Oficina - Chuquisaca - Sucre

3 de noviembre de 2026

Sucre, 3 de noviembre de 2026 (UCOM/DDCH). - Ante la denuncia de un presunto hecho de agresión sexual que involucra al administrador de un centro dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de Chuquisaca, la Defensoría del Pueblo exhorta a las instituciones del Estado a garantizar que el personal responsable de la atención y protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad cumpla con criterios de idoneidad, formación especializada y compromiso con los derechos humanos.

En el marco de sus atribuciones, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Sucre presentó la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Por su parte, el SEDEGES formalizó una querella y se constituyó en parte víctima contra el servidor público denunciado. Asimismo, el Ministerio Público dispuso medidas de protección destinadas a impedir que el presunto agresor se acerque a la víctima o ejerza cualquier forma de presión o intimidación sobre ella.

El delegado Defensorial departamental a.i. de Chuquisaca, Paolo Romay, señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar que los centros de atención y protección sean espacios seguros, donde se respete la dignidad e integridad de las personas.

“No basta con contar con centros de acogida o reintegración social; es fundamental garantizar que el personal sea idóneo, tenga formación y compromiso con los derechos humanos, pues tiene bajo su responsabilidad el cuidado de personas en situación de vulnerabilidad”, manifestó.

De igual manera, Romay instó a la Fiscalía Departamental a agilizar la investigación y garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de protección dispuestas, resguardando la integridad de la víctima durante todo el proceso, y exhortó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a mantener una intervención activa y permanente para garantizar la protección de la víctima y evitar su revictimización.

“La protección no puede quedarse en un mandato escrito, debe traducirse en acciones concretas. Cuando el Estado asume el cuidado de personas en situación de vulnerabilidad, también debe garantizar que quienes las atienden no representen un riesgo para ellas. La prevención comienza con una selección responsable y una supervisión permanente”, enfatizó el delegado defensorial.

La Defensoría del Pueblo recordó que el artículo 15 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la integridad física, psicológica y sexual, y establece la obligación estatal de prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. Asimismo, el artículo 165, inciso e), de la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, establece la obligación de garantizar procesos de selección, capacitación y evaluación del personal encargado de la atención, prevención y protección de niñas, niños y adolescentes, asegurando su idoneidad.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento correspondiente al caso y velará por que las instituciones involucradas cumplan sus responsabilidades, priorizando la protección integral de la víctima, evitando cualquier forma de revictimización y garantizando que la investigación avance con la debida diligencia hasta el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que correspondan.