Defensor del Pueblo insta al Estado a garantizar inclusión y autonomía de las personas con discapacidad
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l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó al Estados en sus diferentes niveles a fortalecer las acciones para garantizar la inclusión y participación plena en la sociedad de las personas con discapacidad. Cada 15 de octubre se conmemora en Bolivia el Día nacional de la Persona con Discapacidad, establecido mediante el Decreto Supremo N.º 27837, y el Día Internacional del bastón Blanco, que promueve la inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual. Durante el acto conmemorativo organizado por el Instituto Bolivianos de la Ceguera, Callisaya renovó el compromiso de la institución defensorial para seguir avanzando en la dignificación del ejercicio de los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
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simismo, el Defensor del Pueblo exhortó a las autoridades del nivel central del Estado y a los gobiernos autónomos departamentales y municipales a coordinar esfuerzos para identificar y eliminar las barreras físicas, arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales que restringen el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. La Defensoría del Pueblo reiteró que construir una sociedad inclusiva requiere garantizar la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la participación efectiva, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y protagonistas de su propio desarrollo. En el periodo 2020 a octubre de 2023, la Defensoría del Pueblo registró un total de 2.392 denuncias sobre vulneración de derechos de personas con discapacidad en instituciones públicas. El departamento de La Paz el que registra la mayor cantidad de denuncias (922 casos) seguido de Santa Cruz (322), y Tarija (251) por casos referidos a derechos laborales (498), derecho a la protección por parte del Estado (408), derecho a la salud (307), entre otros.
Inclusión Laboral
Más del 80% de las instituciones incumple la inclusión laboral de personas con discapacidad
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó que más del 80% de las instituciones públicas y privadas incumple la inserción laboral de personas con discapacidad, durante la Marcha Blanca “Pasos por la inclusión, juntos hacemos de La Paz una ciudad inclusiva”, efectuada en la sede de gobierno este sábado. La Ley N.º 977 de inserción laboral y ayuda económica para personas con discapacidad establece la inserción laboral obligatoria de personas con discapacidad en un mínimo del 4% en el sector público y del 2% en el privado, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave.
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nte este incumplimiento, informó que la Defensoría del Pueblo trabaja en una propuesta normativa para establecer multas por la inobservancia de esta obligación. Asimismo, exhortó a las autoridades nacionales y subnacionales, así como a las instituciones que prestan servicios públicos, a implementar medidas de acción positiva, accesibilidad y ajustes razonables que garanticen una inclusión laboral efectiva. A través de un pronunciamiento, en octubre 2025, la Defensoría del Pueblo verificó que, de 369 entidades públicas, 331 (91%) incumplen esta obligación legal; asimismo, de 1.141 entidades del sector privado, 1.090 (96%) incumplen dicha obligación. Ante esa circunstancia, la Defensoría del Pueblo instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a considerar y acelerar el tratamiento de la propuesta legislativa PL 245/2023-2024 de Inclusión Laboral de personas con discapacidad.
Senado debe agilizar ley para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de calle
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a Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento al tratamiento del Proyecto de Ley CS N.º 221/2024-2025, de prevención y atención intersectorial a niñas, niños y adolescentes en situación de calle (NNASC), e instó a la Cámara de Senadores a priorizar su debate. Según el último censo especializado (2012), Bolivia registró 3.768 personas en situación de calle, de las cuales el 31,6 % eran niñas, niños y adolescentes, el 89 % concentrado en las ciudades de El Alto, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Asimismo, el 28,7 % de las adolescentes de 10 a 19 años manifestó haber tenido al menos un embarazo. El Informe Defensorial Derechos a la Intemperie: Cumplimiento estatal de la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de calle en Bolivia (agosto de 2026), identificó la necesidad de fortalecer respuestas estatales coordinadas y especializadas. La investigación evidencia limitaciones presupuestarias y de atención. Solo dos (2) de las nueve (9) gobernaciones cuentan con programas específicos para NNASC, en Santa Cruz, el presupuesto redujo en 82,8 %, entre 2024 y 2025. A nivel municipal, La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra no cuentan con programas específicos para esta población. Entre 2021 y 2023, el trabajo coordinado entre el Servicio de Registro Cívico (SERECI) y la Fundación Alalay permitió la cedulación de 454 niñas, niños y adolescentes en situación de calle. La Defensoría del Pueblo exhortó a establecer rutas públicas permanentes de atención a este sector.
Defensor del Pueblo
ANH debe reforzar controles para frenar la especulación en la venta de GLP
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nte las denuncias de desabastecimiento, incremento irregular de precios y protestas, personal de la Defensoría del Pueblo efectuó verificativos en diferentes departamentos, con el propósito de prevenir la conflictividad social y proteger los derechos de la población, particularmente el acceso oportuno a productos esenciales. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, luego de verificar la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), en la planta engarrafadora de Senkata (El Alto), exhortó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a reforzar la fiscalización de la comercialización y distribución. Durante la verificación, Calisaya recibió información de que la planta mantiene un envasado regular de entre 50.000 y 60.000 garrafas diarias. Ante esta situación, señaló la necesidad de identificar posibles fallas en la cadena logística y fortalecer los controles para garantizar que el producto llegue oportunamente a la población. Paralelamente, personal de la institución defensorial aplicó cuestionarios a empresas distribuidoras para identificar irregularidades y demandó a la ANH ejercer de manera permanente sus competencias de fiscalización y sanción frente a la especulación y los cobros indebidos.
Defensoría del Pueblo ratifica su independencia y autonomía frente a presiones e intereses particulares
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a Defensoría del Pueblo, reafirmó su independencia y autonomía institucional como garantías fundamentales para la defensa de los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el Estado de derecho, y ratificó que continuará ejerciendo sus atribuciones constitucionales sin presiones ni interferencias de ningún sector. Mediante un pronunciamiento público, la institución recordó que, conforme al artículo 218 y siguientes de la Constitución Política del Estado, tiene el mandato de promover, difundir, vigilar y defender los derechos humanos de todas las personas, con independencia funcional, financiera y administrativa. En junio de 2024, durante la gestión del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, la institución defensorial fue reacreditada con “Estatus A”, por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), reconocimiento que acredita su cumplimiento de los Principios de París de las Naciones Unidas. El documento enfatiza que los informes, recomendaciones y observaciones sobre la gestión pública responden a criterios técnicos y jurídicos, en cumplimiento de su mandato constitucional, y no a intereses político-partidarios.
Título: Guía del buen trato a las personas con discapacidad en los servicios de salud
Autor: Ministerio de Salud y Deportes
Título: La exclusión y segregación de las personas con discapacidad en el sistema educativo plurinacional: Informe Defensorial
Autor: Defensoría del Pueblo
Título: Informe defensorial: Derechos a la intemperie
Autor: Defensoría del Pueblo
