Defensoría del Pueblo, instituciones y organizaciones de la sociedad civil piden que posibles reformas a la Ley 548 sean transparentes y respeten derechos de la niñez y adolescencia
4 de agosto de 2025
Sucre, agosto 4 de 2025 (UCOM/DDDCH). - Mediante un pronunciamiento interinstitucional, la Defensoría del Pueblo junto a autoridades y organizaciones de la sociedad civil pidieron que las propuestas de adecuación de la responsabilidad penal de adolescentes en la Ley N° 548 ‘Código Niña, Niño y Adolescente en Bolivia’ sean transparentes, no genere retrocesos normativos y respeten el enfoque de derechos humanos de la Niñez y Adolescencia.
“Instamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo a someter todo proceso de reforma a un debate técnico, transparente, interinstitucional y con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, con enfoque de derechos humanos”, señala el pronunciamiento en la parte conclusiva.
El documento surge en
el Encuentro Defensorial Interinstitucional: “Perspectivas sobre la Reforma del
Sistema Penal Adolescente en Bolivia”, realizado este lunes en la ciudad de
Sucre, a la cabeza del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y la participación
de autoridades del Órgano judicial y expertos internacionales.
Los participantes del
Encuentro realizaron un análisis del Sistema Penal para Adolescente en Bolivia,
a fin de evaluar su adecuación a los estándares internacionales; reflexionar
las consecuencias jurídicas, sociales y psicológicas del endurecimiento de las
medidas de privación de libertad; y la promoción del diálogo interinstitucional
sobre políticas públicas y prácticas restaurativas como alternativas al castigo
punitivo.
En el evento, el
Defensor del Pueblo, remarcó “la necesidad de reflexionar y construir
propuestas para garantizar un sistema penal para adolescente, con enfoque de
derechos humanos y justicia restaurativa”.
El Pronunciamiento,
alerta que cualquier reforma regresiva del Código Niña, Niño y Adolescente (Ley
Nro. 548), que implique ampliar la privación de libertad o equiparar el
tratamiento de adolescentes al sistema penal ordinario, constituye una
vulneración a los estándares internacionales de derechos humanos.
Bolivia es Estado Parte
de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que establece el principio
de excepcionalidad de la privación de libertad, la proporcionalidad de las
sanciones y el deber de garantizar procesos diferenciados que promuevan la reintegración
social de las y los adolescentes con responsabilidad penal.
