Defensoría del Pueblo exhorta a la ALP a priorizar ley para la protección integral de la niñez en situación de calle
E
l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a priorizar la aprobación del “Proyecto de Ley de Prevención y Atención Intersectorial de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle”, como una respuesta estructural para esta población. “No podemos aceptar que niñas, niños y adolescentes permanezcan invisibles para el Estado. La situación de calle no puede determinar un acceso desigual a la salud, educación, identidad y protección; el Estado debe garantizar sus derechos de manera integral y permanente”, afirmó el Defensor del Pueblo. En esa línea, exhortó al Órgano Ejecutivo, la ALP, las nueve gobernaciones, los gobiernos municipales y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a coordinar acciones para garantizar una atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle (NNASC).
E
l planteamiento surge en el marco de la presentación del informe defensorial “Derechos a la Intemperie: Cumplimiento estatal de la protección integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle en Bolivia”, que identifica diversas problemáticas en materia de salud, identidad, educación y protección. Asimismo, responde a las recomendaciones emitidas en 2023 por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que instan a Bolivia a fortalecer las políticas de protección integral. La investigación fue desarrollada por la Defensoría del Pueblo entre mayo y junio de 2025, a partir de información solicitada a instituciones públicas sobre las acciones implementadas desde la gestión 2021.
Carencia de programas departamentales
Invisibilidad estadística: La falta de datos limita la protección de la niñez en situación de calle
El informe defensorial “Derechos a la Intemperie” advierte que el último registro oficial de personas en situación de calle en Bolivia fue realizado hace 12 años, en 2014, y no ha sido actualizado. Esta ausencia de información limita la posibilidad de dimensionar el fenómeno, planificar respuestas oportunas y diseñar políticas públicas sostenibles. La falta de registros diferenciados también se evidencia en distintas instituciones. El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) no cuenta con variables que permitan identificar si una atención corresponde a una niña, niño o adolescente en situación de calle.
D
e igual manera, el Ministerio de Educación, el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (SERECI) no cuentan con registros diferenciados para esta población. “Aquello que no se mide, no se planifica; aquello que no se registra, no se prioriza”, señala la Defensoría del Pueblo. La ausencia de datos actualizados e interoperables dificulta la formulación de políticas públicas y la asignación adecuada de recursos para garantizar los derechos de esta población.
Protección departamental insuficiente: Solo dos gobernaciones cuentan con programas para NNASC
E
l informe “Derechos a la Intemperie” revela que, de los nueve gobiernos autónomos departamentales de Bolivia, únicamente dos cuentan con programas específicos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de calle (NNASC): Cochabamba y Santa Cruz. La investigación evidencia además importantes reducciones presupuestarias destinadas a esta población. En Cochabamba se identificó el “Programa para Personas en Situación de Calle Drogodependientes”, que atiende a esta población en el Centro Multimodal Playa Ancha. Los otros siete departamentos —La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando— no cuentan con programas especializados y permanentes, limitando su respuesta a albergues generales o acciones esporádicas. En Chuquisaca, por ejemplo, el centro especializado “Jesús de Nazareth” cerró en 2023, mientras que el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de La Paz informó que no cuenta con un programa específico para esta población. En este contexto, la Defensoría del Pueblo recuerda que la protección especial de la niñez requiere respuestas departamentales sostenidas, con programas especializados y recursos suficientes.
Falta de programas municipales
Siete de cada 10 municipios no cuentan con programas especializados para NNASC
L
a desprotección también se evidencia en el ámbito municipal. El informe defensorial “Derechos a la Intemperie” señala que, de los 10 gobiernos autónomos municipales encuestados —nueve capitales de departamento y El Alto—, siete no cuentan con programas o servicios específicos y vigentes para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Solo Cochabamba, Tarija y Sucre cuentan con programas activos, aunque en este último caso la atención tiene un enfoque preventivo dirigido principalmente a niñas, niños y adolescentes trabajadores. Municipios con una importante presencia de esta población, como La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra, no cuentan con programas municipales específicos. En El Alto, el programa que atendía a menores y el “Centro Día” dejaron de funcionar en 2023. En Santa Cruz de la Sierra, la atención se realiza de manera general bajo el criterio de “riesgo social”. El informe también identifica reducciones presupuestarias en esta materia entre 2023 y 2025 en los municipios de Sucre y Cochabamba. La Defensoría del Pueblo recuerda que los gobiernos municipales, como garantes de derechos en su ámbito competencial, deben asegurar políticas permanentes y recursos adecuados para la protección de la niñez.
La identidad como puerta de acceso a otros derechos: Defensoría del Pueblo gestiona 800 certificados de nacimiento
C
omo parte de las acciones de restitución de derechos derivadas del informe defensorial “Derechos a la Intemperie”, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, viabilizó certificados de nacimiento para 800 niñas, niños, adolescentes y madres jóvenes en situación de calle. El informe destaca que contar con un documento de identidad constituye un derecho habilitante y una condición fundamental para acceder a otros derechos y servicios del Estado. En este marco, la campaña interinstitucional “Mi Identidad, Mi Derecho” fue impulsada por la Defensoría del Pueblo junto a la Fundación Alalay, el Servicio de Registro Cívico (SERECI) y UNICEF. La iniciativa busca combatir la indocumentación y prevenir su reproducción intergeneracional, facilitando además la filiación materna y paterna de hijas e hijos de jóvenes en situación de calle. Sin certificado de nacimiento o cédula de identidad, niñas, niños y adolescentes enfrentan barreras para acceder al sistema educativo y al Sistema Único de Salud (SUS). La Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de establecer rutas públicas, estables, gratuitas y permanentes de documentación, que garanticen el derecho a la identidad y el acceso efectivo a otros derechos fundamentales.
Título: “Derechos a la Intemperie: Cumplimiento estatal de la protección integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle en Bolivia”
Autor: Defensoría del Pueblo
Título: En mis zapatos: Estudio sobre la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, y la respuesta del sistema de justicia
Autor: Misión Internacional de Justicia
Título: Censo de personas en situación de calle, 2014: Estudio realizado en niñas, niños, adolescentes y adultos de diez ciudades de Bolivia
Autor: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
