Diagnóstico defensorial evidencia uso desproporcionado de la detención preventiva en jóvenes privados de libertad
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l “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad”, revela que hasta 2024 un total de 9.520 jóvenes (entre 18 y 28 años) se encontraban recluidos en el país, de los cuales más del 75% permanecen en detención preventiva, siendo esta población la más afectada por dicha medida. “La detención preventiva impacta de manera desproporcionada en la población juvenil, extendiéndose más allá de los plazos legales y limitando el derecho a una defensa efectiva. De los 9.520 Jóvenes Privados de Libertad (JPL), el 75,65% se encuentra en detención preventiva, frente a un 24,35% que ya cuenta con sentencia. Esta situación refleja una desproporcional situación de esta población, considerando que, en términos generales, el 58,7% de las personas privadas de libertad se encuentra bajo detención preventiva”, explicó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. El documento analiza las condiciones de vida, situación jurídica, acceso a salud y educación, oportunidades laborales y posibilidades de reinserción social de las y los jóvenes privados de libertad. A diciembre de 2024, de los 9.520 JPL, 742 eran mujeres y 8.788 varones.
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ara la elaboración de este diagnóstico, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) visitó 17 centros penitenciarios en los nueve departamentos, tanto en áreas rurales como urbanas. En dichas visitas se realizaron 284 encuestas, 46 entrevistas semiestructuradas y verificaciones a la infraestructura penitenciaria, además de la revisión de información oficial del Estado. Frente a este panorama, el diagnóstico defensorial plantea siete recomendaciones dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia, los Ministerios de Educación, Trabajo, Salud y Deportes, el Servicio Nacional de Defensa Pública y la Dirección General de Régimen Penitenciario. “Instamos al Estado Plurinacional de Bolivia a impulsar una reforma del sistema penal que permita la aplicación efectiva de medidas alternativas al encarcelamiento, así como una reforma del sistema penitenciario que reorganice las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno (central, departamental y municipal).
Con un enfoque de derechos humanos y construcción de paz
Defensoría del Pueblo y el PNUD fortalecen capacidades para gestión de conflictos
La Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizó el Taller Nacional de Gestión de Conflictos, un espacio de capacitación orientado a fortalecer la prevención, el análisis y el abordaje de los conflictos en Bolivia, bajo un enfoque de derechos humanos y construcción de paz. La actividad se enmarca en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre ambas instituciones, que permitió el fortalecimiento de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos y la puesta en marcha del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT). Esta herramienta tecnológica dota a la Defensoría del Pueblo de mayores capacidades para anticipar riesgos, analizar escenarios de conflictividad y diseñar acciones estratégicas en defensa de los derechos humanos de la población boliviana.
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l taller reunió en la ciudad de Cochabamba a 40 representantes de las delegaciones departamentales y regionales de la Defensoría del Pueblo, responsables del registro, análisis y gestión de conflictos en todo el país. Durante las dos jornadas de trabajo que implicó el taller, las y los participantes profundizaron en metodologías de análisis de conflictos, como la acción sin daño (Do No Harm), y en prácticas orientadas a la consolidación de una cultura de paz. Con esta iniciativa, la Defensoría del Pueblo y el PNUD ratifican su compromiso de trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la promoción de la paz y la protección de los derechos humanos en Bolivia.
Defensoría del Pueblo informa sobre acciones en defensa de los derechos de Julio César Apaza Tintaya
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través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo informó sobre las acciones realizadas en resguardo de los derechos humanos del ciudadano Julio César Apaza Tintaya, la cuales datan desde su aprehensión en septiembre de 2022 y que se enmarcaron en un seguimiento permanente a su situación jurídica, médica y psicológica, desplegando diversas acciones destinadas a garantizar el respeto y protección de sus derechos fundamentales. “En su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP – Bolivia), entre septiembre de 2022 y enero de 2024, la institución ejecutó al menos 55 actuaciones defensoriales en los ámbitos médico, psicológico, judicial y constitucional”, detalla el comunicado. De acuerdo al documento, entre las acciones más relevantes está la gestión y facilitación de atenciones médicas con especialistas en fisioterapia y neurología, así como la conformación de juntas médicas; la intervención inmediata frente a un cuadro de preembolia para garantizar atención oportuna y el correspondiente seguimiento; el acompañamiento constante en audiencias judiciales y actuaciones procesales; y la presentación de una Acción de Libertad en marzo de 2023, en representación sin mandato, con el fin de resguardar sus derechos a la vida y a la salud. Asimismo, la institución señala que emitió en mayo de 2023 una Resolución Defensorial que recomendó investigar posibles hechos de tortura y tratos degradantes sufridos durante su aprehensión y traslado; esta recomendación Defensorial derivó en la apertura de un proceso penal contra un fiscal, actualmente en curso, por el delito de vejaciones y torturas, constituyéndose en un precedente relevante para el reconocimiento y sanción de prácticas prohibidas por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Finalmente, el Comunicado reafirma que la Defensoría del Pueblo continuará ejerciendo sus funciones de protección, promoción y defensa de los derechos humanos, velando de manera especial por la dignidad, la integridad y el acceso a la justicia de todas las personas privadas de libertad en el país.
Se promoverán políticas públicas
Lucha contra el racismo y discriminación se fortalece con la firma de convenio marco entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Culturas
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on el objetivo de “sumar esfuerzos, capacidades y voluntades en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación”, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, suscribieron un convenio marco en beneficio directo de en el marco del Plan de Acción Defensorial 2024-2028 para poblaciones en situación de vulnerabilidad. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que la suscripción de este documento permitirá promover políticas públicas inclusivas, orientadas a la prevención del racismo y la discriminación, y dar seguimiento a su implementación en los diferentes niveles de gobierno. “El convenio tiene como objetivo central, fortalecer la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia, consolidando un trabajo articulado que abarque tanto la prevención como el registro, seguimiento y reparación de las vulneraciones a los derechos humanos”, remarcó el Defensor del Pueblo. Por su parte la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Esperanza Guevara, remarcó que “sólo trabajando unidos podremos construir un Estado justo, equitativo y con igualdad de oportunidades sin racismo ni discriminación”. A través del documento se promoverá en los diferentes niveles de gobierno, políticas públicas inclusivas, orientadas a la prevención del racismo y la discriminación. También prevé fortalecer los comités departamentales de lucha contra el racismo y la discriminación, generando capacidades locales y consolidando un sistema de prevención y respuesta articulado.
Detención preventiva: Defensor del Pueblo adelantó seguimiento al cumplimiento del instructivo del TSJ
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ras la emisión del instructivo N°19/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para la organización de jornadas de verificación de plazos de la medida cautelar de detenciones preventivas por parte de los tribunales departamentales, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, anunció el seguimiento al cumplimiento de esa instrucción. “Desde la Defensoría del Pueblo realizaremos el seguimiento al cumplimiento de dicho instructivo que refleja las observaciones que realizamos en distintos informes e intervenciones realizadas como Institución Nacional de Derechos Humanos”, señaló la autoridad defensorial. Hace unos días, tras la emisión de un primer instructivo del TSJ para la revisión del plazo de la detención preventiva de tres ciudadanos privados de libertad, el Defensor del Pueblo, recordó a las autoridades que, a junio de 2025 el 58,2% de 33,274 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos y están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación. “La detención preventiva debería ser, máximo seis meses y que no se pueda obstaculizar. Transcurrido el tiempo, la autoridad judicial debería revisar esta medida”, dijo Callisaya. Remarcó que, en el marco normativo, esta medida cautelar ha sobrepasado los procesos, calificándolos de “populismo penal”, un enfoque político penal que en los últimos años fue practicado continuamente y que impone la cárcel como una solución, sin considerar su efecto en la problemática de hacimiento que atraviesan las cárceles. Callisaya recordó que desde el 2022, la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), viene pidiendo al TSJ incrementar las jornadas de descongestionamiento y acciones conjuntas con el Ministerio Público en procura de reducir el hacinamiento carcelario y denunciar el uso excesivo de la detención preventiva.
Título: Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Informe Defensorial: Crisis de Estado violación de los derechos humanos en Bolivia octubre – diciembre 2019
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Mujeres en Cárceles de Bolivia - Informe temático del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la situación de las mujeres privadas de libertad
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
