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Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades departamentales y municipales a atender las demandas de los centros de educación especial Psicopedagógico y San Juan de Dios

Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades departamentales y municipales a atender las demandas de los centros de educación especial Psicopedagógico y San Juan de Dios

1 de julio de 2022

La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Chuquisaca exhorta a las autoridades departamentales y municipales a atender las demandas de los centros de educación especial Psicopedagógico y San Juan de Dios, que albergan a más de 500 niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

El Delegado Defensorial de Chuquisaca, Edwin Martínez señaló que desde la pasada gestión la entidad defensorial observó y alertó a la Gobernación, sobre el pésimo estado de alguno ambientes de la infraestructura que ocupan los estudiantes de los centros de educación especial Psicopedagógico y San Juan  de Dios, que se encuentran próximos a desplomarse y que ponen en serio riesgo a esta población altamente vulnerable, sin que hasta la fecha las autoridades competentes hayan intervenido oportunamente para subsanar esta deficiencia.

De la misma manera informó que por las gestiones defensoriales se sostuvieron reuniones para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo, sin embargo lamentó que a pesar de los compromisos asumidos no se tengan alternativas de solución y más al contrario el Gobernador Damián Condori emita un nota oficial en la que señala que respecto a la otorgación de ambientes para las unidades educativas se constituyen (textual): en un “acto de liberalidad y mera tolerancia”, …. acto de compromiso EXCEPCIONAL, …., y que la Gobernación puede poner fin en cualquier momento a dicha entrega, entre otros aspectos que serán formalmente representados por la institución defensorial, afirmaciones que derivaron en las movilizaciones protagonizadas la jornada de ayer por la comunidad educativa, que exige se considere la extrema vulnerabilidad de los estudiantes por su edad, por su discapacidad y por su procedencia.

Finalmente la autoridad defensorial expresó que las y los servidores públicos asumen responsabilidad por acción y omisión, por lo que la Defensoría de Pueblo continuará con la investigación formal del caso por la presunta vulneración a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.