Oficina - El Alto

14 de julio de 2026

El Alto, 14 de julio de 2026 (UCOM/UCREA).- El Defensor del Pueblo, a través de la Unidad de Coordinación Regional de El Alto, propició un espacio de diálogo entre representantes de pacientes renales y autoridades del Ministerio de Salud y Deportes, que permitió alcanzar acuerdos orientados a la regularización de los pagos adeudados a los centros privados que brindan el servicio de hemodiálisis.

Esta acción, contribuye a garantizar el derecho a la salud y la vida de las personas con enfermedad renal, al generar las condiciones necesarias para la continuidad de estos servicios.

"Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, realizamos el seguimiento a este conflicto que se viene arrastrando desde hace varios meses debido a la falta de pago del Ministerio de Salud a los centros hospitalarios por los servicios prestados a pacientes renales (…) como resultado de las gestiones, se establecieron dos fechas comprometidas para el desembolso de los recursos", informó Fernando Claros Aramayo, responsable de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de El Alto.

Como resultado de las gestiones impulsadas por la institución defensorial, el Ministerio de Salud y Deportes asumió compromisos para viabilizar la regularización de las obligaciones pendientes con los centros privados de hemodiálisis. En respuesta a estos acuerdos, los representantes de los pacientes renales determinaron declarar un cuarto intermedio en el piquete de huelga de hambre iniciado el pasado lunes en el Hospital Agramont, a la espera del cumplimiento de los compromisos asumidos.

La intervención defensorial se activó tras conocer el estado de emergencia declarado por los pacientes renales, quienes advirtieron que la falta de pago a los establecimientos de salud ponía en riesgo la continuidad de los tratamientos de hemodiálisis, indispensables para preservar su vida y su salud.

"Fue una reunión en la que se logró un compromiso por parte del Ministerio de Salud; por ello, estamos declarando un cuarto intermedio hasta que se efectúe el desembolso de los recursos adeudados y se garantice la continuidad de los servicios que requerimos", sostuvo Hugo Martínez, representante de los pacientes renales.

Por su parte, la directora administrativa del Ministerio de Salud y Deportes, Carol Orozco, informó que esa cartera de Estado heredó una deuda aproximada de Bs 500 millones con establecimientos de salud públicos y privados, correspondiente a obligaciones pendientes desde la gestión 2024. Respecto al Hospital Agramont, precisó que los pagos adeudados se remontan a septiembre de 2024 y aseguró que el Ministerio viene realizando las gestiones necesarias para regularizar esta situación.  "En el caso del Hospital Agramont se debe desde el mes de septiembre de 2024; estamos tratando de ponernos al día", manifestó la autoridad ante los medios de comunicación.

La Defensoría del Pueblo destacó la voluntad de diálogo expresada por las partes y reafirmó su compromiso de realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados, a fin de que estos se traduzcan en acciones concretas que garanticen la continuidad del tratamiento de las personas con enfermedad renal. 

Para la atención de denuncias y quejas por presuntas vulneraciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo tiene habilitada la Línea Gratuita 800-10-8004, el número de WhatsApp 72039523 (El Alto) y la plataforma digital: https://sisdp.defensoria.gob.bo/SSP_Violencia.