Defensoría del Pueblo activa despliegue nacional para precautelar el derecho a la educación
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n el inicio del periodo de Inscripciones Escolares 2026, la Defensoría del Pueblo activó un despliegue nacional de monitoreo para proteger el derecho de acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, frente a posibles vulneraciones recurrentes registradas en anteriores gestiones. La acción se desarrolla del 19 al 23 de enero en todo el país. Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se movilizaron 21 equipos defensoriales a nivel departamental y regional, que realizaron verificaciones en unidades educativas fiscales y de convenio, además de instalar puntos de recepción de denuncias en Direcciones Distritales de Educación priorizadas. El objetivo es responder de manera inmediata a casos como rechazos indebidos de inscripción, negativa en la entrega de libretas, cobros ilegales y actos de discriminación, particularmente hacia estudiantes con discapacidad.
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e manera complementaria, los equipos defensoriales verificaron las condiciones de infraestructura, servicios básicos y equipamiento de los establecimientos educativos antes del inicio de las labores escolares. Para ello, la Defensoría del Pueblo estableció mecanismos de coordinación interinstitucional con direcciones distritales, juntas escolares de madres y padres de familia y las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, designando enlaces específicos para la atención de casos. Estas acciones forman parte de la política institucional impulsada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, orientada a garantizar que ningún estudiante sea excluido del sistema educativo y que el proceso de inscripción se desarrolle en condiciones de igualdad, dignidad y respeto a los derechos humanos.
DD.HH. desde el sistema educativo
Defensoría del Pueblo refuerza agenda 2026 para consolidar la defensa de derechos humanos en el ámbito estudiantil
En el inicio de la gestión educativa 2026, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación activaron una agenda conjunta para fortalecer la Política de Defensoras y Defensores Estudiantiles en el Subsistema de Educación Regular, con énfasis en la participación democrática y la protección efectiva de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Esta política es promovida de manera decidida por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, como parte de una visión institucional orientada a consolidar una cultura de derechos humanos desde el sistema educativo. Bajo este enfoque, la Defensoría del Pueblo ha priorizado el fortalecimiento del rol protagónico de las y los estudiantes como sujetos de derechos, promoviendo prácticas democráticas, convivencia pacífica y prevención de la violencia en las unidades educativas del país. Como resultado del encuentro, ambas instituciones acordaron acciones clave para el 2026, entre ellas la articulación del calendario anual de actividades, el fortalecimiento del proceso electoral de Defensoras y Defensores Estudiantiles —incluida la definición de la fecha nacional de elección— y la implementación de mecanismos de registro de estudiantes electos, que permitan un seguimiento institucional efectivo.
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os acuerdos alcanzados se enmarcan en la Disposición Octava de la Resolución Ministerial N° 001/2026 y en lo establecido por la Resolución Ministerial N° 0185/2024, que garantizan la elección democrática de gobiernos estudiantiles y defensoras y defensores estudiantiles, fortaleciendo procesos participativos, transparentes y legítimos. De esta manera, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación reafirman su articulación interinstitucional para consolidar la Política de Defensoras y Defensores Estudiantiles, promoviendo la participación activa de las y los estudiantes en la defensa de sus derechos y aportando a la construcción de una educación basada en la dignidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Avances en inclusión, memoria histórica y protección de derechos humanos desde la Defensoría del Pueblo
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a Defensoría del Pueblo registró avances significativos en inclusión y articulación interinstitucional dentro de sus procesos formativos en derechos humanos, incorporando acciones concretas para garantizar el acceso equitativo a la educación, en la gestión 2025. En el segundo semestre, la institución implementó cursos adaptados en Lengua de Señas Boliviana, dirigidos a personas sordas, marcando un hito en la accesibilidad de la formación en derechos humanos. Paralelamente, se fortaleció el trabajo conjunto con organizaciones especializadas, agencias de cooperación y universidades, abordando temáticas como niñez, violencia, diversidad, migración y justicia restaurativa. Asimismo, en el marco del Bicentenario, se desarrolló la Cátedra Libre “200 años de lucha y derechos en Bolivia”, en coordinación con UNIVALLE y la Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho, certificando a 229 participantes y promoviendo una reflexión crítica sobre los avances y desafíos de los derechos humanos en el país. La Defensoría del Pueblo reafirmó que estos logros consolidan una política educativa con enfoque de inclusión, memoria histórica y compromiso ciudadano, proyectando para 2026 el fortalecimiento del acompañamiento pedagógico y la profundización de alianzas estratégicas.
85 procesos formativos
Defensoría del Pueblo fortalece la formación en derechos humanos y supera las 32 mil inscripciones en 2025
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urante la gestión 2025, la Defensoría del Pueblo consolidó el área de educación como un pilar estratégico para la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos en Bolivia, alcanzando un total de 32.307 inscripciones en procesos formativos desarrollados a nivel nacional. En la pasada gestión, se ejecutaron 85 procesos formativos en modalidades virtual, presencial y semipresencial, logrando 17.809 participantes aprobados y la emisión de 10.960 certificados con valor curricular, con una tasa de aprobación del 55,1%. Estas acciones estuvieron orientadas a fortalecer capacidades ciudadanas, institucionales y comunitarias desde un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, inclusión y cultura de paz. La oferta educativa se estructuró en cuatro líneas estratégicas: Comunidad en Derechos Humanos, Familia Defensorial, Defensores Voluntarios y Defensoras y Defensores Estudiantiles, priorizando sectores como educación, salud, fuerzas del orden y población estudiantil. Entre los cursos de mayor impacto destacan Derechos Humanos para Servidoras y Servidores Públicos, Prevención de la Tortura dirigido a la Policía Boliviana, Comprender el Racismo y la Discriminación y Roles y Funciones de la Defensoría del Pueblo, con miles de personas capacitadas a nivel nacional. La institución defensorial remarcó que este modelo formativo continuará fortaleciéndose en la gestión 2026, incorporando mejoras pedagógicas y mecanismos de acompañamiento académico para incrementar los niveles de aprobación y permanencia.
Defendiendo el derecho a la educación de personas en situación de vulnerabilidad
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n la gestión 2025, en cumplimiento a su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo intervino directamente en al menos cuatro casos de discriminación y activó acciones concretas para asegurar el derecho al acceso a la educación de personas en situación de vulnerabilidad. En la ciudad de El Alto, la madre de un niño de seis años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), denunció que se le negó la inscripción escolar y se condicionó su acceso a que una persona lo acompañe en el aula, lo cual representaba una barrera discriminatoria y una vulneración de su derecho a la educación. La Defensoría coordinó con la Dirección Distrital de Educación de El Alto el cambio de unidad educativa y el acceso a la matrícula del niño sin condicionamientos discriminatorios y una valoración en el CEREFE. En la Unidad Educativa Guido Villagómez (Oruro), la Defensoría del Pueblo documentó la negativa de inscripción de un niño con diagnóstico de autismo al nivel inicial, tras la intervención defensorial se logró la inscripción del estudiante, precautelando así el acceso al derecho a la educación del niño sin discriminación. En la ciudad de Sucre, una Unidad Educativa Particular informó a los padres que debían buscar otro recinto escolar, presumiblemente porque el menor de edad presentaría un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). En Oruro, una adolescente fue cuestionada por su condición de mujer, tras la inscripción en la Unidad Educativa Mariscal Sucre, tradicionalmente colegio de varones. Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo publicó un pronunciamiento oficial instando a promover el acceso a la educación “sin ningún tipo de discriminación”. El Artículo 17 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. La Ley N° 070, de 20 de diciembre de 2010, Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, funda el acceso a la educación con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna en razón de sexo, ni racismo tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y/o culturales.
Título: Donde crece la esperanza: el derecho a la educación en América Latina y el Caribe desde la mirada de Plan
Autor: PLAN
Título: El Derecho a la Educación
Autor: Defensoría del Pueblo de Colombia
Título: Situación del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas en Bolivia
Autor: Ministerio de Educación
