La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, conmemora el 10 de octubre de 1982, fecha en la que Bolivia recuperó la democracia y puso fin a un prolongado periodo de gobiernos dictatoriales, abriendo una nueva etapa de reconstrucción institucional y de recuperación de las libertades fundamentales.

La Paz, 8 de octubre de 2026 (UCOM-DPB).– La Defensoría del Pueblo ratificó sus recomendaciones a los diferentes niveles del Estado para salvaguardar el derecho a la alimentación de las familias bolivianas, sustentada en los resultados del reciente reporte del sondeo de alimentos que efectúa periódicamente desde agosto de 2024. La última publicación devela el encarecimiento de productos en cinco departamentos. 

La Defensoría del Pueblo saluda el anuncio público realizado el día de hoy, respecto a la promulgación de la reglamentación de la Ley N°1680, de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos contra la Vida, propuesta presentada el 4 de marzo de 2026 por la Defensoría del Pueblo, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Aldeas Infantiles SOS, en articulación con las organizaciones que conforman la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia, (Fundación Voces Libres, la Comunidad de Derechos Humanos, el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, el Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de la UMSA, la Oficina Jurídica para la Mujer, Radio ERBOL y otras). 

Sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y la pronta designación del Fiscal General del Estado:

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, y las organizaciones de la sociedad civil firmantes, manifiestan la importancia de contar con un Fiscal General del Estado titular para fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y la continuidad y calidad de los servicios que presta, especialmente en favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad como víctimas de violencia, personas privadas de libertad y otros sectores históricamente marginados, que requieren una respuesta oportuna, imparcial y efectiva del sistema de justicia penal.