Oficina - Chuquisaca - Sucre

11 de noviembre de 2026

Sucre, 11 de noviembre de 2026 (UCOM/DDCH).- Ante las denuncias difundidas por medios de comunicación sobre presuntos castigos físicos contra estudiantes de una unidad educativa de Sucre, la Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades educativas, maestras, maestros y familias a garantizar espacios educativos seguros, donde prevalezcan el respeto, el buen trato y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA).

La denuncia fue difundida a través de una entrevista al presidente de padres de familia de un curso de primaria, quien señaló que habría observado a una maestra castigar con un cinturón a estudiantes de corta edad, presuntamente por incumplir tareas escolares o no contar con los materiales requeridos.

Al respecto, el delegado defensorial de Chuquisaca, Humberto Mayorga, señaló que ninguna medida disciplinaria justifica el uso de la violencia contra estudiantes y que, de comprobarse los hechos denunciados, se estaría ante una vulneración de sus derechos a la integridad física y psicológica.

La autoridad recordó la aplicación del artículo 146 de la Ley N.º 548, Código Niña, Niño y Adolescente. “Los derechos humanos son progresivos y también deben cambiar las formas de educar y establecer medidas disciplinarias. Si antes algunos castigos físicos eran considerados normales, hoy tenemos un marco normativo que los prohíbe; ninguna dificultad en el aprendizaje o incumplimiento de tareas puede justificar la violencia, porque la educación debe construirse desde el respeto, el diálogo y el buen trato”, enfatizó.

La Defensoría del Pueblo tomó contacto con personal de la Dirección Distrital de Educación para conocer las medidas asumidas ante la denuncia. Esta instancia comunicó que, de manera provisional, la maestra no asiste al establecimiento educativo y se encuentra a la espera del informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), en el marco del proceso administrativo correspondiente.

Asimismo, se conoció que la DNA realiza entrevistas psicológicas a 12 estudiantes, con el propósito de recabar información sobre los hechos denunciados. La institución defensorial realiza seguimiento a las actuaciones de las instancias competentes, priorizando el interés superior y el resguardo de los derechos de las niñas y niños involucrados.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo destacó la importancia del programa de Defensoras y Defensores Estudiantiles, promovido por la institución como un mecanismo de participación y prevención de la violencia en las unidades educativas. Esta iniciativa busca que las y los estudiantes conozcan sus derechos, identifiquen situaciones de vulneración y contribuyan a promover una convivencia pacífica y armónica.

Por otra parte, Mayorga exhortó a los medios de comunicación a realizar una cobertura responsable de estos casos, evitando la exposición de la identidad de las niñas y niños involucrados.

“Exhortamos a los medios de comunicación a tener especial cuidado con la información que difunden sobre estos casos, evitando publicar el nombre de la unidad educativa, la edad de los estudiantes u otros datos que, al combinarse, permitan identificarlos. Este tipo de publicaciones puede exponer a las niñas y niños de su entorno y generar situaciones de revictimización, por lo que es fundamental que la cobertura informativa priorice su privacidad, dignidad y protección”, señaló Mayorga.

Al respecto, la Ley N.º 548 protege la privacidad, intimidad, imagen y confidencialidad de niñas, niños y adolescentes, estableciendo la obligación de resguardar su identidad y evitar cualquier exposición que pueda afectar su dignidad, por lo que el interés superior debe orientar también el trabajo de los medios de comunicación.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhorta a maestras, maestros, autoridades educativas y familias a asumir su responsabilidad en la protección de la niñez y adolescencia, recordando que la disciplina debe construirse mediante el diálogo, el acompañamiento pedagógico y el respeto, pues las unidades educativas deben ser espacios seguros y libres de violencia.

La institución defensorial recuerda que, para la atención de denuncias relacionadas con posibles vulneraciones de derechos humanos, se encuentra habilitada la línea gratuita 800-10-80-04, así como los números de WhatsApp 71162444 (Sucre) y 71280641 (Monteagudo).