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Defensoría del Pueblo condena excesos policiales contra una mujer embarazada y contra vecinos y transeúntes en el sector donde se movilizan cocaleros de ADEPCOCA

Defensoría del Pueblo condena excesos policiales contra una mujer embarazada y contra vecinos y transeúntes en el sector donde se movilizan cocaleros de ADEPCOCA

23 de agosto de 2022

La Defensoría del Pueblo condena los excesos cometidos por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), quienes incurrieron en actos vulneratorios al rociar con gas pimienta a mujeres, una de ellas embarazada, durante una intervención policial a la movilización de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (ADEPCOCA); además de revisar domicilios particulares, pretendiendo ingresar a estos y registrar entre las pertenencias de personas que transitaban por el lugar donde minutos antes se habían suscitado enfrentamientos entre policías y cocaleros.


La Institución Defensorial exhorta a la Policía Boliviana a sujetar su intervención en el actual conflicto en estricto apego al respeto y garantía de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes. 

La agresión con gas pimienta a la mujer en estado de gestación se configura en violencia y denota la absoluta falta de conciencia de protección a la población en situación de vulnerabilidad, que para este caso es la mujer y el ser humano que lleva consigo; al respecto se recuerda a la Policía Boliviana que la norma constitucional dispone, expresamente, el derecho a la no violencia hacia las mujeres. 

También se le recuerda que es un derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio y que las personas solo pueden ser sometidas a una requisa por disposición de un requerimiento fiscal en el marco de una investigación de la comisión de un delito, siempre que haya motivos suficientes que presuman que llevan consigo elementos materiales del ilícito.

Es imprescindible recordar a los miembros de la institución encargada de resguardar el orden interno en el país, que la Constitución Política del Estado dispone que los servidores públicos deben respetar y garantizar los derechos fundamentales, por el contrario, en su condición de agentes estatales están en la obligación de proteger a todos los ciudadanos, sin embargo los hechos registrados en esta jornada, además de ser un exceso, se configura en la vulneración de derechos que genera un ambiente de inseguridad e incertidumbre en la población. 

La Defensoría del Pueblo, asimismo, como parte del seguimiento que realiza al actual conflicto cocalero, hoy verificó el estado de salud de los policías Yoni Gonzáles Luque de 47 años de edad y Jonás Inclán Hieber de 42 años, que fueron heridos con “esquirlas” tras de la detonación de cachorros de dinamitas lanzados por los movilizados. Ambos fueron ingresados a la Unidad de Emergencia y su condición es estable. 

 La Paz, 23 de agosto de 2022