Conflictividad social en Bolivia escala en el primer cuatrimestre afectando los derechos humanos
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urante el primer cuatrimestre de la presente gestión, la conflictividad social en Bolivia estuvo marcada por tres conflictos estratégicos que, tras un periodo de demandas insatisfechas, derivaron en escenarios de escalamiento con impactos en el orden público y en el ejercicio de los derechos humanos. El primero se originó con la promulgación del Decreto Supremo N.°5503, que estableció medidas excepcionales destinadas a restablecer la estabilidad macroeconómica y garantizar el abastecimiento de combustible y energía. El conflicto evolucionó con la emisión de votos resolutivos de rechazo, pasando por movilizaciones lideradas por la Central Obrera Boliviana, cuatros espacios de diálogos fallidos, hasta la derogación de la norma como principal medida de pacificación. La Defensoría del Pueblo emitió pronunciamientos exhortando a evitar la violencia, realizó un monitoreo permanente en resguardo de los derechos humanos, participó en tres de los cuatro escenarios de diálogo, y vigiló que el uso de la fuerza pública se ajuste a estándares internacionales. Asimismo, efectuó un seguimiento a la situación jurídica de 12 personas aprehendidas y gestiono la atención médica a heridos en los enfrentamientos.
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l segundo conflicto surgió tras la alerta sobre la falta presupuesto en el Hospital de la Mujer de La Paz, denunciada por trabajadores y médicos del nosocomio El conflicto escaló a movilizaciones y a un paro de brazos caídos, generando afectaciones al derecho a la salud. Ante este escenario, la institución defensorial desplegó acciones de verificación que permitieron evidenciar la escasez de insumos médicos, limitaciones en el equipamiento y otras carencias estructurales. Como resultado, el 17 de marzo, la institución defensorial articuló una reunión interinstitucional con autoridades logrando la asignación y ejecución de recursos. El tercero, surgió el 8 de abril con la marcha de trabajadores campesino de Pando hacia La Paz en demanda a la atención de dotación de tierras y relacionadas al Proyecto de Ley 157 (hoy Ley 1720), de conversión de la propiedad agraria. Previo a la movilización la Defensoría del Pueblo emitió pronunciamientos instando a la Asamblea Legislativa Plurinacional un debate profundo con los actores involucrados. Tras la promulgación de la norma la institución defensorial realiza un monitoreo permanente de la movilización, remitió notas al Gobierno para generar espacio de diálogo, gestionó ante gobierno municipales la asistencia humanitaria a las y los marchistas.
Primer trimestre 2026
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba concentran la mayor presión social en Bolivia
El Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT) de la Defensoría del pueblo reportó que, durante el primer trimestre de la gestión 2026, se registró un total de 176 eventos de conflictividad, de los cuales 157 corresponden a conflictos activos y 19 a anuncios de conflicto. De los 157 conflictos identificados, el Defensor del Pueblo, a través de su Unida de Prevención y Transformación de Conflictos (UPCON) realizó intervenciones en 119 hechos, promoviendo la gestionando la conflictividad mediante la facilitación del diálogo y la búsqueda de soluciones entre partes en tensión. El informe evidencia, además, una expansión territorial de los conflictos, hacia ciudades intermedias y zonas rurales. En cuanto a la distribución geográfica, los departamentos que concentran la mayor cantidad de conflictividad son La Paz con 47 casos, seguido por Santa Cruz (28) y Cochabamba (19).
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simismo, se registra una presencia significativa de conflictos en otros departamentos como Potosí (15 casos), Beni (12), Pando (11), Chuquisaca (10), Tarija (8) y Oruro (7), lo que refleja una distribución más extendida de la conflictividad en el territorio nacional. El análisis comparativo entre el primer trimestre de las gestiones 2025 y 2026 evidencia que el departamento de La Paz se consolida como principal foco de tensiones sociales en el país, pese a una disminución en el número de casos de conflictividad, de 74 (2025) a 47 (2026) en el primer trimestre de ambas gestiones. Por otra parte, Santa Cruz se mantiene el segundo lugar, con una reducción de 44 conflictos registrados en el primer trimestre del año 2025 a 28 en el mismo periodo de 2026. En tanto, Cochabamba asciende al tercer lugar con 19 conflictos activos en 2026,desplazando a Potosí, que en el primer trimestre de 2025 ocupó esa posición con 25 hechos de conflictividad.
El bloqueo se consolida como principal medida de presión en Bolivia durante el primer trimestre de 2026
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el total de 157 hechos de conflictividad registrados, en el primer trimestre de la gestión 2026, el reporte del SIMAT señala que la medida de presión más recurrente fue el bloqueo, con 60 casos, seguido de paros (23), marchas (21), vigilias (12), toma de instituciones (12) y mítines de protesta (10). Asimismo, en menor proporción se registraron enfrentamientos(7), huelgas de hambre (6)y declaratoria de emergencias (6). En este contexto, el bloqueo se configura como una medida que, por lo general, surge tras la falta de atención oportuna a demandas previamente demandadas, por lo que pone de relieve la necesidad de una gestión oportuna del Estado para evitar la escalada de los conflictos. Respecto a la tipología de los conflictos, la temática más frecuente estuvo vinculada a la calidad del combustible, con 29 casos, y la gobernanza (27), demandas político-electorales al Gobierno (25), laborales (21), servicios y obras públicas (19), tierra y recursos naturales (9), educación (9), minería (7), justicia y salud (3 casos, cada uno). El análisis comparativo entre el primer trimestre de las gestiones 2025 y 2026 evidencia que en el 2025 la medida de presión más utilizada por los sectores fue el estado de emergencia con 51 casos, el bloqueo (43) y la marcha (36), además de la toma de instituciones, el paro y enfrentamientos, entre otros. De acuerdo al reporte de conflictividad 2025, al igual que los últimos trimestres de la gestión 2024, la principal demanda al Gobierno central en el primer trimestre del 2025 se traduce en el campo económico (82 casos), impulsada principalmente por la escasez de combustible, la falta de dólares y el alza en los productos de la canasta familiar.
Posición institucional
Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno transparencia y diálogo para reducir la conflictividad social en Bolivia
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l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recomendó al Gobierno nacional fortalecer la transparencia en la definición de su agenda estratégica, ante el incremento de la conflictividad social en el país, En ese sentido, señaló que la falta de claridad sobre metas, procesos y resultados gubernamentales está generando incertidumbre en la población. En esa línea, Callisaya exhortó a que las decisiones estatales no se adopten mediante decretos o leyes sin la participación ni consulta de la ciudadanía, advirtiendo que la ausencia de una democracia deliberativa puede afectar la gobernabilidad y profundizar la tensión social en distintos sectores. Asimismo, el Defensor del Pueblo planteó como medida urgente la instalación de una mesa de diálogo, con la participación de diversos actores, que permita consensuar la agenda de gobierno. Esta instancia debería incluir a actores políticos, organizaciones empresariales y dirigencias sindicales representativas a nivel nacional. Finalmente, Callisaya sostuvo que el diálogo social es una herramienta central para enfrentar la coyuntura actual, por lo que insistió en que el Gobierno debe comunicar con claridad hacia dónde se dirige el país, con el fin de reducir la percepción de incertidumbre y recuperar la confianza ciudadana.
La mala calidad del combustible vulnera el derecho a la prestación del servicio, en el primer trimestre de la gestión
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a conflictividad en el país vulnera los derechos humanos de los actores del hecho y de terceros que se ven afectados por las diferentes medidas de presión. El reporte de conflictividad en Bolivia, correspondiente al primer trimestre de la presente gestión, identifica que los principales derechos vulnerados están vinculados, en primer lugar, a los derechos de prestación de servicios de transporte y vivienda con 29 registros, asociados a la problemática del combustible de mala calidad. En segundo lugar, se evidencian vulneraciones a los derechos económicos sociales, con 27 casos, derivados a la crisis económica. A ello se suman las afectaciones a derechos políticos electorales (25); laborales (21); derechos de servicio y obras públicas (19), al medioambiente y de la Madre Tierra (16), a la salud (9), educación (8) y acceso a la justicia (3). En comparación al primer trimestre de la gestión 2025, se observa que en ese periodo se registraron 82 vulneraciones al derecho económico, reflejado en las demandas para activar los medios de producción por la escasez de combustibles, la falta de divisas norteamericanas para las transacciones del mercado interno y externo, seguido de vulneraciones a los derechos de infraestructura (22 casos), salud (21), educación (18), entre otros.
Título: INFORME DEFENSORIAL 24 DÍAS Situación de Conflictividad en Bolivia entre octubre – noviembre 2024
Autor: DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE BOLIVIA
Título: Conflictividad y gestión pública local
Autor: FUNDACIÓN UNIR BOLIVIA
Título: Ética de la concertación
Autor: CONFERENCIA EPISCOPAL DE BOLIVIA
