Oficina - Santa Cruz

17 de septiembre de 2026

Santa Cruz, 17 de septiembre de 2026 (UCOM/DDSC).-  La delegada defensorial departamental, Sheila Gómez Santiváñez, señaló que la seguridad ciudadana está estrechamente vinculada con los derechos humanos y con el goce y ejercicio de otros derechos fundamentales, como la educación y la salud. En ese marco, exhortó a las autoridades departamentales y policiales a abordar esta problemática desde diferentes ámbitos, entre ellos la prevención, la implementación de estrategias y la sanción.

Asimismo, pidió que exista coherencia entre los planes de seguridad ciudadana y su implementación efectiva, tomando en cuenta el crecimiento poblacional y las necesidades de protección en los diferentes municipios y puntos estratégicos del departamento. En ese sentido, consideró necesario fortalecer los equipos, recursos y herramientas destinados a la prevención y lucha contra la violencia.

Gómez Santiváñez, en su calidad de miembro del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, participó en la reunión convocada por el gobernador de Santa Cruz, en la que representantes de instituciones policiales y militares presentaron estrategias y acciones orientadas a enfrentar la inseguridad, principalmente en los municipios fronterizos del departamento. 

Posteriormente, en contacto con medios de comunicación, la autoridad defensorial lamentó que no se le hubiera cedido la palabra durante la reunión para exponer directamente ante las autoridades las observaciones y preocupaciones de la Defensoría del Pueblo sobre las estrategias de seguridad ciudadana.

Ante esta situación, observó la falta de correspondencia entre algunas de las estrategias planteadas y las capacidades actualmente disponibles. Como ejemplo, mencionó la asignación de efectivos policiales en el departamento y, de manera específica, la situación del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, donde, según los datos expuestos, alrededor de 200 servidores policiales cumplen funciones de custodia de cerca de 10.000 personas privadas de libertad.

“Desde la Defensoría del Pueblo pedimos coherencia a las autoridades. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, también tenemos que reforzar diferentes espacios que tienen que ver con esta temática. No podemos hablar de 200 servidores policiales en “Palmasola” para custodiar a casi 10 mil personas privadas de libertad”, manifestó Gómez Santivañez.

Asimismo, planteó la necesidad de que el Comando Departamental de la Policía, la Fiscalía Departamental y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, entre otras instituciones, fortalezcan sus equipos y capacidades operativas en puntos estratégicos del departamento.

“Es importante que estos planteamientos no queden simplemente en la firma de un acta, sino que se traduzcan en compromisos serios y acciones concretas para la protección de la ciudadanía”, finalizó la autoridad defensorial.