Fortalecimiento de la lucha contra la trata y tráfico de personas
D
esde la gestión 2023, la Defensoría del Pueblo desarrolla una estrategia integral de lucha contra la trata y tráfico de personas, sustentada en cuatro pilares: prevención, capacitación, incidencia institucional y cooperación interinstitucional. En el ámbito de la prevención y capacitación, a través de un convenio con la Fundación Munasim Kullakita, durante la presente gestión la Defensoría del Pueblo capacitará a efectivos de la Policía Boliviana, personal de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y organizaciones sociales en la prevención, atención y protección de víctimas de trata.
A
simismo, la institución defensorial desarrolla acciones de incidencia. En el departamento de Potosí integra la Secretaría Técnica del Consejo Departamental de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, instancia responsable de elaborar el Plan Departamental de Lucha contra estos delitos. En el ámbito internacional, la planificación institucional para la gestión 2026 contempla el seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta Perú–Bolivia (2025-2026), en el marco del Acuerdo Bilateral para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos. En materia de cooperación interinstitucional, en 2025 la Defensoría del Pueblo y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP) acordaron desarrollar un trabajo conjunto hasta 2028 para fortalecer la prevención de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos.
Protección de connacionales
Defensoría del Pueblo activa acciones de seguimiento y coordinación ante el presunto reclutamiento de bolivianos para el conflicto armado en Rusia
Ante el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en el conflicto armado en Rusia, la Defensoría del Pueblo activó acciones de seguimiento y coordinación orientadas a la protección de los derechos de las personas presuntamente afectadas y sus familias. La institución realiza seguimiento a las investigaciones del Ministerio Público, brinda acompañamiento a los familiares y solicitó la adopción de medidas de protección, considerando que los hechos podrían estar vinculados con posibles redes de trata de personas.
A
simismo, requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores la activación de la asistencia consular y la evaluación de una eventual repatriación de los connacionales. De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Cancillería, serían 27 los ciudadanos bolivianos involucrados en el conflicto. La Defensoría del Pueblo también estableció coordinación con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Colombia y Perú para intercambiar información y conocer buenas prácticas relacionadas con la atención de casos similares, la repatriación de connacionales y la adopción de medidas preventivas.
Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a reactivar políticas públicas contra la trata de personas
S
egún el Protocolo de las Naciones Unidas, la trata de personas comprende la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante amenaza, uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o mediante pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Recientemente, la Defensoría del Pueblo exhortó al Estado a reactivar las políticas públicas y los mecanismos de coordinación previstos en la Ley N.° 263 para fortalecer la prevención, protección y atención integral de las víctimas de este delito. Durante la gestión 2025, la Defensoría del Pueblo registró 23 denuncias por trata de personas y, en lo que va de la gestión 2026, registró siete casos. En 2025, la mayor concentración de denuncias se registró en los municipios de El Alto (10 casos) y Santa Cruz de la Sierra (cinco casos). Las instituciones más denunciadas fueron la Policía Boliviana (cinco denuncias), el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (cuatro) y el Ministerio Público (cuatro). En la presente gestión destacan dos casos: uno relacionado con la presunta utilización de una bebé de seis meses, del pueblo indígena Ayoreo, con fines de mendicidad, y otro referido al presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para el conflicto armado en Rusia. Ambos casos evidencian la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, atención y lucha contra la trata de personas. Asimismo, mediante un reciente Pronunciamiento, la institución defensorial expresó su preocupación por la paralización del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas y la conclusión de la vigencia de la Política Pública Plurinacional 2021–2025. Esta situación debilita la capacidad de respuesta del Estado frente a este delito y limita la protección integral de las víctimas.
Derechos humanos
Protección de los derechos de las personas migrantes en movilidad laboral
E
l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, planteó la construcción de una gobernanza binacional entre Bolivia y Chile, con enfoque de derechos humanos, orientada a garantizar una protección integral de las personas migrantes durante todas las etapas de la movilidad laboral. La propuesta fue presentada en el webinar internacional "Del origen al destino: ¿Cómo construir una gobernanza binacional de la movilidad laboral agrícola?", donde destacó la necesidad de coordinar acciones entre ambos Estados para promover una migración segura, prevenir la trata y tráfico de personas, fortalecer la asistencia humanitaria y asegurar el acceso a la justicia. Asimismo, la propuesta plantea un rol estratégico de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de ambos países para establecer mecanismos permanentes de diálogo, monitoreo y seguimiento de denuncias, contribuyendo al fortalecimiento de las políticas públicas y a la protección efectiva de los derechos de la población migrante.
Presunta trata de niños ayoreos con fines de mendicidad
L
a Defensoría del Pueblo realizó seguimiento a un caso de presunta trata de personas con fines de mendicidad forzada que involucra a niñas, niños y adolescentes del pueblo indígena Ayoreo, entre ellos una bebé de seis meses que falleció presuntamente por falta de atención médica oportuna. El caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y control de los permisos de viaje de niñas, niños y adolescentes. Durante la investigación, las autoridades rescataron a otros cuatro menores de edad del pueblo Ayoreo que presuntamente eran sometidos a mendicidad en espacios públicos, acompañados de personas respecto de las cuales se investiga su vínculo familiar. La Defensoría del Pueblo también mantiene coordinación con representantes del pueblo Ayoreo para impulsar medidas orientadas a reducir los riesgos de explotación y otras formas de violencia que afectan a esta población en situación de vulnerabilidad.
Título: Política Plurinacional contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos 2021 - 2025
Autor: Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
Título: Migraciones y Movilidad Humana: XV Informe sobre Derechos Humanos
Autor: ESCOBAR, Guillermo
Título: Defensoras comunitarias: Aprendamos y luchemos contra la trata de personas
Autor: Fundación Construir
