Ante situación carcelaria Defensor del Pueblo insta al Estado a asumir acciones frente al hacinamiento, inseguridad y prácticas vulneradoras
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n el marco de la presentación del Informe 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya instó a tres instituciones del Estado a asumir acciones urgentes ante el hacinamiento, inseguridad y prácticas vulneradoras del sistema carcelario del país. “Son quince recomendaciones que la Defensoría del Pueblo emite en relación a este informe, de las cuales, las de mayor importancia apuntan a la Cámara de Diputados para que apruebe el Proyecto de Ley 080/2023-2024 (Ley Integral contra la Tortura); a Régimen Penitenciario para que mejore la infraestructura de celdas con mano de obra voluntaria de personas privadas de libertad (D.S. 5251); y a la Policía Boliviana para que informe de sus derechos a detenidos en celdas policiales”, dijo Callisaya en la presentación. Asimismo, instó a las Gobernaciones a separar por edad a las niñas, niños y adolescentes en centros de acogida; y finalmente, al Tribunal Supremo Plurinacional (TCP) a desarrollar la supervisión periódica de medidas socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley.
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n este marco, el Defensor del Pueblo destacó la urgente necesidad de fortalecer la labor del MNP con el presupuesto adecuado y sin obstaculización a su trabajo, como sucedió el 2024. “Obstaculizar la labor del Mecanismo, implica cercenar el derecho a las personas privadas de libertad”, puntualizó. Estas recomendaciones responden a los datos presentados en el informe, que dan cuenta, por ejemplo, que hasta la gestión 2024 la población de Privados de Libertad superó las 32 mil personas, de las cuales el 58,7% están en calidad de detenidos preventivos, es decir, no tienen sentencia. El hacinamiento supera el 105%. Asimismo, el informe revela que de estos 32 mil PPLs 2.184 son mujeres, de las cuales, 62,4% están con detención preventiva. De igual forma, se devela que en las cárceles coexisten 65 niñas y niños de 0 a 6 años junto a sus madres. El MNP realizó 494 visitas a centros de detención.
Defensor del Pueblo:
Autoridades del Estado deben adoptar acciones para garantizar provisión de medicamentos
El pasado lunes, el programa “El Defensor con el Pueblo” abordó sobre el “derecho a la salud: abastecimiento de medicamentos”. Este espacio contó con la presencia de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL) y la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS). Tras el análisis, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó que es “necesario que las autoridades del sector salud adopten las medidas necesarias para dar continuidad al abastecimiento de medicamentos porque de lo contrario se estaría poniendo en riesgo la salud de los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes oncológicos, renales o de diabetes que requieren continuidad en su tratamiento (…), si sucede lo contrario se deben asumir acciones correctivas”. Durante el programa, el representante de CIFABOL, Josip Lino Eguino, explicó que “este problema (del costo de medicamentos) ya lo veíamos desde el 2023, desde el tema de los cupos bancarios (..) tenemos un sobrecosto del 50% hasta el 150% de la estructura de costos, la cual ya no se puede cubrir con costos referenciales”. Asimismo, explicó que la pandemia (Covid-19) “ha creado un desorden en la provisión de medicamentos”.
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or su parte, el director ejecutivo del CEASS, Juan Nacer Villagómez Ledezma, informó que hasta el 2021 el Seguro Universal de Salud (SUS) les transfería los recursos para la adquisición de medicamentos esenciales destinados a hospitales de tercer nivel. “A partir del 2022 ya no se hizo la transferencia de recursos al CEASS, entiendo se busca destinar los recursos directamente a los hospitales del tercer nivel (...) No entiendo la lógica del ministerio de Salud, si se compra en cantidades, tenemos almacenes abastecidos y así se puede hacer la distribución por todo el año”, explicó. Ante esto, el Defensor del Pueblo, manifestó su alarma “Hoy hablamos de la lista nacional de medicamentos y cómo estos se habían quedado con precios y costos de producción del 2021 o hasta el 2022 en algunos casos y que, sin embargo, hoy fruto de la crisis y la falta de divisas y dólares ocasiona que los costos de importación para la materia prima, para la producción de los medicamentos por las industrias nacionales encarezca el precio”. “Hemos visto como el CEASS está imposibilitado de hacer compras mayores, porque desde el 2021 ya no se le ha permitido el acceso a la fuente de financiamiento, porque estos recursos que eran para el SUS, no han pasado al CEASS, sino que han sido distribuidos (directamente) a los hospitales de tercer nivel”, finalizó la autoridad defensorial.
Ante afectación de derechos de periodistas, Defensoría del Pueblo establece trabajo conjunto interinstitucional
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n respuesta a los recurrentes hechos de violencia, acoso y hostigamiento a periodistas y trabajadores de la prensa, la Defensoría del Pueblo generó una reunión interinstitucional con representantes del Ministerio de Trabajo y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) para tratar la vulneración de derechos humanos y fundamentales que afectan al gremio de la prensa y así impulsar un trabajo conjunto. “Logramos que el Ministerio de Trabajo se reúna con los periodistas y trabajadores de la prensa junto a la #ANPB para escuchar sus denuncias y los problemas laborales que enfrentan. Coadyuvaremos para que atiendan con celeridad sus demandas y se haga justicia”, publicó el Defensor del Pueblo en su cuenta X. La declaración del Defensor surge tras la primera reunión entre la Defensoría del Pueblo, la ANPB, la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, del Ministerio de Trabajo, y periodistas víctimas de violencia, quienes denunciaron en detalle las vulneraciones e identificaron afectaciones al derecho: laboral, salud, económico, integridad, además de la retardación de justicia, sumando lo descrito a la precariedad laboral y cierre de medios de comunicación. En los testimonios, los periodistas identificaron a los empleadores como principales vulneradores de sus derechos laborales quienes incurrieron en actos deshonestos como la falta de pago de salarios, bonos, pasajes, almuerzos, acoso laboral, sin goce de seguro de salud, condiciones inadecuadas para la cobertura de información en conflictos, falsedad de documentos y otros. Entre los afectados se identificaron a personas adultas mayores, embarazadas y madres solas. “Destacar la respuesta de la carta que hemos enviado al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, donde se reclamó por la sistemática vulneración de derechos laborales a periodistas y trabajadores de la prensa de varios medios de comunicación”, dijo la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, al concluir la reunión. Entre enero y el 7 de mayo de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 10 casos de vulneración de derechos de trabajadores de la prensa, cifra elevada en relación a los 14 casos reportados durante toda la gestión 2024.
En el municipio de La Paz
Encuesta defensorial devela que transporte público no aplica tarifa diferenciada a población en situación de vulnerabilidad
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n sondeo de opinión realizado por la Defensoría del Pueblo a 595 personas en situación de vulnerabilidad en el municipio de La Paz, evidenció que el servicio de transporte público (minibus) no aplica la tarifa diferenciada al 40% de personas encuestadas. La encuesta fue realizada el 5 de mayo de este año a estudiantes, personas adultas mayores (PAM) y personas con discapacidad (PcD), quienes utilizaron un minibús como medio de transporte. El informe concluye que las y los estudiantes encuestados realizaron el pago de tarifas diferenciadas en el 72% de los casos, mientras que al 28% no se le aplicó el cobro de tarifa diferenciada. Asimismo, el 48% de las PAM entrevistadas realizó el pago de la tarifa diferenciada, mientras que al 52% no se le aplicó el cobro de tarifa diferenciada; finalmente, el 38% las PCD realizó el pago de una tarifa diferenciada, mientras que al 62% no se le aplicó el cobro de tarifa diferenciada. El operativo se desarrolló mediante entrevistas directas, a través de un formulario digital, en cinco zonas de amplia densidad de flujo de personas en la ciudad de la Paz: Av. Mariscal Santa Cruz, Cruce de Villas, Plaza del Estudiante, Plaza Garita de Lima y la calle 21 de Calacoto (Zona Sur). La escala tarifaria aprobada por el ejecutivo municipal, a través de la Resolución N° 120/2025 de 25 de febrero de 2025, para el servicio de minibuses y carrys establece tarifas diferenciadas para estudiantes (primaria y secundaria), personas adultas mayores y personas con discapacidad. La Defensoría del Pueblo, mediante nota, entregó los resultados del sondeo de opinión acerca del cumplimiento de tarifas diferenciadas en el transporte público y solicitó el cronograma de operativos de control de tarifas a objeto de realizar el seguimiento y monitoreo de su cumplimiento.
Concluyó el ‘Encuentro Plurinacional por los DDHH de la población LGBTI+’ con un llamado a la unidad, una agenda de Derechos Humanos y la conformación de tres comités
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on un compromiso de unidad, la conformación de tres comités defensoriales interinstitucionales y la aprobación de la agenda nacional de derechos humanos, concluyó el ‘Encuentro Plurinacional por los Derechos Humanos de la población LGBTI+ de Bolivia’. Días atrás, durante la inauguración del encuentro, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que “no puede haber democracia plena en Bolivia, mientras la población LGBTI+ sea excluida”. Entre las conclusiones arribadas durante el encuentro, destaca la consolidación de una agenda de derechos humanos por parte de todas las organizaciones, colectividades, coaliciones, redes y activistas LGBTI+, en la que se identifica problemas estructurales y demandas de la población que deben ser atendidas por el Estado para garantizar la vigencia plena de sus derechos humanos. En la segunda jornada se conformaron tres comités defensoriales interinstitucionales, el primero sobre derechos de las personas trans, el segundo sobre el derecho a la salud y el tercero referido a los derechos familiares y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Diversos participantes destacaron los resultados del Encuentro. La representante del Movimiento de las Diversidades del Beni, Claudia Nicol Panozo, manifestó su expectativa por el trabajo que encararán estos comités, además, destacó el apoyo de la Defensoría del Pueblo para la concreción del encuentro. De la misma forma, el asesor jurídico de la Asociación Nacional de Adultos Mayores LGBT de Bolivia, Alberto Llanos, ponderó la consolidación del movimiento LGBTI+ que está luchando desde hace mucho tiempo por sus derechos. “Hoy vemos una perspectiva de consolidación tanto en lo normativo, pero también en lo organizacional que tiene nuestro movimiento”. Esta actividad fue resultado del trabajo conjunto de la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora de la Mujer, Hivos Latinoamerica, GIZ Bolivia, CDC, Igual, PNUD y la Comunidad de Derechos Humanos con el objetivo común para construir la Agenda Nacional en torno a cinco ejes clave: economía digna, educación inclusiva, participación política, salud integral y justicia social.
Título: Informe Anual 2024 – Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Resultados sondeo de opinión acerca del cumplimiento de tarifas diferenciadas en el transporte público en La Paz
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Resultados de las verificaciones a la situación de abastecimiento de medicamentos
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
