Oficina - El Alto

14 de mayo de 2026

La Paz, 14 de mayo de 2026 (UCOM/DPB).- Ante los hechos de conflictividad registrados el pasado 12 de mayo en la ciudad de El Alto, en el contexto de movilizaciones sociales protagonizadas por sectores campesinos, la Defensoría del Pueblo desplegó equipos defensoriales para realizar acciones de verificación sobre posibles vulneraciones de derechos humanos, así como el estado de situación de personas arrestadas durante los operativos policiales.

En el marco de estas acciones, personal defensorial realizó verificaciones en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Ceja de El Alto y sostuvo contactos con autoridades policiales y del sistema de justicia. “Se logró verificar la situación de las personas aprehendidas, obtener información preliminar del proceso penal y realizar gestiones para garantizar el derecho a la defensa técnica de quienes no contarían con abogado particular”, informó el Coordinador de la Unidad Regional de la Defensoría del Pueblo en El Alto, Fernando Claros. 

Durante la verificación se constató la aprehensión de cinco personas adultas de sexo masculino, identificadas con las iniciales M.A.P.C. (42), J.O.C. (39), G.C.M. (36), H.V.C.S. (31) y J.C.S.M. (45), quienes son investigadas por el Ministerio Público en el marco de un proceso penal relacionado con los hechos ocurridos en inmediaciones de la UPEA, Puente Río Seco y la estación de la Línea Azul del Teleférico.

La Defensoría del Pueblo verificó además que algunas de las personas aprehendidas no contarían con defensa técnica particular, motivo por el cual se realizaron coordinaciones con el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa y las garantías del debido proceso, conforme a la Constitución Política del Estado y los estándares internacionales de derechos humanos.

Asimismo, se tomó conocimiento de que el Ministerio Público presentó imputación formal por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, destrucción o deterioro de bienes del Estado e impedir o estorbar el ejercicio de funciones. La institución defensorial recuerda que toda persona sometida a investigación o proceso penal goza del principio de presunción de inocencia y del derecho a ser juzgada con las debidas garantías judiciales.

Las verificaciones defensoriales se desarrollan en el marco del mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo y de sus atribuciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, conforme a la Ley N° 1397, que establece la obligación de realizar monitoreo y verificación de las condiciones y trato de personas privadas de libertad o bajo custodia estatal.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando seguimiento a la situación de conflictividad, velando por el respeto irrestricto de los derechos humanos, la integridad personal y las garantías judiciales de todas las personas involucradas.