Defensoría del pueblo impulsa espacios de diálogo y exhorta a priorizar la vida ante la conflictividad social

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n el marco de la conflictividad social que atraviesa el país, la Defensoría del Pueblo mantiene activo un protocolo institucional de intervención basado en dos líneas de acción: una humanitaria, destinada a garantizar la protección de derechos fundamentales y la atención de emergencias; y otra dialógica, orientada a generar espacios de encuentro y resolución pacífica de los conflictos. En el marco de la línea dialógica, la Defensoría del Pueblo, junto a la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto promovieron escenarios de interlocución y construcción de acuerdos para reducir la tensión social. En ese sentido, sostuvieron contactos iniciales con representantes de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” y de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”.

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nte el incremento de la conflictividad social en distintas regiones del país, la Defensoría del Pueblo emitió una serie de pronunciamientos institucionales y conjuntos exhortando a preservar la vida, la convivencia pacífica y el respeto irrestricto a los derechos humanos. En ese marco, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reiteró la necesidad de instalar espacios de diálogo efectivos para evitar una mayor escalada de violencia y construir soluciones democráticas a la crisis que atraviesa el país. La institución defensorial, junto a organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica, la Diócesis de El Alto y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, expresó su profunda preocupación por las afectaciones humanas, económicas y sociales derivadas de los bloqueos, movilizaciones y hechos de confrontación registrados principalmente en el departamento de La Paz. Los pronunciamientos conjuntos coincidieron en la urgencia de garantizar corredores humanitarios, proteger a la población afectada y evitar actos de violencia que vulneren derechos fundamentales y deterioren la cultura de paz. En el marco de estas acciones, la Defensoría del Pueblo también promovió acercamientos con sectores movilizados y actores sociales con el propósito de generar condiciones para el entendimiento y la pacificación. Asimismo, reafirmó que el ejercicio de la protesta debe desarrollarse dentro de parámetros democráticos y en estricto respeto a los derechos humanos, exhortando a todas las partes a evitar discursos de intolerancia, agresiones y acciones que pongan en riesgo la integridad de las personas. El Defensor del Pueblo dedicó especial atención a la situación de las y los trabajadores de la prensa, condenando las agresiones, amenazas y actos de hostigamiento registrados durante la cobertura de los conflictos sociales. En el marco del Día del Periodista Boliviano, la institución recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger la labor periodística como un pilar fundamental de la democracia, destacando que el ejercicio libre, independiente y responsable del periodismo resulta esencial para la transparencia, la vigencia de las libertades fundamentales y la defensa de los derechos humanos.