La Paz, 15 de octubre de 2026. (UCOM/DPB)- La protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle o en riesgo de encontrarse en ella requiere una respuesta estatal integral, coordinada y especializada. En ese marco, la Defensoría del Pueblo destaca la aprobación en grande y en detalle del Proyecto de Ley CS N.° 221/2024-2025, “De Prevención y Atención Intersectorial a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle”, por la Cámara de Diputados, e insta a la Cámara de Senadores a priorizar su tratamiento legislativo.

La Paz, 15 de octubre de 2026 (UCOM/DPB).– La Defensoría del Pueblo realiza seguimiento y acompañamiento al tratamiento legislativo del Proyecto de Ley N.º 102/2025-2026, aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, que declara a los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, del departamento de La Paz, como municipios agroecológicos libres de actividad y contaminación minera. La iniciativa fue aprobada en grande y en detalle durante la 208.ª sesión ordinaria y remitida a la Cámara de Senadores para fines constitucionales.

La Paz, 15 de octubre de 2026 (UCOM-DPB).- En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Bastón Blanco y del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reafirmó el compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos humanos, la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, e instó a fortalecer las acciones para garantizar su inclusión y participación plena en la sociedad.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia, en estricto cumplimiento de su mandato constitucional y en resguardo de la institucionalidad democrática, se dirige a la opinión pública, a las instituciones públicas y a los poderes del Estado para ratificar los principios que rigen su actuación. Como institución de la sociedad con rango constitucional consagrado en el artículo 218 y siguientes de la Constitución Política del Estado, tiene como finalidad suprema la promoción, difusión, vigilancia y defensa de los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional. Su independencia funcional, técnica y administrativa constituye una garantía ciudadana fundamental para asegurar la vigencia plena de los derechos y garantías constitucionales.