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Defensoría del Pueblo promovió que privados de libertad tengan acceso a alcantarillado en Riberalta

Defensoría del Pueblo promovió que privados de libertad tengan acceso a alcantarillado en Riberalta

5 de agosto de 2022

La Coordinadora de la Defensoría del Pueblo en Riberalta, Deysi Riveros, informó que se reunió con autoridades nacionales y municipales en procura de solucionar la falta de acceso al sistema de alcantarrillado sanitario por parte de los privados de libertad de esa ciudad, capital de la provincia Vaca Díez, en el norte del Beni.

En dicho encuentro participó el director Nacional de Seguridad Penitenciaria, Hernán  Romero; director departamental de Régimen Penitenciario, Gustavo Vaca; el alcalde interino de  Riberalta, Julio Cesar Gutiérrez; comandante Policial Amazónico, Cnl. Rolando Raya, entre otras autoridades relacionadas con el tema.

 

“El objetivo fue solucionar el problema de estancamiento de aguas servidas en el patio de la nueva cárcel, debido a la falta de alcantarillado sanitario en toda esa zona (Villa Fernanda), lo que genera contaminación al medio ambiente y amenaza la salud de las personas privadas de libertad y a los vecinos que viven alrededor de la cárcel”, dijo.

 

El Equipo Técnico de la Unidad Municipal de Agua y Alcantarillado, explicó que la red de alcantarillado se aproximará a 400 metros de la cárcel en abril del 2023, distancia que es viable para conectar mediante una extensión hacia la infraestructura.

 

Se explicó que por ahora se está colaborando con una motobomba y una cisterna succionando las aguas servidas para echarlas en la calle afuera de la cárcel, previa esterilización mediante un método de cloración.

 

No obstante, los vecinos ya presentaron sus reclamos y amenazaron con denunciar a la Alcaldía; sin embargo, no hay una solución y por una cuestión humanitaria hacia los internos permitieron que sigan utilizando los baños de ese recinto.

 

Para evitar esos  problemas, hasta abril del 2023 la Unidad Municipal de Agua y Alcantarillado planteó instalar dos tanques de 2.500 litros y una motobomba para succionar, almacenar y evacuar las aguas servidas de manera oportuna. 

 

La Defensoría del Pueblo pidió al Director Departamental de Régimen Penitenciario que, en cumplimento a sus funciones establecidas en la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, gestionar los recursos, ya  sea  fondos asignados por la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario o con financiamiento externo.

 

Dicho funcionario, informó que se gestionó dos tanques de 2.300 litros cada uno, uno que será dotado por el secretario de Desarrollo Amazónico de la Gobernación, Gustavo Toshiro. El otro será comprado con caja chica de la Dirección de Régimen Penitenciario del Beni. 

 

“De esta forma se está dando solución a un problema delicado que atentaba contra la salud de los privados de libertad y de los vecinos de los alrededor de la nueva cárcel”, dijo Riveros.

 

La carceleta de Riberalta cuenta con 200 internos, de los cuales aproximadamente 45 fueron traslados hacia la nueva cárcel que todavía no fue inaugurada de manera oficial.

 

Riveros, afirmó que se impulsan soluciones que permitan el traslado hacia la nueva infraestructura, donde se disminuirá el hacinamiento, toda vez que la nueva infraestructura tiene capacidad para 120 personas varones.

 

Los nuevos ambientes constan de salas de comedor, cocina, talleres de ramas técnicas, consultorio clínico, oficinas del área administrativa, amplio espacio para horticultura.