Llamado a la articulación estatal: Urgen medidas de protección social y fiscalización
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nte la crisis económica que atraviesa el país y el impacto de la eliminación de la subvención al diésel en la canasta a los productos alimenticios, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó a las autoridades competentes del Estado a adoptar medidas urgentes para proteger el derecho a la alimentación de las familias bolivianas, frente a los resultados del reciente reporte periódico del sondeo de precios de los productos de la canasta básica alimentaria en mercados de las 10 capitales de departamento y la ciudad de El Alto. El documento señala que 18 de 21 alimentos básicos registraron incrementos superiores al 100%, llegando algunos a superar el 200%. El sondeo se realizó entre el 31 de julio y el 25 de septiembre de 2026, del cual 63 personas fueron parte de las entrevistas, esta muestra viene aplicándose en los reportes que se desarrollan desde 2024. “Estamos haciendo recomendaciones al Estado y, específicamente, a las autoridades competentes del nivel central, a los Gobiernos Autónomos Departamentales y a los Gobiernos Autónomos Municipales, para que, en el marco de sus respectivas competencias constitucionales y legales, adopten las acciones necesarias frente a esta situación. Como Defensoría del Pueblo realizaremos el seguimiento correspondiente al cumplimiento de estas recomendaciones”, señaló el Defensor del Pueblo.
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xplicó que el sondeo de precios muestra que el 71% de los hogares de las personas entrevistas considera insuficientes sus ingresos para adquirir alimentos, el 33% redujo el número de raciones diarias y el 76% destina entre el 50% y más del 90% de sus ingresos a la compra de alimentos. El incremento de precios afecta de manera diferenciada a familias en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas personas adultas mayores y personas con discapacidad. En ese marco alertó sobre un riesgo inminente de regresión en el ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada en el país. Al no ser un informe de un monitoreo periódico de derechos humanos orientado a emitir alertas tempranas, la entidad formuló las siguientes recomendaciones para mitigar el severo impacto sobre los hogares más vulnerables. Al nivel central, a través del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, le demandó aplicar medidas diferenciadas que aseguren la accesibilidad económica a los alimentos. A las gobernaciones departamentales y al Ministerio de la Presidencia les solicitó articular sus instancias sociales (SEDEGES y SEDEPOS) para proteger a los sectores desfavorecidos. Asimismo, instó a los gobiernos municipales y concejos a reforzar los controles de intendencia en mercados para frenar el agio y la especulación, verificar el peso exacto en balanzas, fiscalizar la inocuidad y habilitar canales expeditos para denuncias ciudadanas, recomendando evaluar la promulgación o actualización de leyes municipales de fiscalización.
Afectaciones en regiones específicas
Monitoreo defensorial evidencia alza sostenida de alimentos en 10 urbes del país
El sondeo de precios de los productos de la canasta básica alimentaria en mercados periódico de la Defensoría del Pueblo —un monitoreo cualitativo y comparativo de derechos humanos que no constituye un estudio estadístico ni probabilístico— evidenció una severa presión sobre la canasta familiar tras el alza del diésel. El relevamiento, efectuado entre julio y septiembre de 2026 en 20 mercados de 10 urbes del país, constató que 18 de los 21 alimentos analizados registraron alzas considerables. A nivel general, la zanahoria, el tomate y la cebolla registraron incrementos simultáneos y aceite a granel en las diez urbes evaluadas.
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l comportamiento regional muestra picos críticos: en Cochabamba, la zanahoria elevó su precio un 293 % y el azúcar blanca subió 155,6 %. En El Alto, el 100 % de los alimentos monitoreados subió de precio, destacando la zanahoria con 201,2 %, el tomate con 197,3 % y la cebolla con 126,8 %. En Oruro, la cebolla escaló 148,2 % y la harina 128,6 %, mientras que en La Paz el tomate subió 119,8 %, en Potosí la cebolla 125 % y en Tarija el tomate 109,6 % junto a la cebolla con 103 %.
Defensoría del Pueblo cumple 3 años monitoreando el ejercicio del derecho a la alimentación
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n su condición de Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) y en estricto cumplimiento de su rol constitucional establecido en el artículo 218 de la Constitución Política del Estado y la Ley N.º 870, la Defensoría del Pueblo cumple un trienio de labor ininterrumpida vigilando la vigencia, promoción y defensa del derecho humano a una alimentación sana, adecuada y suficiente en Bolivia. A través de relevamientos periódicos en centros de abasto de las nueve capitales departamentales y la ciudad de El Alto, la institución realiza un seguimiento constante a la asequibilidad de los alimentos. Desde la institución se enfatiza que estos documentos no constituyen investigaciones estadísticas con muestra probabilística —competencia del nivel central—, sino sondeos cualitativos de derechos humanos orientados a emitir alertas tempranas ante riesgos de regresión en el acceso a la canasta familiar.
Acceso a la alimentación
Familias postergan gastos en salud para priorizar sustento diario
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Hay efectos negativos del levantamiento de la subvención del diésel que llegó a la mesa de la familia boliviana. Existe un incremento desmedido de precios e impacto a la alimentación, porque el presupuesto no alcanza”, alertó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien dio detalles del reciente sondeo que se realiza periódicamente en mercados de 10 ciudades capitales y El Alto. Señaló que, a partir de 63 entrevistas cualitativas semiestructuradas del sondeo defensorial, se constató que, de las personas entrevistadas, el 75 % de las personas con discapacidad y el 75 % de las personas adultas mayores no logran cubrir la alimentación familiar con su presupuesto habitual, frente al 57 % de las jefas de hogar entrevistadas que prescindió de ciertos productos. “Hay altos índices de reducción consumo esencial, diversas formas de cambios de hábitos alimenticios, y hay un mayor impacto a poblaciones en situación de vulnerabilidad; y un grado de regresión en el ejercicio del derecho a la alimentación”, señaló. Según el documento, a nivel general, el 71 % de los consultados declaró insuficiencia de recursos, el 76 % de los hogares enfrenta una elevada presión financiera concentrada en el gasto alimentario, incluyendo un 11 % en situación extrema que compromete el 90 % o más de su presupuesto para subsistir. Las personas adultas mayores y personas con discapacidad, en las entrevistas señalaron que viven del día a día en el comercio informal y que la inflación imposibilita adquirir carne, pollo, verduras y lácteos esenciales para infantes. Las personas con discapacidad, (86 %) afirmaron que modificó sus hábitos alimentarios para hacer frente a la situación económica. Para intentar sostener la comida diaria, las familias sacrifican otros derechos prioritarios: el 17 % suspendió compras de vestimenta o calzado y un 11 % postergó gastos indispensables de salud, suprimiendo consultas médicas o la compra oportuna de medicamentos recetados.Asimismo, se identificó que el 94 % de las personas encuestadas debió reducir la cantidad de víveres que adquiere en el mercado. Para amortiguar el impacto, el 70 % opta por comprar menores volúmenes, el 60 % prescinde de ciertos productos, el 60 % busca alimentos de menor precio, el 33 % disminuye el número de comidas al día y el 30 % recurre a sus ahorros. Asimismo, se detectó una extendida reducción de raciones diarias: familias vulnerables pasaron a consumir solo una o dos comidas al día —habitualmente sopas o guisos únicos—, suprimiendo las cenas nocturnas y las meriendas de los niños. En Tarija, por ejemplo, grupos familiares de los entrevistados llegaron incluso a implementar ollas comunes comunitarias para compartir gastos y asegurar un plato de comida.
RECOMENDACIONES DEFENSORIALES AL ESTADO SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DATAN DESDE EL 2024
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os sondeos de opinión de la Defensoría del Pueblo se constituyeron en un instrumento de uso periódico para constatar la situación de la alimentación en el país. Considerando que el Derecho a la Alimentación fue reconocido por el Estado el 2009, la institución defensorial con base a los reportes de sondeos, desde el 2024 viene emitiendo recomendaciones a diferentes niveles del Estado, las cuales varían y responden directamente a la evolución socioeconómica que atraviesa el territorio nacional. A fines de 2024 e inicios de 2025 se constataron los primeros incrementos en carnes, grasas y abarrotes, la Defensoría del Pueblo exhortó al nivel central y a las intendencias municipales a transparentar listas de precios, habilitar puntos de reclamo del entonces Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor (VDDUC) e implementar controles conjuntos para frenar el agio y la especulación. En la gestión 2025 se evidenció desabastecimiento. En reportes clave como el de julio de 2025, la Defensoría demandó de forma expresa garantizar el abastecimiento interno de alimentos estratégicos de la canasta familiar a precio justo. Estas recomendaciones fueron dirigidas puntualmente a los entonces Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), al Ministerio de Defensa, al VDDUC y a las Intendencias Municipales, además de activar requerimientos a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) por la dotación de insumos para el sector panificador. Meses más tarde, en octubre de 2025, el reporte advirtió que las medidas contingentes del Ejecutivo resultaban insuficientes ante una crisis económica de índole estructural. El monitoreo pos-eliminación de la subvención del diésel (2026) evaluó el impacto directo del incremento de más del 80 % en el precio del carburante (que subió de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro) y el alza del transporte de alimentos. En este escenario, las recomendaciones adoptaron un enfoque multinivel diferenciado: se exhortó al Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua a aplicar medidas de accesibilidad económica; al Ministerio de la Presidencia y a las Gobernaciones (a través de los SEDEGES y SEDEPOS) a articular auxilio social inmediato para proteger a poblaciones con afectación crítica como personas con discapacidad y adultas mayores; y a los Gobiernos y Concejos Municipales a endurecer inspecciones de peso justo y evaluar la promulgación de leyes locales de fiscalización de mercados. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo alerta sobre el riesgo de que la situación económica que atraviesan las familias bolivianas se vean obligadas a suprimir raciones diarias o postergar su salud para conseguir sustento.
Título: Guía de incidencia para el derecho a la alimentación
Autor: Autor: María Teresa de Medina
Título: De Bartolina Sisa al Comité de Receptoras de Alimentos de "El Alto
Autor: SAAVEDRA, Cecilia%ROLDAN, Henry%PORTUGAL, Jenny
Título: Seguridad alimentaria: Promoviendo un debate necesario
Autor: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
