Defensor del Pueblo presenta propuesta “Hacia una Reforma Judicial Estructural”
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nte la profunda crisis que atraviesa el sistema judicial en Bolivia, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó la propuesta ‘Una Reforma Judicial con enfoque de Derechos Humanos’ que, con base en tres pilares clave, presenta un análisis estructural del sistema de justicia y sugerencias para su transformación integral. “Hoy presentamos un nuevo desafío para la reforma judicial en nuestro país. Un sistema justo y transparente para todas y todos. Nuestro plan se basa en tres pilares fundamentales: independencia y transparencia judicial, reformas normativas urgentes y modernización tecnológica, todo esto con respeto a la interculturalidad y diversidad. Queremos un sistema que escuche y represente a todas y todos”, aseveró el Defensor del Pueblo. El primer pilar, se refiere a la independencia y transparencia judicial basada en la meritocracia, carrera judicial y mecanismos de selección de altas autoridades judiciales; el segundo pilar propone reformas normativas urgentes, incluida la actualización de leyes obsoletas y la revisión de prácticas que actualmente vulneran derechos como la Ley General del Trabajo (vigente desde 1942) y crear un Código Procesal Administrativo; y el tercer pilar, plantea la modernización tecnológica para acelerar trámites, reducir discrecionalidades y abrir puertas donde en la actualidad hay barreras, sin reemplazar el criterio humano.
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simismo, destacó que la reforma debe tener una mirada de interculturalidad y diversidad, porque “un Estado plurinacional necesita un sistema que respete sus múltiples sistemas de vida para que los pueblos indígenas participen en el diseño y aplicación de la reforma judicial; asimismo, el respeto a la justicia indígena originario campesina”. En criterio del Defensor del Pueblo, la propuesta surge frente a las múltiples quejas que llegan a diario a la institución defensorial que evidencian problemas graves de debido proceso, acceso a la justicia, discriminación, entre otros. Asimismo, ante la falta de independencia judicial, uso abusivo de la detención preventiva y politización de la justicia que documentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). También está la preocupación expresa de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la selección de magistrados, la carrera judicial, presupuesto, cobertura, interculturalidad e impunidad. Asimismo, el relator especial sobre independencia judicial, Diego García-Sayán, anteriormente identificó debilidades en jueces transitorios, bajo presupuesto judicial, injerencia política, alta detención preventiva, entre otros.
Radiografía de una crisis profunda
Propuesta de reforma judicial devela estado actual de la justicia boliviana
La propuesta “hacia una reforma judicial estructural”, presentada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presenta una “radiografía de una crisis profunda” en la que actualmente se encuentra el sistema judicial en Bolivia. Esta situación, marca uno de los desafíos más grandes a nivel nacional que busca lograr una reforma del sistema de justicia; que queda en evidencia en el más reciente informe del World Justice Project (WJP), donde Bolivia figura, otra vez, entre los países con peor desempeño judicial del mundo. De acuerdo a esa entidad, el retroceso mundial del Estado de Derecho se ha acelerado. El puntaje general de Bolivia en materia de Estado de Derecho disminuyó menos de 1% en el Índice del año 2024, ocupando el puesto 131 de 143 a nivel mundial y a nivel regional, se ubica en el puesto 29 de 32 países de América Latina y el Caribe.
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ambién el informe devela que, en materia de justicia penal, Bolivia ocupa el puesto 142 de 143 países, teniendo un sistema deficiente, parcializado y corrupto. El tema presupuestario, es otro factor que incide en la crisis judicial. La propuesta defensorial, evidencia que el sistema judicial tiene el 0.46% del presupuesto del Tesoro General de la Nación (TGN) para el 2024. Otro dato, que aviva esta crisis y que fue permanentemente denunciado por la Defensoría del Pueblo es el uso abusivo de la detención preventiva, el cual se refleja en el 58,76% de la población penitenciaria que está bajo esta modalidad, la cual, en la mayoría de los casos supera los plazos establecidos en la norma. Entre otras voces externas que alertan de esta crítica situación, el 2021 el GIEI señaló que en el país existe una “patente falta de independencia de la administración de justicia”, además de una “instrumentalización política del sistema penal”. Asimismo, la CIDH en su informe de Cohesión Social del 2024, señala que la elección de magistrados, carrera judicial, presupuesto y la interculturalidad son parte de los desafíos estructurales históricos que están sin atención suficiente.
Defensor del Pueblo pide soluciones definitivas a la ALP ante la situación de los magistrados autoprorrogados
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n el marco de la presentación de la propuesta ‘Una Reforma Judicial con Enfoque de Derechos Humanos’, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reiteró nuevamente que los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial cumplen un rol nocivo, debido a su permanencia en funciones por encima de los límites que establece la Constitución Política del Estado (CPE). “Nosotros lo habíamos dicho anteriormente, el rol nocivo que tienen estas autoridades y la situación fallida de la elección (judicial) del 2023, que después de un año de retraso se ha dado de forma inoportuna, incompleta y rompiendo el principio de preclusión en las Elecciones Judiciales. Ahora estamos en una situación irregular", afirmó Callisaya. Ante esta situación el Defensor del Pueblo señaló que “los magistrados electos tienen un periodo de funciones de seis años delimitado por la Constitución”. Finalmente, la autoridad defensorial planteó la necesidad de una “decisión efectiva por parte de la Asamblea Legislativa para que se pueda reconducir y enmendar esta situación irregular”.
Pide dar certidumbre a la población
Defensoría del Pueblo alerta por situación de poblaciones en situación de vulnerabilidad ante el anuncio de cierre del Ministerio de Justicia
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través de un Pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación tras el anuncio del Presidente del Estado, respecto al cierre del ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), sobre todo por la situación de diversos sectores de la población, especialmente aquellos que podrían quedar sin una entidad rectora para la formulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y la provisión de servicios esenciales para el ejercicio de sus derechos humanos. En este marco, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó la importancia de que desde el gobierno se dé certidumbre a la población definiendo qué instancias van a asumir cada uno de los roles del ministerio de Justicia, qué instancias tendrán bajo su tuición los diferentes servicios que brindaba ese ministerio “para que la población, particularmente aquellos que eran destinatarios de estos servicios puedan tener la tranquilidad correspondiente”. El Pronunciamiento defensorial detalla que MJTI tiene bajo su tuición reparticiones e instituciones que cumplen funciones estratégicas para el Estado y para la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; así como aquellas afectadas por violencia en razón de género y generacional. “Estas instancias constituyen pilares fundamentales para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado boliviano. Así también, tiene bajo tuición el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP, Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima – SEPDAVI, Servicio Integral de Justicia Plurinacional – SIJPLU y otras instituciones que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados o de poblaciones en situación de vulnerabilidad, , varias de ellas creadas por las leyes N° 223, 463, 464, entre otras”, señala el documento defensorial. Asimismo, la institución defensorial manifestó su preocupación por la presidencia y secretarías técnicas que se encontraban a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna, Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente, entre otros, que permitían un trabajo interinstitucional, articulado y multiactor para la promoción, ejecución y evaluación de políticas públicas vinculados con el desarrollo integral de las personas y sus derechos humanos, con base a compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.
Examen Periódico Universal: 28 países reclamaron sobre la independencia judicial en Bolivia
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urante la última revisión a los derechos humanos en Bolivia, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que las recomendaciones de los países miembro se centran en temas de: justicia, medio ambiente, mujeres y libertad de expresión. “Básicamente, 28 países reclamaron sobre el tema de la independencia judicial y acceso a la justicia, por la debilidad que existe en toda el área judicial; eso es muy importante reiterarlo, porque nosotros, como Defensoría del Pueblo, también lo hemos identificado en el informe anual de Derechos Humanos, como uno de los temas que está en agenda urgente del Estado boliviano”, señaló el Defensor del Pueblo. Callisaya detalló que las recomendaciones sobre la independencia del sistema judicial enfocan dos mecanismos: uno, reformar las reglas de selección de los integrantes de las altas magistraturas judiciales; y dos, afirmar la carrera judicial efectiva como medida que pueda fortalecer, más bien, una independencia de la justicia. Así como, el incremento del presupuesto para continuar con los esfuerzos de acceso a la justicia integral y la necesidad de una reparación integral. El EPU se realizó en Ginebra (Suiza), con la participación de más de 190 países miembros; identificó diversas problemáticas, por lo que emitió 275 recomendaciones al país en materia de derechos humanos, de las cuales, Bolivia adoptó 254, tomó nota de 20 y aceptó parcialmente una.
Título: Defensoría del Pueblo - Una reforma judicial con enfoque de derechos humanos
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Tercer Reporte del Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Alerta temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
