La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional y atribuciones establecidas en la Ley N° 870, expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia registrados en la ciudad de Potosí, particularmente el ocurrido el 14 de julio de 2025, cuando una niña de ocho años fue agredida por otros niños en vía pública. Este lamentable suceso, ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales, ha dejado al descubierto las serias deficiencias del sistema de protección y una preocupante tendencia a criminalizar a niñas y niños que, por su edad, se encuentran exentos de responsabilidad penal.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional y atribuciones legales, expresa su más enérgico repudio ante toda forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, especialmente aquella perpetrada mediante medios digitales, como la pornografía infantil. Los operativos realizados por la Policía Boliviana en julio de 2025, que desarticularon dos redes criminales y confiscaron más de 11.000 archivos de alto contenido violento y sexual, evidencian la alarmante vulneración de derechos en entornos digitales. Según el Ministerio Público, hasta junio se registraron 136 casos, cifra que subestima la magnitud real de este delito, considerado una de las formas más extremas de explotación y violencia sexual.

La Paz, 19 de julio de 2025 (UCOM/DPB).- La Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) saludó la presentación del Recurso de Acción Popular interpuesto por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al amparo del artículo 34 de la Constitución Política del Estado, que permite ejercer acciones legales de oficio en defensa del derecho al medio ambiente.

Tarija, julio 18 (UCOM/DPB).- Como parte de la agenda de trabajo en la ciudad de Tarija, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, firmó la ampliación de la vigencia de los convenios interinstitucionales con los Gobiernos Autónomos Municipales de Entre Ríos y San Lorenzo, los cuales están enfocados a la promoción de los derechos humanos en tres ejes: protección a víctimas de feminicidio, prevención de violencias, promoción de derechos humanos e incidencia en políticas públicas.