MINISTERIO DE SALUD DEBE PROTEGER AL PUEBLO DE ALTOS COSTOS DE MEDICAMENTOS Y DE ATENCIÓN EN CLÍNICAS
8 de julio de 2020
En días pasados la Delegación
Defensorial Departamental Cochabamba, recibió varias denuncias formuladas por
el incremento de los precios de medicamentos como la azitromicina,
hidroxicloroquina, dexametasona, ivermectina, tocilizumab, dióxido de cloro, paracetamol, aspirina,
entre los principales medicamentos y productos para combatir la Covid-19, que
en su desesperación la población busca en las farmacias, sin que nadie regule
sus precios de los medicamentos identificados en este momento como bien preciado
ante la pandemia.
El Delegado Defensorial
Departamental de Cochabamba, Nelson Marcelo Cox Mayorga, señaló que el
Ministerio de Salud a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y
Tecnologías en Salud (Agemed) debe regular con carácter de urgencia la lista de
los precios estándar de todos los medicamentos que se están utilizando para el
tratamiento del COVID-19, y no dejar que se especule insensiblemente con los
mismos, “Esta instancia del Estado, deja librada a su mala suerte y a criterio
de la población la automedicación ofertada por empresas e industrias
farmacéuticas nacionales, importadoras y distribuidoras de medicamentos,
quienes incurren en una descarada especulación con alza de precios en tiempo
pandémico, lo cual debe ser inmediatamente regulado precautelando la salud de
la población y protegiéndola” expresó.
Nelson Cox, advirtió que en estos
momentos ante la interesada y extraña lentitud de la Agemed, debe generarse
otro mecanismo de protección inmediato mediante el Servicio Departamental de
Salud (Sedes), conjuntamente la Intendencia de los Gobiernos Autónomos
Municipales, para sancionar con multas y clausurar Farmacias que están lucrando
con la desesperación de la población en su condición de usuarios, desplegando
paralelamente campañas de acceso a la información sobre los precios por la
importación o comercialización de dichos medicamentos.
Con relación a la atención de
pacientes con COVID-19 en clínicas privadas, Cox Mayorga señaló que si bien no
existe normativa concreta nacional o departamental que atribuya expresamente al
Sedes el control y regulación de los precios
o la fiscalización de sus costos mediante la Unidad de Coordinación con
Clínicas Privadas, debe redoblarse el personal en coordinación con otras instituciones
para que inmediatamente y de manera responsable se efectúe este control bajo
sanción de no autorizar la continuidad del funcionamiento de las clínicas
privadas, las mismas que deben ser denunciadas.
“No puede ser que semanalmente
recibamos en la Defensoría del Pueblo quejas de pacientes COVID-19 que están
siendo condicionados por Clínicas Privadas con un pago inicial de 20.000 a
60.000 Bolivianos para ver si cuentan con espacio para su internación, sin que
el Ministerio de Salud haga algo para evitarlo, lo cual es por demás una
mercantilización del derecho a la salud en tiempos pandémicos que deja en
desprotección a los pacientes”, remarcó Cox Mayorga, a tiempo de exigir al
Ministerio de Salud y al Sedes su inmediata intervención en un escenario que
extrañamente no pretende regular ni controlar en desmedro del derechos a la
vida de la población.
La Defensoría del Pueblo continuará
recibiendo las denuncias de la población, y en particular, de pacientes
COVID-19 para evitar mayor sufrimiento en estos momentos que deben consultar
con sus bolsillos y empeñar sus bienes
como condición de salvar sus vidas.