Oficina - Potosí

3 de octubre de 2025

Potosí, 3 de octubre de 2025 (UCOM/DDDP). – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó la “Alerta Temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia”, documento que revela una crisis estructural en el sistema penitenciario marcada por la sobrepoblación, el hacinamiento y el uso indiscriminado de la detención preventiva. Ante este panorama, la institución exhortó al Estado a implementar de manera inmediata cinco medidas que garanticen los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL).

Callisaya advirtió que, a julio de 2025, la población penitenciaria alcanzó a 33.058 internos, lo que representa un hacinamiento superior al 105 % en todo el país. “La sobrepoblación impide condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno inhumano e insostenible”, señaló la autoridad, al recalcar que el uso excesivo de la detención preventiva agrava aún más la crisis.

En el caso del departamento de Potosí, el penal de Cantumarca, con capacidad para 250 personas, actualmente alberga a 850 internos, es decir, 240 % de hacinamiento. En otras palabras, el recinto está ocupado con 3,4 veces más personas de lo que debería, lo que significa que hay 600 internos por encima de su capacidad real, informó Jackeline Alarcón, Delegada Defensorial de Potosí.

Otros recintos penitenciarios también atraviesan una situación crítica: en Villazón, con una capacidad para 180 personas privadas de libertad, actualmente se alberga a 230, lo que representa un 28 % de hacinamiento; en Tupiza, con espacio para 30 internos, se encuentran 83, alcanzando un 177 %; mientras que en Uncía, con capacidad para 80, se registra la presencia de 268 personas, lo que equivale a un 235 % de sobrepoblación. En San Pedro de Buena Vista, por su parte, permanecen 14 internos, reflejando que la crisis carcelaria también afecta a los municipios más pequeños del departamento” añadió la Delegada Defensorial.

Frente a esta realidad, la Defensoría del Pueblo planteó cinco acciones urgentes como limitar el uso de la detención preventiva y aplicar un enfoque diferenciado para poblaciones en situación de vulnerabilidad; implementar manillas electrónicas como alternativa a la reclusión; separar y clasificar a las personas privadas de libertad de acuerdo con la gravedad y naturaleza del delito, así como ampliar el acceso al derecho a la salud, con más personal médico y convenios con hospitales para atención ambulatoria y consolidar un nuevo acuerdo interinstitucional entre niveles nacional, departamental y municipal que garantice una gestión más eficiente en el ámbito penitenciario.

Finalmente, tanto Callisaya como Alarcón subrayaron que el funcionamiento adecuado de las cárceles está estrechamente vinculado a la seguridad ciudadana y que su desatención representa un riesgo creciente para toda la sociedad.