Más de 33.000 personas privadas de libertad evidencian la crisis penitenciaria en Bolivia
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l Seminario Internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América Latina”, desarrollado el 2 y 3 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra, reunió a Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNP) y otras entidades de la región. El encuentro tuvo como propósito impulsar una agenda común para la prevención de la tortura, el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios y la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad. Durante la inauguración, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, advirtió sobre la grave crisis de justicia en el área penitenciaria que atraviesa el país. Actualmente, más de 33.000 personas se encuentran privadas de libertad en 46 recintos, de las cuales el 53,9 % permanece bajo detención preventiva. Asimismo, el hacinamiento crítico del 109 % en penales como San Pedro en La Paz y Palmasola en Santa Cruz ha deteriorado de forma severa los sistemas de salud, seguridad y alimentación.
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rente a esta realidad, Hernán Vales, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), destacó que la protección de los derechos de esta población involucra a los tres poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto. El encuentro permitió el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los nueve países participantes en áreas clave como el monitoreo independiente, el uso de armas, la seguridad interna y la reinserción social.
Prevención de la tortura
Hacinamiento y violencia elevan los riesgos de tortura y malos tratos en las cárceles de Sudamérica
La crisis de los sistemas penitenciarios a nivel mundial y regional genera condiciones que incrementan de forma directa los riesgos para los derechos humanos. Actualmente, 11,6 millones de personas se encuentran privadas de libertad en el mundo. En las Américas, la tasa de encarcelamiento alcanza cerca de 350 personas por cada 100.000 habitantes, cifra que representa más del doble del promedio mundial, según datos del Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas. En Sudamérica, el 90 % de los países presenta sistemas penitenciarios hacinados, situación que compromete el acceso a agua, alimentación, higiene y atención en salud física y mental. A esto se suman nuevos factores de riesgo vinculados a la presencia del crimen organizado, el aumento de la violencia intracarcelaria, las muertes en custodia y los suicidios, condiciones que dificultan de manera sustancial los procesos de rehabilitación e integración social.
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as condiciones particulares de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad o con problemas de salud incrementan su exposición a la tortura y a los malos tratos. En este escenario, se remarcó que, aunque los riesgos cambian, la necesidad de prevenir la tortura se mantiene. Por ello, los MNP e INDH desempeñan un rol estratégico para identificar alertas tempranas, exigir salvaguardias y promover cambios estructurales orientados a garantizar la dignidad humana.
La prevención de la tortura avanza en América del Sur, pero persisten desafíos estructurales
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a prohibición absoluta de la tortura, la actualización de leyes penitenciarias, el control judicial y la consolidación de Mecanismos Nacionales de Prevención constituyen avances relevantes en la región, aunque el uso excesivo de la prisión y el hacinamiento continuo generan graves riesgos. En América del Sur, destacan la superación de las dictaduras y la proscripción legal de las pruebas obtenidas bajo tortura como hitos fundamentales en la consolidación democrática. Asimismo, la ratificación de la Convención contra la Tortura y la adopción de instrumentos internacionales como las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok han fortalecido las capacidades estatales de prevención, investigación y sanción. En este marco, la creación de los MNP resalta como un avance institucional decisivo, al permitir el monitoreo independiente de centros de custodia para formular recomendaciones y orientar la gestión de políticas públicas. Pese a estos logros, persisten desafíos estructurales críticos. La Oficial de DDHH del Alto Comisionado de la ONU, Andrea Benavente, advirtió que el uso desmedido de la detención preventiva y la sobrepoblación penal deterioran continuamente las condiciones de vida en el encierro, perpetuando un entorno propicio para la ocurrencia de malos tratos y violaciones a los derechos fundamentales.
El MNP Bolivia
La impunidad debilita la prevención efectiva de la tortura
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l Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Bolivia sostuvo que la prevención de la tortura y la lucha contra la impunidad son obligaciones inseparables, ante la persistencia de denuncias y las recurrentes barreras para investigar y sancionar estos hechos. La postura fue reafirmada en el marco del Seminario Internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América Latina”. Durante el desarrollo del evento, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y otras formas de Violencia Estatal (ITEI) visibilizó que ha documentado más de 1.800 casos de tortura desde 1952 en el país. De ese total, se reveló que aproximadamente el 80 % de los casos se registraron durante periodos de gobiernos democráticos, lo que evidencia la profundidad del problema institucional. El MNP recordó que la prohibición de la tortura es de carácter absoluto y que su erradicación exige transformar las condiciones institucionales que la permiten, garantizando investigaciones prontas, independientes y eficaces. Asimismo, enfatizó la urgencia de asegurar salvaguardias desde el primer momento de la detención —defensa legal, atención médica independiente y control judicial— y lograr que las visitas preventivas se traduzcan en cambios reales.
La Declaración de Santa Cruz plantea consolidar la prevención de la tortura en la región
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as Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNP) participantes del Seminario Internacional suscribieron la Declaración de Santa Cruz. El documento busca consolidar la cooperación regional y establecer líneas de acción compartidas para prevenir la tortura y los malos tratos en los sistemas penitenciarios de la zona. La Declaración advierte que, a pesar de los importantes avances en materia de marcos normativos, persiste una distancia preocupante entre el reconocimiento legal de los derechos y su aplicación efectiva en las cárceles. Esta brecha se evidencia diariamente en el hacinamiento, la infraestructura deficiente y las severas limitaciones en el acceso a servicios básicos como salud, agua potable, alimentación adecuada e higiene. El acuerdo expresa además una especial preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva como factor desencadenante de la sobrepoblación y la violencia interna. Entre los compromisos asumidos destacan el fortalecimiento técnico e institucional de los MNP, el intercambio continuo de buenas prácticas, la protección efectiva frente a posibles represalias y la construcción de una agenda regional orientada hacia la rehabilitación y la dignidad humana.
Título: El cumplimiento de las garantías de no repetición de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Autor: Soraya Santiago Salame
Título: Mujeres en Cárceles de Bolivia: Informe temático del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la situación de las mujeres privadas de libertad
Autor: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia
Título: Diagnóstico situacional sobre la tortura a personas privadas de libertad en Bolivia
Autor: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia
