Misión de Observadores de la Unión Europea y Defensor del Pueblo coordinan acciones de monitoreo para la jornada electoral del 17 de agosto
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a Misión de Observadores de la Unión Europea en Bolivia (UE) y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el pasado martes, sostuvieron una reunión de coordinación para el desarrollo de un monitoreo conjunto durante las Elecciones Generales del 17 de agosto de 2025. “Concluimos una reunión muy importante con la misión de observadores de la Unión Europea e informamos detalles del Plan Defensorial sobre las Elecciones Generales que estamos ejecutando, con énfasis el monitoreo que amerita una interrelación con diferentes observadores como es esta misión internacional”, informó el Defensor del Pueblo, tras la reunión. Explicó que con el monitoreo y las otras acciones defensoriales, la Defensoría del Pueblo busca aportar en el desarrollo de la jornada democrática y que esta se efectué con la mayor tranquilidad posible.
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Esta reunión lo tomamos con mucho gusto para enterarnos detalles del monitoreo (…) sabemos que la Defensoría del Pueblo está siguiendo lo que está sucediendo en las campañas, entre los actores políticos y el día electoral, estará presente con una cantidad importante, más de mil monitores, y hemos tomado la oportunidad de poner nuestros observadores”, dijo por su parte, el Jefe Adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea Bolivia 2025, Alexander Gray. Asimismo, Gray, explicó que la acción será coordinada con las 21 oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, a fin de intercambiar informaciones sobre lo que sucederá esa jornada en el país. Hace dos semanas, el Defensor del Pueblo presentó el Plan Defensorial sobre las Elecciones Generales 2025, el cual tiene como objetivo contribuir a crear un ambiente adecuado para que los comicios se realicen de manera inclusiva, pacífica y con la participación informada de la población.
Ante la detención de un creador de contenidos en santa cruz
Defensor del Pueblo rechaza atentado a la libertad de expresión
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó como un atentado a la libertad de expresión, a la detención del ciudadano Juan Carlos Villafuerte, creador de contenidos en redes sociales, quien expresó opiniones respecto a la situación económica y la carencia de dólares que atraviesa el país. “Condenamos el uso desproporcionado del poder punitivo del Estado en la detención de Juan Carlos Villafuerte por la presunta comisión del delito de difusión de información financiera falsa. No se puede atentar contra la libertad de expresión de la población boliviana”, expresó el Defensor del Pueblo en sus redes sociales. Asimismo, enfatizó que, “las investigaciones deben ser transparentes, sin vulnerar derechos humanos. Estamos realizando el seguimiento al caso, velando por su integridad física y el debido proceso”.
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n ese contexto, la Defensoría del Pueblo, mediante la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz, visitó al ciudadano quien mantenía detención en instalaciones de la Fuerza Especial Contra el Crimen (FELCC) en la capital cruceña. Se hicieron las indagaciones sobre las circunstancias de la detención y el cumplimiento del debido proceso. “El ciudadano dijo que su detención fue irregular y que no habría sido citado con anterioridad y fue traído a la FELCC. No tiene mayor información sobre este proceso, empero, nosotros realizaremos las consultas respectivas”, dijo la Delegada Defensorial Departamental de Santa Cruz, Shiela Gómez. Según la información difundida en medios de comunicación, Villafuerte fue aprehendido por el supuesto delito de difusión de información falsa, tras publicar en sus redes sociales comentarios sobre la escasez de dólares y la devaluación del boliviano. La denuncia fue presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Pronunciamiento advierte falta de articulación interinstitucional ante el CONARADE y exhorta acciones urgentes para prevención y atención de incendios forestales
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través de un Pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo, alertó sobre la insuficiente articulación interinstitucional para enfrentar los incendios forestales y presentó propuestas urgentes, en el marco de la Resolución Constitucional 233/2024 (referida a la Acción Popular por Incendios Forestales y 24 años de degradación ambiental). En ese sentido el Pronunciamiento realiza diversas observaciones y propuestas como implementar un sistema articulado de monitoreo de quemas e incendios a nivel municipal, departamental, nacional y en áreas protegidas, dada la actual incongruencia en la información basada en focos de calor y condiciones de riesgo (como las estimadas por el RISICO del SENAMHI), lo cual impide contar con datos certeros para la toma de decisiones. Asimismo, propone fortalecer los procedimientos de evaluación de riesgos y planificación preventiva, en el marco de la Ley 602 y la Ley 031, que permita conocer de manera anticipada las intenciones de quema, evitando así que las emergencias sorprendan a las autoridades sin capacidad de respuesta inmediata. Finalmente, pide mejorar los procesos de declaratoria de alerta, emergencia o desastre, garantizando una actuación oportuna y eficiente, tal como lo exige la Ley 602. Las demoras en declarar Desastre Nacional comprometen el principio de debida diligencia y vulneran los derechos de la Madre Tierra y los derechos ambientales. De la misma forma, el documento destaca la “oportuna coordinación intermunicipal para atender el primer incendio forestal registrado en el municipio de Carmen Rivero Torrez y reconoce el compromiso del equipo de Bomberos Forestales de San Rafael, cuya intervención fue clave para la extinción del siniestro, tras la alerta emitida por el alcalde de San Rafael”.
Rol de mediación
Acción defensorial logra garantizar alimentación de personas privadas de libertad en Santa Cruz
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a Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz, logró que se garantice la continuidad en la alimentación de personas privadas de libertad en Santa Cruz. “Logramos que se garantice la continuidad en la alimentación de personas privadas de libertad en Santa Cruz, como @DPBoliviaOf mediamos entre autoridades y el proveedor, continuaremos realizando el seguimiento hasta asegurar el cumplimiento del compromiso asumido para el pago de prediarios”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a través de su cuenta en X (Twitter). La Delegada Defensorial Departamental de Santa Cruz, Sheila Gómez, intervino en el conflicto y ejerció un rol de mediación entre autoridades de la Secretaría Departamental de Justicia y Hacienda, Régimen Penitenciario y el proveedor del servicio de alimentación, ante la preocupación por la continuidad del suministro de alimentos a las Personas Privadas de Libertad. El diálogo impulsado por la Defensoría del Pueblo, logró el compromiso de las autoridades departamentales para gestionar el pago pendiente, mientras que el proveedor accedió a continuar brindando el servicio. La institución defensorial realizará el seguimiento permanente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y la protección de los derechos fundamentales de esta población.
En resguardo de recursos hídricos Defensoría del Pueblo activa medida cautelar ambiental
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n cumplimento a su mandato constitucional de velar por los derechos humanos y colectivos y de la Madre Tierra, la Defensoría del Pueblo, presentó, ante el Juzgado Agroambiental del Distrito de La Paz, una solicitud de medidas cautelares ambientales precautelando el derecho a un medioambiente sano y el derecho al agua de la población boliviana. Como punto principal, la medida cautelar ambiental interpuesta en la vía precautoria ha cuestionado y extrañado que las instancias competentes, no hayan provisto información científica, técnica e hidrogeológica actualizada sobre el manejo del agua, sobre la disponibilidad y recarga de las aguas en la región, sobre todo por la existencia de aguas subterráneas y aguas fósiles. Esta transparencia es esencial para evaluaciones ambientales rigurosas y para garantizar el derecho a la información ambiental, conforme lo establece nuestra Normativa Ambiental y el Acuerdo de Escazú, explicó el jefe de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Heriberto Pomier. La medida cautelar, presentada el 18 de julio de 2025, en resguardo de los derechos ambientales y de la Madre Tierra; también ha solicitado a la justicia garantizar procesos efectivos de consulta previa antes de su tratamiento y aprobación: establecer normas que exijan evaluaciones estratégicas ambientales antes de considerar cualquier contrato sobre los recursos naturales estratégicos y, finalmente, exigir que los informes técnicos que respalden estos contratos sean validados por instancias especializadas y representativas, según detalla el comunicado institucional. De acuerdo al documento, "entre los argumentos técnicos y jurídicos que respaldan la solicitud de medidas cautelares ambientales, se destacan: la esencia vital y multidimensional del agua para la vida; el enfoque ecológico ambiental y el reconocimiento del derecho del agua de la Madre Tierra; la necesidad de una gestión ambiental responsable que incluya una evaluación de impacto ambiental estratégica; y el respeto del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, conforme al marco constitucional y normativas internacionales vigentes".
Título: Resultados sondeo de opinión sobre la situación de provisión de los subsidios prenatal, de lactancia y universal por la vida en el SEDEM
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Sondeo de productos de consumo general – junio 2025
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Informe Defensorial “Situación de las y los adolescentes en centros de reintegración social, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19”
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
