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Defensoría del Pueblo investiga denuncia de tortura a privados de libertad, por parte de funcionarios policiales del municipio de Azurduy

Defensoría del Pueblo investiga denuncia de tortura a privados de libertad, por parte de funcionarios policiales del municipio de Azurduy

25 de enero de 2021

La Defensoría del Pueblo a través de la Delegación Defensorial Departamental de Chuquisaca, inició una investigación formal contra funcionarios policiales del Comando Policial del municipio de Azurduy, por denuncia de tortura a privados de libertad.

El Delegado Defensorial Departamental, Edwin Martínez, informó que tomó conocimiento del caso de dos privados de libertad de iniciales G.A.C. y R.B.M., quienes habrían sido víctimas de tortura en las celdas policiales de Azurduy acusados de la presunta comisión del delito de robo agravado; para luego ser trasladados a la carceleta de Padilla, por determinación de la autoridad judicial.

La autoridad Defensorial, expresó que ante la denuncia recibida se trasladó hasta el municipio de Padilla, para recabar los datos concernientes al caso, donde recibió las declaraciones de los denunciantes, quienes refirieron que en fecha 06 de enero del año en curso, fueron aprehendidos por dos funcionarios policiales, señalaron que posteriormente los trasladaron a las celdas policiales de Azurduy, donde fueron agredidos físicamente, “Nos agarraron a patadas y toletazos para que nos declaremos culpables”, expresaron los denunciantes.

Los privados de libertad señalaron que a pesar de haber hecho conocer a las autoridades de Azurduy sobre las agresiones en la audiencia de medidas cautelares, no recibieron atención médica limitándose a proceder con la toma de muestras de Covid-19, refiriendo que recién en el municipio de Padilla fueron conducidos por el Alcaide de la carceleta de Padilla al hospital, debido a las lesiones que presentaban en su cuerpo.

Finalmente, el Delegado manifestó, que conforme a normativa vigente remitirá la denuncia pertinente a las autoridades competentes, con el objeto de que se investigue y sancione este tipo de acciones que vulneran los derechos fundamentales de las personas, de conformidad con las previsiones contenidas en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.