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La Coordinación Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo, al tomar conocimiento del hecho de infanticidio suscitado este lunes en el municipio de San Pedro de Tiquina; se constituyó en oficinas de la alcaldía de dicho municipio donde se evidenció ausencia de Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA).
La Defensoría del Pueblo pide a Régimen Penitenciario que refuerce la seguridad interna del penal de Chonchocoro, donde 14 privados de libertad fueron brutalmente golpeados por sus pares, y donde cinco de los golpeados quedaron gravemente heridos.
La Coordinación Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo, dando continuidad de las actividades de promoción y difusión, este lunes inició el ciclo de talleres de capacitación virtual de Derechos Humanos impartido a oficiales y suboficiales del Centro de Entrenamiento Aeronáutico de la Fuerza Aérea Boliviana de El Alto.
En el marco a sus atribuciones constitucionales, la Coordinación Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo, realizó la Investigación Defensorial sobre el Acceso a la Educación Inclusiva de las Personas con Discapacidad, visitando en primera instancia la Unidad Educativa Integración de la urbe alteña; donde se constató que autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GEMEA) de la gestión pasada no realizaron el trabajo de adecuación de las instalaciones, como rampas y barandas.
La oficina Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo, en trabajo conjunto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), logró el cumplimiento de la vigencia del derecho a la libre locomoción de un adulto mayor de 76 años de edad y su nieta de 18 años, quienes durante tres semanas fueron encerrados en su propia vivienda por loteadores que arguyeron tener derecho propietario que nunca demostraron, lo mismos se encuentra con medidas sustitutivas según el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal.
La Coordinación Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo, realiza seguimiento al caso del niño de cinco meses que sufrió agresiones físicas por parte de sus progenitores, ambos jóvenes de 19 años de edad, que se encuentran en situación de calle, que le causaron fracturas y 75 días de impedimento; evidenciando que la oficina de Reacción Inmediata Penal (RIP) de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del GAMEA realizó la acción social y legal, y puso el caso en conocimiento del Ministerio Público por el delito de infanticidio en grado de tentativa.
