Informe de la Defensoría de Pueblo alerta sobre deficiencias en la aplicación de la Ley 348 a más de una década de su vigencia
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l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya presentó, este viernes 13 de marzo, el informe “Análisis de la Implementación de la Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 2013–2024”, documento que evidencia las persistentes dificultades que enfrenta el país para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El estudio, elaborado entre 2024 y 2025, analiza más de una década de aplicación de la norma. Entre sus principales hallazgos señala que en ese periodo se registraron 439.000 casos vinculados con la ley en el sistema penal boliviano, pero apenas el 5,7% concluyó con una sentencia condenatoria.
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e acuerdo a Callisaya el principal obstáculo no radica en la normativa vigente, sino en las fallas persistentes en su aplicación por parte de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos hechos. En ese sentido, advirtió que implementación efectiva de la ley aún está lejos de alcanzar los resultados esperados. Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo plantea la necesidad de fortalecer las políticas públicas mediante un plan nacional integral con metas claras, mayor coordinación institucional y una asignación adecuada de recursos. El objetivo es garantizar la aplicación efectiva de la ley y avanzar hacia una protección real y efectiva de los derechos de las mujeres en Bolivia.
Cooperación internacional
ONU Mujeres y Unión Europea plantean fortalecer la aplicación de la Ley 348
Con el apoyo técnico y financiamiento de ONU Mujeres y la Unión Europea, la Defensoría del Pueblo presentó el informe defensorial: “Análisis de la Implementación de la Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 2013–2024”, documento que muestra las dificultades que enfrenta Bolivia para aplicar de manera efectiva la normativa que protege a las mujeres de violencia. Durante la presentación, la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Nidya Pesántez, remarcó que la ley 348 cumple una función social al establecer límites claros frente a prácticas que han sido naturalizadas. Asimismo, advirtió sobre la existencia de una narrativa en contra de la norma, “Estamos en un momento de retroceso del discurso (…) de los derechos humanos. Y si los derechos humanos retroceden, retrocedemos todas y todos”, afirmó.
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esántez también cuestionó los argumentos que proponen eliminar o debilitar la norma y que el desafío para el país se encuentra en mejorar los procedimientos y fortalecer la aplicación de la ley. “Las mujeres no estamos buscando que los hombres vayan presos. Lo que queremos es que nos dejen de pegar”, afirmó. Por su parte, el encargado de negocios de la Unión Europea en Bolivia, Adolfo Campos, afirmó que las “leyes pueden evolucionar, pero evolucionar no significa vaciarlas de sentido, significa reforzarlas para que cumplan mejor su objetivo (…). Una sociedad que protege a las mujeres no solo protege derechos, protege su propio futuro”.
Informe defensorial sobre la Ley 348 evidencia brechas institucionales y plantea acciones para fortalecer su implementación
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a Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial “Análisis de la Implementación de la Ley N.º 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (2013–2024)”, en el que identifica fallas estructurales en la aplicación de la Ley 348 y emite recomendaciones dirigidas a 40 instituciones del Estado. El documento, elaborado con apoyo técnico de organismos internacionales, plantea la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, atención y sanción de la violencia en razón de género. El estudio revela que entre 2013 y 2024 se registraron más de 439 mil denuncias por delitos relacionados con violencia familiar, doméstica y otras formas de violencia de género; sin embargo, únicamente el 5,7% de los casos concluyó con una sentencia condenatoria, lo que refleja la amplia brecha entre la denuncia y la respuesta del sistema judicial. El análisis también identifica desafíos en la asignación de recursos públicos destinados a enfrentar esta problemática. En promedio, el Estado destina 589 millones de bolivianos al sistema de protección, de los cuales el 52% se orienta a la atención a víctimas, el 40% al acceso a la justicia y apenas el 8% a acciones de prevención. Esta distribución contrasta con el costo social y económico de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, que se estima entre 3.900 y 4.700 millones de bolivianos anuales, de los cuales el 71% es asumido por las propias víctimas y sus familias, principalmente en gastos médicos y servicios legales. El informe también señala que los casos vinculados a la aplicación de la Ley 348 se incrementaron en 63,91% entre 2013 y 2024, con un crecimiento promedio anual de 7,81%. Además, advierte que no existe un registro oficial unificado sobre feminicidios en el país, estimándose entre 1.146 y 1.266 casos, además de 1.275 tentativas de feminicidio en el periodo analizado. En este contexto, la Defensoría del Pueblo recomendó a ministerios, la Asamblea Legislativa, el sistema de justicia, la Policía Boliviana y 30 gobiernos municipales avanzar en la consolidación de un Plan Nacional Integral que fortalezca la prevención, sanción y reparación de la violencia de género, garantizando una protección efectiva de los derechos de las mujeres.
Desafíos persistentes
Organizaciones de la sociedad civil respaldan hallazgos del Informe Defensorial sobre debilidades en la implementación de la Ley 348
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rganizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos coincidieron en respaldar los hallazgos del informe presentado por la Defensoría del Pueblo, que identifica persistentes debilidades en la implementación de la Ley Nº 348, valoraciones que fueron expresadas tras la presentación del informe defensorial “Análisis de la Implementación de la Ley N.º 348 (2013–2024)” este pasado viernes. La secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Baya, señaló que “el informe constata que existe impunidad respecto a los delitos previstos en la ley. Las mujeres que acuden al sistema de justicia aún enfrentan múltiples barreras y obstáculos, además de limitaciones vinculadas a la voluntad política y a la asignación de recursos para avanzar en prevención”, afirmó. Por su parte, la presidenta de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias de Prevención de la Violencia en Razón de Género, Marité Gisbert, destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, “El nivel de inversión destinado a prevención continúa siendo un aspecto preocupante, porque refleja que, pese al carácter integral de la ley, aún no se aprovecha plenamente su potencial para evitar hechos de violencia”, sostuvo. En la misma línea, Lucía Vargas, responsable de incidencia pública de la Coordinadora de la Mujer, señaló que el informe constituye una herramienta relevante para fortalecer la exigibilidad de derechos, “este documento aporta evidencia que permite identificar que el problema no está en la ley, sino en las dificultades y barreras en su implementación, vinculadas principalmente a recursos humanos y presupuestos insuficientes, además de un sistema judicial que enfrenta serias limitaciones”, manifestó. Las organizaciones coincidieron en que los hallazgos del informe defensorial deben contribuir a fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia, mejorar la atención a las víctimas y garantizar un acceso efectivo a la justicia
Defensoría del Pueblo convoca al voluntariado en derechos humanos 2026
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a Defensoría del Pueblo lanzó su nuevo Plan Nacional de Voluntariado en Derechos Humanos 2026, denominado “Voluntad que transforma”, una iniciativa que promueve el voluntariado individual e institucional, con procesos formativos progresivos para fortalecer las capacidades de quienes se sumen al programa. Durante el acto de presentación, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, convocó a las y los voluntarios a continuar fortaleciendo el trabajo de la institución defensorial durante la nueva gestión y a ampliar la presencia de la institución en comunidades del país. En la misma actividad se entregaron certificados a las personas que participaron del voluntariado en la pasada gestión. “Este 2025 hemos trabajado por lo menos en 20 ciudades donde nosotros tenemos nuestras oficinas y hemos contado con 601 voluntarios y 46 instituciones, que han transitado este Plan Nacional de Voluntariado”, destacó Callisaya. Asimismo, se reconoció la participación de organizaciones como Dr. Sonrisas Bolivia, la Sociedad Científica de Derecho de la Universidad del Valle y su consultorio jurídico, la Fundación Machaqa Amawta y el Centro de Arte y Cultura Albor, entre otras por el apoyo a la promoción y respeto a los derechos humanos.
Título: Derecho penal y discriminación de la mujer
Autor: José Hurtado Pozo
Título: Ensayos sobre la igualdad sexual
Autor: John Stuart Mill, Harriet Taylor
Título: La igualdad de oportunidades: Los discursos de las mujeres sobre avances, obstáculos y resistencias
Autor: C. Fernández, R. Domínguez, J.C. Revilla, A. Anagnostuo, M. Sancho
