Defensor de Pueblo promueve la concertación y asiste a personas afectadas por la conflictividad
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l 15 de junio de 2026 se registraron 84 puntos de bloqueo en siete departamentos. El reporte de la Defensoría del Pueblo reveló que la conflictividad social generó una crisis multidimensional, caracterizada por la falta de respuestas estructurales del Estado y daños colaterales afectando a terceros ajenos al conflicto. Ante este panorama, la institución defensorial evidenció una limitada capacidad de respuesta institucional del nivel central y subnacional, observando que los operativos y la coordinación intergubernativa fueron parciales y tardías, sin resolver las causas de fondo del conflicto.
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n tal sentido, la Defensoría del Pueblo ha priorizado la concertación y la facilitación de espacios de pacificación in situ en zonas de mayor tensión, donde se asistió a terceros afectados, mediante la viabilización de pasos humanitarios. Entre las acciones más relevantes se registró la partida de la Caravana Interinstitucional de Asistencia Humanitaria que el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, articuló junto a la Cruz Roja Boliviana y Cáritas con destino al municipio fronterizo de Tambo Quemado el 15 de junio. La acción fue previamente concertada con movilizados en los puntos de bloqueo. Otras acciones se efectuaron en el bloqueo del puente Puerto Rico de Pando (22 de mayo), en el Puente Armas Nor Yungas de La Paz (30 de mayo). En Cochabamba (10 de junio) y Potosí (13 de junio), puntos donde la Defensoría instó a los movilizados a establecer pausas humanitarias, facilitando que transportistas y ciudadanos varados pudieran abastecerse o continuar su trayecto. Las gestiones de diálogo se extendieron a Chuquisaca (11 de junio), en Caranavi (13 de junio) y El Alto (6 de junio) del departamento de La Paz; en Santa Fe, Pando (4 de junio), carreteras de Cochabamba (8 de junio) y Chaquí, en Potosí (8 de junio).
Acceso a la salud
Defensoría del Pueblo realizó 12 gestiones para viabilizar pasos humanitarios
La interrupción de vías de comunicación puso en riesgo inminente la vida de pacientes críticos debido al desabastecimiento de insumos médicos. Frente a esta crisis, el 15 de mayo, la Defensoría del Pueblo ejecutó gestiones humanitarias estratégicas para viabilizar el ingreso de 40 toneladas de oxígeno medicinal hacia las ciudades de La Paz y El Alto, a través de las rutas Desaguadero y Oruro. Además, la institución articuló esfuerzos para el traslado de pacientes graves, como el caso de un niño de 8 años con trauma ocular que, referido vía aérea, desde el municipio de Pocoata (Potosí) para recibir atención especializada en el Instituto Nacional de Oftalmología en La Paz (13 de junio). En Sucre, junto a la Cruz Roja, se viabilizó el arribo de un camión cisterna con oxígeno proveniente de Santa Cruz para el suministro hospitalario local (2 de junio). También se viabilizó el paso de 10 toneladas de insumos para 1,800 pacientes renales de la unidad de Hemodiálisis del Hospital Viedma en Cochabamba (9 de junio).
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tras acciones se desarrollaron en Desaguadero y El Alto (13 de mayo), en Cochabamba (20 de mayo), Potosí (22 de mayo), así como pasos de cisternas y ambulancias en El Alto (26 de mayo), en el municipio de Ckochas (27 de mayo), en el cruce de Chaquí, carretera Sucre-Potosí (31 de mayo). El paso de insumos médicos y verificativos en hospitales también se realizaron en Cochabamba (9 de junio), Sacaba y Caranavi (11 de junio). El 2 de junio se impulsó una comisión interinstitucional para resguardar derechos de personas que viven con VIH en contexto de conflictividad.
Asistencia humanitaria a transportistas varados en carreteras
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a situación de miles de transportistas atrapados en las carreteras representa una de las mayores crisis humanitarias del conflicto indica el reporte de la Defensoría del Pueblo. Para el 11 de junio, se estimaba que más de 500 personas del transporte pesado permanecían detenidas en rutas nacionales, enfrentando temperaturas bajo cero y falta de alimentos. Ante ello, se consolidó una alianza interinstitucional con la Cruz Roja y la Iglesia Católica para desplegar una caravana de asistencia humanitaria hacia la ruta de Tambo Quemado (15 de junio): se logró entregar agua, medicamentos e insumos de subsistencia donados por ministerios del Estado a los conductores afectados. En Cochabamba, se asistió el auxilio a más de 600 choferes en puntos críticos como Confital y Bombeo (28 de mayo) y se alertó sobre la falta de garantías de seguridad en dichas zonas. Se destaca la evacuación médica del señor V.H.A., un chofer con cáncer de hueso varado en Pongo (30 de mayo) para su traslado urgente a un centro médico. En Oruro, se asistió a transportistas de nacionalidad paraguaya varados (14 de junio), garantizando que sus necesidades básicas fueran atendidas. Otras acciones en esa línea, se registraron en Lequepalca, Oruro (8 de junio), en Confital, Cochabamba (11 de junio), en Chuquisaca (11 de junio), y en Potosí (13 de junio).
Verificación defensorial
Defensoría del Pueblo constató situación alimentaria en 10 hospitales y 14 centros de acogida
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l desabastecimiento de productos básicos y el agio derivado de los bloqueos afectaron de manera desproporcionada a centros de acogida y hospitales. La Defensoría del Pueblo realizó un monitoreo exhaustivo entre el 29 de mayo y el 1 de junio en 10 hospitales públicos y 14 centros de acogida (niñez y adultos mayores) en cinco departamentos. Se identificaron reducciones críticas en las raciones alimentarias, lo que impulsó gestiones inmediatas ante las autoridades para regularizar el suministro de insumos nutricionales y GLP. El 12 de mayo se desplegó verificativos en hospitales, centros de acogida, gasolineras y mercados de La Paz y El Alto; el 29 de mayo y 1 de junio en La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Cochabamba; y el 2 de junio, en Potosí. El 30 de mayo se impulsó la creación de una comisión interinstitucional para resguardar derechos de personas con discapacidad en contexto de conflictividad. Como parte de acción directa, el 13 de junio, la institución defensorial entregó 400 raciones de alimentos a poblaciones en situación de vulnerabilidad, gestionado por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. En Potosí, se impulsaron comisiones interinstitucionales para resguardar los derechos de este sector y de personas que viven con VIH, asegurando que el contexto de conflictividad no interrumpiera su acceso a alimentación y fármacos esenciales. En cuanto a servicios de educación, justicia y otros, la Defensoría del Pueblo activo verificaciones en unidades educativas (11 de mayo). Ante la contaminación de residuos sólidos en avenidas, calles y espacios públicos de la ciudad de El Alto, inició gestiones y coordinaciones interinstitucionales para promover respuestas inmediatas de las autoridades competentes (3 de junio). Por otro lado, ante el caso de la víctima de violencia en la zona de San Felipe de Seke (El Alto), la Defensoría del pueblo emitió un comunicado señalando que ninguna medida de presión puede justificar agresiones ni afectar a terceras personas.
Monitoreo defensorial registró 28 hechos de agresión en la labor periodística
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urante el periodo de conflictividad, la Defensoría del Pueblo registró 28 hechos de agresión y hostigamiento contra trabajadores de la prensa y equipos de comunicación. Ante esta situación, la institución reiteró enfáticamente su condena a cualquier tipo de violencia, emitiendo pronunciamientos exhortando al respeto de la labor periodística, especialmente tras reportarse ataques físicos, destrucción de equipos y apedreamiento de vehículos de medios como F10, Radio Deseo, ANF y Gigavisión. Más allá de la denuncia pública, la Defensoría intervino operativamente para proteger la integridad de los comunicadores como sucedió con el camarógrafo de Gigavisión, H.M., quien resultó herido durante la cobertura de los enfrentamientos, se viabilizó atención médica de emergencia. La institución también instó al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana a aplicar protocolos de seguridad específicos para periodistas en contextos de protesta, recordando que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar la violencia ejercida tanto por actores particulares como por servidores públicos.
Título: Conflictividad y gestión pública local
Autor: Fundación UNIR
Título: Representaciones sociales de la paz y la violencia en Bolivia
Autor: Fundación UNIR
Título: Las piezas del conflicto
Autor: Fundación UNIR
