Defensoría del Pueblo repudia desalojo de una adulta mayor
18 de junio de 2021
La Defensoría del Pueblo repudia la determinación judicial
de desalojo que afecta a una adulta mayor. Este mandamiento de desapoderamiento
de un bien inmueble ubicado en Alto Miraflores fue emitido por el juez Douglas
Miguel Mortecinos Condori, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz,
dentro de un proceso civil ordinario seguido por el Comité de Vivienda de
Extrabajadores Ferroviarios La Paz-Beni “Explotación Kilómetro 4”, el proceso
civil de acción reinvindicatoria inició el año 2001, contra la adulta mayor y
su hijo.
Candelaria Butrón, la adulta mayor afectada, explicó que durante más de 50 años fue cuidadora de este inmueble y que nunca recibió remuneración económica por su trabajo. Además, indicó que no cuenta con recursos que le permitan alquilar otro espacio que le sirva de vivienda.
La Delegación Defensorial Departamental llegó hasta la calle Concepción S/N esquina calle Gregorio Mendoza, zona Alto Miraflores, donde se verificó la ejecución del desalojo, acto en el que participaron el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo, la Notaria de Fe Pública Nº 57 y efectivos policiales.
Funcionarios de esta oficina defensorial estuvieron
presentes para velar por la integridad física de la persona adulta mayor, cuyos
muebles y enseres fueron dejados en la vía pública. Ante este panorama, se hizo
presente la Plataforma del Adulto Mayor, dependiente del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz.
De acuerdo con la información proporcionada por la
trabajadora social de la Plataforma del Adulto Mayor, los hijos de la señora
Candelaria decidieron acogerla; sin embargo, esta instancia hará el seguimiento
al caso.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo solicita al
Gobierno Municipal de La Paz realizar todos los esfuerzos para garantizar el
respeto de los derechos humanos de este sector vulnerable en el marco de sus
competencias. Asimismo, recuerda a las autoridades nacionales y subnacionales
que deben facilitar el acceso a los mecanismos de denuncia y protección.