Defensoría del Pueblo y Progettomondo convocan al Concurso Nacional de Periodismo sobre derechos humanos de jóvenes privados de libertad
L
a Defensoría del Pueblo, con el apoyo de Progettomondo, realizó el lanzamiento del concurso nacional de periodismo y derechos humanos “Consecuencias del exceso de medidas de privación de libertad en jóvenes y mujeres”, el cual es parte de las iniciativas destinadas a sensibilizar a la sociedad boliviana frente a situaciones de vulneración de derechos fundamentales en recintos penitenciarios. Este concurso busca incentivar la producción de contenidos periodísticos con enfoque de derechos humanos, género y juventud de los privados de libertad y de la misma forma visibilizar ante la sociedad boliviana los impactos de la detención preventiva y el hacinamiento en centros penitenciarios.
D
e acuerdo a la convocatoria las categorías de los trabajos a presentar se enmarcan en prensa escrita y medios digitales, radio y televisión. Los participantes, podrán entregar más de un trabajo, siempre que sean en categorías diferentes; los trabajos presentados deberán ser publicados/difundidos entre el 30 de agosto y el 29 de octubre de 2025. Los ganadores de cada categoría recibirán Bs. 600 como premio. Los trabajos periodísticos podrán abordar temáticas referentes a la juventud privada de libertad como acceso a educación, salud y derechos fundamentales; reinserción social, empleo y oportunidades para jóvenes privados de libertad; mujeres privadas de libertad: maternidad, violencia y discriminación; hacinamiento, detención preventiva y políticas penitenciarias y; experiencias y buenas prácticas de reintegración social en Bolivia y la región. El concurso se enmarca en la investigación “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad (2025)”, la cual analiza las condiciones de vida de mujeres y varones jóvenes entre 18 y 28 años privados de libertad en centros penitenciarios del país, presentada la semana pasada por la Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en coordinación con Progettomondo.
Ante impago de prediarios
Defensoría del Pueblo exige al Estado cumplir con su obligación y garantizar el derecho a la alimentación de privados de libertad
A través de un Pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo informó que hasta la fecha registró al menos cuatro conflictos debido al impago de prediarios en distintos centros penitenciarios del país. En ese marco, exigió a las autoridades departamentales “cumplir de manera oportuna con el pago del mismo y a establecer mecanismos de prevención que eviten la generación de conflictos en los recintos penitenciarios”. El Pronunciamiento refiere que, durante este año, la institución defensorial registró e intercedió en al menos cuatro conflictos en diferentes recintos penitenciarios por el impago de prediarios. “El más reciente ocurrió el 2 de septiembre en el Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví, en Trinidad. Asimismo, el 30 de julio, en Santa Cruz, se promovió la instalación de una mesa de diálogo y mediación entre autoridades de la Secretaría Departamental de Justicia y Hacienda, Régimen Penitenciario y el proveedor del servicio, ante el anuncio de suspensión de los alimentos a las PPL. Situaciones similares se registraron en el penal de El Abra, en Cochabamba, en abril, y en el PC4 del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, la falta de pagos de prediarios generó conflictos entre internos en febrero de este año”, detalla el documento defensorial.
E
l documento recuerda que, en mayo de este año, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, “exigió a las gobernaciones garantizar el pago de prediarios, recordando que su incumplimiento constituye una grave vulneración del derecho a la alimentación, la salud y la vida digna de las personas privadas de libertad, conforme al Decreto Supremo N° 1854”. Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de velar por la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, “haciendo especial énfasis en la necesidad de analizar las responsabilidades de cada nivel de gobierno para garantizar el derecho a la alimentación, la salud y una vida digna, conforme a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Defensoría del Pueblo rechaza agresiones a periodistas en Pando y Santa Cruz durante cobertura informativa
A
nte dos incidentes que afectaron a periodistas y trabajadores de la prensa durante dos diferentes coberturas informativas; la primera en el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz y una segunda en la ciudad de Cobija, la Defensoría del Pueblo, expresó su profunda preocupación por las constantes agresiones que enfrentan las y los trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones, particularmente, por parte de personas civiles. A través de dos pronunciamientos, la Defensoría del Pueblo destacó que la labor de la prensa es fundamental para garantizar el derecho de la sociedad al acceso a la información y a la libertad de expresión, “pilares esenciales de la democracia y de los derechos humanos”. Estos hechos de violencia ponen en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran periodistas y trabajadores de la prensa en diferentes contextos, y no deben repetirse. Para la institución defensorial es imprescindible que las autoridades, en el marco de sus atribuciones, adopten medidas efectivas que garanticen la integridad y seguridad de quienes ejercen el periodismo, de modo que puedan desarrollar su labor sin temor a represalias ni actos de violencia. Asimismo, exhortó a los medios de comunicación y a la sociedad en general a promover un clima de respeto y tolerancia hacia la labor periodística, reconociendo su importancia en la construcción de una sociedad pacífica y armónica.
Se revisarán medidas cautelares de detención preventiva
Defensoría del Pueblo inicia seguimiento nacional al cumplimiento del instructivo del TSJ sobre verificación de plazos procesales
L
as distintas delegaciones departamentales de la Defensoría del Pueblo iniciaron tareas de seguimiento al Instructivo N° 19/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dispone la organización de jornadas de verificación de los plazos procesales vinculados a medidas cautelares de detención preventiva en todo el país. “Desde la Defensoría del Pueblo realizaremos el seguimiento al cumplimiento de dicho instructivo, que recoge las observaciones señaladas en distintos informes e intervenciones realizadas por nuestra institución como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, expresó la semana pasada, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al saludar la emisión del Instructivo N° 19/2025 del TSJ. En línea con lo señalado por la autoridad defensorial, las delegaciones departamentales y el propio Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) iniciaron el seguimiento al instructivo, en una primera instancia a través de la vía formal, mediante la remisión de notas a los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ). Al respecto, la Delegación Defensorial de Pando participó en una reunión de coordinación convocada por el Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, con la presencia de las principales autoridades judiciales competentes: jueces de Instrucción Penal, de Ejecución Penal, de Tribunales de Sentencia y del área rural, incluidos los juzgados de Gonzalo Moreno, El Sena y el Porvenir. En el encuentro, los jueces presentaron un informe detallado sobre el estado de los casos bajo su responsabilidad. El Defensor del Pueblo recordó que, a junio de 2025, el 58,2% de las 33.274 personas privadas de libertad en las cárceles de Bolivia se encuentran en detención preventiva y esperan la revisión de sus procesos dentro de los plazos legales establecidos.
Defensoría del Pueblo acompañó reunión donde se aprobó Ley Municipal que declara a Viacha “territorio libre de contaminación minera”
L
a Defensoría del Pueblo acompañó a las autoridades comunitarias de Viacha y facilitó las demandas ante las autoridades municipales para viabilizar la aprobación de una ley municipal que declara a este municipio territorio libre y cero de contaminación por actividad minera. “Participamos de la reunión de diálogo y facilitación, las autoridades comunitarias sacaron sus determinaciones, acompañamos el desarrollo de la reunión que arribó en acuerdos bajo nuestra intervención (…) como Defensoría del Pueblo, estaremos atentos a la convocatoria de las autoridades municipales y población para dar seguimiento a este caso”, manifestó el jefe de la Unidad de Transformación y Prevención de Conflictos, Héctor Huanca. El lunes, comunarios y vecinos de Viacha realizaron una marcha en rechazo a las actividades mineras, señalando que estas estarían generando contaminación y afectando a las fuentes de agua y al ganado de la región; demandaron la aprobación de una norma municipal que declare a Viacha libre de actividad minera, en defensa del medio ambiente y la salud de sus habitantes, norma que fue promulgada por el alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi. Por su parte, el responsable de la Oficina defensorial Regional El Alto, Fernando Claros, señaló que la Defensoría del Pueblo, realiza el seguimiento a este conflicto que data desde hace bastante tiempo, las autoridades comunitarias determinaron asumir acciones debido a que no eran atendidas por instancias del Estado; se logró entablar un dialogo con los concejales municipales donde se lograron determinaciones favorables al sector”. A través de una Pronunciamiento, el pasado 27 de agosto, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la situación ambiental detectada en las comunidades de Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo.
Título: CONVOCATORIA CONCURSO NACIONAL DE PERIODISMO Y DERECHOS HUMANOS - “Consecuencias del exceso de medidas de privación de libertad en jóvenes y mujeres”
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Tercer Reporte del Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Modelo de Ley Municipal Autonómica Política de Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Feminicidio
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
