Oficina - El Alto

13 de mayo de 2022

El Alto, 13 de mayo de 2022.-  La Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional El Alto solicitó a la Fiscalía Departamental de La Paz evitar la retardación de justicia y por el contrario dar celeridad a los actos investigativos de dos casos que afectan a niños, niñas y adolescentes y que hasta la fecha no cuentan con una determinación sobre las denuncias presentadas.

Ericka Maldonado, profesional del Sistema de Servicio al Pueblo (SSP) explicó que se sostuvo una reunión con los fiscales asignados al caso, para hacerles conocer la situación de ambos casos y hacer las recomendaciones en el marco de los derechos humanos de esta población en situación de vulnerabilidad.

En el primer caso, se trata de una denuncia por estupro, donde el acusado no prestó su declaración informativa a pesar de que la denuncia fue realizada hace dos años atrás, “hubo dos cambios de fiscal, quienes también volvieron a emitir una resolución de rechazo a la denuncia por lo que asumieron otras acciones”.

Maldonado sostuvo que junto a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la Subalcaldía del Distrito 5 presentaron memoriales de objeción a la resolución de rechazo del fiscal asignado al caso y esperamos que el superior jerárquico revoque esa decisión.

Acotó que, por la gran cantidad de denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía no tienen la capacidad operativa para cumplir con los plazos señalados por la norma, “entendemos la carga laboral que tienen, pero sin embargo debemos hacer notar que estos casos tienen prioridad y no pueden dejar pasar los plazos fijados en la normativa”.

Un segundo caso en el que también se evidenció retardación de justicia, está referido a una denuncia de rapto contra un infante de cuatro años, que se encontraba bajo la custodia de su madre biológica, quien ahora se encuentra recluida en un recinto carcelario y se desconoce el paradero del niño.

En este caso, se hizo el cambio de tres fiscales y a la fecha no se cuenta con un investigador, por lo que no se tienen movimiento en el proceso y los abuelos paternos reclaman por la posible desaparición del menor.

“Desde las atribuciones que tienen estas instituciones, hacemos un llamado permanente para que ellas cumplan con los plazos y de acuerdo a la normativa existe una prioridad en estos temas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Solicitamos a la Fiscalía, a la Defensoría de la Niñez, también pedimos a la Policía, al Instituto de Investigaciones Forenses evitar la retardación de justicia”, concluyó la profesional de la Coordinación Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo.