Defensoría del Pueblo identifica que racismo en la política estigmatiza a grupos por su identidad o filiación partidaria
L
a reaparición de discursos y conductas discriminatorias en el escenario político boliviano, durante la Elecciones Generales 2025, revela un retroceso para la convivencia democrática. Aunque el país ha avanzado en el reconocimiento de su diversidad cultural y étnica tras procesos históricos como la consolidación del Estado Plurinacional, en los últimos años resurgen prácticas que estigmatizan a ciudadanos por su identidad regional o militancia política, entre otras formas de discriminación. Esto se refleja en campañas electorales extremadamente polarizadas, discursos cargados de prejuicio y agresiones en redes sociales que reducen a las personas a etiquetas como ‘masistas’, “masca coca” ’pititas’, ‘collas’ o ‘cambas’. Ante esto, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que a través del Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD) se identificó por lo menos 30 casos de discurso de odio y discriminación los cuales fueron detallados en el Boletín del Observatorio “Miradas que Transforman”. “Lo preocupante es el contexto post electoral, de enraizarse y naturalizarse este tipo de discursos se podría generar daños mucho mayores a los ya vividos, porque estos discursos se exacerban y en un contexto post electoral debería mitigarse”, remarcó Callisaya.
A
nte esta situación, la Defensoría del Pueblo está encarando un proceso de incidencia en las universidades, “justamente la próxima semana en la Universidad Católica vamos a reflexionar sobre racismo, discriminación y discursos de odio, lo que nos permitirá visibilizar que esta situación no es normal y que más bien es una disfunción que se está presentando y ante la cual hay que generar un reconocimiento propio y reconocimiento del otro para tener espacios de convivencia pacífica”, señaló el Defensor del Pueblo. De acuerdo al ODRD, el uso político de la identidad, profundiza la división social y debilita la institucionalidad democrática, pues deslegitima el pluralismo y promueve la exclusión. Si queremos superar este escenario, debe haber una responsabilidad compartida entre los sectores políticos, medios de comunicación y la sociedad civil organizada, para desactivar discursos de odio y fortalecer espacios de diálogo. El respeto de los derechos colectivos y la promoción de valores democráticos son claves para impedir que el racismo vuelva a normalizarse. Bolivia sólo podrá avanzar si se reconoce la diversidad como fuente de unidad y no como herramienta de división.
Situación de los Derechos Humanos
Persiste acceso desigual a la salud, justicia y empleo formal pese a avances normativos
El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 2024 de la Defensoría del Pueblo evidencia que, pese a importantes avances normativos en Bolivia, aún persisten profundas desigualdades en el acceso a servicios de salud, a la justicia y oportunidades de empleo formal. En la práctica persisten brechas que afectan principalmente a poblaciones rurales, población LGBTI+, mujeres, personas con discapacidad y pueblos indígenas. “Se pide a todos los niveles del Estado unifiquen esfuerzo para que los derechos laborales y el acceso a procedimientos sean prontos, oportunos y transparentes, a fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de todas y todos los trabajadores”, publicó la Defensoría del Pueblo en ocasión de conmemorar el Día Internacional del Trabajo.
A
simismo, diversos documentos defensoriales, dan cuenta que el sistema de salud continúa marcado por la falta de personal especializado, infraestructura insuficiente y limitaciones presupuestarias que deriva en falta de medicamentos, obligando a diversos sectores de la población a recurrir a servicios privados costosos o a la medicina tradicional que, a pesar de estar reconocida constitucionalmente, no cuenta con el acompañamiento adecuado. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación por la elevada tasa de empleo informal, que afecta en particular a mujeres que, no tienen seguridad social. Asimismo, en el ámbito judicial, aunque existen mecanismos para la defensa de derechos, la burocracia, la corrupción y la falta de acceso a asistencia legal, dejan a los sectores más vulnerables en desventaja, profundizando la desconfianza de la sociedad en el sistema de justicia. Estas desigualdades persistentes muestran que las normas, por sí solas, no transforman las estructuras sociales ni garantizan igualdad real. Se requieren políticas públicas efectivas, inversión sostenida y una gestión estatal transparente, así como la participación activa de la sociedad civil.
Entre el 2013 y 2025 la Defensoría del Pueblo registro 4.288 denuncias relacionadas a racismo y/o discriminación
E
l Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD), reveló que entre enero de 2013 y mayo de 2025 el Sistema de Servicio al Pueblo registró 4.288 denuncias por vulneraciones de derechos humanos relacionadas a racismo y/o discriminación. Además de esto, se han identificado 30 discursos de odio en el contexto de las elecciones generales de 2025. Estos números contrastan con la Constitución Política del Estado, y normativa relativamente avanzada en materia de no discriminación, como la Ley N.º 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, lo que muestra que la debilidad no radica tanto en la ley, como tal, y sino más bien, en su aplicación práctica, explicó el responsable del ODRD, Martín Torrico. “El Observatorio identifica que la aplicación de las acciones destinadas a combatir el racismo y la discriminación es débil por varios motivos: la falta de datos consolidados, la falta de coordinación interinstitucional, la capacitación insuficiente del personal público y el carácter esporádico de las campañas de sensibilización. Aun con un registro constante de casos, la respuesta institucional queda rezagada”, señaló el servidor defensorial. Ante esta situación el ODRD recomienda institucionalizar la formación en derechos humanos para servidores públicos, mejorar los mecanismos de atención a víctimas y asegurar el seguimiento efectivo de denuncias, hasta su conclusión.
La virtualidad como espacio político
Alerta: los discursos de odio y estereotipos étnicos y regionales se normalizan en redes sociales
E
n las Elecciones Generales en Bolivia, las redes sociales se muestran como uno de los principales escenarios de debate político, pero donde también se ha normalizado la difusión de discursos de odio y estereotipos étnicos o regionales. Éstos aluden a la identidad indígena, la procedencia geográfica o la militancia política y se amplifican con facilidad, alimentando una polarización que trasciende lo virtual y afecta la dinámica social. Estas expresiones se emplean para descalificar a las poblaciones vulnerables, reforzando prejuicios históricos y profundizando fracturas culturales. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que durante este periodo electoral junto a organizaciones de la sociedad civil se ha realizado un análisis no sólo a las publicaciones sino a los comentarios de la propia gente, que potencia este tipo de discursos. “No sé si la lógica es la limitación y la restricción o si esto debe ir acompañado de todo un proceso de información de sensibilización y concientización acerca de la necesidad de guardar respeto por el ser humano que ante la diversidad es también una potencialidad de nuestro país”, apuntó la autoridad defensorial. De acuerdo al Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación, la impunidad del anonimato y la lógica de confrontación propia de las plataformas digitales, impulsan una dinámica donde la agresión se percibe como normal e incluso necesaria para defender posiciones políticas. Esta tendencia afecta especialmente a personas con discapacidad, pueblos indígenas, población LGBTI+ y mujeres, quienes encuentran un entorno hostil para expresar sus opiniones. Aunque la Ley 045 penaliza actos de racismo y discriminación, la falta de mecanismos eficaces de control y denuncia en el entorno digital dificulta la protección de las víctimas y favorece la impunidad. Para el Defensor del Pueblo, esto, en parte, se debe a que no han terminado de sanar las brechas que se han generado desde el 2019 y durante estos últimos años se han potenciado mucho más esta fragmentación y situaciones de confrontación que demuestran que estos discursos de racismo y discriminación son estructurales y que “merecen una atención de fondo que va de un tema normativo, pero acompañado de otro tipo de medidas plasmadas a través de una política pública”.
Ciclo de reflexiones: “Racismo estructural: una mirada desde los derechos humanos” abordará sobre la polarización en Bolivia
C
on la presencia de la politóloga Ana Lucía Velasco y el comunicador social Rafael Loayza, la Defensoría del Pueblo iniciará un ciclo de reflexiones denominada “Racismo Estructural: Una mirada desde los derechos humanos”. Para el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, la prevención del racismo es una responsabilidad de todos; las redes sociales, los medios de comunicación, pero también de la propia sociedad que tiene la obligación de discernir este tipo de mensajes”; la autoridad anunció que este conversatorio se realizará el próximo jueves en la Universidad Católica de la Ciudad de La Paz. Sobre este tema, Ana Lucía Velasco, explicó que en el marco del proyecto Unámonos ha desarrollado tres encuestas sobre la polarización en Bolivia. La primera encuesta nacional (2022) reveló que el país se divide casi por partes iguales entre oficialismo, oposición y ciudadanos sin identificación política, con una “minoría ruidosa” que expresa intolerancia hacia quienes piensan distinto y una “mayoría autosilenciada” que evita hablar de política para no generar conflictos. La segunda encuesta nacional (2023) mostró que el 64 % de la población se encuentra polarizada —con un 14 % altamente polarizada y un 0,6 % radicalizada—, además de reflejar el impacto de esta tensión en la salud mental y las relaciones sociales, pues muchos bolivianos admiten haber roto vínculos familiares o amistosos por diferencias políticas. La tercera encuesta se aplicó a miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el objetivo de medir los niveles de polarización dentro del propio órgano legislativo y entre los actores frecuentemente señalados como generadores de polarización. Sobre este tema, Rafael Loayza, en el segundo boletín del Observatorio Defensorial sobre el Racismo y Discriminación publicó el artículo de opinión titulado “Polarización étnico-racial y cambio de élite gobernante”, en el cual a través de un análisis de los resultados de la elección presidencial de agosto de 2025 evidencia que “la identidad en Bolivia tiene implicaciones electorales”. También presenta un cuadro de “etnicidad distribución regional e ingreso”, el cual muestra que “la correlación de identidad y voto se suma la identidad y clase social”.
Título: Boletín Miradas que Transforman N° 2
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Boletín Miradas que Transforman N° 3
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Tríptico Racismo y Discriminación
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
