DENUNCIAN IMPUNIDAD Y FAVORECIMIENTO A UNA AUTORIDAD DEPARTAMENTAL DENTRO UN PROCESO PENAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
6 de octubre de 2020
La Defensoría del Pueblo recibió
la queja de una mujer víctima de
violencia intrafamiliar que en el mes de marzo de este año, denunció a la
Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) por
violencia intrafamiliar, a Ricardo A. C. Representante Departamental del
Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y
tras seis meses de haberse cometido el hecho, no se pudo producir la prueba, ni
realizar avances en la investigación de la denuncia que fue ilegalmente
rechazada por la fiscal del caso Fabiola Jimenez, razón por la cual la
institución defensorial denuncia impunidad y favorecimiento hacia el servidor
público en su condición de autoridad departamental.
Nelson Marcelo Cox Mayorga,
Delegado Defensorial de Cochabamba en conferencia de prensa informó que la
Defensoría del Pueblo desde hace dos semanas viene realizando una intervención
directa y seguimiento del caso por la demora en las pericias de la psicóloga
forense del IDIF, no obstante, la pasada semana la fiscal que atiende el caso
rechazó la denuncia de violencia intrafamiliar. “La fiscal no cuenta con
criterios especializados, fue revictimizante, no cumplió con estándares de la
debida diligencia, ni pidió ninguna medida de protección hacia la víctima,
dejando en un estado de abandono y total desprotección a la víctima para
rechazar la denuncia”.
“El Dr. Ricardo Arellano, desde el
mes de marzo del año en curso se aprovechó de su cargo dentro del Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional para restringir el acceso a la justicia
a una mujer víctima de violencia intrafamiliar, siendo incoherente con sus
mandatos de transparencia para generar procedimientos obscuros y amañados con
la Fiscal del caso para lograr la impunidad en lugar de la protección a una
mujer”, señalo Nelson Cox a tiempo de cuestionar la permanencia en el cargo
desde el mes de marzo como Representante Departamental del Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional, que debió haber dejado de ser hace
mucho tiempo.
La Defensoría del Pueblo no permitirá que agresores de mujeres continúen siendo servidores públicos y se hagan la burla de la Ley N° 348, para lo cual apelará a la alta sensibilidad y sabiduría del Fiscal Departamental para que, en criterio técnico pueda revocar el rechazo de la denuncia que fue objetaba por la víctima. Asimismo, pidió a las organizaciones de mujeres, fundaciones y ONGs que trabajan contra la violencia a la mujer, para que sean vigilantes permanentes con la finalidad que agresores de mujeres no sean servidores públicos y busquen la impunidad de sus delitos.