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Defensoría del Pueblo exige investigar a médico que extendió el certificado de defunción en un presunto caso de feminicidio ocurrido en La Paz

Defensoría del Pueblo exige investigar a médico que extendió el certificado de defunción en un presunto caso de feminicidio ocurrido en La Paz

20 de octubre de 2021

La Defensoría del Pueblo demanda una investigación para identificar posibles irregularidades en el certificado de defunción que emitió el profesional médico F.H.Y.C en el caso que ahora se investiga como feminicidio, hecho que ocurrió en la zona de Callapa de la ciudad de La Paz.

Este caso se conoció ayer a través de los medios de comunicación que informaron sobre la intervención del Ministerio Público y la Policía Boliviana en una vivienda donde se velaban los restos de G.J.L.A, una mujer de 35 años que, de acuerdo con el reporte forense, murió por asfixia mecánica.

“Exigimos a las autoridades judiciales investigar al profesional médico, quien a través de un certificado estableció que el fallecimiento de la víctima habría sido por hipertensión arterial; presumimos que la actuación del galeno tuvo la intención de encubrir el delito de feminicidio”, dijo la delegada defensorial de La Paz, Teresa Subieta. Asimismo, recomendó a las autoridades ejercer un mayor control y fiscalización para las funerarias, cuyos servicios incluyen la documentación legal o certificados de defunción.  

Personal de esta institución realiza el seguimiento a este caso de presunto feminicidio, hecho que motivó la apertura de una investigación en contra de la pareja de la víctima, W.B.C., que está aprehendido y que brindó su declaración informativa ante el Ministerio Público.

La Defensoría también coordinó acciones con el Programa de Apoyo Integral a las Familias (PAIF) de la Subalcaldía de San Antonio, instancia que demandará la extinción de autoridad paterna de los cinco hijos de la víctima. En la mañana de hoy, los niños fueron entregados a la familia materna tras la firma de un acta de compromiso y responsabilidad. El caso será presentando al Juzgado de la Niñez y Adolescencia para garantizar que los menores se encuentren en un ambiente seguro.