Oficina - La Paz

28 de julio de 2026

La Paz, 28 de julio de 2026 (UCOM/DDDLP).- En atención a la denuncia presentada por funcionarios municipales respecto a la demora en el pago de sus salarios y la paralización de trámites administrativos, la Defensoría del Pueblo, mediante la Delegación Defensorial Departamental de La Paz, propició una reunión de coordinación con el pleno del Concejo Municipal para conocer la situación y recabar información sobre el conflicto.

“Por instrucción del Defensor del Pueblo Pedro Callisaya, realizamos las gestiones competentes para efectuar una reunión con los concejales de La Paz y conocer los motivos de la demora del pago de salarios y la paralización de trámites administrativos, al respecto, se informó que para concejales oficialistas la problemática tendría su origen en el presunto incumplimiento de la Resolución Administrativa N° 7/2026, debido a discrepancias en su interpretación y aplicación normativa” informó Jacquelin Pérez, profesional de Servicio al Pueblo.

En la reunión, también se expuso la situación sobre la desvinculación e incorporación de personal en el Concejo Municipal; asimismo los concejales de oposición señalaron que la situación respondería a un bloqueo de carácter administrativo atribuido al ejecutivo municipal y que esa situación no solo estaría imposibilitando el pago de haberes, sino que también habría ocasionado la paralización de aproximadamente 10.000 trámites administrativos desde el mes de mayo, debido a la falta de procesamiento de altas y bajas de personal y a la habilitación del sistema informático correspondiente.

“Como Defensoría del Pueblo, en el marco de nuestras competencias institucionales iniciamos la investigación sobre este caso a fin de encontrar una pronta solución al conflicto generado en el Concejo Municipal de La Paz que está ocasionando un perjuicio a la población. Solicitaremos información al Gobierno Municipal para verificar los hechos expuestos, esclarecer la situación y definir las acciones defensoriales que correspondan en resguardo de los derechos de las personas afectadas y exhortamos a concretar una coordinación objetiva entre el legislativo y ejecutivo municipal”, señaló Pérez.

Finalmente, se informó que existiría una acción de amparo constitucional promovida por los servidores públicos afectados, la cual se encuentra pendiente de resolución.

La Defensoría del Pueblo orienta, registra e investiga denuncias de vulneración de derechos atendiendo a la población en sus oficinas a nivel nacional, mediante el sistema el Defensor del Pueblo en Línea accediendo al sitio www.defensoria.gob.bo o a través de la línea gratuita: 800 10 8004 y la línea de WhatsApp 67007644.