Gestiones de la Defensoría del Pueblo lograron que se apruebe proyecto de ley para el pago a los propietarios de El Ingenio por el uso de sus terrenos para el relleno sanitario
28 de julio de 2022
El Alto, 28 de julio de 2022.- Las gestiones que realizaron los profesionales de la Coordinación Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo lograron que el Concejo Municipal de esta ciudad pruebe el proyecto de ley municipal 360 que permitirá el pago de una indemnización a los propietarios de la comunidad El Ingenio, cuyos terrenos fueron afectados por el relleno sanitario.
El jueves por la tarde, el Concejo Municipal sesionó y aprobó por dos tercios el proyecto normativo que modifica la ley inicial, incluyendo a aquellos propietarios cuyos padres fallecieron y no se encontraban contemplados en la ley de expropiación de terrenos para el relleno sanitario. En la misma sesión, el legislativo edil también aprobó el Reformulado II del Presupuesto Anual, en el que se incluye un monto para el pago a los propietarios por la expropiación realizada.
Fabiola Flores, profesional del Sistema de Servicio al Pueblo (SSP) de la Defensoría del Pueblo indicó que la participación de la institución defensorial fue fundamental para “que se pueda llegar a un acuerdo entre autoridades municipales y los comunarios movilizados, se propició que se tenga un diálogo, posteriormente se tuvo acercamientos con las autoridades del Gobierno Municipal para garantizar el pago y finalmente con el Concejo Municipal” para la aprobación de la mencionada ley municipal.
Semanas atrás, los propietarios de los terrenos que fueron expropiados se movilizaron exigiendo el pago por las expropiaciones realizadas, bloqueando el ingreso de los camiones recolectores de residuos sólidos al relleno sanitario. De forma pronta y oportuna los profesionales de la Coordinación Regional de El Alto tomaron contacto con los movilizados para iniciar el diálogo y luego con las autoridades municipales.
Una siguiente etapa es la conformación de una comisión entre autoridades y propietarios para la determinación del justiprecio que debe ser cancelado por cada metro cuadrado expropiado y en el que la Defensoría del Pueblo participará en calidad de veedor.