Informe defensorial plantea ruta estratégica para implementar recomendaciones del EPUy fortalecer la institucionalidad de DD.HH.
E
l Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Bolivia 2025 destaca que el Estado boliviano aceptó el 92% de las recomendaciones emitidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, consolidando una oportunidad clave para fortalecer las políticas públicas y la institucionalidad en derechos humanos. El documento señala que, de las 275 recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bolivia aceptó 254, tomó nota de 20 y aceptó parcialmente una. La Defensoría del Pueblo subraya que, entre las recomendaciones del EPU, también se planteó reforzar la independencia y los recursos de la institución defensorial, así como garantizar la continuidad de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. En ese marco, exhortó al Estado a implementar las recomendaciones mediante procesos transparentes, participativos y coordinados con la sociedad civil, incorporando mecanismos de monitoreo y seguimiento
E
l informe advierte que el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 concluyó su vigencia, por lo que recomienda aprobar un nuevo PDES 2026-2030 con enfoque transversal de derechos humanos y elaborar un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos con presupuesto y mecanismos adecuados de supervisión. Asimismo, la Defensoría expresó preocupación por la eliminación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional mediante Decreto Presidencial N° 5493, debido a que esta decisión genera riesgos para la continuidad de políticas públicas y servicios dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Frente a este escenario, el informe defensorial plantea una ruta estratégica en tres fases: una primera orientada a la reconstitución institucional y delimitación de competencias; una segunda enfocada en incorporar las recomendaciones del EPU al nuevo PDES hacia 2030; y una tercera destinada a impulsar normas pendientes, como la Ley de Consulta Previa, la Ley de Apatridia y la derogación del delito de estupro.
Informe DD.HH.
Violencia contra las mujeres y vulneración de derechos de la niñez siguen siendo desafíos estructurales en Bolivia
En el marco del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Bolivia 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió que en la pasada gestión se registraron al menos 46.000 denuncias de violencia contra las mujeres, de las cuales aproximadamente el 23% estuvo relacionado con violencia sexual. A ello se suman 81 feminicidios, la forma más extrema de violencia de género. La institución alertó que persisten importantes debilidades estructurales, como la falta de un sistema interoperable entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Policía, que permita contar con datos precisos para diseñar políticas públicas efectivas de prevención y atención. En el ámbito de los derechos políticos, la Defensoría destacó avances significativos en la participación de las mujeres, que alcanzaron una representación histórica del 52% en la Asamblea Legislativa Plurinacional y del 58% en la Cámara de Senadores. Asimismo, resaltó la Sentencia Constitucional 0040/2025, que establece la paridad en los binomios presidenciales. Sin embargo, persisten hechos de acoso y violencia política: el Órgano Electoral registró 44 denuncias y la Defensoría del Pueblo reportó 50 casos, en varios de los cuales la institución activó recursos constitucionales para la protección de los derechos de las autoridades y candidatas afectadas.
E
l informe defensorial también evidenció deudas históricas con niñas, niños y adolescentes en tres ámbitos prioritarios: protección, trabajo infantil y derecho a la identidad. En 2025 se registraron 29 infanticidios y 2.313 casos de violación contra menores de edad. Además, el 25% de los niños y niñas en áreas rurales realiza actividades laborales, mientras que aquellos que acompañan a sus familias en contextos de movilidad humana enfrentan un alto riesgo de apatridia debido a la ausencia de normativa específica que garantice su situación legal. La Defensoría del Pueblo destacó avances legislativos relevantes, entre ellos la Ley N.º 1636 sobre violencia en entornos digitales, la Ley N.º 1639 que prohíbe sin excepciones los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, y la Ley N.º 1680 de protección a niñas y niños huérfanos por feminicidio, que establece medidas de apoyo en salud, vivienda y asistencia económica. La institución reiteró que estos avances deben acompañarse de reglamentación, presupuesto y políticas públicas sostenibles que permitan garantizar plenamente los derechos de las mujeres y de la niñez boliviana.
Informe de DD.HH. alerta discriminación contra población LGBTIQ+, amenazas territoriales a pueblos indígenas y falta de políticas para afrobolivianos
E
l Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Bolivia 2025 destaca avances fragmentados en derechos de la población LGBTIQ+ y alerta sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y la falta de políticas para afrobolivianos. La situación del colectivo LGBTIQ+ en Bolivia, identifica tres deudas pendientes por parte del Estado, referidas a la discriminación, derechos civiles y cumplimiento a las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU). Si bien la Ley 807 permite cambio de identidad de género, aún persiste la discriminación institucional para títulos y trámites. A esto, se suma la barrera de la discriminación a mujeres trans y hombres gay: durante el 2025, la Defensoría del Pueblo registró 65 denuncias formales sobre alta violencia institucional, acoso y exclusión. Del mismo modo persiste un bloqueo fáctico al Matrimonio Igualitario y familias diversas, pese a la Sentencia Constitucional 0577/2022-S2, así como el incumplimiento de las recomendaciones del EPU: Aprobar marco jurídico de matrimonio igualitario y promulgar legislación contra crímenes de odio. Respecto a los Pueblo indígenas, el informe indica que el 94% de la tierra rural está saneada, 27% como Tierras Comunitarias de Origen (TCO); sin embargo, la titularidad formal de los pueblos indígenas enfrenta presiones extractivistas. En el departamento del Beni, las comunidades interculturales se niegan a desalojar el Territorio Tsimane, desobedeciendo la orden judicial que restituye 54,000 hectáreas a favor de este pueblo indígena. Asimismo, el pueblo Pacahuara enfrenta un riesgo inminente de extinción lingüística, cultural y territorial. En el Salar de Uyuni (Potosí), el Tribunal Agroambiental frenó contratos internacionales para la explotación de litio en debido a la omisión del Estado en realizar la Consulta Previa, Libre e Informada. En el caso del Pueblo Afroboliviano , que representa el 0.2% de la población nacional, el compromiso del Estado con el EPU exige la urgente aprobación del Proyecto de Ley del Segundo Decenio para garantizarles justicia, desarrollo y reparación histórica
Bolivia
Naciones Unidas destaca informe de DD.HH. del Defensor del Pueblo y llama a fortalecer garantías para sectores vulnerables.
R
epresentantes del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia destacaron el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Bolivia 2025, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al considerar que el documento fortalece los espacios de confianza pública, el diálogo democrático y la documentación independiente sobre derechos humanos en el país. Durante el acto, desarrollado en la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en La Paz, Callisaya expuso un diagnóstico de la situación de derechos humanos basado en tres ejes temáticos y presentó una hoja de ruta orientada al cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) asumidas por el Estado boliviano en 2025. La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, Anna Pont, afirmó que este tipo de informes deben generar diálogo, políticas públicas y rendición de cuentas, además de ser asumidos como un desafío compartido entre el Estado, la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación. Por su parte, Xavier Mena, subrayó que los derechos humanos no pueden ser considerados una agenda secundaria y valoró que el informe aborde de manera integral derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la situación de sectores históricamente vulnerables. El representante internacional también alertó sobre la persistente brecha entre los avances normativos y la aplicación efectiva de garantías para poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres víctimas de feminicidio, violencia sexual y violencia política y digital.
Informe de DD.HH. alerta crisis en justicia, salud y libertades fundamentales en Bolivia
E
l Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Bolivia 2025, advierte persistentes debilidades estructurales en la protección de derechos fundamentales y alerta sobre retrocesos en justicia, libertades democráticas, acceso a servicios básicos y protección ambiental. El informe identifica una profunda crisis en el sistema judicial marcada por una mora procesal de 47.5%, corrupción, cuestionamientos a la independencia judicial e impunidad Sistémica en los casos Senkata, Sacaba y Tariquia. El documento observa que más del 20% de jueces enfrenta procesos disciplinarios y que la permanencia de magistrados “auto-prorrogados” en el Tribunal Constitucional afectó el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. En el sistema penitenciario, la Defensoría alerta que el hacinamiento carcelario alcanza el 169% con un 52% de detenidos preventivos sin sentencia. También se reportó el incremento de muertes violentas de 9 a 18 en el periodo 2024-2025 y denuncias de tortura y malos tratos en celdas policiales y en cárceles. El informe además evidencia avances en reducción de la pobreza y cobertura de servicios básicos; sin embargo, advierte persistentes brechas sociales, problemas en salud y educación, y precariedad laboral. La falta de medicamentos, infraestructura hospitalaria deficiente y limitaciones presupuestarias en unidades educativas que siguen afectando a la población. En materia ambiental, aunque se redujeron los incendios forestales en 2025, persisten amenazas por minería ilegal, deforestación y contaminación con mercurio. La Defensoría del Pueblo exhortó al Estado a impulsar reformas estructurales, fortalecer la democracia y garantizar el respeto pleno de los derechos humanos.
Título: Derechos Humanos en el umbral del tercer milenio
Autor: Comisión Andina de Juristas
Título: Adolescentes y Derechos Humanos
Autor: Fabián Moradillo – Ma Jesús Picot
Título: Cómo evaluar las actividades de capacitación en derechos humanos
Autor: Naciones Unidas – Derechos Humanos
