Defensoría del Pueblo promueve acción ambiental para suspender temporalmente perforación exploratoria en Tariquía
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l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el viernes ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos una solicitud de medidas cautelares ambientales para suspender temporalmente la ejecución material del proyecto Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X3, del Bloque Exploratorio San Telmo Norte, en la provincia O’Connor. La acción constitucional responde a la preocupación por el posible incumplimiento de estándares internacionales, en especial el derecho a la consulta pública, así como otros requisitos vinculados a la licencia ambiental, lo que podría ocasionar graves impactos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
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Acabamos de entregar la solicitud de aplicación de medidas cautelares ambientales ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos (…) que se disponga la suspensión temporal de los actos de ejecución material del proyecto”, señaló Callisaya, a tiempo de remarcar la necesidad de prevenir daños irreversibles mientras se esclarecen los aspectos técnicos, legales y procedimentales observados. Esta acción de la Defensoría del Pueblo se enmarca en su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos y del derecho a un medio ambiente sano, así como en las obligaciones del Estado boliviano derivadas del Acuerdo de Escazú. La institución mantendrá seguimiento permanente al proceso judicial y a la situación en Tariquía.
Acciones Judiciales
La defensa ambiental y de los derechos humanos no puede criminalizarse
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que la situación que atraviesa la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, del departamento de Tarija, refleja un preocupante escenario de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, reiterando que la defensa de estos temas no puede ser tratada como un delito. Callisaya alertó sobre el inicio de un segundo proceso penal a los comunarios de la zona por diferentes delitos como: asociación delictuosa, atentado contra la libertad de trabajo y atribuirse la representación del pueblo, advirtiendo que esta situación contradice los estándares internacionales de protección a los defensores ambientales. “El inicio de un segundo proceso penal contra defensores en asuntos ambientales es una muestra negativa acerca del accionar del Estado respecto del estatus que tienen estos defensores”, sostuvo, enfatizando que “no se puede criminalizar la defensa de los Derechos Humanos porque es una defensa por toda la sociedad, por las futuras generaciones también”.
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n junio y julio de 2025, la institución defensorial mediante pronunciamientos públicos exhortó a las autoridades cesar la intimidación judicial contra las defensoras y defensores ambientales de Chiquiacá y denunció el uso desproporcionado del poder público y exigió garantías para los defensores ambientales. Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo mantiene un seguimiento a la situación jurídica de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, entre ellos Nelly Coca, Andrés Miranda y otras personas, quienes enfrentan procesos penales por los presuntos delitos de impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa y otros.
Monitoreo permanente a la situación de las y los defensores ambientales en Tariquía
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a Defensoría del Pueblo mantiene un monitoreo permanente a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, con acciones desarrolladas de manera continua desde años anteriores. En octubre de 2024, la institución inició el seguimiento formal a los procesos penales promovidos contra comunarias y comunarios de Chiquiacá y Tariquía, en ese sentido, el 23 de octubre, emitió un pronunciamiento público rechazando el uso desproporcionado de la fuerza pública frente al ingreso de empresas petroleras al territorio. El seguimiento incluyó la observación de actuaciones fiscales y judiciales, así como la participación de la Defensoría del Pueblo como veedora en la audiencia de medidas cautelares del 24 de junio de 2025, en la que se resolvió la libertad irrestricta de 12 personas imputadas. Posteriormente, el 14 de julio de 2025, la institución denunció públicamente el uso excesivo del poder punitivo del Estado y advirtió sobre la apelación presentada por YPFB, señalando los riesgos de criminalización de la defensa ambiental. Recientemente, los días 5 y 6 de enero de 2026, equipos defensoriales realizaron verificaciones in situ en el municipio de Entre Ríos, tras el ingreso de aproximadamente 40 efectivos policiales a la zona de vigilia. Estas acciones permitieron constatar la presencia de mujeres y personas adultas mayores, así como el inicio de un nuevo proceso penal contra comunarios. El monitoreo permanente de la Defensoría del Pueblo en Tariquía busca prevenir la criminalización de la defensa ambiental y garantizar la protección de los derechos humanos conforme a la Constitución y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.
La situación de Tariquía ante la CIDH: preocupación por la intimidación a defensores ambientales
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a situación de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia pública virtual realizada el 7 de marzo de 2025, en la que se alertó sobre un contexto de intimidación, hostigamiento y uso del sistema penal contra comunarias y comunarios que defienden su territorio. En dicha audiencia, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, expresó la preocupación institucional por las acciones estatales vinculadas a la implementación de proyectos hidrocarburíferos en la zona y sus posibles efectos sobre el medio ambiente, la biodiversidad, la Madre Tierra y los modos de vida de las comunidades locales. En su intervención, remarcó la necesidad de garantizar el acceso a información veraz, oportuna y transparente, así como el respeto a los derechos humanos y a los procesos de consulta previa, libre e informada. Como resultado del análisis del caso, la Defensoría del Pueblo advirtió ante la CIDH que las y los defensores ambientales de Tariquía fueron objeto de hostigamiento y violencia, así como de procesos penales infundados que vulneran derechos como la libertad de expresión y asociación. Tras la audiencia, la CIDH exhortó al Estado boliviano a avanzar en el diálogo y a adoptar medidas orientadas a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. La Defensoría del Pueblo reafirmó que continuará realizando seguimiento a este caso, tanto a nivel nacional como internacional, en cumplimiento de su mandato de velar por los derechos colectivos, la protección del territorio y el respeto a los estándares interamericanos de derechos humanos.
La defensa ambiental como pilar democrático y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú
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l año 2019, Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú comprometiéndose internacionalmente a garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, así como la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Los artículos 5 y 6 del Acuerdo de Escazú establecen el acceso a la información ambiental; el artículo 7, la participación pública en la toma de decisiones; el artículo 8, el acceso a la justicia en asuntos ambientales; y el artículo 9, la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. En el caso Tariquía se evidencia un incumplimiento sistemático de estos compromisos, tanto en la ausencia de una consulta adecuada a las comunidades como en la criminalización de quienes ejercen su derecho legítimo a defender el territorio. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, fue categórico al señalar que el Acuerdo de Escazú "obliga a que la población tenga la información necesaria, suficiente, para que pueda adoptar una posición. Esto no se ha cumplido y por eso surgen algunas posturas, reacciones de la propia población", enfatizando que estas acciones no pueden ser criminalizadas La Defensoría mantiene su exigencia de que Bolivia cumpla con el Acuerdo de Escazú, la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra y normativas que protegen al medio ambiente y a quienes lo defienden.
Título: Víctimas Secundarias de Feminicidio. Develando las sombras de un crimen expansivo
Autor: Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas
Título: De protectores a victimarios: Análisis del comportamiento delictivo en casos de violación a niños, niñas y adolescentes
Autor: Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas
Título: Del hogar al juzgado; Violencia en pareja contra la mujer e implicaciones sociales de la denuncia
Autor: Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas
