Defensor del Pueblo propone debate amplio sobre nueva ley integral de tierras y advierte riesgo de conflictos por vacíos normativos
E
l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, propuso abrir un debate amplio para la elaboración de una nueva ley integral sobre la propiedad de la tierra en Bolivia, en respuesta al incremento de tensiones por la Ley 1720. La iniciativa plantea abordar temas clave como la regulación del mercado de tierras, la extranjerización, el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) y la incorporación de criterios ambientales en la normativa vigente. Callisaya advirtió que la falta de un enfoque integral en estos aspectos podría derivar en mayores conflictos sociales, ante ello, subrayó la necesidad de revisar la actual legislación agraria, especialmente en lo referido a la FES y a los mecanismos de control sobre la propiedad de la tierra, para adecuarlos a las nuevas dinámicas productivas, sociales y ambientales del país.
A
simismo, cuestionó la vigencia de criterios históricos en la clasificación agraria, señalando que muchos de ellos datan de 1953, lo que evidencia un rezago normativo frente a la realidad actual. Para el Defensor, esta actualización es fundamental para garantizar la protección de los derechos colectivos y un uso más sostenible del territorio. La Defensoría del Pueblo mantiene un monitoreo constante del desplazamiento de la movilización, actualmente en territorio paceño.
Resolución urgente
Defensor del Pueblo urge diálogo entre Gobierno y campesinos para frenar tensión por Ley 1720
El Defensor del Pueblo exhorta a autoridades de Gobierno y a los sectores movilizados a retomar el diálogo para evitar una escalada de tensiones y preservar la estabilidad social. El 9 de abril, mediante una nota dirigida al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya urgió la necesidad de instalar un diálogo entre el Gobierno y los sectores campesinos movilizados, en medio de la persistente conflictividad vinculada al entonces proyecto de ley 157 (hoy Ley N° 1720) Hasta la fecha, y pese a las gestiones gubernamentales, no se ha logrado consolidar espacios efectivos de concertación, lo que mantiene latente el riesgo de un agravamiento del conflicto.
T
ras la promulgación de la norma, la autoridad pidió al Órgano Ejecutivo priorice mecanismos democráticos y pacíficos de gestión de conflictos, garantizando el respeto a los derechos humanos. En particular, se remarcó la importancia de asegurar la participación de los sectores involucrados, así como el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada. Por su parte, los sectores campesinos movilizados contra la Ley 1720 observan la falta de socialización adecuada de la norma aprobada y advierten posibles impactos en el acceso a la tierra y la seguridad jurídica de las comunidades. En este contexto, la Defensoría del Pueblo reafirmó su disposición de coadyuvar en este proceso para encaminar el diálogo, señalando que el entendimiento entre las partes es clave para evitar mayores tensiones y garantizar la estabilidad social.
Junto a más de 40 organizaciones, el Defensor del Pueblo pidió al Ejecutivo observar la Ley 1720 por falta de consulta previa
A
nte la preocupación por los posibles efectos de la promulgación del Proyecto de Ley N°157 (hoy Ley N° 1720) sin la debida socialización con los sectores directamente involucrados. El 8 de abril la Defensoría del Pueblo, junto a más de 40 organizaciones sociales, indígenas y productivas del país, exhortó al Órgano Ejecutivo a hacer uso de la facultad constitucional prevista en el artículo 163, numeral 10, de la Constitución Política del Estado, y observar el referido Proyecto de Ley y disponiendo su devolución a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a efectos de su revisión y adecuación conforme a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos. El pronunciamiento advirtió la ausencia de un proceso amplio, transparente y participativo de consulta con pequeños productores, comunidades campesinas y pueblos indígena originarios campesinos, las organizaciones consideran que esta omisión vulnera el derecho a la participación y a la consulta previa, libre e informada en decisiones que podrían afectar sus derechos colectivos. Asimismo, recordaron que el Estado boliviano está sujeto a compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos que garantizan la participación efectiva de los pueblos en la toma de decisiones. Finalmente, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones manifestaron su disposición a contribuir a la generación de espacios de diálogo plural, análisis técnico y construcción participativa, que permitan abordar esta temática de manera responsable, inclusiva y en beneficio del conjunto del pueblo boliviano.
Presencia institucional
Defensor del Pueblo realizó veeduría en espacio de diálogo en Collana (Beni) ante conflicto por la Ley 1720
E
n cumplimiento de su mandato constitucional, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se trasladó hasta la localidad de Collana, Beni, el objetivo de facilitar la reanudación de espacios de diálogo entre el Gobierno y sectores campesinos e indígenas movilizados desde el departamento de Pando contra la Ley N°1720. La autoridad realizó la veeduría junto a una delegación defensorial promoviendo la resolución pacífica de la conflictividad, en medio de la marcha que avanza hacia la ciudad de La Paz. El Defensor escuchó la preocupación de los movilizados por la normativa que permite la reconversión voluntaria de la pequeña propiedad agrícola a mediana propiedad. Durante su visita, Callisaya sostuvo reuniones con dirigentes del movimiento para recoger sus demandas y facilitar un acercamiento con el Órgano Ejecutivo. Recordó que previamente se desarrollaron encuentros entre ambas partes, aunque sin resultados concretos. Ante la persistencia del conflicto, la Defensoría del Pueblo reafirmó su rol como mediadora, impulsando espacios de diálogo y consenso para reducir tensiones y garantizar una salida pacífica en el marco del respeto a los derechos humanos.
Marcha de campesinos de Pando exige respeto a derechos colectivos
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a marcha de organizaciones campesinas del departamento de Pando hacia la ciudad de La Paz se gestó a inicios del mes abril, como respuesta a la aprobación del entonces Proyecto de Ley N.º 157 (hoy Ley N.º 1720). La normativa, que introduce la posibilidad de reconversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a mediana propiedad, fue percibida por diversos sectores como una amenaza potencial a la propiedad comunitaria de la tierra y a la seguridad jurídica de las comunidades rurales. El detonante principal para la movilización fue el descontento acumulado por la falta de socialización de la norma con los sectores involucrados. Dirigentes campesinos señalaron que no fueron convocados a un proceso amplio de consulta previa, libre e informada, pese a que la legislación impacta de manera directa en sus formas de organización territorial y productiva. En ese contexto, organizaciones de base decidieron iniciar una marcha como medida de presión para exigir la revisión o abrogación de la ley. Los marchistas tienen como demanda central la abrogación la Ley N.º 1720. También exigen garantías para el respeto de sus derechos colectivos, incluyendo la implementación de mecanismos de consulta previa y la participación directa en cualquier proceso de modificación normativa. La marcha prevé recorrer más de 600 kilómetros desde la Amazonía hasta llegar a la ciudad de La Paz, los movilizados esperan ser recibidos por autoridades nacionales. Los dirigentes han anunciado que mantendrán la medida de presión hasta obtener respuestas claras a sus demandas.
Título: El poder de la tierra
Autor: Isabella Radhuber
Título: Comprender las culturas rurales en Bolivia
Autor: Xavier Albó, Kitula Libermann, Armando Godínez, Francisco Pifarre
Título: Hablemos de tierras: minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto agrario en Bolivia
Autor: Miguel Morales (Coordinador)
