Oficina - Potosí

22 de abril de 2026

Potosí, 22 de abril (UCOM/DDDP). - La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Potosí, realizó la verificación y seguimiento al caso de cinco adolescentes que fueron aprehendidos en días pasados por el robo de mineral junto a grupos denominados “jucus”.

La delegada Defensorial Departamental de Potosí, Jackeline Alarcón, informó que, de los cinco adolescentes, cuatro son varones y una mujer, y que tres de ellos no se encontraban cursando estudios, situación que refleja la incidencia del abandono escolar en la exposición de adolescentes a trabajos peligrosos o actividades ilícitas. “Se evidencia que un porcentaje de adolescentes que están dentro de los índices de deserción escolar terminan realizando trabajo minero o, como en este caso, siendo captados y utilizados para el robo de mineral”, señaló.

En el marco de sus competencias, personal defensorial realizó el seguimiento integral al caso, verificando tanto las condiciones en las que se encontraban los adolescentes como el desarrollo del proceso judicial. Asimismo, se participó como observadores en la audiencia correspondiente hasta su conclusión, donde la autoridad jurisdiccional en materia de niñez y adolescencia determinó la aplicación de medidas sustitutivas desde un enfoque de la justicia restaurativa para los cinco adolescentes.

Este hecho se da en un contexto preocupante de abandono escolar en el departamento. Según datos proporcionados por el Director Departamental de Educación de Potosí, la gestión 2025 cerró con 13.000 a 14.000 estudiantes que dejaron el sistema educativo por diferentes factores, siendo la migración de las familias una de las principales causas.

La Defensoría del Pueblo recordó que, en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), se realiza seguimiento a este tipo de casos por tratarse de población altamente vulnerable. Asimismo, se alertó que los adolescentes involucrados habrían sido engañados con la promesa de realizar trabajo minero, actividad que en Bolivia es considerada peligrosa y está prohibida para menores de edad.

Finalmente, Alarcón reiteró la importancia de fortalecer políticas públicas orientadas a la permanencia escolar y a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir su exposición a entornos que vulneren sus derechos y su desarrollo integral.