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28 de diciembre de 2023
Dentro de este contexto, la
institución defensorial observa la falta de diligencia y coordinación en el
abordaje integral del caso entre el la Dirección de Género, Generacional y
Familia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba con la Dirección de Desarrollo
Humano Integral del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari.
La Delegación Defensorial
Departamental de Cochabamba, considera que las acciones de ambas instancias no
solo deben adecuarse al tema procesal investigativo, sino de manera integral,
es decir, que no basta tener una valoración médico forense como acto investigativo,
sino que se requiere apoyo médico (si fuese el caso) y psicológico. Ambas
instancias deben apersonarse a los procesos legales que ya existen, para que se
tengan resultados idóneos desde el ámbito de sus competencias y se evite la
revictimización al ser población en situación de vulnerabilidad considerando
que las víctimas son una mujer y su hijo.
La Defensoría del Pueblo también
exhorta a la Policía Boliviana y al Ministerio Público para que enmarquen su
accionar conforme la Constitución Política del Estado y eviten dilaciones
investigativas que vulneren las garantías del acceso al debido proceso de las
personas denunciantes.
Desde el momento que se tuvo
conocimiento del hecho, la institución defensorial, mediante la Coordinación
Regional del Chapare, realizó acciones defensoriales conducentes que
permitieron se garanticen derechos humanos fundamentales de la familia afectada,
en ese sentido, se hizo todo el acompañamiento para que se active las garantías
al debido proceso, asimismo, coordinó con el Comandante Regional del Trópico,
Frider Jaime Jiménez Sanjinez, quien junto a un contingente policial ingresaron
a la comunidad para retirar a la mujer y su hijo. Ahora el Misterio Público
abrió el caso en contra del corregidor por lesiones graves y leves, privación
de libertad y robo agravado.
La institución defensorial en el
marco de sus competencias y atribuciones continuará realizando todas acciones
pertinentes y conducentes para evitar vulneraciones procesales y el respeto a
la integridad personal de los denunciantes más aún al existir personas en
situación de vulnerabilidad como la mujer y su hijo.