Oficina - El Alto

30 de octubre de 2026

El Alto, 30 de octubre de 2026 (UCOM/UCREA). – La Defensoría del Pueblo viabilizó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de una adolescente víctima de violencia sexual, luego de identificar que las instancias del sistema de protección no le habían brindado información oportuna sobre este derecho, pese a que cursaba un embarazo de aproximadamente dos meses producto del hecho denunciado.

“Ninguna niña o adolescente víctima de violencia sexual debe enfrentar, además de las consecuencias de la agresión, la falta de información o las barreras institucionales que le impidan ejercer sus derechos. Las instituciones tienen la obligación de escucharla, brindarle orientación oportuna y garantizar una atención integral, con respeto a su dignidad, su voluntad y su interés superior”, informó Fernando Claros Aramayo, responsable de la Unidad de Coordinación Regional de El Alto de la Defensoría del Pueblo.

La institución defensorial tomó conocimiento del caso a través de redes sociales y la investigación de oficio por el delito de agresión sexual. Durante su intervención, constató que la adolescente atravesaba una situación de especial vulnerabilidad y que, pese a su condición, no había recibido información ni orientación sobre su derecho a acceder a la Interrupción Legal del Embarazo, ni sobre los procedimientos establecidos para su atención.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo brindó orientación a la adolescente y a su familia sobre los alcances de la Sentencia Constitucional Plurinacional N.º 0206/2014 y el procedimiento establecido en el protocolo del Ministerio de Salud, procurando que contara con información clara, suficiente y oportuna para ejercer su derecho a ser escuchada y expresar libremente su decisión. 

Como resultado de este acompañamiento, la adolescente manifestó su voluntad de acceder este procedimiento médico, por ello, la Defensoría del Pueblo realizó las gestiones ante el Hospital Boliviano Japonés, logrando que la adolescente pudiera ejercer su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.  

Asimismo, la institución defensorial articuló acciones con el Ministerio Público, la Policía Boliviana y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con el propósito de contribuir a la continuidad de la investigación penal, la obtención y preservación de los elementos probatorios y la protección integral de la adolescente, evitando cualquier actuación que pudiera generar revictimización.

“La protección de las víctimas de violencia sexual requiere una respuesta coordinada y responsable de todas las instituciones involucradas, la atención no puede limitarse a la investigación del hecho denunciado, es fundamental que las instituciones garanticen también el acceso a la salud, la protección de la integridad física y emocional y el respeto a los derechos de las víctimas, evitando cualquier forma de discriminación, negligencia u obstaculización”, sostuvo Claros.

La institución defensorial continuará realizando el seguimiento correspondiente para que las instancias del sistema de protección y los establecimientos de salud cumplan con sus obligaciones, en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional N.º 0206/2014, priorizando el interés superior de niñas y adolescentes, su derecho a ser escuchadas, la confidencialidad, la dignidad y la no revictimización.

Para la atención de denuncias o consultas sobre posibles vulneraciones de derechos humanos, la institución mantiene habilitada la Línea Gratuita 800-10-8004, el WhatsApp 72039523 (El Alto) y la plataforma digital https://sisdp.defensoria.gob.bo/SSP_Violencia.