MNP alerta sobre graves vulneraciones de derechos en el sistema penitenciario boliviano
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l Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) revela graves vulneraciones de derechos humanos en los centros penitenciarios y carceletas provinciales del país. Entre los principales hallazgos destacan: el hacinamiento crítico, que obliga a las Personas Privadas de Libertad (PPL) a pernoctar en pasillos y otros espacios no destinados para este fin; el retraso sistemático en el pago de prediarios, que afecta el derecho a la alimentación; además del colapso de pozos sépticos y sistemas de alcantarillado, escasez de agua y acumulación de residuos. Asimismo, el MNP identificó la insuficiencia de personal policial, la ausencia de equipos multidisciplinarios y la limitada presencia de la Defensa Pública, especialmente en cárceles provinciales.
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partir de 2.100 encuestas y visitas de verificación in situ, el MNP constató que el 37,5 % de las personas encuestadas se encuentra en detención preventiva, situación que profundiza el hacinamiento y afecta la presunción de inocencia. Asimismo, el 90,3 % reportó falta de artículos de higiene básica y el 78 % expresó insatisfacción con la alimentación. El 96 % de las mujeres encuestadas no recibe insumos para la gestión menstrual. A ello se suman las dificultades de acceso a trabajo y educación, el debilitamiento de los vínculos familiares y deficiencias en la atención de salud. Finalmente, el MNP identificó la falta de asesoramiento jurídico y la inacción de los consejos penitenciarios, factores que dificultan la aplicación efectiva de los decretos de amnistía e indulto y limitan las posibilidades de reinserción social.
MNP alerta
Vulneraciones de derechos y condiciones precarias en centros bajo custodia del Estado
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) identificó vulneraciones de derechos y deficiencias en centros bajo custodia del Estado. A partir de una visita de monitoreo al Centro de Reintegración Social para adolescentes “Nuevo Horizonte” de Potosí, constató la existencia de un espacio debajo de las gradas utilizado como área de aislamiento, con evidencias de uso reciente, situación que podría constituir trato cruel, inhumano y degradante. En La Paz, verificó la reducción de raciones alimentarias y una dependencia de donaciones para completar la alimentación. El MNP advirtió que estas condiciones reflejan una lógica punitiva incompatible con el modelo socioeducativo de reintegración. Asimismo, en el monitoreo a 14 celdas policiales, el MNP identificó diferencias significativas en la infraestructura y en el cumplimiento de salvaguardas. En zonas rurales y fronterizas de los departamentos de La Paz, Potosí y Santa Cruz, las celdas operan con estándares mínimos de habitabilidad. Asimismo, evidenció la falta del protocolo de revisión médica en todas las celdas visitadas.
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n 12 recintos de las Fuerzas Armadas, el MNP identificó riesgos para la salud física e integridad psicológica de los conscriptos, principalmente en unidades militares fronterizas y rurales que presentan precariedad sanitaria (baños sin puerta, pozos sépticos desbordados, falta de iluminación y ausencia de capacitación en derechos humanos). El verificativo a 22 centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes evidenció deficiencias en la atención de los SEDEGES y de las Gobernaciones, entre ellas, la falta de personal especializado, ausencia de cobertura médica nocturna, vidrios rotos y falta de mantenimiento, aislamiento sin protocolo terapéutico y hacinamiento. Finalmente, en 23 visitas no anunciadas a centros que albergan a Personas Adultas Mayores (PAM), personas con discapacidad psicosocial o intelectual, mujeres víctimas de violencia con sus hijos dependientes, y unidades educativas con régimen de internado, el MNP identificó la disminución de raciones alimenticias, falta de equipos multidisciplinarios y de protocolos específicos de prevención de la tortura, deficiencias en registros y vigilancia, y precariedad en la infraestructura.
El 60% de las mujeres privadas de libertad está vinculada a delitos de la Ley 1008; 190 niñas y niños viven con ellas
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l informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) evidencia que los delitos relacionados con sustancias controladas constituyen una de las principales causas de encarcelamiento de mujeres en Bolivia. Aproximadamente el 60% de las mujeres privadas de libertad estaría vinculada a procesos por delitos establecidos en la Ley N.º 1008, principalmente por tráfico, suministro y transporte de sustancias, por encima de otros ilícitos como el robo y la violencia. Del total de mujeres procesadas por delitos vinculados a sustancias controladas, el 56% corresponde a tráfico, el 27,3% a suministro y el 15,1% a transporte. En muchos casos, estas mujeres ocupan los eslabones más bajos y vulnerables de las estructuras del narcotráfico, como transportistas o “mulas”, y enfrentan penas que pueden oscilar entre 10 y 25 años. Organismos internacionales advierten que el Estado ha omitido esfuerzos para integrar la perspectiva de género en las políticas criminales y de reinserción, las cuales suelen limitarse a reforzar roles domésticos tradicionales (costura, cocina) en lugar de brindar una formación profesional competitiva. Otra preocupación está relacionada con las niñas y niños que permanecen junto a sus madres privadas de libertad. A finales de 2025, se reportaron aproximadamente 190 niñas y niños viviendo en centros penitenciarios del país. El MNP verificó que los penales con población femenina no cuentan con alimentación diferenciada ni con un “prediario” destinado a estos niños. Esta responsabilidad tampoco es asumida de manera efectiva por las gobernaciones ni por la administración penitenciaria, por lo que son las propias madres quienes deben garantizar su alimentación y vestimenta.
Informe MNP 2025
Hacinamiento, falta de salud y aislamiento degradante afectan a jóvenes privados de libertad
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as y los jóvenes privados de libertad representan el 30% de la población penitenciaria en el país. En su mayoría provenientes de contextos de exclusión social, económica y educativa, enfrentan condiciones penitenciarias marcadas por el hacinamiento, el acceso limitado a servicios esenciales, deficiencias estructurales en salud, educación y empleo, además de frecuentes vulneraciones a sus derechos fundamentales. En materia de educación y trabajo, el MNP identificó una infraestructura insuficiente y una oferta limitada de programas de formación. Si bien el 71% de los jóvenes consultados afirmó haber aprendido algún oficio durante su reclusión —principalmente artesanía, tejido, carpintería y cocina—, gran parte de estos conocimientos proviene de iniciativas informales y del aprendizaje entre pares, ante la falta de programas estatales estructurados y sostenibles. Respecto a la alimentación, el sistema penitenciario atraviesa una crisis estructural, agravada por el hacinamiento, las limitaciones presupuestarias y los retrasos en el pago del prediario de Bs 8 diarios por persona privada de libertad. En 2025, la población penitenciaria alcanzó las 33.058 personas, lo que representa un incremento cercano al 100% respecto a 2020. En atención médica, existen solo 86 profesionales de la salud para atender a más de 33 mil privados de libertad. Como consecuencia directa de esta saturación y del limitado acceso a los servicios de salud, se estima que el 90,64% de las muertes bajo custodia en centros penitenciarios se deben a enfermedades. Respecto a la disciplina y el aislamiento, el MNP constató el uso de celdas denominadas “subsuelos”, “La Tapa” y “Botes”, las cuales presentan deficiencias como la ausencia de catres, ventilación insuficiente y falta de luz natural. También identificó aislamiento prolongado, limitada atención médica y un hacinamiento superior al 105%, condiciones que pueden afectar gravemente la integridad física y psicológica, especialmente de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y de quienes presentan problemas de salud.
MNP emite 14 recomendaciones para fortalecer la protección de derechos y prevenir la tortura
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n el informe del Mecanismo Nacional de Prevención 2025 se emitieron 14 recomendaciones dirigidas a órganos del Estado, gobiernos departamentales e instituciones públicas, orientadas a atender las problemáticas identificadas durante las visitas de monitoreo realizadas en esa gestión. En materia de hacinamiento penitenciario, recomendó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo de la Magistratura incrementar las jornadas de descongestionamiento; al Ministerio Público, priorizar la aplicación de medidas cautelares; y al Órgano Ejecutivo, aprobar el proyecto de ley sobre Amnistía e Indulto elaborado por el MNP. Respecto a la alimentación, planteó al Órgano Ejecutivo abrogar el Decreto Supremo N.° 1854 para que la responsabilidad del pago de prediarios retorne al nivel central, y a la Dirección General de Régimen Penitenciario, garantizar su cumplimiento. Sobre la atención en Centros de Reintegración Social, reiteró la recomendación al TSJ y a los Gobiernos Autónomos Departamentales de fortalecer las inspecciones periódicas, eliminar celdas de castigo, separar a los adolescentes por edades e incorporar personal especializado. En cuanto a la infraestructura, planteó mejoras en centros penitenciarios, celdas policiales y cuarteles militares, con prioridad en zonas fronterizas y rurales. Finalmente, para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, recomendó fortalecer la atención a las mujeres privadas de libertad y a sus hijos, garantizar equipos multidisciplinarios y mejorar los mecanismos de reinserción laboral. Asimismo, pidió a la Fiscalía General del Estado actualizar los manuales periciales del IDIF conforme a los Protocolos de Estambul y Minnesota.
Título: Informe sobre el uso de la prisión preventiva en Bolivia
Autor: Fundación Construir
Título: Mapa Socio jurídico: Mujeres Privadas de Libertad en Bolivia 2022
Autor: Fundación Construir
Título: Encuentro Nacional de las Entidades del Sistema Penal para Adolescentes
Autor: Estado Plurinacional de Bolivia, Defensoría del Pueblo
