DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL REFORZADA EN EL CASO DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA
21 de agosto de 2025
Cochabamba, 21 de agosto de 2025 (UCOM/DDDC). - La Defensoría
del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba,
tomó conocimiento de la situación de violencia sexual que sufrió una
adolescente por parte de su progenitor, en el municipio de Morochata; producto
del hecho quedó embarazada, el agresor fue acusado de infanticidio del neonato.
“Desde la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, al tener
conocimiento del caso de manera inmediata tuvimos contacto con los funcionarios
de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo
Municipal de Morochata, para complementar información de manera directa, así
como el tipo de intervención que estaría realizando, en el marco de la Ley N°
548 (Código del Niño, Niña y Adolescente)”, indicó la delegada Defensorial
Departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez.
Por otra parte, se conoce que el progenitor de la adolescente
víctima contaría con otras dos denuncias por violencia sexual, a una joven de
23 y a una niña de 5 años, lo más preocupante es que esta persona se encontraba
libre en el municipio de Morochata al cuidado de sus 4 hijos menores de edad.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exigió que los otros dos casos
anteriores, sean revisados de manera exhaustiva para ver las connotaciones
investigativas de cada caso y la situación actual de los mismos.
Sobre los hechos recientes, el día de hoy 21 de agosto de
2025, se realizó la audiencia de procedimiento abreviado en el municipio de
Quillacollo, donde el agresor admitió la autoría de los hechos y el Juez de la
causa dictó la sentencia condenatoria de 30 años de presidio, en el recinto
penitenciario de Chonchocoro de la ciudad de La Paz.
“El Estado en todos sus niveles está obligado, a través de
sus instituciones públicas como la Fiscalía, Policía Boliviana, Jueces,
Tribunales y las Defensoría de la Niñez y Adolescencia a garantizar medidas
reparatorias y de atención integral con terapias de psicológicas, para la
víctima y sus hermanos menores; reforzar la debida diligencia no solo para
investigar y sancionar situaciones de violencia sino también prevenir que
sucedan estos hechos, conforme el lineamiento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, dentro del caso “Campo Algodonero Vs México del 16 de
noviembre del 2009”, la Convención Belém Do Pará y la CEDAW y la aplicación de
la Leyes 548 y 348”, concluyó Álvarez.
La Defensoría Pueblo continuará realizando el seguimiento a
las investigaciones dentro de este caso, a través de requerimientos de
informes, sobre las actuaciones realizadas por las instituciones para que no se
deje en desprotección a la víctima y sus hermanos.
La Defensoría del Pueblo recuerda que, para la atención a
denuncias y quejas sobre la vulneración de derechos humanos, tiene habilitada
la línea gratuita 800-10-8004, los números telefónicos 418908, 44140745 y el
número de WhatsApp 71726434 (Cochabamba).
