DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONSTATA LA FALTA DE UN PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL EN RÉGIMEN PENITENCIARIO QUE DERIVA EN PERJUICIOS A PRIVADOS DE LIBERTAD DE POTOSÍ
16 de marzo de 2022
Potosí, 16 de marzo de 2022.- Una verificación realizada por la Delegación
Defensorial de Potosí constató la falta de personal en Asistencia Social de la Dirección
Departamental de Régimen Penitenciario (DDRP) que generó demoras en los trámites
administrativos y la vulneración de derechos de privados de libertad de los
cinco centros carcelarios del departamento; además provocó un estado de emergencia
en la población penitenciaria del Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo
de Cantumarca.
“Exigimos a las autoridades competentes garantizar la inmediata contratación
de este profesional para que resuelva la carga laboral pendiente, y con ello se
evite la huelga de hambre y medidas de presión anunciadas por la población
penitenciaria”, señaló la Delegada Defensorial de Potosí, Vilma Martínez.
Asimismo, en el verificativo la entidad defensorial recibió quejas contra el
Jefe de Seguridad Penitenciaria del Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo
de Cantumarca, quien fue acusado de cometer excesos y asumir decisiones
arbitrarias que sobrepasan las determinaciones del Consejo Penitenciario,
entidad que se constituye en el ente máximo para la toma de decisiones en contextos
de encierro de acuerdo a la Ley 2298.
“Pedimos el alejamiento de este policía, porque no respeta las decisiones
del Consejo Penitenciario y cambia horarios de visita y otros aspectos cuando
le da la gana, es más el pasado fin de semana prohibió el ingreso de papa y
choclo”, reclamó el representante de los privados de libertad del Centro de
Readaptación Productiva Santo Domingo.
La Defensoría del Pueblo inició
gestiones, acciones de exigibilidad ante la Dirección Departamental de Régimen
Penitenciario y la articulación de actividades para garantizar la contratación
de este profesional y cubrir la acefalía en el cargo desde el mes de diciembre
del 2021.
La entidad defensorial recuerda a
las autoridades competentes que el Estado debe garantizar servidores públicos
para la atención de personas privadas de libertad, quienes requieren acceder a beneficios que la norma establece
para esta población vulnerable.