Oficina - El Alto

4 de octubre de 2025

El Alto, 4 de octubre de 2025 (UCOM/UCREA). – Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, la Defensoría del Pueblo acompañó este sábado a las afiliadas de la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras (CEMUPE) y participó como veedor en los actos investigativos del Ministerio Público sobre los hechos de violencia registrados contra mujeres transportistas, presuntamente agredidas por miembros del Sindicato de Transporte Continental.

El viernes, durante la inauguración de la sede del servicio de taxis y trufis “Línea Lila – Mujeres al Volante”, un grupo de transportistas del mencionado sindicato irrumpió en el lugar ejerciendo violencia y agresiones contra las mujeres, causando destrozos, haciendo el uso de petardos y poniendo en riesgo la integridad de niñas y niños que acompañaban a sus madres, de acuerdo a la denuncia presentada.

"Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, estamos realizando el acompañamiento en el caso abierto por la violencia que sufrieron compañeras de CEMUPE, que estaban inaugurando una línea de transporte y que fueron agredidas por otro sindicato, en su mayoría varones (…) este es un hecho de violencia machista, misógina y de alta intolerancia, por lo tanto, inmediatamente acudimos para que reciban la atención por las instancias respectivas”, informó Fernando Claros, responsable de la Unidad de Coordinación Regional de El Alto.

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional y conforme al artículo 218 de la Constitución Política del Estado, participó como veedor durante la actuación fiscal de investigación, con el propósito de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las víctimas y el cumplimiento del debido proceso.

“Asimismo, gestionamos el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas a través del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDAVI), con el fin de asegurar su adecuada representación legal y el acceso efectivo a la justicia”, añadió Claros.

Desde el conocimiento del hecho, la institución activó de forma inmediata acciones defensoriales para que las víctimas reciban atención oportuna, exigiendo a las autoridades actuar con debida diligencia, realizar la valoración médico forense mediante el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y brindar medidas de seguridad a las integrantes de la “Línea Lila”, para evitar represalias o nuevos actos de violencia.

Por su parte, Bolivia Sánchez, jefa de la Unidad de Derechos Generacionales y de Género, afirmó que la institución defensorial brindará apoyo para que esta organización de mujeres logre obtener el permiso correspondiente y pueda ejercer su derecho al trabajo ofreciendo el servicio de transporte sin restricciones ni malos tratos. “Preocupa  mucho a la Defensoría del Pueblo, que esta organización habiendo acudido a las instancias pertinentes para solicitar la autorización y brindar los servicios de transporte, se les haya negado solo por el hecho de ser mujeres”, subrayó.

La Defensoría del Pueblo considera al hecho ocurrido como una grave vulneración a los derechos humanos de las mujeres, en particular a su integridad física, al derecho al trabajo digno, a la igualdad de oportunidades y a no sufrir discriminación por razón de género. La institución recordó que estas conductas constituyen actos de violencia física, económica y simbólica, tipificados en la Ley N.º 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

La Defensoría del Pueblo tiene habilitada la línea gratuita 800-10-8004, el número de WhatsApp 72039523 (El Alto) y el sitio web https://sisdp.defensoria.gob.bo/SSP_Violencia/para el registro y atención de denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos.