DEFENSORÍA DEL PUEBLO CUESTIONÓ INACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EN EL CASO DE UNA ADOLESCENTE EMBARAZADA VÍCTIMA DE TRATA Y DE AGRESIÓN SEXUAL
6 de mayo de 2022
La Defensoría del Pueblo cuestionó la inacción de la
Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Municipal de
Cochabamba, de la División contra la Trata y Tráfico dependiente de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y del Ministerio Público, en el caso
de una adolescente que fue víctima de trata de personas y quedó embarazada
producto de la violencia sexual, lo que le impidió acceder a una valoración médica
inmediata e integral.
La
delegada Defensorial de Cochabamba, Marioly Álvarez, refirió que la adolescente
fue víctima de violencia sexual comercial en la ciudad de El Alto-La Paz, y que
tuvo que huir junto a su familia a Cochabamba.
“Lamento
la inacción de algunos servidores públicos, y que las víctimas de este tipo de
delitos, tengan que sufrir las consecuencias con una mayor afectación a sus
derechos”, manifestó la autoridad defensorial, a tiempo de referir que ayer por
la tarde se reunió con los familiares de la adolescente quienes le manifestaron
la falta de acciones de las autoridades municipales ante la denuncia. A ello,
la delegada defensorial, manifestó que se iniciará una investigación formal
para identificar responsables por la vulneración de derechos de la adolescente.
Hoy la
institución defensorial, hizo todas las gestiones en el centro de salud de
primer nivel para que la adolescente esté registrada en el Seguro Universal de
Salud (SUS) y sea referida a un hospital de tercer nivel, para que se valore su
salud de manera integral y la junta médica determine, si procede o no, a la Interrupción
Legal del Embarazo (ILE), precautelando ante todo la vida de la adolescente.
Álvarez
ponderó la predisposición de las autoridades médicas de ambos establecimientos
de salud, al instruir la atención inmediata de la adolescente y considerar la
aplicación de protocolos que garanticen a la víctima el acceso a la ILE como
derecho humano.
Al
momento el caso ya fue reconducido por las instancias pertinentes, y la
institución defensorial recuerda que los servidores públicos de las Defensorías
de la Niñez y Adolescencia tienen la obligación de denunciar ante el Ministerio
Público actos de violencia sexual, más aún cuando son víctimas de violencia
sexual comercial.
La
institución defensorial hará el seguimiento respectivo para que este caso, por
lo delicado del tema, sea reconducido y atendido adecuadamente por las
instituciones llamadas por ley. La institución defensorial hará el seguimiento
respectivo para que este caso, por lo delicado del tema, sea reconducido y
atendido adecuadamente por las instituciones llamadas por ley.