Oficina - Tarija

La Defensoría del Pueblo en Tarija presentó la mañana de hoy el Informe Defensorial “Situación de las y los adolescentes en centros de Reintegración Social en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, el cual contó con la participación de todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el marco del Sistema Penal para Adolescentes SPA, a excepción del Tribunal Departamental de Justicia que excusó su participación.

La Defensoría del Pueblo ha demandado acciones urgentes al Comando Departamental de la Policía Boliviana, a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario y a las Entidades Territoriales Autónomas para garantizar la seguridad y la reintegración social de las personas privadas de libertad del Recinto Penitenciario de Morros Blancos, tras  tomar conocimiento de un nuevo hecho de muerte violenta al interior del recinto penitenciario, el cual se constituye el tercero en menos de quince días, acrecentando la inseguridad y poniendo en evidencia la ausencia de políticas claras de atención integral, clasificación y dotación adecuada de personal de seguridad penitenciaria.

La Defensoría del Pueblo en Tarija, tras información pública que denuncia nueva escasez de oxígeno medicinal en los hospitales de tercer nivel del Departamento, realizó una verificación evidenciando que ambos nosocomios a la fecha cuentan con el abastecimiento regular de dicho insumo médico y que la provisión se realiza de forma constante durante la jornada.

La Defensoría del Pueblo tras conocer una supuesta escasez de oxígeno en el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS), intervino de inmediato para gestionar la restitución del insumo esencial para enfermos con COVID-19 y de otras áreas del nosocomio, tomando contacto con autoridades de la Caja Nacional de Salud, del Servicio Departamental de Salud y de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud AGEMED, quienes realizaron gestiones para proveer el oxígeno, tanto con una empresa local como un cargamento de la ciudad de Cochabamba, lo cual permitirá restablecer el flujo adecuado en las próximas 24 horas.

La Defensoría del Pueblo posibilitó la atención integral a la joven J.V.S., quien habría sido víctima de violación, y a quien en primera instancia, se le habría negado la recepción de su denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia FELCV, argumentando que el hecho habría ocurrido en la comunidad de Buena Vista, perteneciente al municipio de Incahuasi en Chuquisaca y no así en la ciudad de Tarija.

La Defensoría del Pueblo participó de la mesa de diálogo a la cabeza del Alcalde Municipal de Tarija, Alfonso Lema Grosz, coadyuvando en la solución al conflicto generado por el bloqueo del botadero municipal, después de tres días de haberse suspendido el recojo de residuos sólidos de la ciudad.