Denuncian afectación al derecho a la educación en Escuela de Formación de Maestros: Defensoría del Pueblo inicia investigación en Chuquisaca
24 de marzo de 2026
Sucre, 24 de marzo de 2026 (UCOM/DDCH).– La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegación Defensorial Departamental de Chuquisaca, inició una investigación tras recibir denuncias de estudiantes de quinto año de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros “Franz Tamayo”, en el municipio de Villa Serrano, quienes reportaron presuntas irregularidades en el control de asistencia y la aplicación de sanciones académicas al inicio de la gestión 2026.
Según la denuncia de los estudiantes, durante las primeras semanas de clases no se contó con docentes en la especialidad de Educación Musical; sin embargo, la institución habría continuado con el registro de asistencia, generando inasistencias que posteriormente derivaron en sanciones como la pérdida de la gestión académica.
En ese marco, la Defensoría del
Pueblo tomó contacto con autoridades académicas evidenciando que la ausencia de
docentes respondió a procesos administrativos en curso, sin que exista un
instructivo formal que regule la obligatoriedad de asistencia en dichas
condiciones. “Esta situación requiere un análisis integral, considerando que
las medidas adoptadas se produjeron en un contexto en el que no existían
condiciones académicas plenas para el desarrollo de clases”, señaló el Delegado
Defensorial de Chuquisaca, Humberto Mayorga.
Asimismo, la autoridad
defensorial enfatizó la necesidad de una evaluación bajo criterios de
razonabilidad y proporcionalidad: “la aplicación de la normativa debe
considerar la realidad de los hechos, evitando afectar derechos fundamentales
como la educación y el debido proceso”.
En este contexto, la Defensoría
del Pueblo recordó que el derecho a la educación se encuentra reconocido en la
Constitución Política del Estado (art. 17), así como en instrumentos
internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que establece la obligación de garantizar el acceso a una educación
en condiciones adecuadas.
Asimismo, el debido proceso,
consagrado en el artículo 115 de la norma constitucional, exige que toda
decisión que afecte derechos se adopte con respeto a garantías básicas como la
razonabilidad, la proporcionalidad y el derecho a la defensa.
La Defensoría del Pueblo
continuará con las acciones de verificación y seguimiento del caso, promoviendo
una revisión integral que garantice soluciones justas y el respeto de los
derechos de las y los estudiantes. “Nuestro rol es precautelar que las decisiones
institucionales se adopten en equilibrio con la justicia y la protección de
derechos”, concluyó Mayorga.
Para consultas o denuncias sobre
vulneraciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo tiene habilitada la
Línea Gratuita 800-10-8004, el WhatsApp 72006607 y las oficinas defensoriales
en Chuquisaca (71162444) y Monteagudo (71280641).
