Defensoría del Pueblo alerta sobre riesgo inminente al derecho a la alimentación en centros de acogida y hospitales públicos
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a Defensoría del Pueblo identificó un riesgo inminente para la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada de poblaciones en situación de vulnerabilidad bajo tutela o atención del Estado. El hallazgo es resultado de una verificación defensorial de alcance nacional realizada en 54 establecimientos distribuidos en las nueve capitales departamentales y el municipio de El Alto. El reporte nacional, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, abarcó 18 centros de acogida para niñas, niños y adolescentes (NNA), 15 centros de acogida para personas adultas mayores (PAM) y 21 hospitales públicos de segundo y tercer nivel de atención.
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a supervisión evidencia una situación presupuestaria crítica que compromete la provisión continua, oportuna y pertinente de alimentos. Entre los factores desencadenantes destacan el incremento generalizado en los precios del mercado derivado de la eliminación de la subvención al diésel, sumado a la volatilidad de precios en la canasta básica. Ante este panorama, la institución defensorial recomendó al Ministerio de Salud y Deportes evaluar un incremento sustancial en el presupuesto destinado a la alimentación hospitalaria en los establecimientos de tercer nivel. Asimismo, exhortó a los gobiernos autónomos departamentales y municipales a adoptar medidas financieras y administrativas inmediatas para asegurar la disponibilidad de recursos, evaluar las demandas específicas de cada centro y garantizar la cantidad, variedad y calidad nutricional requeridas por las poblaciones atendidas.
Centros de acogida
Restricciones presupuestarias vulneran el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes
La insuficiencia presupuestaria constituye el principal factor de riesgo para el ejercicio pleno del derecho a una alimentación adecuada e integral de niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros de acogida institucionalizados. De acuerdo con la verificación defensorial, en 10 de los 18 centros supervisados (56%), los recursos asignados resultan insuficientes para adquirir la misma cantidad y variedad de insumos alimentarios. Adicionalmente, el 17% de los proveedores de estas instituciones incrementó los precios de los productos. A la fecha, el 22% de los centros verificados —entre ellos Aldeas Infantiles SOS (El Alto), Hogar Penny (Oruro), el Hogar de Niñas y el Centro Educativo Integral Chetequije (Trinidad)— registra un desabastecimiento parcial de verduras, carnes y frutas. Asimismo, un 17% de las instituciones carece de reservas suficientes de alimentos frescos.
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Esta precariedad ha forzado una reducción en la variedad nutricional suministrada a las NNA, comprometiendo sus requerimientos de desarrollo en una etapa decisiva de su crecimiento biológico y psicosocial. Como mecanismos de contención, los centros han implementado diversas estrategias: sustitución de productos (28%), solicitud de donaciones o aportes externos (22%), adquisición de insumos de menor costo (17%), reducción directa de gastos en alimentación (11%) y disminución en el volumen de compras (6%).
Defensoría advierte riesgos significativos para la alimentación y atención integral de las personas adultas mayores
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l 73% de los centros de acogida para personas adultas mayores (PAM) supervisados por la Defensoría del Pueblo reportó que los fondos disponibles no permiten sostener la compra de la misma cantidad y variedad de alimentos, condición que vulnera el derecho a una alimentación adecuada y a una vejez digna. Esta limitación impacta de manera directa en la reserva de insumos: el 20% de los hogares carece de stock de productos secos, mientras que el 27% no dispone de reservas de alimentos frescos. El problema se agrava por presiones del mercado: el 40% de los proveedores elevó los precios de venta y un 33% rechaza mantener las tarifas contratadas. En consecuencia, el 40% de las instituciones redujo la variedad de la dieta ofrecida a la población adulta mayor, afectando a recintos como el Hogar San José y el Asilo San José (Cochabamba), el Hogar San Martín y el Hogar Transitorio (El Alto), el Asilo San Roque (Potosí) y el Hogar de Ancianos (Trinidad). Frente a estas restricciones, los establecimientos han recurrido a la sustitución de insumos (33%), recepción de donaciones (40%), reducción de raciones (13%), compra de insumos de menor costo (13%) y recorte presupuestario directo (7%). La Defensoría advierte que la prolongación de estas medidas paliativas compromete la sostenibilidad de una atención integral y con calidez humana para esta población.
Derecho a la salud
Defensoría del Pueblo advierte presión presupuestaria sobre la dieta hospitalaria en el sistema público de salud
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l 52% de los 21 hospitales públicos verificados por la Defensoría del Pueblo señaló que la disponibilidad presupuestaria es insuficiente para mantener la cantidad y diversidad de alimentos requerida, lo que representa un factor de riesgo para la recuperación nutricional de los pacientes. Durante el relevamiento se constató que el 10% de los proveedores incrementó sus costos, mientras que el 29% de los centros hospitalarios sufre demoras en la entrega de insumos alimentarios, registrándose además entregas incompletas e incrementos unilaterales en los precios. Esta contingencia obligó al 10% de los nosocomios —entre ellos el Hospital General San Juan de Dios (Oruro) y el Hospital Regional San Juan de Dios (Tarija)— a reducir la variedad de los menúes, comprometiendo la provisión oportuna y suficiente de dietas terapéuticas ajustadas a la condición médica de los usuarios. Para mitigar el desabastecimiento, los hospitales adoptaron medidas como la gestión de recursos adicionales (38%), la sustitución de productos (14%), la compra de insumos económicos (10%) y el abastecimiento directo con productores locales (10%).
El incremento de precios en insumos genera impactos colaterales en la atención integral de centros de acogida y hospitales
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a supervisión de la Defensoría del Pueblo identificó un impacto colateral de la crisis de precios que trasciende la provisión de alimentos y afecta a otros componentes esenciales de la atención integral en centros de acogida y nosocomios públicos. En los centros de acogida para NNA, se registró un alza en el costo de medicamentos y en las tarifas de transporte empleadas para el traslado de las niñas, niños y adolescentes hacia centros sanitarios y unidades educativas. Diversos recintos expresaron preocupación por cómo el encarecimiento de la alimentación presiona y reduce los fondos asignados a áreas clave como salud, educación, recreación y movilidad. En los centros de acogida para personas adultas mayores, el margen presupuestario limitado incide negativamente en la compra de insumos de higiene, medicamentos y pañales de uso diario. En Cobija, un centro reportó un sobrecosto mensual estimado en Bs 5.000 respecto a su techo presupuestario original, situación que pone en riesgo la cobertura alimentaria para el cierre de gestión. En los hospitales públicos, la presión presupuestaria se suma a deficiencias estructurales previas: déficit de personal de cocina, insuficiencia de utensilios y equipamiento gastronómico, falta de mantenimiento de instalaciones y burocracia en los procesos de contratación e intermediación de compras.
Título: RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN A LA SITUACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Cada y niña cuenta: Situación de derechos de los niños y niñas que perdieron el cuidado familiar o niño están en riesgo de perderlo
Autor: MARTÍNEZ CRESPO, Andrés
Título: Informe de la Sociedad Civil sobre la realización del Derecho Humano a la Alimentación en Bolivia
Autor: PACHECO, Diego; TERAN, Claudia; VACA, Patricia
