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Defensoría del Pueblo pide activar vía judicial para garantizar el pago de planilla de cálculo de beneficios sociales a niño de 11 años de edad

Defensoría del Pueblo pide activar vía judicial para garantizar el pago de planilla de cálculo de beneficios sociales a niño de 11 años de edad

4 de febrero de 2022

La Defensoría del Pueblo a través de la Delegación Defensorial de Chuquisaca, acompañó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Sucre, en la audiencia convocada por la Jefatura Departamental de Trabajo donde se gestionó la emisión de una planilla de cálculo de beneficios sociales, misma que dispone el pago de más de 24.000 bolivianos en favor del niño trabajador.

El Delegado Defensorial de Chuquisaca, Edwin Martínez informó que en el caso del niño de 11 años de edad quien vendía pizzas en la zona de la parada Tarabuco de la capital hasta altas horas de la noche, la Jefatura Departamental del Trabajo, fijó una audiencia en la que participó la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Sucre y la empleadora denunciada. En la ocasión, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia rechazó la propuesta de la empleadora de cancelar la suma de 4.000 Bs. por el trabajo desarrollado por el niño.

Por los antecedentes del caso, la autoridad defensorial señaló que exigirá a las autoridades competentes que acudan a instancias judiciales, para resguardar los derechos y garantías laborales del niño, toda vez que la planilla de cálculo de beneficios sociales elaborada por Jefatura Departamental del Trabajo, establece que la empleadora cancele un monto aproximado de 24.000 bolivianos. 

Del seguimiento realizado se conoce que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia iniciará de forma paralela, una demanda en contra de la empleadora por infracción al derecho de protección en relación al trabajo y continuará con las investigaciones en contra de la madre y el padre por el incumplimiento de sus obligaciones legales, conforme lo establece la ley 548, para el inicio de procesos penales y judiciales por los hechos de violencia en contra del menor.