Oficina - Tarija

La Defensoría del Pueblo en Tarija difundió información de prevención de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el marco de un operativo de control de documentos realizado en tranca de control de salida a Bermejo y la República Argentina, que también forma parte de la agenda interinstitucional de actividades correspondientes al mes de julio, dedicado a la lucha contra este flagelo.

La Defensoría del Pueblo en Tarija logró el alta y liberación inmediata de un niño de tres años que fue atropellado el pasado jueves y que supuestamente se pretendía retener en una clínica privada por una deuda aproximada de trece mil bolivianos, por lo que en reunión con la administradora se argumentó la improcedencia en la retención de cualquier persona por deudas en un servicio de salud, más aún en este caso donde existe un responsable por los daños causados a la víctima.

La instancia defensorial en Tarija verificó las condiciones de funcionamiento de la oficina del Defensor del Paciente en el Hospital San Juan de Dios, la clínica CIES en la ciudad de Tarija y el Hospital Virgen de Chaguaya del municipio de Bermejo, evidenciando su conexión al sistema de atención de casos, la accesibilidad para los usuarios y la atención de reclamos.

La Delegación Defensorial de Tarija realizó un taller de difusión dirigido a servidores policiales del Comando Provincial de Uriondo, referido a las funciones establecidas por la Ley 1397, que delegan a la Defensoría del Pueblo el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, explicando los alcances de su trabajo y las potestades para investigar y litigar en aquellos casos donde se identifiquen posibles hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La Defensoría del Pueblo destacó la mañana de hoy la promulgación de la ley Integral contra la violencia en el municipio de Uriondo, misma que fue impulsada por la Red Interinstitucional de lucha contra este flagelo y se constituye en un instrumento legal para impulsar las acciones de prevención de la violencia en razón de género, así como la protección de las víctimas de este delito.

Ante representantes de la Policía Boliviana, el Servicio Departamental de Salud, trabajadoras sexuales, SEDEGES y Gobierno Municipal de Tarija, la Defensoría del Pueblo presentó el informe defensorial Criminalización del Trabajo Sexual en Bolivia, investigación que evidenció barreras en el acceso a la salud de las trabajadoras sexuales durante las restricciones por la pandemia de la COVID-19 que no han sido superadas hasta la fecha, por lo que se generó una agenda de trabajo interinstitucional, para mejorar la atención y los controles que se realizan a este sector vulnerable.