DEFENSOR DEL PUEBLO INSTA A TRES INSTANCIAS DEL ESTADO ATENDER LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
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l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exigió al Órgano Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección General de Régimen Penitenciario cumplir las recomendaciones emitidas para atender la crisis de derechos humanos en los recintos penitenciarios. Reportó que persiste un hacinamiento que supera el 109% de la capacidad instalada. “A casi un año de la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en septiembre de 2025, persiste la crisis estructural en el sistema penitenciario”, afirmó Callisaya durante la presentación del informe de seguimiento a la “Alerta Temprana sobre la Situación Penitenciaria en Bolivia”, emitida por la institución defensorial en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Según explicó, el informe de seguimiento de 2026 establece que el sistema penitenciario boliviano atraviesa una crisis de hacinamiento crónico, alimentada por el uso excesivo de la detención preventiva, que actualmente alcanza al 53,91% de la población penal. Indicó que, a diciembre de 2025, se contabilizaron 32.677 personas privadas de libertad, cifra que representa una reducción insignificante de apenas dos puntos porcentuales respecto a julio del mismo año.
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l reporte destaca que la detención sin sentencia continúa siendo la regla y no la excepción, en contravención del principio de excepcionalidad. Esta situación mantiene el hacinamiento en un 109% por encima de la capacidad máxima del sistema y genera un colapso físico que impide clasificar a las personas privadas de libertad de acuerdo con la gravedad del delito. La falta de separación expone a poblaciones en situación de vulnerabilidad a la convivencia directa con redes criminales, en vulneración de preceptos constitucionales. Finalmente, remarcó que existen proyectos que permanecen estancados en el papel, entre ellos los previstos para la construcción de complejos penitenciarios en La Paz, Cochabamba —Arani— y Santa Cruz —Palmasola—, los cuales no registran ejecución física. Ante la falta de respuesta del Órgano Judicial y de la Fiscalía General del Estado a las recomendaciones previas, el Defensor del Pueblo instó a estas autoridades a implementar de manera inmediata medidas alternativas a la privación de libertad, con el fin de frenar el colapso del sistema penitenciario y garantizar la vigencia del Estado de derecho.
Seguridad penitenciaria
DIAGNÓSTICO DEFENSORIAL DEVELA PREOCUPANTE INCREMENTO DE MUERTES EN PENITENCIARÍAS ENTRE 2025 Y 2026
Durante la gestión 2025 se registraron 15 muertes violentas dentro de los centros penitenciarios de todo el territorio nacional y, en los primeros siete meses de 2026, la cifra ya ascendió a 17 decesos, según el diagnóstico de la “Alerta Temprana sobre la Situación Penitenciaria en Bolivia”, emitida por la Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Los datos develan un “punto de quiebre” en la seguridad interna de las cárceles bolivianas, evidenciado por una alarmante aceleración de la violencia mortal. De las 17 muertes registradas, 11 ocurrieron en recintos del departamento de Santa Cruz, principalmente en Palmasola y Montero (CERPROM), identificados como los principales focos de agresiones.
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l MNP incluso tuvo que realizar una corroboración directa de tres muertes recientes que no fueron reportadas oficialmente por la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), lo que evidencia fallas en los mecanismos de transparencia y control. La Defensoría atribuye este incremento a una seguridad debilitada y a la incapacidad de clasificar adecuadamente a la población penitenciaria. Ante este escenario, la institución defensorial exigió al Régimen Penitenciario la adopción de medidas urgentes para prevenir actos de tortura y tratos crueles. Es imperativo fortalecer la vigilancia interna y mejorar la separación de las personas privadas de libertad para evitar que las cárceles sigan siendo escenarios de violencia descontrolada que atenta contra el derecho fundamental a la vida.
ALERTA TEMPRANA DEL MNP CONSTATA UN MÉDICO POR CADA 510 PRIVADOS DE LIBERTAD
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l reciente diagnóstico de la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), realizado en 20 centros penitenciarios, develó que el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en Bolivia se encuentra en estado crítico. El documento advierte que el sistema penitenciario cuenta con un médico por cada 510 personas privadas de libertad, una proporción que hace logísticamente imposible cumplir con los estándares mínimos de atención. Con una población total de 32.677 internos, entre varones y mujeres, el personal sanitario se reduce a solo 64 médicos, 17 odontólogos y cinco enfermeras en todo el país. Esta carencia de personal impide la realización del examen médico inicial obligatorio dentro de las primeras 48 horas de ingreso, lo que deriva en que patologías prevenibles, lesiones físicas y focos de contagio no sean detectados oportunamente. La falta de atención adecuada y oportuna pone en riesgo no solo a cada persona, sino a toda la población penal ante la posibilidad de brotes epidémicos que el sistema actual no tiene capacidad para contener. El MNP señaló que, pese a un leve aumento del personal, los desafíos persisten debido al crecimiento constante de la población penitenciaria. Por ello, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones directas al Ministerio de Salud y a los gobiernos subnacionales para incrementar de manera urgente el personal sanitario. Garantizar el acceso a la salud es una obligación estatal ineludible que actualmente se encuentra gravemente comprometida en el sistema penitenciario boliviano.
Derecho a la alimentación de personas privadas de libertad
PREDIARIOS PENDIENTES PONEN EN RIESGO ALIMENTACIÓN EN CÁRCELES DE SIETE DEPARTAMENTOS
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a Defensoría del Pueblo alertó sobre una grave situación de inseguridad alimentaria en las cárceles de Bolivia debido a la mora en el pago de prediarios en siete departamentos del país. Según un diagnóstico presentado recientemente, La Paz presenta la situación más crítica, con tres meses de mora debido a movimientos de personal, lo que derivó en un riesgo inminente de protesta por parte de los internos. Por otro lado, Potosí, Beni, Chuquisaca y Tarija registran dos meses de retraso, mientras que Oruro y Pando presentan una mora de un mes. Solo Cochabamba y Santa Cruz se encuentran al día con estos pagos. La institución defensorial subrayó que estas insuficiencias crónicas en el pago de prediarios son resultado de la falta de coordinación interinstitucional y de acuerdos concretos entre los distintos niveles de gobierno para la gestión integral del sistema. La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), enfatizó en la parte conclusiva del diagnóstico que someter a la población penal a la incertidumbre sobre su alimentación constituye una forma de trato degradante. Por ello, instó a las administraciones departamentales a regularizar los pagos de manera inmediata para evitar conflictos sociales y garantizar una subsistencia digna a las personas privadas de libertad.
A CINCO AÑOS DE LA VIGENCIA DEL MNP SE CONSOLIDA MODELO DE FISCALIZACIÓN A CENTROS PENITENCIARIOS, CELDAS POLICIALES Y RECINTOS MILITARES DEL PAÍS
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ras la promulgación de la Ley N° 1397, el 29 de septiembre de 2021, la Defensoría del Pueblo asumió de forma plena y autónoma el mandato del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). A casi cinco años de su puesta en marcha, la institución consolida un modelo de fiscalización continuo y riguroso para la protección de los derechos humanos en espacios de privación de libertad. Durante este periodo, el MNP presentó cinco informes institucionales de alta incidencia, entre rendiciones anuales y diagnósticos temáticos especializados. Estas publicaciones son resultado de inspecciones in situ e inopinadas realizadas en recintos penitenciarios, celdas de contención policial y unidades militares de todo el territorio nacional, además de la reciente visita al centro de acogida “La Casa de la Mujer”, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Entre los documentos oficiales destacan el Informe Anual 2022, que inauguró esta etapa con 30 recomendaciones directas al Estado boliviano, y el Informe Anual 2023, presentado ante instancias legislativas e internacionales. Asimismo, el mecanismo abordó condiciones de vulnerabilidad específicas a través del reporte temático “Mujeres en Cárceles de Bolivia” (2024), el “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad” (2025), los reportes de Alertas Tempranas y las directrices estratégicas de la presente gestión. La sistematización de estos datos permitió activar alertas sobre fallas estructurales del sistema penitenciario, evidenciando, entre otros aspectos, que más del 66% de la población carcelaria se encontraba bajo detención preventiva. Las recomendaciones emitidas tienen carácter vinculante y están dirigidas a ministerios, comandos policiales y Fuerzas Armadas para asegurar un trato digno. Con esta trayectoria, la Defensoría del Pueblo ratifica la independencia funcional del MNP y reafirma su compromiso con la erradicación de los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el país.
Título: Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Mujeres en Cárceles de Bolivia: Informe temático del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la situación de las mujeres privadas de libertad
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Bolivia
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
