DEFENSORÍA DEL PUEBLO VERIFICA CONDICIONES DE PERSONAS TRASLADADAS DESDE PALMASOLA AL CENTRO DE READAPTACIÓN PRODUCTIVA DE CANTUMARCA
30 de marzo de 2026
Potosí, 30 de marzo de 2026 (UCOM/DDDP). - En el marco de sus atribuciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Potosí, realizó una visita de verificación al Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, donde se encuentran siete personas privadas de libertad que fueron trasladadas desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz.
Durante la verificación defensorial se constató que las
siete personas fueron derivadas al recinto penitenciario en la ciudad de Potosí
luego de una audiencia de medidas cautelares desarrollada en la ciudad de Santa
Cruz, en el marco de un operativo policial de seguridad ejecutado el pasado
miércoles para su traslado. Según la información preliminar, estas personas
estarían presuntamente vinculadas al caso de Sebastián Marset.
Personal de la Delegación Defensorial Departamental de
Potosí ingresó al Centro de Readaptación Productiva de Santo Domingo de
Cantumarca, donde sostuvo entrevistas individuales con las siete personas
privadas de libertad, quienes manifestaron “haber recibido un trato adecuado
por parte de los efectivos policiales del centro penitenciario”. Asimismo,
indicaron que, hasta el momento, su principal requerimiento es establecer
comunicación con sus familiares, quienes se encuentran fuera del país debido a
su condición de ciudadanos extranjeros”, informó la delegada defensorial
departamental de Potosí, Jackeline Alarcón.
Durante la visita defensorial también se verificaron las
condiciones de permanencia de los privados de libertad, su estado de salud, el
acceso a alimentación, así como la posibilidad de contacto con sus abogados y
familiares.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo gestionó la
comunicación con familiares de las personas privadas de libertad y coordinó con
el Servicio de Defensa Pública la revisión y registro de los casos, con el
objetivo de garantizar su derecho a la defensa técnica mientras permanezcan
detenidos.
La institución defensorial continuará realizando seguimiento
a la situación de estas personas privadas de libertad, en el marco de su
mandato constitucional de prevención de la tortura y protección de los derechos
humanos en centros de privación de libertad.
