Sector justicia son las instituciones con más denuncias ante la Defensoría del Pueblo
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urante la presentación del Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2025, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, destacó un crecimiento histórico en la confianza ciudadana, alcanzando los 27.169 casos gestionados, lo que representa un incremento del 37,3% respecto a la gestión 2022. Sin embargo, este aumento ─explicó la autoridad─ expone una crisis estructural en el sistema de justicia, siendo el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Policía Boliviana las entidades más denunciadas. Al respecto, Callisaya subrayó “para nosotros es importante mirar esta situación porque nos permite valorar la confianza de la población en nuestra institución, porque cuando viene una persona a la oficina de la Defensoría del Pueblo y te confía su caso, está confiando en la institución”.
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l reporte señala que el derecho más vulnerado es la garantía del debido proceso y el acceso a la justicia. Ante esta coincidencia, el Defensor fue enfático, “calzan estos dos datos y nos dan una alerta clara en sentido de la necesidad que existe de reafirmar una reforma judicial que sea con plena participación ciudadana, con plena participación de todos aquellos que somos los últimos destinatarios de este servicio como es la Administración de Justicia”. El Defensor detalló que la mayor concentración de quejas se registra en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. Con una tasa de resolución del 82% en la misma gestión, la institución reafirma su compromiso de responder a la demanda de justicia de la población.
Doble reconocimiento internacional
Bolivia lidera redes de derechos humanos en América e Iberoamérica
Bolivia destaca como un referente regional en la defensa de los derechos humanos. Durante la gestión 2025, la Defensoría del Pueblo alcanzó un doble reconocimiento internacional al asumir liderazgos clave en redes continentales y certificar su calidad operativa bajo estándares globales. En el marco de la Rendición Pública de Cuentas Final 2025, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, destacó como un hito fundamental la elección de la Defensoría de Bolivia para la Coordinación General de la Red de Niñez y Adolescencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), consolidada durante la XXX Asamblea General en las ciudades de Lima y Cusco. A este logro se suma la reelección de Callisaya como Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA). Al respecto, la autoridad señaló “en el ámbito internacional se ha reafirmado el liderazgo de la Defensoría del Pueblo en el ámbito regional”, esto permite no solamente intercambiar experiencias, sino fundamentalmente marcar una línea de defensa de los derechos humanos en todo el continente.
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n el ámbito interno, la institución obtuvo la certificación internacional ISO 9001:2015 otorgada por IBNORCA para las delegaciones de Oruro y Cochabamba, además de la oficina nacional. Sobre este avance, el Defensor explicó que esta norma garantiza que el proceso de atención de quejas cumple con estándares de eficiencia, “estamos certificados en la eficacia, en la atención de esos casos que se pone a consideración de la institución”. La Defensoría del Pueblo ratificó el compromiso ético de la institución para la gestión 2026, enfatizando que estos logros son herramientas para construir una sociedad sin exclusiones.
Defensoría del Pueblo logra 83% de efectividad en concesión de tutelas constitucionales entre 2022 a 2025
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l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, destacó la consolidación del litigio estratégico como un pilar fundamental para la defensa activa de los derechos humanos en el país. Entre las gestiones 2022 y 2025, la institución alcanzó un promedio del 83% de efectividad en la concesión de tutelas constitucionales, lo que representa una respuesta jurídica contundente ante la vulneración de derechos. Solo durante la gestión 2025, la institución defensorial promovió 21 acciones tutelares, logrando un éxito notable: el 90,5% obtuvo tutela concedida. A estos resultados se suman dos acciones de inconstitucionalidad abstracta y una acción ambiental precautoria. Al respecto, el Defensor Callisaya enfatizó que “son varios los casos que se han planteado y han tenido una buena acogida por la jurisdicción constitucional con la finalidad de restituir los derechos de las personas afectadas”. Este enfoque ha permitido restituir derechos fundamentales en casos de alta sensibilidad, como el acceso a medicamentos para personas con VIH, la defensa de comunidades frente a la contaminación minera y la protección de guardaparques. La autoridad remarcó que la Defensoría del Pueblo no se limita al registro de denuncias, sino que actúa técnicamente para garantizar la justicia.
Gestión de la conflictividad y cultura de paz
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urante la gestión 2025, la Defensoría del Pueblo intervino en 540 conflictos sociales, de los 841 hechos de conflictividad suscitados en todo el país, facilitado espacios de diálogo, previniendo la escalada de violencia y protegiendo los derechos de las personas involucradas o afectadas por la conflictividad. La medida de presión más asumida como forma de protesta fue el estado de emergencia, en 213 casos; seguido del bloqueo de vías, en 180; y marchas en 128 casos. Asimismo, el derecho económico fue el más denunciado con 282 casos, seguido del derecho laboral (141), los derechos políticos (103), los derechos a la prestación de servicios, vivienda y obras públicas (86), el derecho a la educación (60), entre otros. A nivel nacional, la institución defensorial realizó intervenciones estratégicas: en la “Marcha Nacional por la Vida” (La Paz), realizando monitoreos “in situ” (en el lugar) para evitar casos de violencia; en el Conflicto por la castaña en Pando, facilitando el dialogo y mediando en el conflicto por el avasallamiento de tierra; y el conflicto por el botadero de Kára K´ara en Cochabamba, instalando mesas de diálogo técnico sobre gestión de residuos. La intervención defensorial se enmarca en la competencia constitucional de promover el diálogo, la convivencia pacífica y la protección de los derechos humanos, especialmente en casos donde existían riesgos de vulneraciones del marco legal y de la paz social.
Mecanismo Nacional de Prevención fortalece vigilancia en recintos penitenciarios
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n el marco de la Rendición Pública de Cuentas Final 2025, la Defensoría del Pueblo informó que la institución, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), intensificó las acciones de vigilancia para garantizar la dignidad de las personas privadas de libertad. Durante la gestión pasada, se realizaron visitas de monitoreo a 103 centros penitenciarios y 44 recintos adicionales, que incluyen cuarteles y celdas policiales en todo el país. Este despliegue no solo permitió identificar condiciones de vulnerabilidad, sino que derivó en la elaboración de propuestas normativas estructurales tal como la propuesta de Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto elaborada por el MNP y promovida en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil, orientado a reducir el hacinamiento. Asimismo, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó que “se ha emitido un informe sobre jóvenes en centros penitenciarios y se ha establecido que hay un 70% de jóvenes que tienen detención preventiva por encima de la tasa que es de 60% del común de la población penitenciaria”. La labor del MNP se consolidó como una herramienta de prevención frente a posibles tratos crueles o degradantes, reafirmando el rol de la Defensoría como garante en espacios de custodia estatal.
Título: El problema de la guerra y las vías de la paz
Autor: Norberto Bobbio
Título: La tutela de los derechos fundamentales y el Defensor del Pueblo
Autor: Laura Villalba Benitez