Pueblos indígenas y Estado Plurinacional entre el reconocimiento constitucional y la exclusión real
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l Estado Plurinacional de Bolivia tiene su base en la diversidad cultural y los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Sin embargo, a pesar de los avances normativos establecidos en el art. 30 de la Constitución Política del Estado (CPE), persiste una situación estructural de alta vulnerabilidad que afecta especialmente a los pueblos indígenas de tierras bajas, algunos están en situación de extinción. Las brechas entre el reconocimiento jurídico y la realidad cotidiana siguen siendo profundas. Por otro lado, la CPE reconoce 36 lenguas oficiales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos además del castellano y la Lengua de Señas Boliviana (LSB) reconocida mediante Ley Nº 1658 de 31 octubre de 2025; sin embargo, la mayoría de las lenguas están en un nivel de riesgo de extinción. Actualmente, las lenguas Pacahuara, Machineri, Baure, Maropa e Itonama, habladas principalmente por personas adultas mayores, están en una situación crítica; las lenguas: Leco, Araona, Tapiete, Sirionó y Yaminawa están en peligro; finalmente, están las lenguas que son consideradas vulnerables que, aunque tienen una buena cantidad de personas hablantes, pierden cada vez más terreno frente al castellano. Pese a que el país cuenta con la Ley Nº 269 General de Derechos y Políticas Lingüísticas, el Estado no ha implementado políticas para recuperar, vitalizar, revitalizar y desarrollar los idiomas oficiales en riesgo de extinción. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha advertido que existen pueblos indígenas que enfrentan serias dificultades en el acceso al territorio, la salud, la educación y otros derechos fundamentales, lo que debilita sus sistemas de vida y supervivencia cultural. “Hay pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, en peligro de extinción, donde persisten dificultades en el reconocimiento de su territorio, el acceso a la salud y a la educación”, afirmó, subrayando que estas problemáticas no han sido atendidas de manera integral por el Estado.
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actores como la contaminación ambiental, la minería ilegal, la deforestación, los incendios forestales y la expansión de la frontera agropecuaria impactan de forma directa en los pueblos indígenas, deteriorando sus medios de subsistencia y profundizando escenarios de desplazamiento, pobreza y exclusión. Otro aspecto que afecta directamente a los pueblos indígenas es la vulneración estructural del derecho a la consulta previa, libre e informada que pone en riesgo la supervivencia de muchos pueblos, a través de la imposición de modelos extractivos externos, que no coinciden con las formas de vida de los pueblos indígena originarios de tierras altas y bajas. Existe la necesidad de adoptar una Ley General o Ley Marco de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), que garantice los estándares internacionales y que la legislación boliviana deba estar alineada con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la actual dispersión y fragmentación normativa, que genera dudas e inseguridad jurídica. Actualmente la CPLI se rige por normas y reglamentos específicos: Minería, electricidad, obras viales e hidrocarburos. En ese contexto, el Defensor del Pueblo sostuvo que el Estado debe asumir un régimen especial de protección, fortaleciendo las instituciones creadas para este fin. “Hay necesidad de fortalecer la protección de los pueblos indígenas, particularmente de aquellos que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad”, remarcó, enfatizando que, sin acciones concretas, coordinadas y con presupuesto adecuado, la plurinacionalidad corre el riesgo de convertirse en un principio meramente declarativo.
Situación de Vulnerabilidad
Nación Indígena Pacahuara: riesgo de extinción y urgencia de protección
La Nación Indígena Pacahuara enfrenta una situación de extrema vulnerabilidad que pone en riesgo su existencia física y cultural. Su reducida población, la pérdida progresiva de su idioma y la fragilidad de sus estructuras comunitarias evidencian un escenario crítico que exige una respuesta inmediata y diferenciada del Estado. El informe defensorial advierte que las amenazas no son coyunturales, sino estructurales. La presión sobre su territorio, la presencia de actores externos y la afectación a los recursos naturales comprometen las condiciones mínimas para su subsistencia, alterando su forma de vida y su relación ancestral con la Madre Tierra.
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ello se suman limitaciones en el acceso a derechos fundamentales como la salud, educación y servicios básicos, que no responden a criterios de pertinencia cultural ni a las necesidades específicas del pueblo Pacahuara. Esta situación profundiza su vulnerabilidad y acelera el riesgo de desaparición como nación indígena. En el informe defensorial: “La Nación Indígena Pacahuara; un análisis sobre la situación de alta vulnerabilidad y las amenazas a su existencia.”, la Defensoría del Pueblo alertó al Órgano Ejecutivo sobre la urgencia de adoptar medidas integrales, sostenidas y coordinadas que garanticen la protección del territorio, el fortalecimiento de la identidad socio cultural y la vida del pueblo Pacahuara. La inacción estatal no solo vulnera derechos humanos, sino que pone en peligro la diversidad cultural y el futuro del Estado Plurinacional. “Bolivia se construyó como un Estado Plurinacional bajo la premisa del ‘Vivir Bien’, y la plurinacionalidad se vería seriamente en riesgo si un pueblo indígena como el Pacahuara desaparece; se fracturaría la esencia misma de ese carácter plurinacional. La defensa del pueblo indígena Pacahuara no solo es un acto jurídico, sino un imperativo ético para reparar situaciones de colonialismo, exclusión y, en su caso, etnocidio”, aseveró el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
La vulnerabilidad territorial, ambiental y social
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os pueblos indígenas de tierras bajas del Estado Plurinacional de Bolivia, entre ellos los Ayoreo, Araona, Canichana, Cayubaba, Ese Ejja, Mosetene, Tsimane, Moré, Chácobo, Pacahuara, Araona, Ayoreo, Yaminahua, Machineri, Weenhayek, Itonama, Yuracaré, Mbya Yuqui, Weeanyek, Tapiete y los segmentos Uru Chipaya, Urus del Lago Poopó y Urus de Irohito de tierras altas, enfrentan una situación de alta vulnerabilidad que pone en riesgo su continuidad histórica, cultural y territorial. Aunque sus derechos están reconocidos en la Constitución Política del Estado y en instrumentos internacionales, en la práctica persisten condiciones estructurales de exclusión, abandono estatal y amenazas constantes a sus y formas de vida. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que estos pueblos enfrentan serias dificultades y afectación permanente a sus sistemas de vida. “Hay pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, en peligro de extinción, donde persisten dificultades en el acceso a la salud, a la educación y una afectación constante en sus formas de vida”, afirmó, remarcando que estas problemáticas se concentran principalmente en el oriente boliviano. La vulnerabilidad territorial y ambiental es uno de los factores más graves. La contaminación de ríos por mercurio, la minería del oro ilegal, la deforestación, avasallamiento de tierras en territorios indígenas y áreas protegidas donde viven pueblos indígenas, los incendios forestales, crisis climática y sequias y la expansión de la frontera agropecuaria impactan directamente a muchos pueblos de tierras bajas, cuya subsistencia depende del equilibrio con su entorno. Callisaya alertó que estas afectaciones derivan en problemas de alimentación y salud, señalando que “la contaminación de sus ríos y su alimentación está derivando en serios problemas para estas poblaciones”. En el ámbito social, la exclusión histórica se expresa en pobreza extrema, racismo estructural y restricciones al ejercicio pleno de derechos colectivos. Algunos pueblos, como los Pacahuara o los pueblos no contactados y en aislamiento voluntario, enfrentan riesgos aún mayores. “Hay necesidad de hacer un régimen especial de protección para estas poblaciones (…) si no se asumen medidas específicas, las condenamos a su extinción”, sostuvo el Defensor del Pueblo. Finalmente, Callisaya recordó que el Estado boliviano asumió compromisos internacionales, como el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que obligan a garantizar su protección integral. “La Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO), necesita fortalecerse y hay que darle un presupuesto para que pueda identificar y proteger a estos pueblos”, afirmó, subrayando que defender a los pueblos indígenas de tierras bajas no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético para preservar la esencia misma del Estado Plurinacional, en el marco de la Ley Nº 450 y el D.S. 4793.
Pueblo indígena guaraní
“La Tunita”: persistencia de relaciones de servidumbre
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l 2024, el caso del predio agropecuario “La Tunita”, ubicado en el Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae, en el Chaco cruceño, fue objeto de un informe defensorial que revelaba la persistencia de prácticas de servidumbre y empatronamiento que vulneraban gravemente los derechos humanos del pueblo indígena guaraní. A pesar de los avances normativos del Estado Plurinacional, al menos 14 familias guaraníes fueron sometidas durante años a condiciones de sobreexplotación laboral, exclusión social y negación sistemática de derechos fundamentales. En ese marco, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, fue enfático al señalar que “la Constitución Política del Estado reconoce que no puede existir servidumbre ni esclavitud. Con este informe se busca visibilizar lo que ocurre en ‘La Tunita’, por eso estamos aquí denunciando estas vulneraciones de derechos”. Las familias afectadas realizaban jornadas laborales excesivas, sin remuneración adecuada, recibiendo pagos en víveres o prendas, en abierta transgresión a la normativa laboral vigente. La Defensoría informó que estas condiciones de sometimiento impactaron directamente en el acceso a derechos esenciales. Las familias guaraníes vivían en condiciones de extrema pobreza, con acceso restringido al agua, sin tierra suficiente para la producción de alimentos y en viviendas precarias y hacinadas. Al respecto, Callisaya advirtió que “más allá de que el predio esté en proceso de reversión, las personas afectadas sufrieron una limitación profunda en el acceso a la salud, la educación y otros derechos básicos”. La situación de “La Tunita” también implicó la vulneración de derechos colectivos, como la identidad cultural y la libre organización. Asimismo, las familias guaraníes enfrentaron restricciones para vincularse con sus instancias representativas, como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), debilitando sus formas propias de organización y reproducción sociocultural. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo como resultado del seguimiento a las recomendaciones en el IID: PERSISTENCIA DE RELACIONES DE SERVIDUMBRE O EMPATRONAMIENTO EN EL CHACO CRUCEÑO: El caso de familias guaranís empatronadas en el predio agropecuario “La Tunita”, ha logrado incidir en las instancias competentes del órgano ejecutivo para que las familias guaranís que habitan el predio denominado “La Tunita”, fueran beneficiadas con medidas ejecutivas que están permitiendo la reversión de su situación y condición de empatronamiento en la que se encontraban.
La defensa de los pueblos indígenas: una responsabilidad indelegable del Estado Plurinacional
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a defensa de los pueblos indígenas no es una concesión ni una política coyuntural: es una obligación indelegable del Estado Plurinacional y un pilar esencial para la vigencia real de la democracia intercultural. La Constitución Política del Estado reconoce a las naciones y pueblos indígena originario campesinos como sujetos colectivos de derechos, lo que exige acciones concretas, sostenidas y diferenciadas para garantizar su existencia física, cultural y territorial. Sin embargo, la persistencia de escenarios de alta vulnerabilidad —marcados por la pérdida de territorio, la degradación ambiental, la exclusión social y la falta de acceso efectivo a servicios básicos— evidencia que el desafío no está en el marco normativo, sino en su implementación. La protección de los pueblos indígenas requiere políticas públicas integrales, coordinación interinstitucional, asignación presupuestaria suficiente y un enfoque que respete sus sistemas de vida, saberes y formas propias de organización. En este contexto, la Defensoría del Pueblo cumple un rol preventivo clave al vigilar el cumplimiento de las obligaciones estatales, emitir informes y recomendaciones, acompañar a las comunidades y alertar sobre riesgos estructurales que amenazan la continuidad de pueblos en situación de alta vulnerabilidad. Su labor fortalece la institucionalidad democrática y contribuye a que los derechos reconocidos no queden solo en el papel. Asumir la defensa de los pueblos indígenas es asumir la defensa de la plurinacionalidad misma. Sin protección efectiva, sin prevención del daño y sin garantías reales para su desarrollo integral, el Estado Plurinacional pierde sentido. Proteger a los pueblos indígenas hoy es asegurar la diversidad, la memoria y el futuro de Bolivia.
Título: Toromonas: La lucha por la defensa de los Pueblos Indígenas aislados en Bolivia
Autor: Pablo Cingolani, Álvaro Díez Astete y Vincent Brackelaire
Título: Territorialidad y autogobierno: las autonomías indígena originario campesinas en el Estado Plurinacional Boliviano
Autor: Gonzalo Vargas Rivas
Título: El Mundo Indígena 2024
Autor: Editor General: Dwayne Mamo
