DEFENSOR DEL PUEBLO ADVIERTE BRECHAS Y DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 348 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
8 de mayo de 2026
Santa Cruz, 8 de mayo de 2026 (UCOM-DDSC).- El Defensor del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz, socializó el Informe Defensorial “Análisis de la Implementación de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, documento que revela una brecha estructural entre la normativa, que prioriza la erradicación de la violencia como prioridad nacional, y su aplicación efectiva.
La actividad contó con la participación de representantes de organizaciones de mujeres, instituciones de la sociedad civil, colectivos ciudadanos y autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), quienes reflexionaron sobre los desafíos persistentes en la atención y protección de mujeres en situación de violencia, pero también efectuaron críticas a la norma.
Durante la presentación del informe, la delegada defensorial departamental de Santa Cruz, Sheila Gómez Santivañez, destacó la importancia de generar espacios de diálogo y articulación interinstitucional para fortalecer la implementación de la Ley 348, señalando que “los índices de violencia contra las mujeres son aún alarmantes y la lucha contra este flagelo requiere del compromiso conjunto de las instituciones del Estado y de la sociedad”.
El informe defensorial revela que la Ley 348 representa un avance importante en la protección de los derechos de las mujeres, pero su implementación enfrenta serias debilidades estructurales, y la existencia de una brecha entre lo que establece la norma y la respuesta efectiva de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la violencia.
En este contexto, el informe defensorial recomienda mejorar la coordinación interinstitucional entre la Policía, Fiscalía, Órgano Judicial, gobiernos autónomos y servicios de atención integral, a fin de brindar respuestas oportunas y efectivas a las víctimas. Asimismo, recomienda fortalecer la capacitación y especialización con enfoque de género y derechos humanos para operadores de justicia, policías y personal de salud.
