Por eso, es tan importante la labor conjunta entre la Defensoría del Pueblo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y la Policía Nacional, que nos permite avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales”, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
L
a Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT) le confiere al Estado boliviano obligaciones para evitar que se susciten casos tortura en celdas policiales, además de recomendaciones para proteger y respetar los derechos de las personas aprehendidas. “Estos banners tienen, por un lado, un carácter informativo, por otro, la activación de los derechos para las personas aprehendidas y sus familiares”, puntualizó Callisaya a tiempo de señalar que ante la vulneración de derechos humanos la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, habilitó la Línea Gratuita: 800-10-8004 y el WhatsApp: 72005359.
Defensor del Pueblo: Protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales es una línea de acción institucional
T
ras la determinación de la justicia de otorgar libertad irrestricta a las y los imputados en el proceso penal interpuesto por representantes de Petrobras S.A. y YPFB contra 12 comunarias y comunarios de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía; el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó esta acción como “un buen precedente”, que se enmarca en la línea de acción institucional de defensa y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. “Efectivamente, una de las líneas de acción institucional (de la Defensoría del Pueblo) es la defensa y la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, lo hemos vivido en varios casos, como este de los defensores de derechos en Chiquiacá y Tariquía”, señaló el Defensor del Pueblo, en contacto con un medio de comunicación de Tarija. La autoridad defensorial precisó que el año pasado, se inició un proceso en contra de 29 personas, 28 de Chiquiacá y 1 del cantón de Tariquía, por presuntos delitos como impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo. Esto inicialmente había sido rechazado, pero por una disposición de la Fiscal departamental de Tarija se ha reabierto el caso, pero esta vez, contra 11 personas y un concejal del municipio de Entre Ríos. “Se ha llevado una audiencia de medidas cautelares, en la que el juez claramente, en forma diáfana ha establecido que ellos deben continuar en el proceso, pero en libertad irrestricta, es decir no se les está aplicando ninguna medida cautelar de naturaleza personal o real, en consecuencia, van a poder asumir su defensa en términos de libertad”, precisó Callisaya. Para la autoridad defensorial este “es un buen precedente”. Sin embargo, señalo que es necesario que se siga profundizando en la exigencia de la protección de los defensores en derechos ambientales, “porque Bolivia es parte de acuerdos importantes como el Acuerdo de Escazú, que en uno de sus lineamientos está la protección a los defensores en materia de medio ambiente”. Finalmente, Callisaya, adelantó que institucionalmente se han ido construyendo varios lineamientos en defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Un caso es el tema de los guardaparques que, en ocasión de haber denunciado un hecho de explotación minera, han sido procesados, y tras la intervención de la Defensoría del Pueblo y otras instancias se los ha liberado de un proceso penal. “Incluso hemos planteado una acción constitucional, justamente porque no se puede vulnerar los derechos de los defensores en asuntos ambientales”.
Gracias a convenio entre la Defensoría del Pueblo y Save The Children
Defensoras y defensores estudiantiles serán fortalecidos en entornos digitales
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on el objetivo de contribuir al fortalecimiento de Defensoras y Defensores Estudiantiles y desarrollar campañas para visibilizar la violencia contra niñas y adolescentes que se encuentran en situación de embarazo infantil, la Defensoría del Pueblo y Save The Children International firmaron un convenio que incluye un plan de acción que permitirá la materialización de diferentes actividades conjuntas. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó que este convenio es parte de un emprendimiento común, con enfoque de derechos humanos. “Los entornos de violencia que pueden sufrir las niñas, niños y adolescentes ameritan una acción institucional comprometida entre todos quienes estamos vinculados a la defensa y respeto de los derechos humanos”, sostuvo. Callisaya, destacó que, como respuesta ante los casos de violencia entre pares, nació el proyecto de defensoras y defensores estudiantiles, que hoy ya es una política pública a nivel nacional. También destacó el trabajo realizado para visibilizar los matrimonios y uniones infantiles forzadas a través del informe defensorial “Sueños Interrumpidos”. “Por eso es importante esta firma de convenio, porque nos va a permitir aplicar un acuerdo a través de un plan de acción emergente, que es la consolidación de un plan defensorial para las poblaciones en situación de vulnerabilidad donde uno de los componentes está vinculada a la defensa de los NNAs”, ponderó el Defensor del Pueblo. Por su parte, la Directora País de Save The Children, Marianela Montes de Oca, señaló que la firma de este convenio, simboliza “un compromiso profundo y decidido por la lucha de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la construcción de un entorno más seguro, justo y lleno de oportunidades para las nuevas generaciones”.
Defensoría del Pueblo expresa preocupación por anteproyecto de ley que endurece penas contra adolescentes
L
a Defensoría del Pueblo a través de un Pronunciamiento manifestó su profunda preocupación ante el anteproyecto de ley anunciado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que propone modificar el artículo 268 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), elevando significativamente las penas privativas de libertad para adolescentes entre 14 y 18 años. “En ese contexto, endurecer el régimen sancionador sin atender estos factores estructurales implica un grave debilitamiento del enfoque restaurativo que debe regir la justicia penal de adolescentes. Este tipo de reformas desconoce además que la privación de libertad debe ser excepcional, de corta duración y orientada a la reintegración social2, expresa el documento. A través del Pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo reitera que toda reforma al Sistema Penal Adolescente (SPA) “debe tener como base el respeto a los derechos humanos y la promoción de procesos socioeducativos que favorezcan la responsabilización del hecho, la reparación del daño y la reintegración social, con operadores específicos y condiciones dignas”. La propuesta de la cartera de Justicia, plantea ampliar la privación de libertad y de forma diferenciada por edades; de hasta 12 años para adolescentes de 14 a 16 años, y hasta 18 años para aquellos entre 16 y 18 años, en casos de delitos graves. Este enfoque contraviene el principio del interés superior del niño, consagrado en el art. 60 de la Constitución Política del Estado y en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de representar un retroceso en los avances normativos del SPA en Bolivia. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional “a no aprobar reformas que vulneren principios constitucionales e internacionales ni desconozcan el carácter especializado del SPA”. Asimismo, “exhortó al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional reorientar su propuesta legislativa, priorizando políticas de prevención, justicia restaurativa y reintegración; convoca a la conformación de una mesa técnica interinstitucional para evaluar el SPA desde un enfoque de derechos humanos”. Finalmente, recordó al Estado boliviano que “tiene la obligación de armonizar su legislación interna con la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales, evitando cualquier retroceso en la garantía de los derechos de adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Título: Desiguales ante la ley, resultados y análisis de la 1ra encuesta virtual para personas con diversa orientación sexual, identidad y expresión de género en Bolivia
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Informe defensorial Sueños Interrumpidos: vulneración de derechos de niñas y adolescentes mujeres, emergentes de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas y del embarazo infantil forzado en Bolivia
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Informe Defensorial 24 Días: situación de conflictividad en Bolivia entre octubre y noviembre de 2024
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
