Defensoría del Pueblo denuncia incumplimiento del Código Niña Niño y Adolescente tras la aprehensión ilegal de dos adolescentes en K’ara K’ara
3 de julio de 2020
La Defensoría del Pueblo ante la
denuncia recibida de la aprehensión
ilegal de dos adolescentes de 15 y 17 años y tres jóvenes de 21 y 25
años, se constituyó en ambientes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC), para verificar la situación física y legal de las cinco personas
aprehendidas, tras la intervención policial-militar al bloqueo en el ingreso al
botadero municipal de K'ara K'ara.
El Delegado Defensorial
Departamental de Cochabamba, Nelson Marcelo Cox Mayorga, denunció públicamente
que personal de la FELCC, no permitió el ingreso a servidores públicos de la
Defensoría del Pueblo obstaculizando el trabajo defensorial para verificar fundamentalmente,
que se respete la integridad personal y la legalidad en cuanto a las garantías
al debido proceso de los aprehendidos.
Ante las omisiones identificadas,
Nelson Cox señaló que se vulneraron los derechos previstos en el Código Niña
Niño y Adolescente. "No puede ser posible que los efectivos policiales y el Fiscal de Materia,
Dennys Achá Marza, no se contacten con los familiares de ambos
adolescentes, ni informen inmediatamente a la Defensoría de la
Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, para que se
apersonen a dependencia de la FELCC y asuman defensa ante la prioridad de la
atención y la preminencia de sus derechos, tal como establece el Código Niña,
Niño y Adolescente. Tuvo que ser la Defensoría del Pueblo la que realizó las
gestiones legales omitidas y resistidas para que se defienda sus
derechos", señaló.
Ante estas situaciones, Cox Mayorga
acusó al Fiscal de Materia por
transgredir las garantías de los adolescentes establecidas en el Código
Niña Niño y Adolescente, quien les habría imputado por atentar contra la salud
pública. “Al Fiscal de Materia, no le
importó que el Código Niña Niño y Adolescente priorice la presunción de verdad,
la desformalización, la presunción de inocencia, el interés superior del niño,
la presunción de minoridad, la prioridad absoluta, entre muchos mandatos.
Además, está forzando una situación de utilización de niñas, niños y
adolescentes en conflictos sociales para que sean responsables penalmente de
forma directa lo cual legalmente no procede”, aseveró el Delegado Defensorial
Departamental.
Denunció que se haya montado un
operativo de más de 350 efectivos policiales y militares contra 3 jóvenes y 2
adolescentes que jamás debieron ser aprehendidos por ser menores de edad y
menos ser imputados ilegalmente por el Ministerio Público por atentado a la
salud pública, ya que vulnera una situación infraccional que para vergüenza
jurídica, no pudo ser advertida ni reconducida en su tramitación por la Juez Cautelar que violó las garantías Constitucionales e incumplió mandatos del
Código Niña Niño Adolescente, a la luz de la Convención sobre los Derechos del
Niño, lo que confirmó la situación de vulnerabilidad e inobservancia cometida
en desmedro de los derechos de ambos adolescentes.
El Delegado Defensorial
Departamental, remarcó que la Defensoría
del Pueblo va a seguir acompañando este caso para que exista un procedimiento
correcto y transparente. “No permitiremos que los policías, el Fiscal de
Materia y la Juez Cautelar continúen con esta variación grosera de un
procedimiento infraccional, previsto por
el Código Niña Niño y Adolescente y que penosamente con estas acciones, están
confirmando actos abusivos de criminalización
de la adolescencia y de la pobreza”, culminó.